El Gobierno destinará 10 millones de euros a proyectos de reducción de emisiones de CO2 en 2013

Durante la presentación de los 37 proyectos elegidos por «Proyectos Clima 2012 Fondo de Carbono» en su primera convocatoria, el ministro subrayó que «una de las prioridades» de su departamento en materia de cambio climático es «redoblar esfuerzos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país», sin necesidad de comprar créditos en terceros países.

A su juicio, los proyectos seleccionados en este programa «son un buen ejemplo de que es posible reducir emisiones y, a la vez, crear riqueza» y, sobre todo mostró su satisfacción por que muchos de los proyectos de 2012 se desarrollan en el ámbito rural, lo que demuestra que la protección del medio ambiente es una «oportunidad para desarrollar nuevas actividades económicas perfectamente integradas con las tradicionales».

«España cuenta con la tecnología necesaria para avanzar hacia una economía y una sociedad baja en carbono», destacó el ministro que añadió que estos proyectos son «ejemplo» de cómo se puede ir hacia una economía baja en carbono y actuar en el ámbito de la mitigación del cambio climático, «impulsando además el desarrollo económico y generación de empleo en sectores de enorme potencial».

En este ámbito, el ministro recordó que de acuerdo con la política europea, España deberá reducir en 2020 sus emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos en un 10% respecto a 2005. Los sectores difusos, que no están sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión, suponen algo más del 60% de las emisiones GEI.

Por su parte, la directora general de la Oficina de Cambio Climático, Susana Magro, explicó que los 37 proyectos seleccionados adquirirán las reducciones verificadas de emisiones que generen. «Estamos hablando de más de 800.000 toneladas de CO2 en los próximos cuatro años, cuya emisión a la atmósfera se evitará gracias a estas iniciativas», aseguró.

Estas emisiones provendrán de sectores como el transporte, el sector residencial, los residuos o la agricultura, «sectores sobre los que no siempre resulta sencillo actuar y requieren iniciativas a largo plazo».

«La puesta en marcha de los «Proyectos Clima» ha sido una de las actuaciones prioritarias para reducir nuestras emisiones en estas áreas, de modo que podamos cumplir nuestros compromisos para este periodo 2013-2020″, recalcó.

Concretamente, precisó que mediante el Fondo de Carbono el Gobierno comprará las emisiones de estos proyectos a un precio de 7 euros la tonelada, por lo que el monto total asciende a 5,6 millones de euros.

A la presentación de la convocatoria 2012 de los Proyectos Clima asistieron también el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos; el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Luis Asúa; el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Modesto Lobón; la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano; el director general del Área Industrial y Nuevas Energías de REPSOL, Josu Jon Imaz; el gerente de la empresa «Calor Erbi», Manuel Lamela; y Matilde Cabrera, del Instituto Aragonés del Agua. También asistieron varios empresarios cuyos proyectos han resultado elegidos.

Bruselas anuncia un concurso para proyectos eficaces para reducir la C02

Por su parte, la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, lanzó un nuevo concurso para premiar los proyectos más creativos e innovadores, eficaces y prácticos destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea como las bicis eléctricas para el transporte de mercancías pero también procesos de producción innovadores que permitan reducir las emisiones y mejorar en eficiencia energética.

Los particulares u organizaciones de cualquier Estado miembro que quieran participar en el concurso bautizado «El mundo que quieres« podrán presentar durante los próximos tres meses sus proyectos, que deberán tener como objetivo principal reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La comisaria explicó que el concurso «es una excelente oportunidad para demostrar que el cambio climático no es solo un tema de conversación» y avanzó que los proyectos que se presenten «ayudarán a poner de manifiesto que construir el mundo que queremos, con el clima que queremos, es viable y asequible, y que nuestras vidas no se volverán tristes y grises por ello».

Se pueden presentar proyectos como una bicicleta eléctrica para el transporte de mercancías, pero también un proceso de producción innovador que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y la factura de la energía en los hogares o edificios o proyectos de edificios sostenibles.

