Marti Scharfhausen afirma que «los consumidores, sus hijos y nietos» tendrán que pagar para devolver la deuda eléctrica durante 30 años

«¿Sabe cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Veinte o treinta años», afirmó Martí Scharfhausen en su comparecencia durante la presentación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, en la que se mostró especialmente molesto con las críticas del senador socialista Jesús Alique a su gestión.

El secretario de Estado de Energía atribuyó el déficit de tarifa a «decisiones regulatorias anteriores mal hechas», y consideró que su departamento se enfrenta a «un bache provocado por un endeudamiento no deseado», de modo que «el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más».

En este sentido, resaltó que las medidas tomadas por el Ejecutivo desde enero permitirán «previsiblemente» el cumplimiento del real decreto de 2009 que fijaba un déficit de tarifa de 1.500 millones de euros en 2012 y de 0 euros para 2013.

«Nos dicen que no tenemos política energética. La mejor política energética del país es poder pagar todos los costes. Se ha formado un déficit de tarifa tan grande que probablemente el sistema quebraría» si no se hubiesen adoptado las decisiones aprobadas este año por el Gobierno, señaló, antes de insistir en que la prioridad de su departamento es solucionar el déficit tarifario. Así, dijo que el sistema eléctrico se encuentra «en un momento difícil pero completamente superable».

Martí Scharfhausen estimó en 6.000 millones de euros el desfase potencial anual -en los nueve primeros meses de 2012 ha superado los 3.900 millones, aunque el límite legal está en 1.500 para todo el año- divididos a partes iguales entre intereses de la deuda, exceso de primas a la tecnología fotovoltaica y exceso de ayudas a la termosolar. Además, reconoció que también existe un déficit en la tarifa del gas natural, que asciende a unos 200 millones de euros anuales.

Insistió en que el objetivo del Gobierno es cumplir con el déficit del Estado y por ello también están haciendo «esfuerzos para ordenar un sector» que debe ser estratégico y poder «ayudar a nuestras empresas». España cuenta, recordó, con un «gran parque de generación de energía».

A este respecto, aclaró que trabajan con el «gran condicionante» de cumplir con el déficit del estado, que es lo más importante para esta legislatura, y que esta «responsabilidad» debe ser «asumida por todos para tratar de poner orden en la sostenibilidad de nuestro sistema energético». Hay que «ser conscientes de los tremendos esfuerzos» que se están «haciendo para ordenar un sector con impacto tremendo en la economía», recalcó.

«Hemos sido los primeros en quitar dinero a las eléctricas»

Asimismo, el secretario de Estado de Energía aseguró además que su departamento ha sido el primero en «quitar» dinero al «oligopolio» eléctrico, en concreto 3.000 millones de euros en gravámenes para residuos nucleares y utilización del agua, para evitar con ello una «quiebra» del sistema provocada por el abultado déficit de tarifa.

«Por primera ves se quita al oligopolio de Endesa e Iberdrola 3.000 millones. Y usted dice que protegemos al oligopolio», afirmó Martí Scharfhausen en respuesta a Jesús Alique. No obstante, en una intervención posterior negó haber reconocido la existencia de un oligopolio y elogió a las empresas del sector.

«No he reconocido ningún oligopolio. Son cinco empresas, grandes empresas generadoras, y miles de pequeños generadores. No he reconocido que haya oligopolio», aclaró el secretario de Estado, quien aseguró además que su departamento sí dialoga con el sector.

«Le voy a mandar la relación mes a mes de las entrevistas que el director general de Energía, el IDAE y el secretario de Estado han tenido con el sector. Se va a asombrar y verá si dialogamos o no con el sector», afirmó.

El secretario de Estado aseguró que el problema del déficit de tarifa «no es nada fácil» y recordó, como exvicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que el regulador «no vio venir» el desajuste hasta 2005, ya que hasta ese momento «no tenía relevancia». «Cuando el desfase presupuestario fue grande, se empezó a avisar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todos le hicimos advertimos del peligro que suponía el crecimiento del déficit tarifario y del efecto que tendría el desarrollo de las tecnologías fotovoltaica y termosolar por encima de los objetivos, pero que no obtuvo respuesta«, señaló.

