Según indicaron fuentes del sector, el precio del componente energético, que supone algo menos de la mitad del total de la tarifa, se incrementó en un 7,6% en la puja de esta mañana.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló en varias ocasiones en los últimos días que el Gobierno no va a modificar la parte regulada del recibo, los denominados peajes, en esta revisión, por lo que la evolución de la tarifa dependerá exclusivamente del resultado de una subasta «pura y dura», es decir, que la subida para el consumidor final quedaría en un 3,1%.Por ello, Soria añadió que el resultado «es lo que va a respetar el Gobierno».
Por su parte, el operador del mercado eléctrico, Omel, informó de que el precio del megavatio hora (MWh) para la carga base (todas las horas del día)se situó en 47,58 euros, lo que supone un 0,27% por debajo del trimestre anterior, mientras que el de carga punta (de 8:00 a 20:000 horas de lunes a viernes) ascendió a 57 euros, lo que supone un incremento del 3,2%. Se vendieron 2.500 megavatios (MW) de carga base y 352 MW de punta.
En total, 44 entidades vendieron la electricidad a las cinco comercializadoras encargadas del suministro de último recurso, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON.
Pese a que la subasta se celebró en un contexto de precios estables de la electricidad, los ajustes técnicos posteriores a la puja, incluidos el «apuntamiento» (coste de contrarrestar las variaciones de precios en cada una de las horas del trimestre) y los servicios de ajuste, se convirtieron en el sobrecoste que provocó la subida final.
Estos sobrecostes se calculan con respecto a unos indicadores que se definen en el mismo trimestre del ejercicio anterior y que se aplican a un año vista.
El Gobierno ya incrementó los peajes -con los que se retribuyen las actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las primas a las renovables o los pagos por capacidad- en un 8% en agosto como parte de la reforma energética, lo que repercutió en una subida de la luz extraordinaria del 3,2%. Anteriormente, la tarifa se encareció en un 3% en enero, bajó en un 6,6% en abril y volvió a repuntar en un 1,2% en julio.
Incluida la nueva subida de octubre, la tarifa se encareció cerca del 11% desde enero de 2012, si bien, desde octubre del año pasado, la tarifa de la luz aumentó un 1,18%, ya que en la última revisión de 2012 descendió un 2,3%. No obstante, según datos de Industria, el recibo de la luz aumentó un 63% entre 2003 y 2011.
Esta nueva subida, al producirse en el coste de la energía y no suponer un incremento de los peajes, no servirá para aliviar el déficit de tarifa, que en términos acumulados supera los 26.000 millones de euros y que este año será de entre 2.500 y 3.000 millones de euros, según anunció el ministro Soria.
El importe de la tarifa eléctrica -la única que fija el Gobierno y a la que están acogidos casi veinte millones de hogares y pymes- se fija cada tres meses a partir de tres componentes: el precio de la energía, los peajes que determina el Gobierno y los impuestos.
Estas subastas Cesur compran y venden la electricidad para el suministro a tarifa y sirven para fijar el coste de la energía dentro de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y tienen un peso algo cercano al 45% sobre la conformación final de la tarifa. Como parte de la reforma energética, el nombre de la tarifa pasó de denominarse TUR a Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
Facua ve «desproporcionada» la nueva subida de luz
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró «desproporcionada» la nueva subida de la luz, del 3,1% a partir de octubre, y reclamó al Gobierno «capacidad real de intervención» y la eliminación de las subastas eléctricas, a las que la asociación califica de «subastas trampa» y cuyos resultados «no son fiables».
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que la nueva subida supondrá «otro incremento desproporcionado, que se suma a las distintas subidas del último año».
«El problema es que la regulación provoca que suba la luz, y la sensación es que el Gobierno también quiere que suba» y que aumenten «los márgenes de negocio de las eléctricas», señaló.
