La demanda de gas cae un 2,9% hasta noviembre pese al aumento del 6,2% en hogares e industrias

Este descenso se debe a la caída del consumo de gas natural para generación de electricidad, que se situó en 78.240 GWh, lo que supone un descenso del 23% con respecto al mismo periodo de 2011.

La caída en el consumo total se produjo además a pesar de que la demanda convencional, que incluye hogares, empresas e industrias, aumentó un 6,2% y alcanzó 249.688 GWh.

En noviembre, la demanda del mercado nacional aumentó un 1,6% con respecto al mismo mes de 2011, gracias a un incremento del 5,8% en el consumo convencional, y a pesar del descenso del 11,3% en el utilizado para generar electricidad.

Industria no bajará los peajes para evitar una posible subida del 4% de la electricidad a partir de enero

En un acto informativo organizado por Europa Press, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reiteró que la subida de la luz «depende del resultado de la subasta», por lo que tampoco va a aceptar subir los peajes un 10%, tal y como pidió la patronal eléctrica Unesa.

«No vamos a mover los peajes porque si lo hiciéramos estaremos engordando el déficit de tarifa a un nivel inasumible», aseguró.

Los peajes (impuestos ) son la parte que fija el Gobierno de la tarifa eléctrica para retribuir los costes regulados (el transporte, la distribución, las primas a las renovables, los pagos por capacidad o la moratoria nuclear) y que determina aproximadamente el 50% del recibo de la luz de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la que se aplica a más de 20 millones de consumidores. La otra mitad de la tarifa se obtiene del resultado de la subasta del precio de la energía.

Por ello, el incremento o no del recibo de la luz vendrá determinado por el resultado de esta subasta, aunque Industria introdujo un recargo en la parte regulada que penalizará a los consumidores que demanden más de la media de su franja.

Las asociaciones de consumidores aseguraron que la subasta arrojará un resultado más caro que la anterior puja, debido al impacto de las medidas fiscales para la generación de electricidad aprobadas por el Congreso de los Diputados y que previsiblemente entrarán en vigor a comienzos de año.

De ser así, se confirmaría que las eléctricas van a repercutir los impuestos en el recibo de la luz, algo que ya fue incluso reconocido por las propias compañías.

De hecho, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya constató en un informe que en los mercados de futuros de electricidad para suministrar en 2013 -es decir, una vez que hayan entrado en vigor los impuestos- empezaron a subir los precios desde el mismo día de la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros.

A la subasta de este viernes, por un total de 6.063 megavatios (MW) para cada una de las horas base del primer trimestre del año, así como 345 MW para las horas punta, concurrirán las cinco empresas encargadas del suministro regulado, que son E.ON, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC e Iberdrola.

El resultado de esta vigésimo primera subasta Cesur determinará el precio de la tarifa eléctrica para el primer trimestre del próximo año. La subasta arrancará a las 09.00 horas, realizándose en una sesión. El periodo de recepción de pujas para la primera ronda será de 20 minutos. En el caso de la segunda ronda y sucesivas dicho periodo será de 10 minutos y un periodo de casación y comunicación de 5 minutos.

El objetivo es que haya una intervención mínima del Gobierno

Sobre la revisión de la tarifa eléctrica en el futuro, el ministro Soria aseguró que el objetivo de su departamento es que «el precio de la luz sea un reflejo de lo que dicta el mercado y que las internvenciones del Gobierno sean las mínimas posibles, y si es posible que no las haya».

Por eso, dijo, si en la subasta del precio de la energía se produce una subida o una bajada está se reflejará en la factura de la luz y el gobierno no intervendrá en los peajes para compensar la situación.

En este sentido, indicó que «el fin es no alterar el precio de las subastas mediante alteraciones en los peajes», y recordó que el Gobierno anterior llegó a rebajar los costes regulados, situación que hizo engordar el déficit de tarifa.