Los ciudadanos podrán votar entre mayo y junio la iniciativa más creativa e imaginativa de los proyectos seleccionados previamente en la web de la campaña http://world-youlike.europa.eu/en/ y un jurado posterior presidido por la comisaria seleccionará los tres ganadores de entre los diez más votados.

Los ganadores recibirán el galardón «Sustainia», iniciativa internacional que defiende la sostenibilidad dirigida por el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, en una ceremonia de entrega que acogerá Copenhague el próximo mes de octubre bajo el auspicio de esta iniciativa internacional.

España reúne varias experiencias mundiales en captura, transporte y almacenamiento de emisiones

En concreto, esta tecnología consiste en reducir las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, mediante la separación o captura del CO2 contenido en los gases de combustión producidos en centrales térmicas y procesos industriales, su transporte hasta el enclave seleccionado y su almacenamiento en el subsuelo, según sus promotores.

En los trabajos del Comité -constituido en junio del año pasado- participaron una treintena de países. Tras la reunión, se dieron a conocer las experiencias españolas llevadas a cabo, como las de la Robla, Compostilla y Puertollano. Entre las iniciativas internacionales, destacaron el estadounidense Secarb o el noruego Mongstad.

La participación española se canalizó a través de un «comité espejo» de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), presidido por la Asociación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) y secretariado por AENOR, en el que se reúnen empresas y organizaciones interesadas en esta tecnología en España. Este grupo de trabajo realizará un seguimiento de los trabajos internacionales y canalizará la voz de los expertos españoles.

En la reunión plenaria del ISO TC/265, celebrada esta semana en la sede de AENOR en Madrid, se definieron los grupos de trabajo en los que se subdivide el comité y se presentaron las primeras propuestas de normas, en aspectos como tecnología y procesos de captura de CO2, consumo energético y eficiencia en la captura de CO2 por postcombustión en la industria energética.

Además, se propuso elaborar normas de sistema de transporte; requisitos y recomendaciones para el almacenamiento de CO2 de forma segura para personas y medio ambiente; aspectos horizontales -terminología, comunicación, consumo energético y evaluación del riesgo- y cuantificación y verificación.

Las normas contienen el consenso del mercado respecto a la mejor forma de abordar procesos importantes para las organizaciones, en los que se juegan su competitividad y contribuyen al desarrollo de la tecnología.

Durante la jornada, también se dio a conocer la situación actual en materia de tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2, a través de la presentación de proyectos desarrollados en España y a nivel internacional.

España reúne varias experiencias mundiales en captura, transporte y almacenamiento de emisiones

En concreto, esta tecnología consiste en reducir las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, mediante la separación o captura del CO2 contenido en los gases de combustión producidos en centrales térmicas y procesos industriales, su transporte hasta el enclave seleccionado y su almacenamiento en el subsuelo, según sus promotores.

En los trabajos del Comité -constituido en junio del año pasado- participaron una treintena de países. Tras la reunión, se dieron a conocer las experiencias españolas llevadas a cabo, como las de la Robla, Compostilla y Puertollano. Entre las iniciativas internacionales, destacaron el estadounidense Secarb o el noruego Mongstad.

La participación española se canalizó a través de un «comité espejo» de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), presidido por la Asociación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) y secretariado por AENOR, en el que se reúnen empresas y organizaciones interesadas en esta tecnología en España. Este grupo de trabajo realizará un seguimiento de los trabajos internacionales y canalizará la voz de los expertos españoles.

En la reunión plenaria del ISO TC/265, celebrada esta semana en la sede de AENOR en Madrid, se definieron los grupos de trabajo en los que se subdivide el comité y se presentaron las primeras propuestas de normas, en aspectos como tecnología y procesos de captura de CO2, consumo energético y eficiencia en la captura de CO2 por postcombustión en la industria energética.

Además, se propuso elaborar normas de sistema de transporte; requisitos y recomendaciones para el almacenamiento de CO2 de forma segura para personas y medio ambiente; aspectos horizontales -terminología, comunicación, consumo energético y evaluación del riesgo- y cuantificación y verificación.

