En un encuentro con periodistas, el presidente de REE reconoció que le hubiera gustado que se hubiera contado más con las empresas para esta reforma y que «hubieran querido todos más encuentros, pero no es verdad que no los hayan tenido». Pero también es «verdad que no sabemos el resultado final» de este «encaje financiero», dijo, si bien se mostró convencido de que irá en la «dirección correcta».

«Les puedo garantizar que, por supuesto, no he influido ni mi empresa en el diseño de la política energética» del Gobierno, afirmó Folgado cuando fue preguntado por si intervino en las medidas del Ejecutivo.

«No es verdad que ha habido secretismo», porque el Gobierno dijo «claramente» las causas que han llevado al sistema actual y que se quiere lograr el «déficit cero» con una «contribución de todos».

«Lo que sí ha habido», dijo, son reuniones en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para responder a preguntas sobre «algún aspecto técnico» para la elaboración de los cambios, aunque reconoció que fueron «insuficientes». «En el tema de la reforma, estamos a lo que diga el Gobierno», remarcó.

En este sentido, dijo que es «obvio» que la reforma va a «afectar a todos» si bien señaló que los márgenes que tienen las empresas «no son elevados». Esta empresa, por REE, ya «ha sufrido los vaivenes propios de la inseguridad regulatoria», pero «todos tenemos que apretarnos. Y remarcó que es «muy urgente» la reforma porque el factor «tiempo» es que el que está primando.

Folgado también defendió que «las políticas sociales y territoriales no tienen que estar en la tarifa», en referencia a los sobrecostes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares y los incentivos a las eléctricas por la quema del carbón nacional, sino en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo de reducir los costes regulados.

Además, el presidente de REE consideró que los costes extrapeninsulares «forman parte de algo que deberían pagar todos (los españoles) con sus impuestos», al tiempo que afirmó que éstos se reducirán a corto plazo gracias a la implantación de renovables y a las nuevas interconexiones submarinas entre las islas.

El presidente de REE insistió en que España tiene un déficit de tarifa «particularmente elevado» por lo que consideró como «prioritario que se elimine». España necesita las energías renovables «como el respirar» debido a su dependencia energética, añadió, si bien indicó que algunas tecnologías tuvieron un «impulso muy repentino y muy fuerte».

En este sentido, señaló que tiene «muy claro» que el «problema del desaguisado» actual se debe por «no poner límite al desarrollo» de las energías renovables, a las que apostó por dar una «rentabilidad razonable».

Además, Folgado apeló a una contribución de todos para reducir las emisiones de CO2 y apostó por estudiar el establecimiento de un «céntimo verde» para los hidrocarburos con el fin de contribuir a los objetivos de renovables e impulsar un sistema sostenible, que por cuestiones técnicas recae predominantemente sobre la electricidad.

Este será el último año con caída de la demanda eléctrica

Por otro lado, Folgado confió en que «este año será el último de la caída de la demanda eléctrica», después de dos ejercicios a la baja que sitúan el consumo a niveles de 2006.

El presidente de REE indicó que éste año será «el último año con demanda eléctrica en tasa negativa» y destacó que el índice IRE, que recoge el consumo eléctrico de la industria, ya ha cambiado la tendencia y añade un «clima más esperanzador».

Remarcó que el índice industrial está ahora en positivo, después de que en octubre estuviera en caída de un 7%. Se trata de un «proceso constante» de subida de la demanda derivado de la mayor producción industrial, a su juicio, por el tirón del sector exterior.

El presidente del gestor del sistema aseguró que «se está produciendo un cambio trascendental en la economía española», ya que la crisis está impulsando la internacionalización de las empresas.

Folgado reconoció que, por contra, en el índice del sector servicios, la tendencia «no ha sido la misma», debido a que la demanda interna todavía no revive. Folgado señaló que la demanda doméstica está cayendo en estos momentos alrededor del 2%, si bien se produjo una «desaceleración del ritmo negativo».

Además, subrayó que la demanda eléctrica industrial, una vez corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, subió en el mes mayo, lo que apunta a una cierta recuperación económica.

Sin acuerdo por la nacionalización de TdE

Respecto a la decisión de hace más de un año por parte del Gobierno de Bolivia que preside Evo Morales de decretar la nacionalización de la filial de REE en el país andino, Transportadora de Electricidad (TdE), Folgado señaló que no hay avances sobre la compensación pero reiteró que «el plazo se está agotando» para acudir al arbitraje internacional.

En este sentido, indicó que no se alcanzó «ni de lejos» un acuerdo sobre el precio a compensar por parte de Bolivia, a pesar de que se nombró mediador a un antiguo embajador en el país, si bien insistió en que la ausencia de la filial no afecta a las cuentas de REE porque TDE ya estaba provisionada.

