En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que la norma responde a la «singularidad» de estos sistemas extrapeninsulares «aislados», aunque Baleares posee una interconexión con la península «claramente insuficiente», y que incluirá recortes en la retribución de los operadores en estas regiones.
Soria aseguró que el coste de generación en estos territorios «es mucho más elevado», ya que son sistemas «individualizados», por lo que el anteproyecto no solo velará por «reforzar» la seguridad de suministro, sino también por que haya «más competencia» y «una dismunición de los costes».
Actualmente, la generación fuera de la Península corre a cargo, fundamentalmente, de Endesa, que no se pronunciará sobre los cambios hasta conocer los detalles de la reforma, que busca elevar el número de operadores los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIEs).
El año pasado, el Gobierno encargó a REE un informe para revisar por qué los extracostes peninsulares pasaron de 300 millones de euros en 2005 a 1.800 millones en 2012 y ver si se justifica hacer una nueva ordenación energética en los archipiélagos, Ceuta y Melilla.
El nuevo anteproyecto, explicó Soria, aumentará el número de instalaciones eléctricas «más eficientes» tanto medioambiental como económicamente, incrementará el número de operadores en el área de generación eléctrica y cambiará la metodología de cálculo del coste de combustible usado en estos sistemas, actualmente solo fuel.
Por ello, el anteproyecto plantea que las nuevas instalaciones que se construyan en zonas donde se supera el índice de cobertura puedan percibir el régimen retributivo por razones de seguridad de suministro o eficiencia.
Actualmente, sólo se retribuyen los nuevos grupos cuando no se supera este índice, que relaciona la potencia instalada con los niveles de demanda punta, según explicó el Ministerio de Industria.
Además, para favorecer la entrada de operadores no se podrán otorgar estas retribuciones a aquellas empresas que actualmente concentran más del 40% de la capacidad de generación en cada sistema.
No obstante, quedarán excluidas de esta limitación las plantas que hayan sido adjudicatarias en concursos de renovables, las que dispongan de autorización administrativa o las que hayan sido inscritas en el registro de preasignación de retribución de régimen especial.
REE y Enagás gestionarán las plantas de bombeo y las regasificadoras
Junto a esto, la norma reforzará el control de las instalaciones eléctricas, aspirará a mejorar la calidad y la eficiencia y trasladará la gestión de las instalaciones de bombeo y las regasificadoras a los gestores técnicos de la red eléctrica y del sistema gasista, REE y Enagás, respectivamente, que gestionarán estas infraestructuras básicas para garantizar el suministro en las islas y las ciudades autónomas, según Soria.
Industria establecerá los mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción para disminuir el coste de generación e introducir señales económicas de ubicación para la resolución de problemas de restricciones técnicas en determinados puntos de la red.
El coste del combustible, que supone más del 60% del coste de generación en los SEIE, se determinará mediante un «mecanismo competitivo», subrayó el ministro.
La nueva normativa prevé que la Dirección General de Política Energética y Minas pueda minorar la retribución adicional a la producción cuando se reduzcan sustancialmente la disponibilidad de las instalaciones, la seguridad del suministro o los índices de calidad.
Además, REE dará órdenes de arranque a las instalaciones de generación sobre las que existan «indicios» de que se encuentran realmente disponibles y, en su caso, se suprimirá la retribución por garantía de potencia. «Si la instalación no corrige sus deficiencias deberá solicitar la baja en el registro», añade el comunicado.
Para reforzar la capacidad del Gobierno de actuar en caso de riesgo para el suministro, se modificará la Ley del Sector Eléctrico, que establece que en caso de riego elevado el Ejecutivo puede operar directamente las instalaciones de generación, transporte o distribución e intervenir empresas.
En esta misma línea, añadió Industria, se contempla que la Administración General del Estado pueda imponer sanciones cuando se produzcan infracciones muy graves que comprometan la seguridad de suministro.
Soria aseguró que la medida se inscribe en «el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el último debate sobre el estado de la nación», de presentar una reforma del sector energético, en el primer semestre del año, para que sea «competitivo, seguro y sostenible medioambiental y financieramente».
Según aseguró Soraya Saenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, se trata de un primer anteproyecto, en el que se aborda la «reordenación» del sector eléctrico «en una parte muy concreta, muy delimitada pero muy importante». Es el principio de una futura ley que garantizará el suministro en los sistemas insulares y extrapeninsulares.
En la actualidad, el extracoste de estos sistemas ronda los 1.700 millones de euros anuales, que antes se cargaban a la tarifa eléctrica y que el Gobierno anterior comenzó a incluir progresivamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En 2012 y en 2013, el Ejecutivo actual suspendió la asunción de este coste en las cuentas públicas, si bien Industria espera que los PGE de 2014 sí soporten este coste.
El «fracking» estará sometido a evaluación ambiental
Por otro lado, Industria explicó que, de forma adicional a estas medidas, el nuevo proyecto de ley fija la obligación de que los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en España estén sometidos a una evaluación de impacto ambiental.
Esta medida se adopta con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de estos proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Además, se incluirá la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito objetivo de la Ley 34/1998.
