El consumo eléctrico de las grandes empresas cayó un 6,2% en marzo

Este indicador refleja que la caída de la demanda fue más pronunciada en el sector servicios (un 6%) que en el industrial (5%), cuando en febrero los servicios consumieron un 9,6% menos y la industria, un 4% menos. La demanda de los grandes consumidores acumula descensos desde octubre de 2011, según el histórico de este índice.

En el año móvil, la demanda de estos grandes consumidores cayó un 4,5% con respecto a los doce meses que van desde abril de 2012 a marzo de 2013, tras producirse un descenso del 5,1% en el segmento industrial y del 4,5% en el de servicios.

Aunque el año comenzó con descensos más suaves, un 1,3% en enero, en febrero la caída se elevó al 5,3% para superar en marzo el 6%, un mes en el que el conjunto de la demanda eléctrica registró un descenso del 2%. Para el conjunto del año, REE espera una caída final del conjunto del consumo eléctrico del 1,5%.

El IRE facilitó información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), ya que son considerados usuarios de demanda media y alta, lo que supone alrededor del 40% de la demanda total.

La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica del país. Este indicador está obtenido a partir de datos brutos y no está corregido por el efecto calendario.

Por su parte, como ya informó REE, en el mes de marzo, la demanda peninsular de energía eléctrica descendió un 2% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda bruta fue de 21.205 GWh, un 0,7% inferior a la de marzo del 2012.

El agujero eléctrico puede agravarse en 400 millones de euros en 2013

Este nuevo problema para el sistema eléctrico procede de las subastas de derechos de emisión de CO2, que se estrenan este año y con las que el Gobierno confía ingresar 450 millones de euros, que se dedicarán a taponar el desajuste de la tarifa eléctrica.

No obstante, el precio del CO2 en el mercado apenas ronda en la actualidad los 0,12 euros por tonelada y, de continuar así, solo procuraría unas decenas de millones de ingresos para los cerca de 100 millones de toneladas que el Ejecutivo piensa vender, muy lejos no sólo de los 450 millones de euros previstos para 2013, sino de los cerca de 1.350 millones de euros que, hace cinco años, pensaban los técnicos que podrían ganarse.

Además, la gran cantidad de subastas de permisos previstas en toda Europa hasta 2015 no está haciendo más que agravar el problema y hundir más el precio, hasta el punto de que la propia Comisión Europea llegó a proponer en balde retrasar a 2019 estos procesos.

Desde el sector eléctrico se citó este desplome de precios del CO2 como una de las principales incertidumbres de este año para el déficit de tarifa, junto a la caída de la demanda y a una posible recaudación vía impuestos menor a la prevista.

Tras el récord anual de 5.700 millones de euros de déficit de tarifa en 2012, el Ministerio de Industria pretende cuadrar las cuentas en 2013. Para ello, parte de un posible desfase de 5.571 millones de euros que piensa compensar posteriormente a través de los casi 3.000 millones procedentes de los nuevos impuestos eléctricos, los 450 millones de euros de las subastas de CO2 y un crédito extraordinario con cargo a las cuentas públicas por valor de 2.200 millones de euros.

Las fuentes señalaron que de estos tres aspectos, solo el último parece seguro, ya que en el caso de los dos primeros está por ver la capacidad recaudatoria de los nuevos impuestos y los resultados de las subastas de emisiones. Además, recordaron que aún debe confirmarse si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asumen cerca de 1.700 millones de costes extrapeninsulares hasta ahora cargados a la tarifa eléctrica.

La repercusión sobre el déficit de tarifa es solo un problema colateral del desplome de precios del CO2. Desde el sector de las renovables se consideró que lo realmente grave es que comprar los derechos a tan bajo precio disuade a la industria de apostar por el medio ambiente y acaba transmitiendo la impresión de que «contaminar es gratis».

Para la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la caída de precios de CO2 es «otro incentivo perdido» para la implantación de las renovables. Por este motivo, defendió la propuesta de la Comisión de posponer parte de las subastas, porque de esa manera se habrían encarecido los derechos de emisión.