La asociación salió al paso de las declaraciones de Nadal en los cursos de verano de la FAES, en las que aludió a los «abusos» que condujeron a anteriores gobiernos a «meter todo en el recibo» y aprobar partidas «sin ningún tipo de control», aprovechando una ley «suficientemente amplia y ambigua.»

Anpier consideró que, si existieron abusos y falta de control, estos deben de investigarse de inmediato para depurar responsabilidades y aclarar qué motivo esas decisiones, que resultaron «tan gravosas para el sistema eléctrico español y para el conjunto de sus usuarios».

La asociación, que representa a los pequeños inversores de fotovoltaica, recordó que el recibo de la luz se encareció un 80% en apenas diez años y se preguntó la causa por la que se cargaron en el recibo «costes tan extraños y ajenos al suministro eléctrico en los hogares como los pagos por capacidad, los costes por interrumpibilidad, la moratoria nuclear o los extrapeninsulares«.

También pidió explicaciones por «omisiones como la no reclamación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) o la falta de control de la potencia fotovoltaica instalada».

«Estas actuaciones, unidas a la sobre retribución de la energía producida por instalaciones ya amortizadas en manos de las eléctricas, tal y como denunció la Unión Europea, explican el abultado déficit de tarifa que soporta nuestro país y que se quiere imputar a las renovables, cuyo impacto parcial en el sistema se inició en 2008″, añadió.

Anpier lamentó además que Nadal no reciba al sector fotovoltaico, en el que hay «más de 55.000 familias asfixiadas» por los recortes y al que ahora se le pide un «esfuerzo adicional» que, a su juicio, puede suponer la ruina del 80% de estos productores.

La orden publicada este sábado ofreció los resultados de la vigésimo tercera subasta Cesur de electricidad en la que se determinó el precio del componente energético para el tercer trimestre del año, y el importe de los peajes, que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las primas renovables, las ayudas al carbón o la moratoria nuclear.

En este caso, el Ministerio de Industria congeló los peajes, tal y como había anunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria, con el objetivo de que la revisión tarifaria refleje exclusivamente la evolución del mercado eléctrico.

Estos peajes suponen aproximadamente el 43% del conjunto de la tarifa, a lo que hay que añadir un 37% del componente energético y un 20% de impuestos.

El componente energético para el suministro a tarifa durante el tercer trimestre del año se encareció en un 3% en la subasta mayorista, al corregir el encarecimiento del producto base, que es el que se tiene en cuenta para calcular la TUR, con la evolución a la baja de otros conceptos como los pagos por capacidad, la prima de riesgo, las pérdidas o los mercados de ajuste.

El precio del producto base -la electricidad para cada una de las horas del día comprendidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre- se elevó en un 4,4%, mientras que la punta -una especie de suplemento para las horas de mayor consumo, entre las 08.00 y las 20.00 horas- lo hizo en un 6,3%.

El encarecimiento de la electricidad se producirá después de que en abril la TUR registrase su mayor bajada en varios años, del 6,7%, propiciada por una fuerte caída en los precios de mercado, y de que en enero se hubiese registrado una subida del 3%.

La contención de precios de este año supone un alivio parcial en una factura que se encareció en un 60% en apenas un lustro. Sólo en 2012, la luz subió cerca del 5%, además del 7% que los consumidores tuvieron que pagar de más entre octubre y diciembre para acatar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a reintegrar el encarecimiento no repercutido entre octubre de 2011 y marzo de 2012.

La evolución actual de la TUR eléctrica responde a la decisión del Gobierno de congelar los peajes eléctricos, que sirven para cubrir los costes regulados.

En esta parte del recibo, congelada por el Ejecutivo en los últimos trimestres, es en la que se produce el déficit de tarifa, cuyo importe en términos acumulados es de 28.000 millones de euros. El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que en la primera quincena de julio podría conocerse la reforma energética para acabar con este problema.

Mientras, la CNE ultima la nueva metodología para calcular el cobro dentro del recibo de la luz de la parte del transporte y la distribución. El otro gran coste regulado, el de las primas al régimen especial, seguirá dependiente del Gobierno.

La metodología de la CNE supondrá que el recibo de la luz funcione a efectos prácticos como una «tarifa plana», ya que la parte fija del peaje, conocida como término de potencia, elevará considerablemente su peso, en detrimento de la parte variable, conocida como término de energía y condicionada al consumo.

El resultado será un recibo eléctrico en el que las principales diferencias de precios dependerán de la potencia que se contrate, pero en el que, para contratos iguales en potencia, habrá mucha menos variación en función del consumo.

