La asociación aseguró que la configuración del mercado eléctrico «adultera» el precio de la energía y «demoniza» a las renovables, mientras las eléctricas convencionales obtienen un beneficio adicional «en perjuicio del Estado y la sociedad».

Hasta abril, señaló, se da la «paradoja» de que el viento y las lluvias han elevado la producción renovable y deprimido el precio del mercado, lo que a priori habría tenido un efecto muy positivo para el consumidor y la propia visibilidad social de estas tecnologías limpias, pero ha sido al contrario.

El consumidor no se benefició porque su recibo lo marca la subasta Cesur, donde se fija un precio para todo el trimestre más elevado que el marcado en el «pool», y al mismo tiempo las renovables resultaron penalizadas socialmente porque, al producir más, cobraron más en primas.

La diferencia entre el precio de la subasta Cesur que pagan los consumidores y el precio del «pool» es de 700 millones de euros, según los cálculos de Anpier, que constató que en el mes de abril el mercado dio un precio de 18,17 euros por megavatio hora (MWh), mientras en la tarifa eléctrica se pagan 45,41 euros.

La asociación «espera que el Gobierno solucione este fraude de ley con la nueva normativa» y acabe con un modelo en el que «el precio que paga el consumidor en la factura de la luz no guarda relación con el coste real de producción de la energía, fijado por el mercado mayorista».

Para Anpier, este mecanismo no es más que una «maniobra conceptual y contable» que «genera tremendas distorsiones tanto en los precios de la energía como en la percepción social de los costes reales de las renovables».

Los 700 millones de euros de ganancias obtenidos en el mercado no aparecen computados como beneficios de los diferentes productores, sino como un «déficit de tarifa absolutamente virtual», lamentó la asociación.

Anpier también aprovechó para reclamar una auditoría de costes y un modelo de retribución por costes reales de producción, lo que a su juicio generará grandes ahorros tanto en energía nuclear como en hidráulica, y liberaría liquidez para remunerar las amortizaciones renovables sin aumentar el precio final al consumidor ni incrementar el déficit de tarifa.

En una nota explicativa añadida a su liquidación mensual de marzo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) señaló que el desfase de los tres primeros meses fue parcialmente compensado con este «ingreso liquidable» del FADE, cuyas emisiones de deuda superaron en este importe de 709 millones de euros el tope inicialmente previsto de 1.500 millones de euros de déficit de tarifa para 2012.

No obstante, el déficit de tarifa final de 2012 fue en realidad de 5.600 millones de euros y la propia CNE indicó que, al tiempo que reconoce este «excedente», aún es necesario colocar en los mercados de deuda unos 4.100 millones de euros correspondientes al agujero del año pasado.

El Gobierno se puso como objetivo que el déficit de tarifa sea cero en 2013, y las cifras del regulador podrían transmitir la impresión de que no sólo no va a ser así, sino de que la deuda eléctrica de este año ya está fuera de control.

Sin embargo, la CNE recordó que está previsto que el sistema eléctrico reciba durante el año 5.571 millones de euros adicionales, de los que casi 3.000 millones de euros corresponden a los nuevos impuestos eléctricos, 450 millones de euros de las subastas de CO2 y 2.200 millones al crédito extraordinario con cargo a las cuentas públicas.

Hasta marzo, los 977 millones de euros de déficit oficial son un 33% inferiores a la previsión de 1.476 millones de euros para los tres primeros meses del año, pero si se contabilizan los 709 millones de euros ya emitidos por el FADE, el resultado es un 14% superior a lo previsto.

El regulador también constató que la demanda eléctrica siguió cayendo en los primeros meses del año y se situó un 2% por debajo de lo previsto, con lo que los ingresos de los consumidores se sitúan un 2,9% por debajo de lo estimado, esto es, en 2.733 millones de euros.

Durante el trimestre, la CNE también detectó un coste superior al previsto tanto en el régimen especial justificado por la mayor hidraulicidad y eolicidad como en el bono social, que fue parcialmente compensado por un saldo positivo mayor al previsto en los pagos por capacidad que reciben las centrales térmicas.

Las primas del régimen especial, que incluyen las renovables, ascendieron a 2.446 millones de euros hasta marzo, lo que supone un 4,9% «por encima del rango de variación máximo», mientras que el bono social tuvo un coste de 51,7% millones de euros, un 9% más de lo previsto.

Las primas a la eólica fue un 35% superiores a lo previsto por la mayor eolicidad, mientras que las de la cogeneración también superaron las previsiones, en un 3,9%, hasta 531 millones de euros.

Por contra, la fotovoltaica y la termosolar recibieron menos primas de lo previsto. La primera generó 595 millones de euros en primas, un 10% menos de lo previsto, mientras que la segunda recibió 111 millones de euros, un 23% menos.

Otros dos costes del sistema eléctrico, el de la interrumpibilidad, fue un 3,8% inferior al previsto, al tiempo que los pagos por capacidad de las centrales térmicas, debido a la falta de programación del decreto del carbón, registraron un superávit de 215 millones de euros.

En el informe, la agencia constató que el Gobierno español adoptó importantes medidas para atajar el déficit de tarifa, valoradas en 6.500 millones de euros solo en 2012, si bien el esfuerzo resultó «insuficiente», a la vista de que en ese mismo ejercicio la deuda eléctrica alcanzó los 5.600 millones de euros.

La caída de la demanda y la fluctuación de los precios eléctricos explican, a juicio de la agencia, esta «insuficiencia» de las medidas adoptadas, y hacen prever que en 2013 se adopten decisiones adicionales por valor de 3.000 millones de euros para contener el desajute eléctrico.

Mientras, «el alto déficit continuado es negativo para el rating» de las colocaciones, más aún a la vista de que las futuras medidas podrían incorporar alguna modificación de los términos de amortización de la deuda eléctrica, señaló la agencia.

Esta posible modificación en los costes financieros del déficit merece un comentario aparte de Moody’s, que advirtió que el Gobierno podría aliviarlos bien llevándolos a las cuentas públicas, bien ampliando el plazo de vencimiento de los pasivos.

Pese a expresar esta inquietud, la firma también consideró «improbable» que se produzca un círculo de deterioro en el que sean las propias medidas regulatorias contra el déficit las que provoquen un encarecimiento en las colocaciones de deuda y, con ello, una presión adicional al alza del propio déficit.