Sin embargo, esta propuesta del Ejecutivo comunitario fue rechazada la semana pasada por el Parlamento Europeo, con lo que el mercado parece condenado a seguir marcando precios muy bajos.

Para el responsable de relaciones internacionales de APPA, Mischa Bechberger, seguirán siendo necesarios «unos sistemas de apoyo claros, predecibles y estables para las energías renovables», al menos «hasta que se alcance la ansiada igualdad de condiciones con las fuentes de energía convencionales».

La CNE propone retrasar dos horas el cierre del mercado de electricidad para coordinarlo con el europeo

El regulador indicó que diseñó dos propuestas de modificación de reglas, una referida a las del mercado y otra a los procedimientos de operación remitidas por la Secretaría de Estado de Energía. Estos informes se acompañan también de un pronunciamiento positivo del Consejo de Reguladores del Mibel.

La CNE valoró «positivamente» las propuestas, al ir en línea con los compromisos internacionales contraídos. Además, consideró que la entrada en vigor de la nueva hora de cierre debería hacerse con «la mayor celeridad posible», sin perjuicio de que pueda existir un periodo de pruebas de dos meses hasta su entrada en vigor.

Este periodo de pruebas podría permitir a los sujetos del mercado la adaptación de sus sistemas de intercambio de información a la nueva normativa, señala el organismo.

Respecto a la sugerencia de algunos miembros del Consejo Consultivo de Electricidad de que se incluyan en la actual revisión otras mejoras en la normativa, se consideró que debe hacerse con posterioridad para evitar retrasos en la entrada en vigor, y una vez que exista necesidad de efectuar las modificaciones.

La CNE analiza con reguladores europeos las formas para avanzar en el mercado único del gas

La CNE explicó que ésta vigesimotercera edición del foro, también conocido como Foro de Madrid, fue presidida por la Comisión Europea.

El encuentro contó no solo con representación del Ejecutivo comunitario, sino también de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER) y de reguladores, transportistas, distribuidores, comercializadores y usuarios de gas europeos.

En las reuniones se analizó el grado de implementación de la normativa comunitaria y las últimas propuestas de regulación con el objetivo de eliminar las barreras técnicas y comerciales para conseguir un mercado único europeo.

Además, en esta edición se hizo hincapié en el progreso en la creación del mercado interior de gas en Europa y el papel del gas como energía en el futuro.

También se estudió el grado de transposición e implementación de los reglamentos europeos ya aprobados, en aspectos como transparencia, funcionamiento de los mercados y gestión de congestiones.

José Folgado (REE) considera que el nuevo marco eléctrico será «más positivo» para el sector y generará una mayor seguridad jurídica

Así lo dijo en su discurso institucional ante la Junta General de Accionistas que se celebró en Madrid. Folgado destacó el «esfuerzo» del Gobierno, quien está afrontando «con decisión» el problema del desequilibrio del sistema y del déficit de tarifa.

Folgado añadió que el Gobierno está restableciendo el marco normativo en el sector y que el nuevo será «más positivo» para el conjunto del sistema eléctrico y para Red Eléctrica.

Por otra parte, el presidente del gestor eléctrico en España recordó que hace casi un año el Gobierno de Bolivia que preside Evo Morales decretó la nacionalización de TDE, la filial de REE en el país andino.

Desde ese tiempo, dijo Folgado, «lamentablemente» no hemos recibido «propuesta concreta» sobre el precio a compensar por parte de Bolivia. Sólo, añadió, hemos recibido valores de la compañía que están «muy por debajo» del valor estimado por REE.

En este sentido, indicó que seguirán dialogando con las autoridades bolivianas «para no vernos obligados» al arbitraje internacional para solventar la situación en «legítima defensa».

Precisamente, en la primera quincena de mayo está prevista una nueva reunión en Bolivia. Según indicaron fuentes de REE, dependerá del resultado de la misma si finalmente se acude al tribunal de arbitraje internacional.