La asociación estimó que, al no modificar el mecanismo de asignación de precios en el mercado, «la política que desarrolla el Gobierno es que continúe subiendo la luz, usándose como vía la subasta».
«La reforma del sector elécrico que anunció a bombo y platillo el Gobierno es simplemente una batería de cesiones a las grandes empresas energéticas. Uno de los elementos fundamentales de la reforma debería haber sido el sistema de fijación de precios, que debería sustituirse por otro procedimiento«, añadió.
OCU fomenta la plataforma de compra colectiva de luz
Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) animó a los consumidores a sumarse a su plataforma de compra colectiva de luz, después de que la subasta eléctrica haya forzado una subida de la factura del 3,1% a partir de octubre.
Con este incremento previsto, la factura media se sitúa ya en 794 euros al año (para un hogar con potencia contratada de 4,6 kW y consumo anual de 3.500 kWh), según la OCU.
La asociación indicó que la factura media de electricidad ronda ya los 800 euros y calificó la nueva subida de «puñetazo directo al estómago de los consumidores».
La subida afectará tanto a todos los clientes de la TUR como a muchos de los que están en el mercado libre, y será la tercera en apenas cuatro meses, después de las de julio y agosto.
«Ahora más que nunca, el consumidor debe reaccionar y tomar medidas para reducir su factura«, señaló la OCU, que recordó su iniciativa de compra colectiva de energía, la primera realizada hasta ahora en España.
Con este grupo de compra, creado para presionar a las comercializadoras para que hagan una oferta atractiva, la asociaciación pretende «romper las reglas de un juego en las que el consumidor ha perdido ya demasiado dinero».
La iniciativa, que se presenta bajo el lema «Quiero Pagar Menos Luz«, suma ya más de 175.000 consumidores interesados en recibir una oferta ventajosa. El plazo de inscripción, que no supone un compromiso en firme, concluye el 14 de octubre.
CECU pide a Industria que frene «las escaladas» de precios de la luz
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) criticó las nuevas tarifas eléctricas y pidió al Ministerio de Industria que frene las «escaladas de precios» que se están viviendo en los últimos años en un sector que afecta a los usuarios, independientemente de su nivel de ingresos.
La CECU declaró que «lo peor estaba por llegar», ya que hace unas semanas denunció una subida de 4 euros al mes por el incremento del término fijo previsto en la reforma de la electricidad de agosto, y ahora la subasta determinó un aumento del precio de la luz del 3,1 % en octubre para TUR.
«Parece claro que los intereses de la industria siguen siendo lo prioritario para una administración que no vela por los usuarios», señaló esta asociación.
Además, criticó «falta de transparencia» en la formación de los precios (con las subastas como referente) y la «casi inexistente competencia» del mercado libre, que hace que no resulte ventajoso para el usuario salir de la TUR. También recordó que se producen prácticas comercializadoras agresivas, problemas con las facturaciones o deficientes servicios de atención al cliente.
La CECU reiteró la necesidad de que el Ministerio se reúna con todos los agentes implicados, incluyendo a los consumidores, para buscar soluciones que permitan acabar con los problemas del sector eléctrico y que se aumenten las ayudas a las familias con mayores problemas económicos.
UCE critica «el nuevo varapalo económico» que supone la subida
Finalmente, la Unión de Consumidores en Andalucía (UCE-A) criticó «el nuevo varapalo económico» que supone la subida de la electricidad en el mes de octubre y consideró que la factura de la luz tuvo «importantísimos» incrementos de precios a lo largo del año y se vuelve a dar «una vuelta de tuerca más» al dinero de los consumidores que ven como la factura de la luz, desde que dio comienzo el proceso liberalizador, subió de una forma considerable haciendo del pago de este suministro «una losa para muchas familias afectadas por la crisis económica».
Por último, señalaron que el proceso liberalizador de la electricidad supone «subida de precios, no mejora de la atención al cliente e incremento de la conflictividad, con más consultas y reclamaciones».