Industria no bajará los peajes para evitar una posible subida del 4% de la electricidad a partir de enero

En un acto informativo organizado por Europa Press, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reiteró que la subida de la luz «depende del resultado de la subasta», por lo que tampoco va a aceptar subir los peajes un 10%, tal y como pidió la patronal eléctrica Unesa.

«No vamos a mover los peajes porque si lo hiciéramos estaremos engordando el déficit de tarifa a un nivel inasumible», aseguró.

Los peajes (impuestos ) son la parte que fija el Gobierno de la tarifa eléctrica para retribuir los costes regulados (el transporte, la distribución, las primas a las renovables, los pagos por capacidad o la moratoria nuclear) y que determina aproximadamente el 50% del recibo de la luz de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la que se aplica a más de 20 millones de consumidores. La otra mitad de la tarifa se obtiene del resultado de la subasta del precio de la energía.

Por ello, el incremento o no del recibo de la luz vendrá determinado por el resultado de esta subasta, aunque Industria introdujo un recargo en la parte regulada que penalizará a los consumidores que demanden más de la media de su franja.

Las asociaciones de consumidores aseguraron que la subasta arrojará un resultado más caro que la anterior puja, debido al impacto de las medidas fiscales para la generación de electricidad aprobadas por el Congreso de los Diputados y que previsiblemente entrarán en vigor a comienzos de año.

De ser así, se confirmaría que las eléctricas van a repercutir los impuestos en el recibo de la luz, algo que ya fue incluso reconocido por las propias compañías.

De hecho, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya constató en un informe que en los mercados de futuros de electricidad para suministrar en 2013 -es decir, una vez que hayan entrado en vigor los impuestos- empezaron a subir los precios desde el mismo día de la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros.

A la subasta de este viernes, por un total de 6.063 megavatios (MW) para cada una de las horas base del primer trimestre del año, así como 345 MW para las horas punta, concurrirán las cinco empresas encargadas del suministro regulado, que son E.ON, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC e Iberdrola.

El resultado de esta vigésimo primera subasta Cesur determinará el precio de la tarifa eléctrica para el primer trimestre del próximo año. La subasta arrancará a las 09.00 horas, realizándose en una sesión. El periodo de recepción de pujas para la primera ronda será de 20 minutos. En el caso de la segunda ronda y sucesivas dicho periodo será de 10 minutos y un periodo de casación y comunicación de 5 minutos.

El objetivo es que haya una intervención mínima del Gobierno

Sobre la revisión de la tarifa eléctrica en el futuro, el ministro Soria aseguró que el objetivo de su departamento es que «el precio de la luz sea un reflejo de lo que dicta el mercado y que las internvenciones del Gobierno sean las mínimas posibles, y si es posible que no las haya».

Por eso, dijo, si en la subasta del precio de la energía se produce una subida o una bajada está se reflejará en la factura de la luz y el gobierno no intervendrá en los peajes para compensar la situación.

En este sentido, indicó que «el fin es no alterar el precio de las subastas mediante alteraciones en los peajes», y recordó que el Gobierno anterior llegó a rebajar los costes regulados, situación que hizo engordar el déficit de tarifa.

Presentan 170.000 firmas en el Congreso solicitando una auditoría completa a todo el sistema eléctrico

Acompañados por parlamentarios del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís-Equo, los coordinadores de la plataforma, José Vicente Barcia y Jorge Morales, denunciaron que esta Ley supone «un parche más al sector eléctrico, que seguirá sin abordar los problemas fundamentales del sector».

Barcia se dirigió al Gobierno para recordar que existen alternativas a esta reforma, a la vez que remarcó que la sociedad quiere que se termine «con la dictadura energética» y que se inicie una «auténtica democracia energética», como demuestran las 170.000 firmas que entregaron en la Cámara Baja.

«Debemos comprender que más del 80% de la energía que utilizamos es del extranjero y por ello somos vulnerables económicamente y España está cada vez más alejada de cumplir el protocolo de Kioto. Esta normativa sólo abunda en errores del pasado», resaltó.