Las normas contienen el consenso del mercado respecto a la mejor forma de abordar procesos importantes para las organizaciones, en los que se juegan su competitividad y contribuyen al desarrollo de la tecnología.

Durante la jornada, también se dio a conocer la situación actual en materia de tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2, a través de la presentación de proyectos desarrollados en España y a nivel internacional.

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En concreto, esta tecnología consiste en reducir las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, mediante la separación o captura del CO2 contenido en los gases de combustión producidos en centrales térmicas y procesos industriales, su transporte hasta el enclave seleccionado y su almacenamiento en el subsuelo, según sus promotores.

En los trabajos del Comité -constituido en junio del año pasado- participaron una treintena de países. Tras la reunión, se dieron a conocer las experiencias españolas llevadas a cabo, como las de la Robla, Compostilla y Puertollano. Entre las iniciativas internacionales, destacaron el estadounidense Secarb o el noruego Mongstad.

La participación española se canalizó a través de un «comité espejo» de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), presidido por la Asociación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) y secretariado por AENOR, en el que se reúnen empresas y organizaciones interesadas en esta tecnología en España. Este grupo de trabajo realizará un seguimiento de los trabajos internacionales y canalizará la voz de los expertos españoles.

En la reunión plenaria del ISO TC/265, celebrada esta semana en la sede de AENOR en Madrid, se definieron los grupos de trabajo en los que se subdivide el comité y se presentaron las primeras propuestas de normas, en aspectos como tecnología y procesos de captura de CO2, consumo energético y eficiencia en la captura de CO2 por postcombustión en la industria energética.

Además, se propuso elaborar normas de sistema de transporte; requisitos y recomendaciones para el almacenamiento de CO2 de forma segura para personas y medio ambiente; aspectos horizontales -terminología, comunicación, consumo energético y evaluación del riesgo- y cuantificación y verificación.

Las normas contienen el consenso del mercado respecto a la mejor forma de abordar procesos importantes para las organizaciones, en los que se juegan su competitividad y contribuyen al desarrollo de la tecnología.

Durante la jornada, también se dio a conocer la situación actual en materia de tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2, a través de la presentación de proyectos desarrollados en España y a nivel internacional.

Industria necesitará 4.000 millones de euros de dinero público en 2013 para cuadrar el sistema eléctrico

Este dinero público corresponde por un lado a los 2.200 millones de euros del crédito que concederá el Ministerio de Hacienda durante el año y, por otro lado, a 1.755 millones de euros correspondientes al extracoste de la actividad eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En el borrador que fue remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Industria confirmó que el «ingreso extraordinario» de 2.200 millones de euros al que aludía en un borrador anterior corresponde al nuevo crédito procedente de Hacienda, anunciado el viernes por el Gobierno tras el Consejo de Ministros.

Además de estos 2.200 millones del crédito, Industria confía en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 asuman 1.755 millones de euros de los costes eléctricos extrapeninsulares del año 2013.

El departamento dirigido por José Manuel Soria espera que las cuentas públicas asuman el cien por cien de esta partida a pesar de que, desde su llegada al poder, el Gobierno del PP ha ido rechazando en la elaboración anual de las cuentas públicas la incorporación de este coste a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un déficit tarifario de 3.601 millones de euros en 2012

Por otro lado, en lo que respecta a 2012, Industria cifró el déficit tarifario en 3.601 millones de euros. Esta cifra no será trasladada a 2013 gracias a que el reciente real decreto ley sobre empleados del hogar elimina el tope anterior de 1.500 millones y permite titulizar el excedente como desfase de 2012.

Según el departamento que dirige Soria, este desfase se debe a la retribución mayor de lo esperada del régimen especial (que se sitúa en torno a los 8.444 millones de euros) y el cargo de los 1.722 millones de euros de costes extrapeninsulares al sistema eléctrico, en lugar de a los Presupuestos Generales del Estado como estaba previsto.

En este borrador, Industria confirmó el equilibrio entre los gastos y los ingresos para este año, es decir, que se cumplirá el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013.

