El tipo de interés es sustancialmente inferior tanto a la media obtenida en las emisiones de 2011, cuando se colocaron 5.500 millones a unos tipos medios del 5,4%, como a la de 2012, cuando las emisiones ascendieron a 9.800 millones y se hicieron al 5,62% de media.

Los bonos de la última emisión, avalada por el Estado, vencerán en marzo de 2019 y fueron colocados por BBVA, Santander, Caixabank y CA-CIB. La colocación fue la más cuantiosa de las realizadas en lo que va de año, por encima de la de los 1.800 millones de euros de abril, y se cerró a un precio de 25 puntos básicos sobre el Tesoro.

En el folleto, el gestor del fondo informó también de que, tras la operación, la cesión de derechos de cobro del déficit de tarifa por parte de las eléctricas asciende a 20.524 millones de euros. Recientemente, el FADE elevó su saldo a 26.000 millones de euros para absorber los 4.100 millones de euros adicionales de deuda de 2012.

El FADE fue creado en 2010 y comenzó a colocar la deuda de los consumidores de electricidad en el ejercicio 2011. Las tensiones en los mercados crediticios contribuyeron a que estas emisiones avaladas por el Estado llegasen a registrar intereses del 6,5%. La anterior colocación, la serie 17, de 1.800 millones de euros, obtuvo tasas muy inferiores, del 2,87%.

En una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de un seminario de infraestructuras en Nueva York, el gestor técnico de la red eléctrica defendió además que el valor de los activos incorpore todos los costes y que el Gobierno apruebe un mecanismo de actualización del valor neto de estos activos.

Además, abogó por fijar una «vida residual» acorde a la vida técnica de las instalaciones y una «adecuada retribución» por la extensión de la vida útil de las redes eléctricas. También pidió incentivos «adecuados» a la disponibilidad y eficiencia de las instalaciones.

La reforma energética presentada por el Gobierno en julio incluye una retribución revisable cada seis años para el transporte de electricidad en la que se reconoce un diferencial de 200 puntos básicos con respecto a la media de los dos últimos años de los tipos del Tesoro a diez años.

Esta rentabilidad, que se calcula con respecto a la inversión, viene acompañada de una retribución a la operación y mantenimiento que se establecerá a partir de los valores estándares representativos de los costes medios de las instalaciones.

En el segundo semestre de 2013, en el que se está aplicando una metodología transitoria con un diferencial de 100 puntos básicos sobre el Tesoro, REE espera una reducción de 75 millones de euros en su retribución.

Además, la compañía estimó que en 2014 la tarifa para la actividad de transporte será de 1.600 millones de euros. Los ingresos calculados con esta metodología tendrán carácter definitivo.

En concreto, la demanda bruta fue de 19.672 GWh, un 0,6% inferior a la de septiembre del 2012, según informó Red Eléctrica de España (REE), empresa que opera como gestor técnico del sistema eléctrico.

En los primeros nueve meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo fue un 2,4% inferior al del año pasado, ya que la demanda eléctrica en este periodo fue de 185.147 GWh, un 2,9% menos que en el mismo periodo del 2012.

Red Eléctrica destacó que la producción de origen eólico del mes alcanzó los 3.271 GWh, un 16,9 % inferior frente al mismo periodo del año pasado, y supuso el 15,8% de la producción total.

En lo que va de año la nuclear aportó el 21,7% del total de la generación eléctrica, la eólica el 20,6%, el carbón el 13,6%, la hidráulica el 15,1%, mientras que el resto se reparte entre la cogeneración, los ciclos combinados (que funcionan con gas natural) y la solar.

En el mes de septiembre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 32,5% de la producción. El 53,5% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Por su parte, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) indicó que el mercado peninsular de energía eléctrica cubierto con energía generada en el régimen ordinario fue de 107.053 millones de kWh entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del presente año, lo que supone un descenso del 12,8% respecto del mismo período del pasado ejercicio. Si bien, excluyendo el 29 de febrero de 2012, el descenso habría sido del 12,4%.

Dicha energía representa el 57,8% de la demanda total peninsular del período citado, que fue de 185.147 millones de kWh, un 2,9% menos que en el mismo período de 2012, según datos de Unesa.