Igualmente, avisó de que, con las medidas aprobadas, la factura correrá finalmente por cuenta del consumidor de electricidad, «del sufrido contribuyente y de los titulares de instalaciones del llamado régimen especial, que incluye a todas las renovables».

Es más, defendió que no se puede hablar de «medidas verdes» si perjudican principalmente a las centrales eléctricas limpias, que ya han sido castigadas en últimos años.

Por su parte, el portavoz del PSOE en materia energética, José Segura, recordó que esta normativa contó con la oposición frontal del Grupo Socialista y de otros cuatro grupos parlamentarios «de una manera muy intensa».

Así, señaló que el «gran reto» al que está sometido la humanidad es el cambio climático, que puede ir avanzando si no se frena, a la vez que mostró su satisfacción por que los miembros de la plataforma hayan acudido al Congreso a entregar estas firmas.

A juicio de Laia Ortiz, de ICV, muchas personas desconocen el impacto que tiene sobre su vida cotidiana la regulación actual del sistema eléctrico y energético. Precisamente, recordó que 2012 es el Año Internacional de la Energía Sostenible.

«Hoy que es el último pleno del año podemos decir que el balance ha sido muy negro sobre el papel de este gobierno en materia energética. Empezó el año con un decreto de parón de renovables y acabamos precisamente con una ley que vuelve a castigar el sector y es completamente penalizadora de las energías limpias y trata igual a todas, independientemente de su aportación social y medioambiental», avisó.

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, resaltó que estas propuestas son «de sentido común» y consideró que hay que trabajar y no desanimarse nunca porque iniciativas como éstas acabaran calando en la sociedad y, «al final acabarán ganando los buenos». «Estamos al lado de la plataforma y de los ciudadanos y de un nuevo modelo energético para España», sentenció.

Presentan 170.000 firmas en el Congreso solicitando una auditoría completa a todo el sistema eléctrico

Acompañados por parlamentarios del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís-Equo, los coordinadores de la plataforma, José Vicente Barcia y Jorge Morales, denunciaron que esta Ley supone «un parche más al sector eléctrico, que seguirá sin abordar los problemas fundamentales del sector».

Barcia se dirigió al Gobierno para recordar que existen alternativas a esta reforma, a la vez que remarcó que la sociedad quiere que se termine «con la dictadura energética» y que se inicie una «auténtica democracia energética», como demuestran las 170.000 firmas que entregaron en la Cámara Baja.

«Debemos comprender que más del 80% de la energía que utilizamos es del extranjero y por ello somos vulnerables económicamente y España está cada vez más alejada de cumplir el protocolo de Kioto. Esta normativa sólo abunda en errores del pasado», resaltó.

Igualmente, avisó de que, con las medidas aprobadas, la factura correrá finalmente por cuenta del consumidor de electricidad, «del sufrido contribuyente y de los titulares de instalaciones del llamado régimen especial, que incluye a todas las renovables».

Es más, defendió que no se puede hablar de «medidas verdes» si perjudican principalmente a las centrales eléctricas limpias, que ya han sido castigadas en últimos años.

Por su parte, el portavoz del PSOE en materia energética, José Segura, recordó que esta normativa contó con la oposición frontal del Grupo Socialista y de otros cuatro grupos parlamentarios «de una manera muy intensa».

Así, señaló que el «gran reto» al que está sometido la humanidad es el cambio climático, que puede ir avanzando si no se frena, a la vez que mostró su satisfacción por que los miembros de la plataforma hayan acudido al Congreso a entregar estas firmas.

A juicio de Laia Ortiz, de ICV, muchas personas desconocen el impacto que tiene sobre su vida cotidiana la regulación actual del sistema eléctrico y energético. Precisamente, recordó que 2012 es el Año Internacional de la Energía Sostenible.