En realidad, las partidas tradicionales arrojan un déficit de 5.571 millones de euros, pero este será cubierto con los impuestos a la generación eléctrica aprobados en diciembre (2.921 millones de euros), los ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2 (450 millones de euros) y el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros de Hacienda a Industria y que se dedicará a cubrir el posible sobrecoste del régimen especial si supera la estimación de primas prevista.

Las primas renovables mermarán en 147 millones de euros

Tras las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, que incluyen la no actualización conforme a IPC de distintas actividades eléctricas y un nuevo mecanismo de cobro de primas a las renovables, Industria cifró en 19.658 millones de euros los costes del sistema eléctrico en 2013, 1.037 millones de euros menos que los 20.695 millones calculados anteriormente.

Esta cifra es fruto de un recorte de 147 millones de euros en la previsión de primas al régimen especial, que pasarán de 9.060 millones de euros a 8.913 millones. Esta partida, que incluye los incentivos a las renovables y la cogeneración, asume los nuevos recortes, pero incluye un coste adicional de 208 millones por una previsión de «mayores costes» para la energía procedente de plantas termosolares, debido a un «mayor número de horas equivalentes de funcionamiento por el ‘efecto aprendizaje'», y para las de cogeneración por «mayor coste» del combustible a causa de las «desviaciones en que se ha incurrido en previsiones anteriores».

Esta reducción de 147 millones de euros contrasta con las cifras estimadas por el ministro Soria, que calculó un ahorro de entre 250 y 500 millones solo con el cambio del sistema de cobro de las primas.

Las medidas aprobadas el viernes tendrán un efecto final de 480 millones de euros para el conjunto del régimen especial, a razón de 255 millones de euros por la no actualización del IPC y de 225 millones de euros por la eliminación de la opción de disfrutar de precio de mercado más prima.

Suben las retribuciones del transporte y la distribución

El borrador también recogió la previsión de retribución del transporte (1.662 millones de euros, frente a 1.637 millones calculados anteriormente) y de la distribución (de 5.161 millones de euros a 5.253 millones), así como de los intereses del déficit de tarifa acumulado en anteriores ejercicios, que asciende a 2.663 millones de euros.

Por otro lado, el decreto del carbón sufrirá un recorte de 31 millones de euros y pasará de 450 millones de euros a 419 millones, mientras que los pagos por capacidad del conjunto de las centrales térmicas ascenderán a 1.231 millones de euros.

Industria necesitará 4.000 millones de euros de dinero público en 2013 para cuadrar el sistema eléctrico

Este dinero público corresponde por un lado a los 2.200 millones de euros del crédito que concederá el Ministerio de Hacienda durante el año y, por otro lado, a 1.755 millones de euros correspondientes al extracoste de la actividad eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En el borrador que fue remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Industria confirmó que el «ingreso extraordinario» de 2.200 millones de euros al que aludía en un borrador anterior corresponde al nuevo crédito procedente de Hacienda, anunciado el viernes por el Gobierno tras el Consejo de Ministros.

Además de estos 2.200 millones del crédito, Industria confía en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 asuman 1.755 millones de euros de los costes eléctricos extrapeninsulares del año 2013.

El departamento dirigido por José Manuel Soria espera que las cuentas públicas asuman el cien por cien de esta partida a pesar de que, desde su llegada al poder, el Gobierno del PP ha ido rechazando en la elaboración anual de las cuentas públicas la incorporación de este coste a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un déficit tarifario de 3.601 millones de euros en 2012

Por otro lado, en lo que respecta a 2012, Industria cifró el déficit tarifario en 3.601 millones de euros. Esta cifra no será trasladada a 2013 gracias a que el reciente real decreto ley sobre empleados del hogar elimina el tope anterior de 1.500 millones y permite titulizar el excedente como desfase de 2012.

Según el departamento que dirige Soria, este desfase se debe a la retribución mayor de lo esperada del régimen especial (que se sitúa en torno a los 8.444 millones de euros) y el cargo de los 1.722 millones de euros de costes extrapeninsulares al sistema eléctrico, en lugar de a los Presupuestos Generales del Estado como estaba previsto.