No se subirán los peajes de la tarifa de la luz en 2013

Por otro lado, Martí Scharfhausen explicó que el Gobierno, tras aprobar la fiscalidad eléctrica, se comprometió a no subir los peajes de la tarifa de la luz en 2013, si bien, remarcó que, ante la «presión» de la demanda energética del próximo año, sigue resultando necesario «perseguir» el control de déficit tarifario para después «apoyar las acciones orientadas» a la solución de todos los sistemas energéticos.

En este sentido, sostuvo que, «una vez ordenado el déficit de tarifa», el Ministerio de Industria va a «seguir ordenado el sector eléctrico» de forma progresiva para introducir los cambios sin dañar a las empresas del sector. Entre los temas que están «en estudio», figuran la situación del carbón, indicó.

Sobre las negociaciones en la Unión Europea sobre el carbón, el secretario de Estado dijo «que es un tema muy importante», y que «estamos viendo cómo cerrar» el asunto pese a que Bruselas está imponiendo «muchísimas» condiciones. «Se está trabajando para que el carbón pueda seguir hasta 2018 porque como estaba enfocado antes era imposible», concluyó.

«Soy un servidor público y estamos para servir a los ciudadanos»

«Atenta a la historia y a mi prestigio profesional», le espetó Martí a Alique cuando el segundo atribuyó a los gobiernos de José María Aznar el problema del déficit de tarifa.

Posteriormente, recordó su etapa CNE para aludir a «dos momentos muy especiales» para la gestación del problema. El primero fue «cuando el déficit superó los 5.000 millones de euros, y se avisó de ello», y el segundo se produjo en 2008, cuando se pidió al Gobierno que «controlase» el exceso de potencia fotovoltaica «y la respuesta fue no». La fotovoltaica tenía previsto instalar 450 megavatios (MW) y al final alcanzó 4.000 MW, aseguró.

«En los últimos años no se ha hecho nada, y ese es el drama. No es hacer las cosas mal, sino que no se haya hecho nada», afirmó, antes de contestar a Alique: «No me dé las gracias por venir. Soy un servidor público y estamos para servir a los ciudadanos«.

Ante las críticas de senadores por la subida de un 7% del recibo de la luz en lo que va de año, aunque algún senador lo cifró en un incremento del 14%, Martí Scharfhausen aclaró que la subida de abril fue tras una sentencia del Tribunal Supremo y por tanto por «imperativo legal por las decisiones anteriores» del pasado Gobierno socialista.

Por su parte, el senador socialista reclamó al Gobierno que retire la fiscalidad eléctrica o, al menos, evite que los nuevos impuestos se trasladen al consumidor doméstico e industrial y provoquen una fuerte subida de la luz. La norma, afirmó, es una «chapuza recaudatoria».

Además, acusó a los gobiernos populares de «sacarse de la manga» el déficit de tarifa para no subir la luz y de «inventarse ahora» una liberalización para no asumir el coste político de tener que encarecer el recibo eléctrico.

El déficit de tarifa ronda hasta septiembre los 4.000 millones de euros, un 31% más de lo previsto

Este desajuste supera en 300 millones al contabilizado hasta agosto, así como en un 31% la previsión realizada por la CNE en enero, en un 130% la cifra acumulada hasta abirl y en un 28% la correspondiente al mismo periodo del ejercicio anterior.

La cifra es, además, unos 2.500 millones de euros más del tope legal de 1.500 millones de euros para el conjunto de este año, y crece después de un descenso en agosto, gracias a un ingreso puntual en el sistema eléctrico de 616 millones correspondiente a los remanentes del IDAE.

Pese al abultado déficit, tanto la CNE como el Ejecutivo confían en que 2012 acabe con un desajuste inferior al máximo permitido de 1.500 millones de euros. Las refacturaciones de la luz ordenadas por el Tribunal Supremo, que provocan alzas del 7% del recibo entre agosto y diciembre, y el recorte a las primas fotovoltaicas, que se aplica desde agosto, aliviarán la tarifa eléctrica.