«Hoy que es el último pleno del año podemos decir que el balance ha sido muy negro sobre el papel de este gobierno en materia energética. Empezó el año con un decreto de parón de renovables y acabamos precisamente con una ley que vuelve a castigar el sector y es completamente penalizadora de las energías limpias y trata igual a todas, independientemente de su aportación social y medioambiental», avisó.

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, resaltó que estas propuestas son «de sentido común» y consideró que hay que trabajar y no desanimarse nunca porque iniciativas como éstas acabaran calando en la sociedad y, «al final acabarán ganando los buenos». «Estamos al lado de la plataforma y de los ciudadanos y de un nuevo modelo energético para España», sentenció.

La subasta eléctrica del viernes acusará los nuevos impuestos y podría encarecer el recibo un 4%

Estas subastas tienen un peso cercano al 50% en la TUR y podrían cerrarse con subidas del 8% si se mantiene la tendencia actual, de modo que presionarían un 4% al alza el recibo de la luz. El otro 50% corresponde a los peajes, o costes regulados, que el Gobierno ha decidido congelar en enero.

La nueva fiscalidad eléctrica será definitivamente aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, tras sufrir retoques en el Senado que elevaron del 6% al 7% el impuesto a la generación de electricidad. La norma incluye gravámenes para el gas natural utilizado en la generación eléctrica, así como para la actividad nuclear, el carbón y el fuel.

Estas medidas tienen como objetivo acabar con el déficit de tarifa y empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene previsto ingresar cerca de 3.000 millones de euros por esta vía y aspira a que el déficit sea cero durante el año, si bien para ello las cuentas públicas deberían asumir cerca de 5.700 millones de euros.

El ejercicio 2012 se cierra además con un exceso de déficit de casi 2.000 millones sobre el tope legal de 1.500 millones para el año. Industria trasladó este excedente a la tarifa de 2013, al tiempo que las fuentes del sector advirtieron de que la deuda eléctrica del año podría ser superior, y alcanzar en total unos 4.700 millones, si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no asumen los costes extrapeninsulares, lo que ocurrirá con alta probabilidad.

Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.

La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladan a los PGE y se queden en la tarifa. En este caso, la subida de peajes para contener el exceso de déficit debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.

Por otro lado, en enero empezarán a funcionar los nuevos peajes progresivos de la luz para consumidores con más de 3 kilovatios (kW) de potencia. Las asociaciones de consumidores aseguraron que los recargos contemplados en la medida encarecerán entre el 3% y el 7% el recibo, mientras que Industria explica que estas penalizaciones solo empezarán a funcionar cuando el consumo supere la media más un 10%.

La subasta eléctrica del viernes acusará los nuevos impuestos y podría encarecer el recibo un 4%

Estas subastas tienen un peso cercano al 50% en la TUR y podrían cerrarse con subidas del 8% si se mantiene la tendencia actual, de modo que presionarían un 4% al alza el recibo de la luz. El otro 50% corresponde a los peajes, o costes regulados, que el Gobierno ha decidido congelar en enero.

La nueva fiscalidad eléctrica será definitivamente aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, tras sufrir retoques en el Senado que elevaron del 6% al 7% el impuesto a la generación de electricidad. La norma incluye gravámenes para el gas natural utilizado en la generación eléctrica, así como para la actividad nuclear, el carbón y el fuel.

Estas medidas tienen como objetivo acabar con el déficit de tarifa y empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene previsto ingresar cerca de 3.000 millones de euros por esta vía y aspira a que el déficit sea cero durante el año, si bien para ello las cuentas públicas deberían asumir cerca de 5.700 millones de euros.

El ejercicio 2012 se cierra además con un exceso de déficit de casi 2.000 millones sobre el tope legal de 1.500 millones para el año. Industria trasladó este excedente a la tarifa de 2013, al tiempo que las fuentes del sector advirtieron de que la deuda eléctrica del año podría ser superior, y alcanzar en total unos 4.700 millones, si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no asumen los costes extrapeninsulares, lo que ocurrirá con alta probabilidad.

Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.

La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladan a los PGE y se queden en la tarifa. En este caso, la subida de peajes para contener el exceso de déficit debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.