Folgado aclaró a los accionistas que «en ningún caso» supondrá «impacto negativo» en los estados financieros de Red Eléctrica porque ya estaba provisionada el valor de TDE en «previsión» de que «pudiera producirse lo que ha sucedido».

Asimismo, el presidente de REE dio cuenta de los resultados de 2012, en los que obtuvo un beneficio neto de 492 millones de euros, con un incremento interanual del 6,9%, y de la inversión el pasado año en la red de transporte 672 millones de euros.

Se aprueba la creación del Consejero Independiente Coordinador

Durante la celebración de la Junta General de Accionistas de REE se aprobaron todos los puntos del orden del día, entre los que figuraban varios cambios estatutarios como la creación de la figura del Consejero Independiente Coordinador (Independent Leader Director).

Se trata de un consejero de los ya existentes que tendrá capadidad ejecutiva y, por tanto, podrá convocar el Consejo e incluir puntos en el orden del día. Aglutinará a todos los consejeros independientes del Consejo, que actualmente son mayoría.

Además, se introducirán medidas de contrapeso para el caso de que el presidente del Consejo sea al mismo tiempo el primer ejecutivo de la compañía y otras medidas que permitan la separación personal de ambos cargos.

Otra novedad reflejada en los Estatutos Sociales de la compañía y que ya fue implementada desde hace más de un año, es que las dos comisiones del Consejo de Administración, la de Auditoría y la de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, están compuestas exclusivamente por consejeros externos, con mayoría de consejeros independientes, y presididas por consejeros independientes.

Con la incorporación de estos avances, la compañía entendió que cumple la totalidad de las 58 recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Según explicó José Folgado, son cambios para «quitar traba estatutaria» en la compañía. Con la creación de la figura del consejero coordinador «queda expédito el camino para establecer la figura del consejero delegado» por lo que la creación de consejero delegado no cae en «saco roto» y se tratará en el «momento oportuno».

También se aprobó la reelección como consejera de María de los Ángeles Amador Millán, y la ratificación y nombramiento como consejera de María José García Beato.

La demanda de gas desciende un 4,4% en marzo y se desploma un 10,5% en el primer trimestre del año

Según el boletín estadístico publicado por Enagás, la demanda de gas de marzo fue de 30.471 gigavatios hora (GWh), lo que supone un descenso del 4,4% con respecto al mismo mes del pasado año.

El consumo convencional, que agrupa a hogares y empresas, se incrementó en un 7,4% en marzo, debido principalmente a que las temperaturas fueron más frías.

Sin embargo, la abundante producción eólica e hidráulica en este mes limitó la participación de los ciclos combinados, lo que desplomó en un 47,2% la demanda de gas natural para generación de electricidad.

La demanda de gas natural cayó un 10,5% en el primer trimestre del año, un descenso que fue mucho más pronunciado en el consumo para generación eléctrica (-43,3%) que en el convencional (-1%).

El boletín también apuntó que entre abril de 2012 y marzo de 2013 el 42,9% del gas natural procedió de Argelia; el 14,8%, de Nigeria; el 10,9%, de Catar, y el 7,4%, de Trinidad y Tobago.

La comisaria Europea del Clima pide a España su voto positivo para estabilizar los mercados de carbono

Tras la presentación en España de la iniciativa comunitaria ‘El mundo que quieres con el clima que quieres’, Hedegaard ha manifestado su preocupación por que la falta de estabilidad del precio en los mercados de derechos de emisión podría llevar a las empresas y estados a ser menos ambiciosos a la hora de reducir sus emisiones de CO2 por su bajo precio.

En este sentido, ha dicho que este martes la Presidencia irlandesa de la Unión Europea anunció que tratarán de acelerar las negociaciones en el Consejo para tomar una decisión con el «objetivo de lograr un voto positivo». «El backloading no va a ser fácil. Va a ser un reto que ahora está en manos del Consejo», ha dicho.

