Como esta subasta tiene un peso cercano al 50% en la tarifa final, y como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió congelar la otra parte del recibo, la de los costes regulados, el encarecimiento de la energía acabará provocando una subida final del 4% en la TUR.

No obstante, esta subida no será ni mucho menos suficiente para lograr el objetivo del ministro José Manuel Soria de «taponar» el agujero eléctrico. Industria reconoció que en 2012 hay un exceso de déficit de 1.951 millones y, en su borrador de peajes eléctrico, trasladó este desajuste a los costes de 2013, lo que no pasó desapercibido para los departamentos jurídicos de las eléctricas.

Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.

La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si se cumple lo que muchos observadores dan por hecho, esto es, que los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladen finalmente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se queden en la tarifa.

En este caso, el exceso de déficit sería de 3.500 millones y la subida de peajes para contenerlo debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.

Hay dudas de que Industria esté dispuesta a subir la luz en esta proporción, pero al mismo tiempo es muy probable que los PGE no asuman los costes extrapeninsulares y que sea la tarifa la que tenga que soportarlos.

Las fuentes del sector matizan que este ejercicio es hipotético, pero ni mucho menos improbable, ya que tarde o temprano Industria se verá abocada a subir los peajes eléctricos para contener la deuda de la tarifa.

Para las empresas del sector, sería deseable que Industria lograse encajar en los PGE los costes extrapeninsulares, pero dudan de que el Gobierno asuma costes eléctricos en unas cuentas públicas ya de por sí constreñidas por la situación económica.

Según señalaron, las opciones pasan por las subidas de peajes o por modificar al alza, como ya hizo en su día el exministro Miguel Sebastián, los límites legales de déficit. Para ello, sería necesario un real decreto ley y, por tanto, la aprobación del Consejo de Ministros.

Todas las hipotéticas subidas de peajes tendrían como objetivo poner orden en el desajuste de 2012, sin abordar el de 2013, en el que Industria confió de nuevo la salud del sistema eléctrico a que los extracostes extrapeninsulares se carguen a los PGE y no a la tarifa.

Lo que sí servirá para contener el déficit, al menos en 280 millones de euros en 2013, es el nuevo mecanismo de peajes progresivos puesto en marcha por Industria, cuyos recargos por consumo encarecerán un 3% el recibo al consumidor medio, según los cálculos de la OCU.

En el borrador de la orden ministerial por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones de régimen especial, se reconoció que la «mejor previsión de desajuste temporal» para el 2012 será de 1.951 millones de euros, estimando un déficit de 3.451 millones de euros, después de la imposibilidad de cargar los extracostes de la actividad eléctrica extrapeninsular sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y es que Industria continúa trasladando de la tarifa a los PGE partidas de los costes de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, si bien tanto los PGE de 2012 como el proyecto de PGE de 2013 anularon este traspaso.

En el cuadro de costes de 2012 incluido en la orden ministerial, Industria cifró en 405 millones el coste de las extrapeninsulares del ejercicio. Acto seguido, explicó que el coste real de esta partida es de 1.622 millones de euros, una vez asumido el recorte retributivo de este año.

Posteriormente, reconoció que no cargó a la tarifa 1.622 millones de euros, sino 405 millones de euros, porque «se consideró que para el año 2012 el 75% de las extrapeninsulares «será asumido por los Presupuestos Generales del Estado». Esta circunstancia, a la vista de los PGE reales, no se da, así que el dinero tendrá que ir a la tarifa de luz.

Pese a que la Secretaría de Estado de Energía, que es la que remite este borrador a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), reconoció estas cifras, el ministro de Industria insistió en que se cumplirá la ley.

Soria dijo que se incrementará el déficit en unos 3.400 millones de euros en 2012, aunque defendió que sólo son atribuibles a este ejercicio 1.500 millones de euros. A este respecto, aclaró que «vamos a arrastrar déficit de 2011 de 1.100 millones de euros».