Por otro lado, en enero empezarán a funcionar los nuevos peajes progresivos de la luz para consumidores con más de 3 kilovatios (kW) de potencia. Las asociaciones de consumidores aseguraron que los recargos contemplados en la medida encarecerán entre el 3% y el 7% el recibo, mientras que Industria explica que estas penalizaciones solo empezarán a funcionar cuando el consumo supere la media más un 10%.

La demanda de gas caerá un 2% en 2012 por la bajada de los ciclos combinados, según afirma Enagás

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, explicó que la bajada de la demanda prevista para este año «no nos dice nada», porque en el sector del gas existen dos submercados completamente diferente.

Así, las previsiones apuntan que el mercado convencional, que abarca a hogares, locales comerciales e industria y que supone el 75% del total, crecerá un 6% este año.

Llardén indicó que este repunte se debe, sobre todo, al efecto de «la industria y la cogeneración» (un sistema que permite generar electricidad y aprovechar el calor que se desprende en el proceso), aunque también a que «este año está siendo algo más frío» que el anterior y a que se «está incrementando el número de hogares que tienen gas».

Sin embargo, el gas que se utiliza para generar electricidad en centrales de ciclo combinado, que supone el cuarto restante del mercado, bajará en un 20%, debido al menor funcionamiento de estas plantas.

Según Llardén, en España «tenemos unas instalaciones eléctricas, que llamamos ciclos combinados, muy eficientes», pero que «no funcionan a la potencia que podrían».

Esto se debe a que «hay una potencia renovable muy importante que tiene prioridad de funcionamiento sobre los ciclos combinados», a lo que se suma una mayor generación de carbón y a la menor demanda eléctrica como consecuencia de la crisis.

De cara al año que viene, Llardén descartó que «el número de horas que funcionan los ciclos» vaya a estar «excesivamente influido» por la aplicación del denominado «céntimo verde», que gravará la utilización de gas natural para generar electricidad.

En su opinión, es mucho más importante «encontrar un equilibrio» entre el volumen de potencia instalada renovable, nuclear, térmica de carbón y de gas.

La competencia mejorará si logra la red francesa de gas

Asimismo, el presidente de Enagás destacó que la oferta de la compañía para hacerse con parte de la red de gas de Francia tendrá efectos beneficiosos para toda Europa, ya que si logra estos activos se construirían más interconexiones y esto aumentaría la competencia.

Llardén explicó que Enagás decidió liderar un consorcio internacional para pujar por la compañía Transport Infraestructures Gaz France (TIGF), filial de Total y propietaria de los gasoductos del sur de Francia.

El presidente subrayó que se trata de una empresa que Enagás conoce «muy bien» y de la que tiene un «conocimiento personal», ya que se trata del «vecino» del norte, con el que están trabajando para poner en marcha las interconexiones a través de los Pirineos.

En este consorcio, la gasista española sería el socio industrial, el que aporta «la experiencia y la gestión», y estaría acompañada por «dos grandes fondos de inversión».

Aunque se desconocen los detalles de la operación por cuestiones de confidencialidad, Llardén destacó que si Enagás llega a hacerse con el contrato y gestionar parte de la red francesa, esto facilitaría «más competencia y un mayor tránsito (de gas) norte-sur o sur-norte».

En su opinión, esta mejor conexión sería buena para el país, porque permitiría abaratar los peajes o cuotas por usar los gasoductos, «pero también sería bueno para el resto de Europa», porque España es un «puerto de llegada de gas procedente de países muy diferentes que podría ir hacia el resto de Europa en caso de necesidad o simplemente para abaratar los precios».

Además, permitiría avanzar hacia uno de las grandes ambiciones del sector, convertir a España en un «hub» o centro de distribución de gas para toda Europa.

España tiene «una posición estratégica», además de «una gran ventaja competitiva respecto a otros países europeos», sus infraestructuras, ya que cuenta con siete plantas de regasificación «potentes» y tanques que permiten «recibir y almacenar gas un cierto tiempo para redistribuirlo a otros países por barco o por tubería».