Por eso, considera que la decisión adoptada por la Eurocámara «no era la decisión más sabia» y ha pedido a los ministros que apoyen el backloading. «Tengo grandes esperanzas en que España apoye el backloading», ha manifestado la comisaria que ha subrayado que España tiene algo que decir en junio a este respecto y que espera obtener el apoyo de este país. A su juicio, los gobiernos tiene «la responsabilidad» por lo que espera el voto positivo de los Estados miembro.

En este sentido, ha dicho que es bueno que los ciudadanos hagan presión a sus representantes políticos, sobre todo en estos momentos de crisis económica. «Los ciudadanos deben pedir a sus políticos que den respuestas a la demandas a las que nos enfrentamos», ha insistido.

Respecto a la técnica de la fractura hidráulica, conocida también como ‘fracking’, ha opinado que «si haces fracking debes observar distintas reglas ambientales» y tener en cuenta distintos químicos, así como otras muchas cuestiones.

«No deberíamos repetir los errores que se cometieron en Estados Unidos (…). Deberíamos hacerlo de forma más inteligente. Fracking está bien como técnica para encontrar gas pero no creo que podamos conseguir con ello más eficiencia que con las renovables«, ha valorado Hedegaard porque Europa no tiene muchas áreas despobladas. En definitiva, opina que «hay muchas razones, tecnológicas y de otro tipo, por las que no lo haremos tan barato como en Estados Unidos».

Respecto al ‘backloading’, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha valorado que hay que conciliar muchos intereses pero ha asegurado que cree que tiene que haber un mercado europeo de derechos de emisión «sólido, estable y que garantice» la apuesta de Europa por la lucha contra el cambio climático.

El déficit de tarifa supera los 1.000 millones de euros en enero y febrero

Pese a la aparente desproporción de la cifra, el regulador puntualizó que el desajuste es en realidad un 25,86% inferior a lo previsto y que puede resultar engañoso, ya que no se tienen en cuenta algunos de los nuevos ingresos previstos por el Gobierno. En la anterior liquidación provisional, el déficit ascendió a 692,26 millones de euros.

De hecho, este año hay un margen de generación de déficit de unos 5.571 millones, que posteriormente debe ser compensado a través de los casi 3.000 millones procedentes de los nuevos impuestos a la generación eléctrica, 450 millones de las subastas de CO2 y un crédito extraordinario con cargo a las cuentas públicas por valor de 2.200 millones de euros, que va a conceder el Gobierno para financiar parte de las primas renovables. Sin embargo, el informe destacó que en los dos primeros meses del año «no se ha percibido cantidad alguna» por estas partidas.

Estas tres medidas constituyen el paquete de acciones extraordinarias aprobadas por el Gobierno para lograr que el déficit de tarifa (el desfase que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes) sea cero este año, es decir, que suponen unos ingresos adicionales que figuran en las previsiones pero que todavía no se abonaron al sistema. La CNE confió en el informe en que estos ingresos «han de disminuir necesariamente el déficit en liquidaciones posteriores».

El déficit de tarifa superaba al cierre del pasado año los 28.000 millones de euros y el Gobierno insistió en que las medidas aprobadas permitirán al sistema cerrar este ejercicio en equilibrio.

Aparte de los 5.571 millones de euros que el Gobierno espera inyectar a la tarifa eléctrica procedentes de impuestos, subastas de CO2 y créditos extraordinarios, el equilibro de las cuentas del año dependerá también de que los Presupuestos Generales del Estado asuman cerca de otros 1.700 millones correspondientes a extracostes extrapeninsulares.

De esta forma, no será necesario subir la parte regulada del recibo de la luz y las revisiones de la tarifa dependerán únicamente de los resultados del mercado, según los cálculos del Gobierno. En abril, un descenso del 15% en el precio del mercado y la congelación de peajes condujeron a la bajada del 6% en el recibo de luz.

El sistema eléctrico ingresó 1.546 millones de euros hasta febrero. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registra un diferencial positivo de 65 millones de euros.

