Los mercados de futuros apuntan que la vigésima tercera subasta eléctrica acabará con una subida del precio del componente energético de la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los hogares, de alrededor del 2,9%, lo que supondría un encarecimiento del recibo de la luz del 1,2%, aunque otras fuentes estiman que las cotizaciones a plazo se cerrarán con subidas del 5,5%, lo que implicaría una presión al alza del 2,7%.
A la subasta, por un total de 4.442 megavatios (MW) para cada una de las horas base del tercer trimestre del año, así como 572 MW para las horas punta, concurrirán las cinco empresas encargadas del suministro regulado, que son E.ON, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC e Iberdrola.
Esta subida llegaría después de que la luz se abaratara un 6,62% en la revisión de abril, la primera bajada desde la creación de la TUR en 2009, y de haber subido un 3% a principios de año. El recibo de la luz se ha encarecido un 60% en el último lustro.
Este martes se celebra la subasta Cesur, que determinará el precio de la tarifa eléctrica en el tercer trimestre del año, en la que se compra y vende la electricidad para el suministro a tarifa en el tercer trimestre del año y en la que se determina el precio del componente energético de la TUR en este periodo.
El precio de la energía supone aproximadamente la mitad de la tarifa, mientras que el resto corresponde a los denominados «peajes», que fija el Gobierno y que sirven para retribuir los costes regulados, como el transporte, la distribución, las primas a las renovables, las ayudas al carbón o la moratoria nuclear.
El Gobierno mostró su intención de mantener congelados los peajes para la revisión de julio, de manera que la evolución de la tarifa dependerá exclusivamente del resultado de la subasta. Sin embargo, en los últimos días el ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió de que estos podrían verse alterados por la reforma energética que el Gobierno prevé aprobar antes del verano.
La reforma pretende resolver definitivamente el problema del déficit de tarifa, el desfase que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes y que sumaba al cierre del pasado año una deuda superior a los 28.000 millones de euros.
Soria anunció que presentará la reforma este viernes o en la primera quincena de julio, pero entre las empresas del sector temen que no se dé a conocer hasta después del verano y dan por hecho que, para corregir los desequilibrios, será necesario elevar los peajes y, con ello, el recibo de la luz.
La reforma consiste en un abanico de normas, entre las que figuran una circular de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) con una nueva metodología de peajes con discriminación horaria que podría, según las fuentes, implicar subidas de la parte regulada de hasta el 10%.
Esta medida, que sustituiría a los peajes progresivos no aprobados finalmente en enero y que afectaría a los más de 26 millones de consumidores de la TUR, implicaría cambios en los peajes en función de la hora del día y de las estaciones del año.
Al margen de esta medida, Soria insistió en resolver el déficit de tarifa sin provocar «aumentos persistentes» en el recibo de la luz. El Gobierno, anunció, «va a esperar a que se haga la reforma energética para determinar si tiene que haber algún incremento como parte de la aportación de los consumidores a la solución de los desequilibrios».
Asimismo, en los últimos días se conocieron algunos detalles de la normativa, como que implicará un recorte de la retribución de las actividades reguladas o que el Estado aportará 2.000 millones de euros.
Soria también anunció que se levantará la moratoria para la concesión de ayudas a nuevas instalaciones renovables en los territorios extrapeninsulares y que el sistema contará con reglas de «estabilidad financiera» para evitar que se vuelva a generar déficit en el futuro.
Mientras, Industria trabaja en un modelo de factura más sencillo, en el que aparecerá una primera hoja con información básica acerca del consumo y la potencia contratada, así como de los impuestos, tanto estatales como autonómicos, que se pagan. Esta información aparecerá ampliada en Internet.
En total, la reforma incluirá un real decreto ley de estabilidad financiera, un anteproyecto de ley de reforma de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, un real decreto de balance neto y la circular de la CNE.
Soria anunció en el Congreso que el objetivo es atajar los 4.000 millones de euros del déficit de tarifa «estructural», y que entre las medidas figurará un mecanismo de ajuste «automático» de peajes que permita equilibrar ingresos y revisiones de costes del sistema eléctrico cada cinco años.