El 42,2% restante fue cubierto por la energía generada por los productores en régimen especial (energías renovables y cogeneración), el saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica y el enlace Península-Baleares.

En lo que va de año, la electricidad aportada por los productores en régimen especial creció un 10,2% respecto al mismo período del año anterior y supone el 45,3% de la demanda total peninsular. Si no se tuviese en cuenta el 29 de febrero de 2012, la demanda total peninsular presentaría un descenso del 2,5%.

Entre el 1 de enero y el 30 deseptiembre de este año, la producción bruta en el régimen ordinario fue de 116.385 millones de kWh, lo que supone un descenso del 12,1%.

Por tipos de centrales, la producida mediante carbón, fuelóleo y gas natural descendió un 36,9% y la nuclear un 6,9%, mientras que la de origen hidroeléctrico aumentó un 98,9%. No considerando el día 29 de febrero de 2012, el descenso de la producción bruta sería del 11,7%.

Durante su intervención en la presentación del informe «Claves de la competitividad de la industria española«, realizado por PwC, el ministro aseguró que el déficit de tarifa «es probablemente uno de los problemas más graves de la economía española», no sólo por lo que implica de desajuste, sino porque está «residenciado en los balances de las operadoras».

«Hasta ahora, este déficit ha sido titulizado por el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que ha vencido en diciembre», de modo que «si continuara generándose a partir de ahora no tendría esa posibilidad de titulización» para sacarlo a los mercados, explicó el ministro para aludir al efecto sobre los balances de las empresas procedente de este desajuste.

En este sentido, el ministro afirmó que, mediante el FADE, se sacó del balance de las eléctricas estos derechos de cobro, que suman una deuda superior a los 26.000 millones de euros y recordó que el déficit para este año se situará entre 2.500 y 3.000 millones de euros.

Asimismo, señaló que la reforma energética aprobada por el Gobierno pretende reducir los costes del sistema para acabar con este desfase, con el objetivo de dotar de «estabilidad y certidumbre» al sector, al considerar la energía «uno de los problemas más graves que tiene la economía española».

Soria también aludió al «serio problema de competitividad vía costes energéticos» de España. Las industrias del país tienen un coste medio superior a la de los competidores europeos, «y sin embargo los ingresos del sistema eléctrico son recurrentemente inferiores a los costes regulados», afirmó.

Junto a esto, defendió las reformas acometidas por el Gobierno y expresó su confianza en una pronta salida de la recesión. Pese a ello, reconoció que las reformas «no en todo han dado su fruto» y que «todavía hay serios y profundos desequilibrios» en aspectos como el paro, el déficit público y la financiación bancaria. «La hoja de ruta es la ruta adecuada y hay que persistir en ello», subrayó.

Durante la presentación del informe, la presidenta de Siemens, Rosa García, reclamó al Gobierno «certidumbre en los precios de la energía» para la industria, a la que citó como una de las claves para la recuperación económica.

«Es importante tener una energía barata. Junto a los gastos de personal, los energéticos son importantes y necesitamos tener certidumbre sobre cuánto cuesta la energía hoy y cuánto va a costar en los próximos años», afirmó.

García también consideró que España «está redefiniéndose» y advirtió de algunos de los posibles problemas dentro del ámbito industrial, entre ellos una posible «obsolescencia» que, unida a la menor productividad, deteriore la competitividad del sector.

La industria es, a juicio de la presidenta de Siemens, una actividad «fuera de la economía del monopoly que ha conducido a esta situación» y «puede ayudar al país a salir de la crisis». El peso de la industria equivale a un 13% del PIB, y a un 26% si se toma toda la actividad inducida.

Finalmente, Soria insistió en la necesidad de reindustrializar España, ya que esto da más fortaleza frente a la crisis, al tiempo que criticó que las instituciones europeas «legislan en no pocas ocasiones en contra de ese objetivo», ya que cargan a las empresas con costes burocráticos que no soportan los competidores no comunitarios.

A pesar de ello, valoró que «el conjunto de los miembros de la Comisión trabaja justamente para que Europa se dote de una fuerte base industrial».