En concreto, se trata de 40 proyectos que evitan emisiones en sectores como agricultura, transporte, residencial o residuos. El Fondo de Carbono adquirirá las reducciones verificadas que logren estos proyectos, contribuyendo así a su viabilidad financiera. En total, se prevé que los proyectos reduzcan más de un millón de toneladas de CO2 equivalente en los próximos cuatro años. A juicio de Ramos, este proyecto convierte en «realidad» el «giro en la política de lucha contra el cambio climático» por el que han apostado «desde el principio».

Con la selección de los proyectos y la adquisición de sus reducciones verificadas de emisiones concluye una fase más del desarrollo de los Proyectos Clima. Esta iniciativa de la Oficina Española de Cambio Climático comenzó el 11 de mayo de este año, cuando se abrió una convocatoria para que los posibles interesados presentaran una «idea de proyecto» mediante modelos estandarizados desarrollados por el Fondo. En esta fase, se recibieron 194 proyectos.

En una segunda fase, y una vez que se descartaron los proyectos que «de manera clara» incumplían los requisitos de la convocatoria, se invitó a los promotores a elaborar un ‘Documento de Proyecto’, en el que se desarrollaran las características del mismo y se calculasen las reducciones de emisiones que lograría. Para ello, el Fondo de Carbono elaboró diez metodologías de reducción de emisiones que abarcan todos los sectores cubiertos por los proyectos.

Para el desarrollo de estas metodologías, se han tomado como referencia metodologías internacionales del mecanismo de desarrollo limpio, en el marco del Protocolo de Kioto, y las directrices para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, de modo que las reducciones que logren los proyectos tengan reflejo en el mismo. En esta fase, se presentaron 79 proyectos. Una vez analizados con arreglo a criterios objetivos, se han seleccionado los 40 cuyas reducciones de emisiones serán finalmente adquiridas.

Se abre ahora la fase de ejecución de los proyectos, en los que estos, una vez puestos en marcha, deberán hacer un seguimiento y medición de las reducciones logradas. Para ello, las metodologías de cálculo de las reducciones han sido complementadas con diez metodologías de seguimiento elaboradas por el Fondo de Carbono, que ha desarrollado también un Manual de Verificación al que deberán atender las entidades independientes reconocidas para verificar que las reducciones se han logrado efectivamente.

Así lo dijo Ramos de Armas durante la clausura de un foro sobre Energías Renovables, organizado por Cuatrecasas, Kreab Gavin Anderson y Livingstone Partners, celebrado en Madrid, en el que detalló que, a partir de 2013, una buena parte de la asignación de los derechos de emisión se hará vía subasta, lo que contribuirá «en mayor medida a dar una señal precio clara y a orientar por tanto las inversiones con una visión de futuro».

Según el secretario de Estado, tras la subasta de este martes se iniciarán pujas todos los martes y jueves hasta final de año.

El Ejecutivo quiere sacar a la venta 10 millones de derechos, que supondrán unos ingresos de alrededor de 70 millones de euros.

Si la experiencia es la «adecuada», añadió, a lo largo de 2013 se generalizará este sistema de subasta de derechos de emisión.

Ramos también expuso sus principales líneas de trabajo en materia de cambio climático y aseguró que el «gran esfuerzo» del Ministerio en apenas diez meses «permite asegurar que España cumplirá su compromiso con el Protocolo de Kioto en 2012».

Asimismo, subrayó que en la próxima Cumbre de Cambio Climático de Doha (Catar), que se celebrará en las próximas semanas, la comunidad internacional avanzará en el nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono establecido para alcanzar el objetivo ambiental de limitar el aumento de la temperatura media global a 2ºC.

A su juicio, la Cumbre de Doha debe asegurar la continuidad del régimen jurídico internacional a través de la adopción formal de un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, que servirá de marco transitorio hasta alcanzar en 2015 un nuevo Acuerdo Internacional en el que participarán todos los países, y que entrará en vigor en el año 2020.