De hecho, Llardén apuntó que España empieza a ser un país «de tránsito» del gas, ya que, a pesar de la caída del consumo, Enagás transportará este año un 1% más de combustible que el pasado año.

Enagás transporta «más gas del que realmente consumimos en el país» porque parte del combustible que descargan las compañías en los puertos españoles se dirige a Portugal, Francia e incluso «se recargan buques con gas que hay almacenado para ir a otros destinos como puede ser Japón».

De momento, estas exportaciones no son muy significativas en volumen, aunque a la larga podrían ser relevantes en términos económicos. Esto se debe a que los costes de mantenimiento del sistema -gasoductos y regasificadoras- son fijos y se reparten cada año entre los diferentes operadores, es decir, entre las empresas que compran y venden el gas.

Así, si hay «más movimiento de gas» cada empresa tendrá que pagar menos, lo que sería «bueno para todos», porque «abarataría el coste de la energía en nuestro propio país».

Las regasificadoras canarias abaratarán la luz

Por otro lado, el presidente de Enagás defendió el carácter prioritario de la construcción de dos plantas de regasificación en las Islas Canarias porque mejorarán el suministro del archipiélago y permitirán abaratar el recibo de la luz en todo el territorio nacional.

Llardén explicó que, debido a la crisis, se ha «congelado» la inversión en nueva infraestructura, con la excepción de tres tipos de proyectos: interconexiones internacionales, almacenamientos subterráneos y las regasificadoras en las Islas Canarias.

El objetivo de la puesta en marcha de estas regasificadoras es llevar la red de gas natural a «la única parte del territorio nacional» que todavía no dispone de este combustible.

Esta es una cuestión prioritaria porque se trata de una «nueva fuente de suministro que da una mayor seguridad a las islas», según Llardén.

Además, pondrá a disposición de factorías, hoteles y hospitales «un combustible que es menos contaminante y muy flexible» a «un territorio que tiene un fuerte desarrollo turístico» y posibilidad de instalar industria, como es Canarias.

A esto hay que añadir, según Llardén, una razón económica. La generación de electricidad en las islas «es más cara que en otras partes del territorio nacional» y, por ello, requiere de un «dinero extra» que se obtiene de los Presupuestos Generales del Estado o de la propia tarifa.

Así, una vez que entren en funcionamiento las regasificadoras, se podrían instalar centrales de ciclo combinado en Canarias, de manera que «el coste total de la energía producida sería inferior», lo que beneficiaría al «conjunto del país», que ya no tendría que pagar el desfase.

Llardén indicó que el proyecto de regasificadora de Tenerife «está ya muy adelantado» y que espera que se pueda iniciar la construcción de la planta el próximo año. Sin embargo, la instalación de Gran Canaria está aun pendiente de concretar su emplazamiento definitivo, una decisión que corresponde al Gobierno de la región.

La demanda de gas caerá un 2% en 2012 por la bajada de los ciclos combinados, según afirma Enagás

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, explicó que la bajada de la demanda prevista para este año «no nos dice nada», porque en el sector del gas existen dos submercados completamente diferente.

Así, las previsiones apuntan que el mercado convencional, que abarca a hogares, locales comerciales e industria y que supone el 75% del total, crecerá un 6% este año.

Llardén indicó que este repunte se debe, sobre todo, al efecto de «la industria y la cogeneración» (un sistema que permite generar electricidad y aprovechar el calor que se desprende en el proceso), aunque también a que «este año está siendo algo más frío» que el anterior y a que se «está incrementando el número de hogares que tienen gas».

Sin embargo, el gas que se utiliza para generar electricidad en centrales de ciclo combinado, que supone el cuarto restante del mercado, bajará en un 20%, debido al menor funcionamiento de estas plantas.