Además, a este importe es necesario descontarle costes regulados a razón de 270 millones de euros para el transporte y 467 millones de euros para la distribución. Junto a esto, se reconocieron costes relacionados con las anualidades del fondo de la deuda eléctrica (FADE) de 147 millones de euros.

El sistema de interrumpibilidad, en el que el Gobierno aplicó mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 103 millones de euros en los dos primeros meses del año.

Por otra parte, en los dos primeros meses del año, los consumidores de electricidad aportaron en total a través de sus recibos 1.571 millones de euros al sistema eléctrico, una cifra ligeramente superior a los 1.545 millones del mismo periodo de 2012.

En estos dos primeros meses del año, la energía declarada se situó un 7,7% por encima de lo previsto, habiéndose incrementado los ingresos correspondientes a la misma en un 17,4%.

Las primas al régimen especial alcanzan los 1.482 millones de euros

La CNE también aprobó la liquidación provisional de las primas al régimen especial, que incluye a las energías renovables y la cogeneración, que en los dos primeros meses del año alcanzaron los 1.482,2 millones de euros, un 1,7% menos que lo previsto para el año y un 8,3% por encima de la cifra registrada en los dos primeros meses del año pasado.

La tecnología que más ayudas recibió en estos dos meses fue la eólica, con 495,8 millones de euros, un periodo en el que generó el 26,1% de la electricidad.

Le siguieron la solar fotovoltaica, con 369,5 millones de euros; la cogeneración, con 332,2 millones de euros; el tratamiento de residuos, con 80 millones de euros, y la solar termoeléctrica, con 78,5 millones de euros.

Solamente, en el mes de febrero, las primas al régimen especial ascendieron a 872,981 millones de euros antes del IVA, de los que 769,279 millones de euros corresponden a la energía generada en febrero y 103,702 millones de euros a la reliquidación complementaria de meses anteriores.

En el mismo, se desprende que del monto total, 259,58 millones de euros se fueron para la eólica, 236,92 millones de euros para la cogeneración y 204,13 millones de euros para la fotovoltáica.

REE niega ser parte «cohacedora» del proyecto de ley que le otorga la titularidad de todas las centrales de bombeo de las Islas Canarias

Sobre este tema, Folgado no quiso «entrar a decir si la nueva legislación beneficia o no» a REE y negó que la empresa fuese «cohacedora» en la elaboración de estas leyes, en la que «ni a Endesa ni a nadie se le impide entrar en nueva generación, siempre que no tengan más del 40%, como le puede pasar a Repsol con las gasolineras y a otras empresas para evitar su posición de dominio». «Hay un proyecto de ley y nos acogemos a él», enfatizó.

El presidente de REE no solo defendió la legalidad de convertir a la compañía en propietaria de las plantas de bombeo, que «no son generación», sino que recordó que en otros países como Italia es el operador de la red, Terna, el que dirige estas actividades de una filial. «Se trata de seguridad de suministro», señaló. El problema en Canarias «no es de cantidad sino de calidad» por el mix que tiene este sistema insular «aislado».

Además, añadió que como parte del nuevo plan y mientras se tramita la nueva ley sobre actividad extrapeninsular en la que se traslada a REE el control de las instalaciones de bombeo en las islas, la compañía dedicará el 25% de las inversiones a estos territorios, o entre 125 y 150 millones de euros al año.

En cuanto a la demanda eléctrica dijo que caerá un 1,5% en 2013, «acorde con la evolución de la actividad económica española «, según las previsiones REE, que consideró que el descenso fue más pronunciado en los primeros meses del año, aunque este quedará compensado por «el inicio de un proceso lento de recuperación» en el segundo semestre.

En este sentido, dijo que la demanda de consumo industrial registró en octubre del año pasado la «caída mas intensa» y que ahora está subiendo aunque siga «ligeramente negativa», y se prevé que esté con «menos desaceleración e incluso llegando al punto cero» a final del ejercicio, agregó.

Folgado señaló que 2012 fue un año «duro y complejo» en términos económicos, energéticos y para REE, pero que el Gobierno hace «muy bien» en considerar «prioritario» atajar el déficit tarifario, aunque estas medidas supongan un coste de 45 millones de euros para las arcas de Red Eléctrica.