En su previsión para el año, la CNE calculó que el déficit será de 1.466 millones de euros, 33 millones por debajo del tope legal, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno en enero, sin las cuales la deuda eléctrica superaría en 1.885 millones en máximo de este año.

No obstante, el regulador siguió cifrando en 473 millones de euros el coste de la actividad extrapeninsular imputable a la tarifa, dando por hecho que parte de esta partida, de cerca de 2.000 millones al año, la asumirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno ya dejó fuera de los PGE de 2012 este sobrecoste de la actividad en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, e hizo lo mismo en las cuentas de 2013, de modo que la tarifa eléctrica deberá asumir el 100% de este importe.

En su liquidación mensual, la CNE también constató que las primas al régimen especial, que incluyen las recibidas por las energías renovables y la cogeneración, ascendieron a 6.945 millones hasta septiembre, un 32% más que los previsto a comienzos de año y un 22% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El diario «Cinco Días«, que adelanta el contenido de la última liquidación de la CNE, advirtió de que las desviaciones del déficit sobre el tope legal se deberán cargar en los peajes de acceso desde el 1 de enero, lo que se traducirá en una fuerte subida para los consumidores de electricidad.

El sistema eléctrico ingresó hasta septiembre 10.072 millones de euros. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un desajuste de 2.802 millones de euros.

A este déficit es necesario descontar costes regulados a razón de 1.086 millones de euros para el transporte y 3.158 millones de euros para la distribución. Además, se reconoció un coste de 98 millones de euros para desajustes de ingresos de 2006, de 7,6 millones de euros para desajustes de ingresos de 2008 y de 77 millones de euros en concepto de la segunda subasta del déficit «ex ante».

El sistema de interrumpibilidad, en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 322 millones de euros hasta septiembre.

El déficit de tarifa ronda hasta septiembre los 4.000 millones de euros, un 31% más de lo previsto

Este desajuste supera en 300 millones al contabilizado hasta agosto, así como en un 31% la previsión realizada por la CNE en enero, en un 130% la cifra acumulada hasta abirl y en un 28% la correspondiente al mismo periodo del ejercicio anterior.

La cifra es, además, unos 2.500 millones de euros más del tope legal de 1.500 millones de euros para el conjunto de este año, y crece después de un descenso en agosto, gracias a un ingreso puntual en el sistema eléctrico de 616 millones correspondiente a los remanentes del IDAE.

Pese al abultado déficit, tanto la CNE como el Ejecutivo confían en que 2012 acabe con un desajuste inferior al máximo permitido de 1.500 millones de euros. Las refacturaciones de la luz ordenadas por el Tribunal Supremo, que provocan alzas del 7% del recibo entre agosto y diciembre, y el recorte a las primas fotovoltaicas, que se aplica desde agosto, aliviarán la tarifa eléctrica.

En su previsión para el año, la CNE calculó que el déficit será de 1.466 millones de euros, 33 millones por debajo del tope legal, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno en enero, sin las cuales la deuda eléctrica superaría en 1.885 millones en máximo de este año.

No obstante, el regulador siguió cifrando en 473 millones de euros el coste de la actividad extrapeninsular imputable a la tarifa, dando por hecho que parte de esta partida, de cerca de 2.000 millones al año, la asumirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno ya dejó fuera de los PGE de 2012 este sobrecoste de la actividad en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, e hizo lo mismo en las cuentas de 2013, de modo que la tarifa eléctrica deberá asumir el 100% de este importe.

En su liquidación mensual, la CNE también constató que las primas al régimen especial, que incluyen las recibidas por las energías renovables y la cogeneración, ascendieron a 6.945 millones hasta septiembre, un 32% más que los previsto a comienzos de año y un 22% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El diario «Cinco Días«, que adelanta el contenido de la última liquidación de la CNE, advirtió de que las desviaciones del déficit sobre el tope legal se deberán cargar en los peajes de acceso desde el 1 de enero, lo que se traducirá en una fuerte subida para los consumidores de electricidad.