Según Llardén, en España «tenemos unas instalaciones eléctricas, que llamamos ciclos combinados, muy eficientes», pero que «no funcionan a la potencia que podrían».

Esto se debe a que «hay una potencia renovable muy importante que tiene prioridad de funcionamiento sobre los ciclos combinados», a lo que se suma una mayor generación de carbón y a la menor demanda eléctrica como consecuencia de la crisis.

De cara al año que viene, Llardén descartó que «el número de horas que funcionan los ciclos» vaya a estar «excesivamente influido» por la aplicación del denominado «céntimo verde», que gravará la utilización de gas natural para generar electricidad.

En su opinión, es mucho más importante «encontrar un equilibrio» entre el volumen de potencia instalada renovable, nuclear, térmica de carbón y de gas.

La competencia mejorará si logra la red francesa de gas

Asimismo, el presidente de Enagás destacó que la oferta de la compañía para hacerse con parte de la red de gas de Francia tendrá efectos beneficiosos para toda Europa, ya que si logra estos activos se construirían más interconexiones y esto aumentaría la competencia.

Llardén explicó que Enagás decidió liderar un consorcio internacional para pujar por la compañía Transport Infraestructures Gaz France (TIGF), filial de Total y propietaria de los gasoductos del sur de Francia.

El presidente subrayó que se trata de una empresa que Enagás conoce «muy bien» y de la que tiene un «conocimiento personal», ya que se trata del «vecino» del norte, con el que están trabajando para poner en marcha las interconexiones a través de los Pirineos.

En este consorcio, la gasista española sería el socio industrial, el que aporta «la experiencia y la gestión», y estaría acompañada por «dos grandes fondos de inversión».

Aunque se desconocen los detalles de la operación por cuestiones de confidencialidad, Llardén destacó que si Enagás llega a hacerse con el contrato y gestionar parte de la red francesa, esto facilitaría «más competencia y un mayor tránsito (de gas) norte-sur o sur-norte».

En su opinión, esta mejor conexión sería buena para el país, porque permitiría abaratar los peajes o cuotas por usar los gasoductos, «pero también sería bueno para el resto de Europa», porque España es un «puerto de llegada de gas procedente de países muy diferentes que podría ir hacia el resto de Europa en caso de necesidad o simplemente para abaratar los precios».

Además, permitiría avanzar hacia uno de las grandes ambiciones del sector, convertir a España en un «hub» o centro de distribución de gas para toda Europa.

España tiene «una posición estratégica», además de «una gran ventaja competitiva respecto a otros países europeos», sus infraestructuras, ya que cuenta con siete plantas de regasificación «potentes» y tanques que permiten «recibir y almacenar gas un cierto tiempo para redistribuirlo a otros países por barco o por tubería».

De hecho, Llardén apuntó que España empieza a ser un país «de tránsito» del gas, ya que, a pesar de la caída del consumo, Enagás transportará este año un 1% más de combustible que el pasado año.

Enagás transporta «más gas del que realmente consumimos en el país» porque parte del combustible que descargan las compañías en los puertos españoles se dirige a Portugal, Francia e incluso «se recargan buques con gas que hay almacenado para ir a otros destinos como puede ser Japón».

De momento, estas exportaciones no son muy significativas en volumen, aunque a la larga podrían ser relevantes en términos económicos. Esto se debe a que los costes de mantenimiento del sistema -gasoductos y regasificadoras- son fijos y se reparten cada año entre los diferentes operadores, es decir, entre las empresas que compran y venden el gas.

Así, si hay «más movimiento de gas» cada empresa tendrá que pagar menos, lo que sería «bueno para todos», porque «abarataría el coste de la energía en nuestro propio país».

Las regasificadoras canarias abaratarán la luz

Por otro lado, el presidente de Enagás defendió el carácter prioritario de la construcción de dos plantas de regasificación en las Islas Canarias porque mejorarán el suministro del archipiélago y permitirán abaratar el recibo de la luz en todo el territorio nacional.