Y añadió que se producirá un «exceso» de primas al régimen especial de 800 millones de euros sobre lo previsto inicialmente. La previsión inicial para esta partida era de 7.200 millones de euros y finalmente ascenderá a unos 8.000 millones de euros. Con estos datos en la mano, aseguró que el Ejecutivo cumplirá lo exigido por la ley de 2009, que fijaba un límite de déficit de 1.500 millones de euros.

En el borrador de peajes, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, se recogió que las partidas que tuvieron valores «superiores a los esperados fueron las relativas a las primas del régimen especial» que, según informe de la CNE, ascenderán a 8.444 millones de euros.

También consideraron una «disminución en los ingresos previstos» por la «caída de la demanda», que para 2013 ya estimaron que caerá un 0,2%.

Con esta norma, Industria pretende «establecer medidas que incentiven el consumo responsable de energía a través de la introducción de una progresividad en los precios de los peajes de acceso».

Por su parte, desde el sector eléctrico estimaron que el déficit se disparará hasta los 4.668 millones de euros (3.000 millones de euros por encima de la previsión) puesto que, según afirmaron, Industria está dando por hecho, de forma implícita, que habrá otros 1.217 millones de déficit adicionales. Todo ello, haría menos viable aún, según dijeron, que para 2013 el incremento sea cero, como obliga la ley.

En la iniciativa se establece que los Presupuestos Generales del Estado de cada año consignarán al fomento de las energías renovables el equivalente a la suma de la estimación de recaudación anual correspondiente al Estado por los tributos energéticos y del 90% de los ingresos estimados para las subastas de derechos de emisión de CO2 a partir de 2013, con un tope de 450 millones de euros, mientras que el 10% restante, con un máximo de 50 millones de euros, se destinará a la política de lucha contra el cambio climático.

Dichas aportaciones se realizarán mediante libramientos mensuales por importe máximo de la cifra de recaudación efectiva correspondiente al Estado por dichos tributos, cánones e ingresos por subastas de derechos de emisión, en el mes inmediatamente anterior.

Los libramientos serán certificados por los órganos del Ministerio de Hacienda, según el texto, que especifica que la aportación correspondiente a diciembre se efectuará cargo de presupuestos del ejercicio siguiente.

Esta enmienda, que cuenta con el apoyo de los portavoces del PP, PSOE, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto, modifica la introducida en el Congreso por el PP y que establecía que los nuevos tributos se destinarían a acabar con el déficit de tarifa eléctrica.

Por tanto, la propuesta supone un ligero cambio con respecto al proyecto de fiscalidad eléctrica que, se tramita estos días en el Senado y a la que está prevista la incorporación de una enmienda en la que se indica que los ingresos de las subastas de CO2, con un tope de 500 millones de euros, se destinarán únicamente a la tarifa eléctrica.

En la propuesta a los Presupuestos Generales del Estado, los grupos del Senado también acordaron que las cuentas públicas financiarán el sistema eléctrico en un importe equivalente a la suma de «la estimación de la recaudación anual» de los nuevos impuestos eléctricos más el 90% del ingreso «estimado» de las subastas de CO2, hasta 450 millones de euros.

El Grupo Popular en el Senado había incluido anteriormente en la Ley de PGE de 2013 una enmienda en la que no aludía a estimaciones de ingresos procedentes del impuesto eléctrico, sino que indicaba que las cuentas públicas financiarían la tarifa eléctrica fijando «como límite máximo» la recaudación anual de estos mismos impuestos.

En estas enmiendas, los «populares» garantizaban además que las cuentas públicas no asuman el coste extrapeninsular y seguían sin resolver la cuestión de si los intereses de la deuda tarifaria podrían cargarse sobre los PGE.

El debate sobre la Ley de PGE se produce en paralelo al correspondiente a la Ley de Sostenibilidad Energética. En este caso, el PP presentó enmiendas para elevar del 6% al 7% el impuesto eléctrico, al tiempo que eximió al gas para uso industrial y propuso incrementar las cargas sobre el carbón.