El presidente de REE defendió la necesidad de contar con «cierta estabilidad regulatoria» y planteó que se establezca un mecanismo de revisión cada cinco años para adaptar la normativa al contexto económico y energético, puesto que «nada es permanente».

Tras apuntar que los ajustes deben ser proporcionales a cada agente, Folgado insistió en que no sería él «quien las critique» y resaltó que «el objetivo prioritario» es acabar con los desajustes del sistema eléctrico.

Folgado también se mostró partidario de ir incorporando de forma «prudente» nuevas tecnologías renovables conforme la demanda se recupere y se vaya absorbiendo el problema de sobrecapacidad del que adolece el sistema eléctrico. «No vamos a llorar sobre la leche derramada», señaló en alusión al ritmo excesivamente rápido de incorporación de estas tecnologías en los últimos años.

Lo que si apuntó es que se debe estudiar «adecuadamente» y «con tranquilidad» y pidió «seriedad y prudencia» cuando se decida abrir una nueva etapa para la entrada de nueva potencia, fundamentalmente renovable, y que se tiene que legislar adecuadamente, en referencia a la nueva ley que ordenará el sistema eléctrico español.

El que fuera secretario de Estado de Energía hasta 2004 también se mostró partidario de las reformas estructurales acometidas, que a su juicio deben ser complementadas con otras medidas acerca de la agilización de las administraciones, la unidad de mercado y el impulso a los emprendedores. «Las empresas españolas están a punto de poder competir», dijo.

Folgado añadió que se debe mantener una velocidad de crucero en las inversiones del sistema eléctrico porque cuando llegue la recuperación económica «se comerá pronto el excedente de capacidad».

«No podemos bajar la guardia», subrayó el presidente de Red Eléctrica, que ratificó su previsión de invertir 2.800 millones de euros entre 2013 y 2017, a un ritmo anual de entre 550 y 600 millones de euros, lo que supone una cifra inferior a los máximos históricos de 865 millones de euros alcanzados en 2010 (en 2011 fue de 819 millones de euros y en 2012 de 672 millones de euros). Para Folgado, la cifra para los próximos cuatro años, pese a ser menor, es «adecuada» si se pone en contexto con la situación actual.

Por otro lado, el beneficio aumentará a una tasa anual media de entre el 6% y el 8%, según aseguró Folgado, que también recordó que la compañía mantendrá un crecimiento del dividendo en línea con el beneficio, con un «pay out» (porcentaje del beneficio destinado a este pago) del 65%.

Propuestas para la junta

Por otro lado, el presidente de Red Eléctrica destacó los cambios estatutarios que irán este jueves a la junta de accionistas y que «despejan el camino» para nombrar a un consejero delegado. «Hay voluntad de querer cumplir con lo que nos dicen los accionistas», señaló sin detallar cuándo podría concretarse la creación de este puesto.

Red Eléctrica llevará a la junta general de accionistas varias modificaciones en los estatutos sociales para avanzar en el buen gobierno corporativo, tras la creación el pasado mes de marzo del consejero independiente coordinador, cargo que asumirá alguno de los consejeros independientes actuales de la compañía, aunque señaló que todavía no fue designado.

Sobre la sugerencia de nombrar un consejero delegado, Folgado dijo no tener «ningún mandato», si bien se mostró «partidario de que ese tema no se eche en saco roto y se tenga sobre la mesa en el momento en el que se considere oportuno».

Asimismo, se someterá al visto bueno de los accionistas la reelección de la consejera María Ángeles Amador Millán y la ratificación también como consejera de María José García Beato

Por otro lado, REE sigue manteniendo, en contra de la mayoría de las cotizadas, la limitación de 70 años en la edad de los consejeros, lo que puede poner en entredicho el cargo del propio Folgado, que el año que viene cumple esa edad. «Dentro de un año, el consejo tiene que decidir de forma expresa si un servidor sigue o no», señaló.

