A través de un comunicado, UNEF explicó que el sector tiene un modelo por el que se limitan las horas primadas totales a las instalaciones fotovoltaicas, según establece el RDL 14/2010, negando de esta manera la afirmación de la patronal eléctrica sobre que las primas al régimen especial, que incluye a las energías renovables, aumentaron un 26,7% de enero a junio de 2012, con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un importe total de 4.637 millones de euros, frente a los 3.657 millones de euros del ejercicio anterior, según datos de la CNE citados por la patronal.

Según UNEF, en el marco de esta ley, las horas que se exceden de ese límite, se pagan al precio del mercado o «pool», situación que habitualmente se cumple en el segundo semestre del año, quedando regularizado el posible exceso del primero, aunque las condiciones de producción de las instalaciones hayan sido superiores durante el primer semestre, ya que la CNE aplica el citado límite de horas, en el momento de llevar a cabo la liquidación de las primas correspondientes.

En esta línea, UNEF solicitó al regulador energético una explicación «clara y transparente» de la configuración actual del precio de la electricidad, a fin de aclarar a la opinión pública los motivos que llevan a encarecer cada vez más la electricidad cuando cae la demanda.

En este sentido, UNEF recordó que el hecho de que las primas se asignen a las renovables en los peajes y no el término de energía tiene un efecto perverso, pues presionan los precios al alza y dificultan la absorción del déficit.

El mecanismo del «pool» español, según los fotovoltaicos, no fomenta la eficiencia entre los sectores energéticos, pues no todos compiten en las mismas condiciones. Para que esto no suceda, consideró que sería necesario que las energías nuclear e hidráulica no formaran parte del resultado del precio diario, pues en este caso, los productores tienen la posibilidad de trasladar las tasas o impuestos al consumidor final, además de beneficiarse de las ineficiencias del mercado.

Además, UNEF subrayó que la manera en la que se conforma el precio de la electricidad actualmente provocará el incremento de la luz para todos los usuarios, ya que hace subir el precio en cada subasta a pesar de que el consumo baja.

Así, señaló que si se rebaja el umbral de consumo de los 10 Kw, que es el límite actual de los clientes para poder acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) y se planteara rebajarlo hasta, por ejemplo, 3 Kw, «supondría que aproximadamente 19 millones de clientes dejarían de tener la principal referencia del precio de la electricidad del mercado minorista fijado por el Gobierno».

La asociación reiteró también su voluntad de colaboración con el Gobierno para la eliminación del déficit de tarifa, que se genera porque la factura eléctrica no cubre los costes del sistema y que supera ya los 24.000 millones de euros, «siempre que no se adopten medidas discriminatorias, desde la verdad, la transparencia, la equidad, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica».

Tras la acusación de Unesa la semana pasada, la Asociación Nacional de Productores de Inversores de Energías Renovables (ANPIER) acusó a la patronal de «intoxicar» a la opinión pública con «datos sesgados» sobre las renovables y de utilizar una «doble moral» en su publicidad.

De la misma manera, Protermosolar avisó de que si se reducen las primas a la tecnología termosolar, como sugiere Unesa, España podría perder el actual liderazgo mundial en este negocio.

El sector de la energía fotovoltaica en España se encuentra en quinta posición a nivel mundial, con 4.270MW de potencia instalada, el 4% del total en España, hasta abril de 2012. En el primer semestre de 2012, la producción fotovoltaica ascendió a 4.700.000 MWh, cubriendo el 3,4% de la demanda nacional. Durante el año 2011, la inversión se situó en torno a los 1.408 millones de euros.

Según ANPIER, Unesa, la patronal eléctrica que agrupa a Iberdrola, Endesa, E.ON, HC Energía y Gas Natural Fenosa, expresó su oposición a la «democratización» de la energía que aportan las renovables, y en especial a la solar fotovoltaica, a las que acusó de ser las causantes del déficit de tarifa, con el «único objetivo» de mantener el actual oligopolio.

La patronal de renovables señaló que el incremento de fondos públicos destinados a las renovables, que alcanzaron los 4.637 millones de euros en el primer semestre del año, estuvo motivado, principalmente, por la instalación de nuevas plantas autorizadas y no por el incremento de beneficios de sus productores que, «muy al contrario, sufren una reducción anual del 30% en su facturación establecida por el RDL 14/2010».

«Las ayudas a las renovables se establecieron para incentivar el desarrollo de energías limpias y sostenibles, una inversión de futuro con retornos evidentes que ya permitió el desarrollo nacional e internacional de un tejido industrial dinámico e innovador, gracias al cual los costes de fabricación de los paneles fotovoltaicos han bajado un 70% en cuatro años y ha contribuido a que Alemania instalara entre el 2010 y el 2011 una potencia de 14.906 MW de energía fotovoltaica, frente a los 628 MW que se instalaron en España durante ese mismo periodo», subrayó.

El presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, afirmó que a Unesa le inquieta la «inevitable» llegada del nuevo modelo energético, basado en las renovables: limpias, eficientes, sostenibles y abiertas a multitud de productores.

«Este nuevo escenario se aleja del modelo actual, energías fósiles y nucleares ofrecidas, básicamente, por tres empresas acostumbradas a poner las condiciones y enriquecerse sin medida a costa del ciudadano y de su entorno», señaló Martínez-Aroca, quien añadió que «en el último trienio, en un ciclo económico de profunda crisis, las tres grandes compañías eléctricas españolas han alcanzado los 21.991 millones de euros en beneficios, mientras que los ciudadanos españoles pagan un 70% más que en 2006 en sus facturas».

El Presidente de ANPIER subrayó que el monopolio que forman las empresas asociadas a Unesa «ya no sólo intoxica con residuos, vertidos y emisiones, también quieren intoxicar a la opinión pública con informaciones que aportan datos sesgados y con campañas de publicidad que trasladan idílicos escenarios sostenibles que tienen muy poco que ver con la realidad».