En este borrador, Industria confirmó el equilibrio entre los gastos y los ingresos para este año, es decir, que se cumplirá el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013.

En realidad, las partidas tradicionales arrojan un déficit de 5.571 millones de euros, pero este será cubierto con los impuestos a la generación eléctrica aprobados en diciembre (2.921 millones de euros), los ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2 (450 millones de euros) y el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros de Hacienda a Industria y que se dedicará a cubrir el posible sobrecoste del régimen especial si supera la estimación de primas prevista.

Las primas renovables mermarán en 147 millones de euros

Tras las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, que incluyen la no actualización conforme a IPC de distintas actividades eléctricas y un nuevo mecanismo de cobro de primas a las renovables, Industria cifró en 19.658 millones de euros los costes del sistema eléctrico en 2013, 1.037 millones de euros menos que los 20.695 millones calculados anteriormente.

Esta cifra es fruto de un recorte de 147 millones de euros en la previsión de primas al régimen especial, que pasarán de 9.060 millones de euros a 8.913 millones. Esta partida, que incluye los incentivos a las renovables y la cogeneración, asume los nuevos recortes, pero incluye un coste adicional de 208 millones por una previsión de «mayores costes» para la energía procedente de plantas termosolares, debido a un «mayor número de horas equivalentes de funcionamiento por el ‘efecto aprendizaje'», y para las de cogeneración por «mayor coste» del combustible a causa de las «desviaciones en que se ha incurrido en previsiones anteriores».

Esta reducción de 147 millones de euros contrasta con las cifras estimadas por el ministro Soria, que calculó un ahorro de entre 250 y 500 millones solo con el cambio del sistema de cobro de las primas.

Las medidas aprobadas el viernes tendrán un efecto final de 480 millones de euros para el conjunto del régimen especial, a razón de 255 millones de euros por la no actualización del IPC y de 225 millones de euros por la eliminación de la opción de disfrutar de precio de mercado más prima.

Suben las retribuciones del transporte y la distribución

El borrador también recogió la previsión de retribución del transporte (1.662 millones de euros, frente a 1.637 millones calculados anteriormente) y de la distribución (de 5.161 millones de euros a 5.253 millones), así como de los intereses del déficit de tarifa acumulado en anteriores ejercicios, que asciende a 2.663 millones de euros.

Por otro lado, el decreto del carbón sufrirá un recorte de 31 millones de euros y pasará de 450 millones de euros a 419 millones, mientras que los pagos por capacidad del conjunto de las centrales térmicas ascenderán a 1.231 millones de euros.

Industria necesitará 4.000 millones de euros de dinero público en 2013 para cuadrar el sistema eléctrico

Este dinero público corresponde por un lado a los 2.200 millones de euros del crédito que concederá el Ministerio de Hacienda durante el año y, por otro lado, a 1.755 millones de euros correspondientes al extracoste de la actividad eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En el borrador que fue remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Industria confirmó que el «ingreso extraordinario» de 2.200 millones de euros al que aludía en un borrador anterior corresponde al nuevo crédito procedente de Hacienda, anunciado el viernes por el Gobierno tras el Consejo de Ministros.

Además de estos 2.200 millones del crédito, Industria confía en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 asuman 1.755 millones de euros de los costes eléctricos extrapeninsulares del año 2013.

El departamento dirigido por José Manuel Soria espera que las cuentas públicas asuman el cien por cien de esta partida a pesar de que, desde su llegada al poder, el Gobierno del PP ha ido rechazando en la elaboración anual de las cuentas públicas la incorporación de este coste a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un déficit tarifario de 3.601 millones de euros en 2012

Por otro lado, en lo que respecta a 2012, Industria cifró el déficit tarifario en 3.601 millones de euros. Esta cifra no será trasladada a 2013 gracias a que el reciente real decreto ley sobre empleados del hogar elimina el tope anterior de 1.500 millones y permite titulizar el excedente como desfase de 2012.

Según el departamento que dirige Soria, este desfase se debe a la retribución mayor de lo esperada del régimen especial (que se sitúa en torno a los 8.444 millones de euros) y el cargo de los 1.722 millones de euros de costes extrapeninsulares al sistema eléctrico, en lugar de a los Presupuestos Generales del Estado como estaba previsto.