El sistema eléctrico ingresó hasta septiembre 10.072 millones de euros. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un desajuste de 2.802 millones de euros.

A este déficit es necesario descontar costes regulados a razón de 1.086 millones de euros para el transporte y 3.158 millones de euros para la distribución. Además, se reconoció un coste de 98 millones de euros para desajustes de ingresos de 2006, de 7,6 millones de euros para desajustes de ingresos de 2008 y de 77 millones de euros en concepto de la segunda subasta del déficit «ex ante».

El sistema de interrumpibilidad, en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 322 millones de euros hasta septiembre.

Los mercados eléctricos funcionan «correctamente», según dice REE

La compañía salía al paso ante las informaciones publicadas en las que se afirmó que REE denunció ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que las eléctricas fuerzan subidas de precios.

REE insistió en que, cumpliendo con sus funciones de operador del sistema eléctrico, además de con la normativa vigente, informa a los organismos reguladores de manera «periódica y habitual» sobre la evolución de los mercados de operación. «Una información análoga es puesta con posterioridad a disposición de todos los agentes de mercado», añadió.

Por último, Red Eléctrica aseguró que «no ha presentado denuncia ni queja alguna ante la Comisión Nacional de Energía ni por el comportamiento de dichos agentes ni por los precios».

Los mercados eléctricos funcionan «correctamente», según dice REE

La compañía salía al paso ante las informaciones publicadas en las que se afirmó que REE denunció ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que las eléctricas fuerzan subidas de precios.

REE insistió en que, cumpliendo con sus funciones de operador del sistema eléctrico, además de con la normativa vigente, informa a los organismos reguladores de manera «periódica y habitual» sobre la evolución de los mercados de operación. «Una información análoga es puesta con posterioridad a disposición de todos los agentes de mercado», añadió.

Por último, Red Eléctrica aseguró que «no ha presentado denuncia ni queja alguna ante la Comisión Nacional de Energía ni por el comportamiento de dichos agentes ni por los precios».

El consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas acumula ya trece meses de descensos

Según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE) publicado por Red Eléctrica de España (REE), la demanda eléctrica de la industria fue en octubre un 5,8% inferior a la del mismo mes de 2011 y la de servicios, un 3,5%.

En los últimos doce meses las grandes empresas españolas consumieron un 4,7% menos de electricidad que en el periodo anterior, un descenso que fue más pronunciado en el caso de la industria (6%) que en los servicios (2,7%).

El IRE facilitó información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 40% de la demanda total.

La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica del país.

El consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas acumula ya trece meses de descensos

Según los datos del Índice Red Eléctrica (IRE) publicado por Red Eléctrica de España (REE), la demanda eléctrica de la industria fue en octubre un 5,8% inferior a la del mismo mes de 2011 y la de servicios, un 3,5%.

En los últimos doce meses las grandes empresas españolas consumieron un 4,7% menos de electricidad que en el periodo anterior, un descenso que fue más pronunciado en el caso de la industria (6%) que en los servicios (2,7%).

El IRE facilitó información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 40% de la demanda total.

La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica del país.

El presidente de E.ON España considera «imprescindible» la liberalización de la tarifa eléctrica

Antoñanzas instó a que se impulse el mercado y se acaben las tarifas reguladas para animar la competencia en el sector y porque éstas, a su juicio, crean incertidumbre, no protegen al consumidor y pueden resultar discriminatorias, dijo durante su participación en la presentación en Madrid del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organizada por Enerclub.

«Es un paso imprescindible para mejorar la competitividad de nuestra economía. Para los mercados minoristas, domésticos y pymes, un sector completamente liberalizado y sin tarifas reguladas permitirá que los consumidores se beneficien de una mayor calidad de servicio y precios más competitivos», afirmó el presidente de E.ON España.

Junto a esto, consideró que el mercado de emisiones de CO2 y su consolidación será un aspecto «clave» para el futuro del sector eléctrico. Los ingresos obtenidos por esta vía pueden utilizarse a la hora de evaluar los incentivos a las renovables, argumentó.