La nueva interconexión con Francia y el tramo Sama-Valilla

Durante la rueda de prensa, Folgado señaló además que la nueva interconexión eléctrica con Francia cumplirá previsiblemente los plazos y estará disponible a finales de 2014. Pese a duplicar el volumen de intercambio con Francia, hasta cerca del 3%, los dos países estarán aún lejos del 10% recomendado por la Unión Europea.

Además de en este proyecto, la compañía está al tanto de los estudios independientes acerca de una posible interconexión eléctrica con Reino Unido y también observa con atención la posibilidad de tender otro cable en aguas del Golfo de Vizcaya, para reforzar la conexión con Francia.

Folgado aludió a los «problemas casi eternos» para la construcción del tramo eléctrico Sama-Valilla, en Asturias, y se mostró partidario de pedir «a todos los agentes que hagan un esfuerzo para que sea incluida en la planificación 2014-2020″.

Actualmente, dijo, el accionariado de REE está formado en un 70% por inversores extranjeros, principalmente de EEUU y de Reino Unido; en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en un 10% por accionistas españoles.

La Eurocámara tumba las propuestas que pretendían estabilizar el mercado de las emisiones de CO2 de la UE

El voto negativo amenaza con anular la eficacia de la principal herramienta de Europa en la lucha contra el cambio climático, según han denunciado las organizaciones ecologistas.

En concreto, el Ejecutivo comunitario había propuesto retrasar a 2019 y 2010 la subasta de 900 millones de permisos de emisión, que estaba previsto que salieran al mercado entre 2013 y 2015, con el fin de limitar el exceso de oferta y forzar así una subida de los precios del carbono. El rechazo del Parlamento Europeo desautoriza esta iniciativa de la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.

«La Comisión por supuesto lamenta que el Parlamento Europeo no haya aprobado la propuesta de aplazamiento», ha dicho Hedegaard, que no obstante se ha mostrado confiada en que los eurodiputados reconsideren su decisión o en que los Gobiernos la rectifiquen. «Europa necesita un mercado de carbono sólido para cumplir nuestros objetivos climáticos e impulsar la innovación», ha sostenido.

El creciente superávit de permisos de emisión -debido al exceso concedido inicialmente y a la ralentización económica- ha provocado una caída del precio del CO2 muy por debajo de los niveles estimados cuando se creó el sistema de comercio de emisiones de la UE. Por ello, el rechazo de la Eurocámara a retrasar la salida al mercado de estos permisos podría agravar la crisis del sistema.

El grupo socialista en la Eurocámara, que apoyaba el aplazamiento, ha acusado a los eurodiputados conservadores, que mayoritariamente se han opuesto, de «no actuar de forma responsable». «Es un gran error porque el aplazamiento no está de ninguna forma en conflicto con una política industrial reforzada», ha dicho su portavoz, Hannes Swoboda.

«Tras este voto, la estabilidad del sistema de comercio de emisiones está en seria duda», ha denunciado por su parte en un comunicado Greenpeace, que ha tachado el resultado de «fracaso histórico». La organización ecologista ha pedido a los Estados miembros que impongan nuevas tasas al carbón como alternativa para reducir las emisiones.

«Con los precios del carbono en niveles ya históricamente bajos, el voto socavará todavía más la seguridad de las inversiones en tecnologías bajas en emisiones», ha criticado por su parte WWF. «Es escandaloso que el Parlamento parezca valorar más la industria contaminante que el futuro verde de Europa», ha indicado.

En contraste, la patronal europea BusinessEurope ha celebrado el voto negativo de la Eurocámara y ha pedido que se retire definitivamente la propuesta. «El Parlamento Europeo ha expresado su apoyo a un instrumento basado en el mercado y ha rechazado las interferencias políticas», ha dicho la patronal en un comunicado.

«La creciente brecha en materia de costes energéticos con Estados Unidos es un desafío importante para las empresas europeas que debe abordarse», ha exigido la patronal, que considera que el sistema de comercio de emisiones «está funcionando como estaba previsto».