En este borrador, Industria confirmó el equilibrio entre los gastos y los ingresos para este año, es decir, que se cumplirá el objetivo de no generar déficit de tarifa en 2013.

En realidad, las partidas tradicionales arrojan un déficit de 5.571 millones de euros, pero este será cubierto con los impuestos a la generación eléctrica aprobados en diciembre (2.921 millones de euros), los ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2 (450 millones de euros) y el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros de Hacienda a Industria y que se dedicará a cubrir el posible sobrecoste del régimen especial si supera la estimación de primas prevista.

Las primas renovables mermarán en 147 millones de euros

Tras las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, que incluyen la no actualización conforme a IPC de distintas actividades eléctricas y un nuevo mecanismo de cobro de primas a las renovables, Industria cifró en 19.658 millones de euros los costes del sistema eléctrico en 2013, 1.037 millones de euros menos que los 20.695 millones calculados anteriormente.

Esta cifra es fruto de un recorte de 147 millones de euros en la previsión de primas al régimen especial, que pasarán de 9.060 millones de euros a 8.913 millones. Esta partida, que incluye los incentivos a las renovables y la cogeneración, asume los nuevos recortes, pero incluye un coste adicional de 208 millones por una previsión de «mayores costes» para la energía procedente de plantas termosolares, debido a un «mayor número de horas equivalentes de funcionamiento por el ‘efecto aprendizaje'», y para las de cogeneración por «mayor coste» del combustible a causa de las «desviaciones en que se ha incurrido en previsiones anteriores».

Esta reducción de 147 millones de euros contrasta con las cifras estimadas por el ministro Soria, que calculó un ahorro de entre 250 y 500 millones solo con el cambio del sistema de cobro de las primas.

Las medidas aprobadas el viernes tendrán un efecto final de 480 millones de euros para el conjunto del régimen especial, a razón de 255 millones de euros por la no actualización del IPC y de 225 millones de euros por la eliminación de la opción de disfrutar de precio de mercado más prima.

Suben las retribuciones del transporte y la distribución

El borrador también recogió la previsión de retribución del transporte (1.662 millones de euros, frente a 1.637 millones calculados anteriormente) y de la distribución (de 5.161 millones de euros a 5.253 millones), así como de los intereses del déficit de tarifa acumulado en anteriores ejercicios, que asciende a 2.663 millones de euros.

Por otro lado, el decreto del carbón sufrirá un recorte de 31 millones de euros y pasará de 450 millones de euros a 419 millones, mientras que los pagos por capacidad del conjunto de las centrales térmicas ascenderán a 1.231 millones de euros.

Los almacenes naturales de gas conllevan sus riesgos para España, un país dependiente de energía

La autorización del proyecto de almacenamiento natural de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana reabrió el debate sobre la conveniencia del uso de estas instalaciones.

Estos almacenes son un «aprovechamiento» de formaciones naturales, ya sean antiguos yacimientos de gas, formaciones salinas o acuíferos, explicaron diversas empresas del sector.

Sin embargo, Ecologistas en Acción se refiere a éstos como «rocas trampa», pues es en éstas donde se almacena el gas, es decir, no existen cavidades como tal en el subsuelo, sino que el gas se almacena dentro de rocas porosas, donde antes hubo otro material.

Para que el sistema resulte eficaz, es necesaria una estructura rocosa impermeable sobre las rocosas que las selle e impida la fuga del gas, explicó el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Geólogos, Roberto Rodríguez.

Rodríguez apuntó que la capacidad de estos depósitos naturales puede llegar a ser 30 ó 50 veces superior a la de los artificiales y que, por tanto, resultan de gran valor frente a situaciones de crisis internacionales entre países que exportan gas a España, dado que podrían almacenar la provisión necesaria para «unos meses».

Enagás, empresa que cuenta con tres de estos almacenes, destacó que uno de sus depósitos naturales en Yela (Guadalajara) tiene una capacidad de 2.000 millones de m3, mientras que sus tanques artificiales pueden llegar a los 150.000 m3.