«La unión de iniciativas de eficiencia energética o incentivos a las energías renovables debería hacerse bajo un único paraguas que sea el mercado de derechos de emisiones«, señaló.

Para el presidente de E.ON España, «el precio del CO2 debería ser en el futuro el instrumento adecuado para proporcionar las adecuadas señales a la inversión y consolidar un mercado interior de la energía en Europa».

Junto a esto, Antoñanzas resaltó la importancia de la eficiencia energética, con la que E.ON se siente comprometida. «Se trata de una apuesta indiscutible y que supondrá un punto de inflexión en los escenarios energéticos. Es la forma más competitiva de reducir la factura energética y las emisiones«, indicó.

El presidente de E.ON en España también advirtió que el panorama energético «está cambiando», señaló el máximo responsable de la eléctrica alemana en España, quien destacó que los consumidores de la Unión Europea se verán «afectados» por el elevado coste eléctrico, y Japón de «forma muy significativa», mientras que en China los precios son «más baratos».

El presidente de E.ON España considera «imprescindible» la liberalización de la tarifa eléctrica

Antoñanzas instó a que se impulse el mercado y se acaben las tarifas reguladas para animar la competencia en el sector y porque éstas, a su juicio, crean incertidumbre, no protegen al consumidor y pueden resultar discriminatorias, dijo durante su participación en la presentación en Madrid del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organizada por Enerclub.

«Es un paso imprescindible para mejorar la competitividad de nuestra economía. Para los mercados minoristas, domésticos y pymes, un sector completamente liberalizado y sin tarifas reguladas permitirá que los consumidores se beneficien de una mayor calidad de servicio y precios más competitivos», afirmó el presidente de E.ON España.

Junto a esto, consideró que el mercado de emisiones de CO2 y su consolidación será un aspecto «clave» para el futuro del sector eléctrico. Los ingresos obtenidos por esta vía pueden utilizarse a la hora de evaluar los incentivos a las renovables, argumentó.

«La unión de iniciativas de eficiencia energética o incentivos a las energías renovables debería hacerse bajo un único paraguas que sea el mercado de derechos de emisiones«, señaló.

Para el presidente de E.ON España, «el precio del CO2 debería ser en el futuro el instrumento adecuado para proporcionar las adecuadas señales a la inversión y consolidar un mercado interior de la energía en Europa».

Junto a esto, Antoñanzas resaltó la importancia de la eficiencia energética, con la que E.ON se siente comprometida. «Se trata de una apuesta indiscutible y que supondrá un punto de inflexión en los escenarios energéticos. Es la forma más competitiva de reducir la factura energética y las emisiones«, indicó.

El presidente de E.ON en España también advirtió que el panorama energético «está cambiando», señaló el máximo responsable de la eléctrica alemana en España, quien destacó que los consumidores de la Unión Europea se verán «afectados» por el elevado coste eléctrico, y Japón de «forma muy significativa», mientras que en China los precios son «más baratos».

Los agentes consultados por la CNE ven necesario revisar los costes de los peajes de acceso eléctricos

Así lo consideraron 13 de los 29 agentes que participaron en la consulta, entre los que figuran las principales empresas eléctricas, asociaciones del sector de las renovables, organizaciones industriales, hosteleros y algunos gobiernos autonómicos.

No obstante, según la CNE, sólo 12 de ellos respondieron a todas las preguntas, mientras que siete contestaron «a algunas» y 10 no respondièron de forma específica a ninguna pregunta.

Sobre los componentes a revisar, seis de los encuestados apuntaron la conveniencia de extraer de los peajes de acceso las primas del régimen especial (renovables y cogeneración), y ocho proponen segregar los pagos por interrumpibilidad (retribución a los grandes consumidores por su disposición a «desconectarse» cuando el sistema lo requiera).

En menor medida, algunos abogaron por que los costes extrapeninsulares se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la ciudad o de la comunidad autónoma.

Con los peajes de acceso, que suponen alrededor de la mitad de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) a la que están acogidos la mayoría de los consumidores, se pagan distintos conceptos del sistema como el transporte, la distribución o las primas a las renovables.