De esta forma, las segundas residencias, en las que apenas hay consumo pero sí una potencia contratada similar al primer hogar, acabarán pagando más, al tiempo que los incentivos de los hogares para ahorrar se reducirán.

Lo que sí habrá es un incentivo para consumir en las horas del día conocidas como «valle». La tarifa plana incluirá una discriminación horaria en función de la hora del día, bajo la premisa de que las redes eléctricas tienen más actividad en las horas punta y de que es en ese momento cuando el precio debe ser mayor.

Además, también debería entrar en vigor la revisión de la TUR del gas natural, que de momento se desconoce.

Por su parte, la revisión de la bombona de butano se llevará a cabo el próximo 9 de julio y, según la normativa aprobada en abril, no podrá superar su precio actual, que para una botella de 12,5 kilos es de 17,5 euros.

La orden publicada este sábado ofreció los resultados de la vigésimo tercera subasta Cesur de electricidad en la que se determinó el precio del componente energético para el tercer trimestre del año, y el importe de los peajes, que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las primas renovables, las ayudas al carbón o la moratoria nuclear.

En este caso, el Ministerio de Industria congeló los peajes, tal y como había anunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria, con el objetivo de que la revisión tarifaria refleje exclusivamente la evolución del mercado eléctrico.

Estos peajes suponen aproximadamente el 43% del conjunto de la tarifa, a lo que hay que añadir un 37% del componente energético y un 20% de impuestos.

El componente energético para el suministro a tarifa durante el tercer trimestre del año se encareció en un 3% en la subasta mayorista, al corregir el encarecimiento del producto base, que es el que se tiene en cuenta para calcular la TUR, con la evolución a la baja de otros conceptos como los pagos por capacidad, la prima de riesgo, las pérdidas o los mercados de ajuste.

El precio del producto base -la electricidad para cada una de las horas del día comprendidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre- se elevó en un 4,4%, mientras que la punta -una especie de suplemento para las horas de mayor consumo, entre las 08.00 y las 20.00 horas- lo hizo en un 6,3%.

El encarecimiento de la electricidad se producirá después de que en abril la TUR registrase su mayor bajada en varios años, del 6,7%, propiciada por una fuerte caída en los precios de mercado, y de que en enero se hubiese registrado una subida del 3%.

La contención de precios de este año supone un alivio parcial en una factura que se encareció en un 60% en apenas un lustro. Sólo en 2012, la luz subió cerca del 5%, además del 7% que los consumidores tuvieron que pagar de más entre octubre y diciembre para acatar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a reintegrar el encarecimiento no repercutido entre octubre de 2011 y marzo de 2012.

La evolución actual de la TUR eléctrica responde a la decisión del Gobierno de congelar los peajes eléctricos, que sirven para cubrir los costes regulados.

En esta parte del recibo, congelada por el Ejecutivo en los últimos trimestres, es en la que se produce el déficit de tarifa, cuyo importe en términos acumulados es de 28.000 millones de euros. El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció que en la primera quincena de julio podría conocerse la reforma energética para acabar con este problema.

Mientras, la CNE ultima la nueva metodología para calcular el cobro dentro del recibo de la luz de la parte del transporte y la distribución. El otro gran coste regulado, el de las primas al régimen especial, seguirá dependiente del Gobierno.

La metodología de la CNE supondrá que el recibo de la luz funcione a efectos prácticos como una «tarifa plana», ya que la parte fija del peaje, conocida como término de potencia, elevará considerablemente su peso, en detrimento de la parte variable, conocida como término de energía y condicionada al consumo.

El resultado será un recibo eléctrico en el que las principales diferencias de precios dependerán de la potencia que se contrate, pero en el que, para contratos iguales en potencia, habrá mucha menos variación en función del consumo.

De esta forma, las segundas residencias, en las que apenas hay consumo pero sí una potencia contratada similar al primer hogar, acabarán pagando más, al tiempo que los incentivos de los hogares para ahorrar se reducirán.

Lo que sí habrá es un incentivo para consumir en las horas del día conocidas como «valle». La tarifa plana incluirá una discriminación horaria en función de la hora del día, bajo la premisa de que las redes eléctricas tienen más actividad en las horas punta y de que es en ese momento cuando el precio debe ser mayor.

Además, también debería entrar en vigor la revisión de la TUR del gas natural, que de momento se desconoce.

Por su parte, la revisión de la bombona de butano se llevará a cabo el próximo 9 de julio y, según la normativa aprobada en abril, no podrá superar su precio actual, que para una botella de 12,5 kilos es de 17,5 euros.