Su fin, antes que de mero suministro, es más bien estratégico, explicó la portavoz de Enagás, y añadió como ejemplo la ciudad de Berlín «que todo su subsuelo es un almacén de gas».

La portavoz de esta empresa explicó que estos yacimientos naturales no suelen vaciarse completamente, sino que sólo se extrae una porción usualmente en invierno, mientras que en verano se procede al almacenamiento.

No obstante, los ecologistas apuntaron el riesgo de fuga de estas instalaciones y en este sentido, recordaron la catástrofe ambiental del Golfo de México «donde toda la tecnología empleada era la mejor».

«Toda actividad industrial conlleva unos riesgos», subrayó Rodríguez, un riesgo que afirma que es igual al de cualquier actividad extractiva, como la explotación petrolífera.

No obstante, el geólogo insistió en que los beneficios de esta actividad son mayores a sus desventajas y que el impacto medioambiental es exclusivamente el de las instalaciones de la superficie y el gasoducto.

En cuanto al proceso de inyección del gas en la estructura rocosa, fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que la técnica siempre es la misma y se desarrolla mediante gasoductos. Sin embargo, el proceso puede sufrir algunas alteraciones según el origen del depósito -sal, agua o hidrocarburo-, según Gas Natural Fenosa.

El caso de los antiguos yacimientos es el más sencillo, se agilizan los trámites, dado que no es necesario demostrar que el lugar es apto como almacén.

Cuando se trata de acuíferos, es necesario usar mayor cantidad de gas a fin de saturar la roca y desplazar el agua que radica en éstas. De ese modo, en el caso de los acuíferos hay una porción de gas que no podrá recuperarse.

En cuanto a la cavidades salinas se refiere, éstas se crean al inyectar agua dulce en la superficie rocosa en cuestión.

Los almacenes naturales de gas conllevan sus riesgos para España, un país dependiente de energía

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Estos almacenes son un «aprovechamiento» de formaciones naturales, ya sean antiguos yacimientos de gas, formaciones salinas o acuíferos, explicaron diversas empresas del sector.

Sin embargo, Ecologistas en Acción se refiere a éstos como «rocas trampa», pues es en éstas donde se almacena el gas, es decir, no existen cavidades como tal en el subsuelo, sino que el gas se almacena dentro de rocas porosas, donde antes hubo otro material.

Para que el sistema resulte eficaz, es necesaria una estructura rocosa impermeable sobre las rocosas que las selle e impida la fuga del gas, explicó el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Geólogos, Roberto Rodríguez.

Rodríguez apuntó que la capacidad de estos depósitos naturales puede llegar a ser 30 ó 50 veces superior a la de los artificiales y que, por tanto, resultan de gran valor frente a situaciones de crisis internacionales entre países que exportan gas a España, dado que podrían almacenar la provisión necesaria para «unos meses».

Enagás, empresa que cuenta con tres de estos almacenes, destacó que uno de sus depósitos naturales en Yela (Guadalajara) tiene una capacidad de 2.000 millones de m3, mientras que sus tanques artificiales pueden llegar a los 150.000 m3.

Su fin, antes que de mero suministro, es más bien estratégico, explicó la portavoz de Enagás, y añadió como ejemplo la ciudad de Berlín «que todo su subsuelo es un almacén de gas».

La portavoz de esta empresa explicó que estos yacimientos naturales no suelen vaciarse completamente, sino que sólo se extrae una porción usualmente en invierno, mientras que en verano se procede al almacenamiento.

No obstante, los ecologistas apuntaron el riesgo de fuga de estas instalaciones y en este sentido, recordaron la catástrofe ambiental del Golfo de México «donde toda la tecnología empleada era la mejor».

«Toda actividad industrial conlleva unos riesgos», subrayó Rodríguez, un riesgo que afirma que es igual al de cualquier actividad extractiva, como la explotación petrolífera.

No obstante, el geólogo insistió en que los beneficios de esta actividad son mayores a sus desventajas y que el impacto medioambiental es exclusivamente el de las instalaciones de la superficie y el gasoducto.