Llardén explicó que, debido a la crisis, se ha «congelado» la inversión en nueva infraestructura, con la excepción de tres tipos de proyectos: interconexiones internacionales, almacenamientos subterráneos y las regasificadoras en las Islas Canarias.

El objetivo de la puesta en marcha de estas regasificadoras es llevar la red de gas natural a «la única parte del territorio nacional» que todavía no dispone de este combustible.

Esta es una cuestión prioritaria porque se trata de una «nueva fuente de suministro que da una mayor seguridad a las islas», según Llardén.

Además, pondrá a disposición de factorías, hoteles y hospitales «un combustible que es menos contaminante y muy flexible» a «un territorio que tiene un fuerte desarrollo turístico» y posibilidad de instalar industria, como es Canarias.

A esto hay que añadir, según Llardén, una razón económica. La generación de electricidad en las islas «es más cara que en otras partes del territorio nacional» y, por ello, requiere de un «dinero extra» que se obtiene de los Presupuestos Generales del Estado o de la propia tarifa.

Así, una vez que entren en funcionamiento las regasificadoras, se podrían instalar centrales de ciclo combinado en Canarias, de manera que «el coste total de la energía producida sería inferior», lo que beneficiaría al «conjunto del país», que ya no tendría que pagar el desfase.

Llardén indicó que el proyecto de regasificadora de Tenerife «está ya muy adelantado» y que espera que se pueda iniciar la construcción de la planta el próximo año. Sin embargo, la instalación de Gran Canaria está aun pendiente de concretar su emplazamiento definitivo, una decisión que corresponde al Gobierno de la región.

La subida del recibo de la luz rondará el 4% en el mes de enero

Como esta subasta tiene un peso cercano al 50% en la tarifa final, y como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió congelar la otra parte del recibo, la de los costes regulados, el encarecimiento de la energía acabará provocando una subida final del 4% en la TUR.

No obstante, esta subida no será ni mucho menos suficiente para lograr el objetivo del ministro José Manuel Soria de «taponar» el agujero eléctrico. Industria reconoció que en 2012 hay un exceso de déficit de 1.951 millones y, en su borrador de peajes eléctrico, trasladó este desajuste a los costes de 2013, lo que no pasó desapercibido para los departamentos jurídicos de las eléctricas.

Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.

La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si se cumple lo que muchos observadores dan por hecho, esto es, que los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladen finalmente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se queden en la tarifa.

En este caso, el exceso de déficit sería de 3.500 millones y la subida de peajes para contenerlo debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.

Hay dudas de que Industria esté dispuesta a subir la luz en esta proporción, pero al mismo tiempo es muy probable que los PGE no asuman los costes extrapeninsulares y que sea la tarifa la que tenga que soportarlos.

Las fuentes del sector matizan que este ejercicio es hipotético, pero ni mucho menos improbable, ya que tarde o temprano Industria se verá abocada a subir los peajes eléctricos para contener la deuda de la tarifa.

Para las empresas del sector, sería deseable que Industria lograse encajar en los PGE los costes extrapeninsulares, pero dudan de que el Gobierno asuma costes eléctricos en unas cuentas públicas ya de por sí constreñidas por la situación económica.

Según señalaron, las opciones pasan por las subidas de peajes o por modificar al alza, como ya hizo en su día el exministro Miguel Sebastián, los límites legales de déficit. Para ello, sería necesario un real decreto ley y, por tanto, la aprobación del Consejo de Ministros.

Todas las hipotéticas subidas de peajes tendrían como objetivo poner orden en el desajuste de 2012, sin abordar el de 2013, en el que Industria confió de nuevo la salud del sistema eléctrico a que los extracostes extrapeninsulares se carguen a los PGE y no a la tarifa.

Lo que sí servirá para contener el déficit, al menos en 280 millones de euros en 2013, es el nuevo mecanismo de peajes progresivos puesto en marcha por Industria, cuyos recargos por consumo encarecerán un 3% el recibo al consumidor medio, según los cálculos de la OCU.