En cuanto al proceso de inyección del gas en la estructura rocosa, fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que la técnica siempre es la misma y se desarrolla mediante gasoductos. Sin embargo, el proceso puede sufrir algunas alteraciones según el origen del depósito -sal, agua o hidrocarburo-, según Gas Natural Fenosa.

El caso de los antiguos yacimientos es el más sencillo, se agilizan los trámites, dado que no es necesario demostrar que el lugar es apto como almacén.

Cuando se trata de acuíferos, es necesario usar mayor cantidad de gas a fin de saturar la roca y desplazar el agua que radica en éstas. De ese modo, en el caso de los acuíferos hay una porción de gas que no podrá recuperarse.

En cuanto a la cavidades salinas se refiere, éstas se crean al inyectar agua dulce en la superficie rocosa en cuestión.

Los almacenes naturales de gas conllevan sus riesgos para España, un país dependiente de energía

La autorización del proyecto de almacenamiento natural de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana reabrió el debate sobre la conveniencia del uso de estas instalaciones.

Estos almacenes son un «aprovechamiento» de formaciones naturales, ya sean antiguos yacimientos de gas, formaciones salinas o acuíferos, explicaron diversas empresas del sector.

Sin embargo, Ecologistas en Acción se refiere a éstos como «rocas trampa», pues es en éstas donde se almacena el gas, es decir, no existen cavidades como tal en el subsuelo, sino que el gas se almacena dentro de rocas porosas, donde antes hubo otro material.

Para que el sistema resulte eficaz, es necesaria una estructura rocosa impermeable sobre las rocosas que las selle e impida la fuga del gas, explicó el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Geólogos, Roberto Rodríguez.

Rodríguez apuntó que la capacidad de estos depósitos naturales puede llegar a ser 30 ó 50 veces superior a la de los artificiales y que, por tanto, resultan de gran valor frente a situaciones de crisis internacionales entre países que exportan gas a España, dado que podrían almacenar la provisión necesaria para «unos meses».

Enagás, empresa que cuenta con tres de estos almacenes, destacó que uno de sus depósitos naturales en Yela (Guadalajara) tiene una capacidad de 2.000 millones de m3, mientras que sus tanques artificiales pueden llegar a los 150.000 m3.

Su fin, antes que de mero suministro, es más bien estratégico, explicó la portavoz de Enagás, y añadió como ejemplo la ciudad de Berlín «que todo su subsuelo es un almacén de gas».

La portavoz de esta empresa explicó que estos yacimientos naturales no suelen vaciarse completamente, sino que sólo se extrae una porción usualmente en invierno, mientras que en verano se procede al almacenamiento.

No obstante, los ecologistas apuntaron el riesgo de fuga de estas instalaciones y en este sentido, recordaron la catástrofe ambiental del Golfo de México «donde toda la tecnología empleada era la mejor».

«Toda actividad industrial conlleva unos riesgos», subrayó Rodríguez, un riesgo que afirma que es igual al de cualquier actividad extractiva, como la explotación petrolífera.

No obstante, el geólogo insistió en que los beneficios de esta actividad son mayores a sus desventajas y que el impacto medioambiental es exclusivamente el de las instalaciones de la superficie y el gasoducto.

En cuanto al proceso de inyección del gas en la estructura rocosa, fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que la técnica siempre es la misma y se desarrolla mediante gasoductos. Sin embargo, el proceso puede sufrir algunas alteraciones según el origen del depósito -sal, agua o hidrocarburo-, según Gas Natural Fenosa.

El caso de los antiguos yacimientos es el más sencillo, se agilizan los trámites, dado que no es necesario demostrar que el lugar es apto como almacén.

Cuando se trata de acuíferos, es necesario usar mayor cantidad de gas a fin de saturar la roca y desplazar el agua que radica en éstas. De ese modo, en el caso de los acuíferos hay una porción de gas que no podrá recuperarse.

En cuanto a la cavidades salinas se refiere, éstas se crean al inyectar agua dulce en la superficie rocosa en cuestión.