«Yo mismo le expliqué hace muy pocos días a los representantes de las compañías eléctricas más importantes de España, aquellas que suponen aproximadamente un 95% de toda la generación, cuál es la situación y cómo esa diferencia de ingresos y gastos y costes del sistema puede llevar el aval del Estado», destacó el ministro, al ser preguntado por las protestas de las empresas ante esa medida.

Soria añadió que, «por tanto, las empresas eléctricas, desde ese punto de vista, no deberían estar preocupadas, porque se les trasladó de esa manera».

El ministro también defendió que «no tiene ningún fundamento» establecer «una relación de causalidad directa entre el déficit y las actividades reguladas del sistema», porque, en lo que concierne a estas últimas, «transporte, distribución, sistemas insulares, extrapeninsulares, incentivos a las energías renovables, el sector está en equilibrio», argumentó.

Soria, que hizo estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria, tras la firma de tres convenios en materia turística con el Ayuntamiento de la ciudad y el Cabildo Insular, justificó el comportamiento del Gobierno aludiendo a que «en España, en materia de política económica, hay una prioridad sobre todas las demás, que es la contención del déficit público».

Esa prioridad, remarcó, «está por encima de cualquier otra consideración» y por «una razón muy sencilla: Porque, si no cumplimos el objetivo de déficit público, las implicaciones, para la economía en general y particularmente para el riesgo-país, son consecuencias que repercuten en todos los ámbitos de la economía».

Por tanto, «que haya una prioridad del déficit público frente a lo que son los ingresos y costes del sistema eléctrico nada tiene que ver con la evolución del precio de la luz», matizó antes de añadir que entiende que la repercusión negativa que podría tener en todos los sectores un desfase abultado en el déficit público «es un coste mucho mayor que el que se puede derivar, que es cierto, de cerrar el año con un déficit de tarifa de 3.600 millones de euros».

En esta misma línea, el ministro rechazó, además, que la decisión de su Ejecutivo tenga que conllevar una subida del precio final que pagan los consumidores por la electricidad, que afirmó que dependerá de «lo que diga el mercado», ya que «el Gobierno no es el que sube o baja la luz, es el mercado directamente», aunque comentó que no espera que se suba el precio.

Recordó que los precios en España se deciden en subastas que cada trimestre se celebran entre las empresas que producen esa energía y las que la suministran, unas negociaciones que acaban por determinar el precio final para cada periodo de tres meses, «fruto de la cual sale un precio mayor o menor que el que había con anterioridad».

«Por ejemplo, en la subasta que hubo en el mes de junio, correspondiente al periodo julio a septiembre, hubo una reducción en el precio de la electricidad del 6,2%», precisó.

El Grupo Popular propuso, en las enmiendas presentadas al proyecto de Ley del Sector Eléctrico que actualmente se encuentra en el Senado, eliminar las aportaciones presupuestarias previstas para evitar la generación este año de déficit de tarifa, que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes.

El PP prevé aceptar así un déficit de tarifa de hasta 3.600 millones de euros este año, frente a la previsión de equilibrio del Gobierno, con el objetivo de preservar el objetivo prioritario de controlar el déficit público.

Ese desfase tendrá que ser financiado por las cinco eléctricas integradas -Iberdrola, Endesa, Gas Natural, HC Energía (actual EDP España) y E.ON España-, que recuperarán la cantidad adeudada a lo largo de quince años.

En concreto, el PP propuso sacar de los Presupuestos un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros y la mitad de los extracostes de generación de los sistemas extrapeninsulares, la parte que iban a asumir las cuentas públicas, que asciende a 900 millones de euros.

Precisamente estos dos conceptos, incluidos en la reforma aprobada en julio, eran elementos fundamentales para lograr el equilibrio este año, mientras que a partir de 2014 entrarán en vigor una serie de mecanismos automáticos de ajuste.

De Guindos: El consumidor no va a pagar el déficit de tarifa

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que los consumidores «no van a pagar» el posible déficit de tarifa eléctrico, y que el Gobierno va a buscar fórmulas de financiación que lo cubra.

En este sentido, el ministro dijo que el Gobierno intenta que haya una alternativa a lo que hubiera sido que los contribuyentes paguen el déficit de tarifa, y que lo que va a hacer el Ejecutivo «es buscar una formula de financiación, igual que ha ocurrido en el pasado, que lo cubra».

Así, «sin que tenga ningún impacto desde el punto de vista del contribuyente», insistió el ministro, que ha descartado que una de esas fórmulas alternativas sea el Fondo de Amortización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

«Existen varias alternativas y no puede ser que ni el contribuyente ni el consumidor lo pague», concluyó el ministro.

Las compañías eléctricas caen en Bolsa

Las empresas eléctricas o con intereses en este sector cayeron este lunes en Bolsa tras conocerse la propuesta del PP de retirar las aportaciones presupuestarias previstas en el proyecto de Ley del Sector Eléctrico para combatir el déficit de tarifa, lo que implica que volverá a haber desfase este ejercicio.

Del conjunto de empresas con intereses eléctricos del IBEX 35, la más afectada fue Acciona, que cedió un 3,58% en la sesión hasta situar sus títulos en 49,39 euros. Le siguió Red Eléctrica, que se dejó un 3,48%, hasta los 45,54 euros por acción.

Con respecto a las tres grandes eléctricas, los títulos de Iberdrola bajaron un 1,92%, hasta los 4,6 euros; los de Endesa, un 1,81%, hasta los 21,71 euros, y los de Gas Natural Fenosa, un 1,01%, hasta los 18,14 euros.

La demanda bruta fue de 20.401 gigavatios hora (GWh), un 0,6% superior a la de noviembre del 2012, según informó Red Eléctrica de España (REE), a la espera de dos días del cierre del mes.

En los once primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo fue un 2,5% inferior al del año pasado. La demanda eléctrica bruta en este periodo fue de 224.513 GWh, un 2,6% menos que en el mismo periodo del 2012.

Por otro lado, en noviembre la energía eólica alcanzó su máxima participación en la generación eléctrica mensual ya que produjo el 30,1% de la generación total, con 6.238 GWh. Este valor, según REE, supuso un aumento del 40,8% frente al mismo periodo del año anterior.

En el mes de noviembre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 48,7% de la producción, mientras que el 65,8% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Esta cifra es 159 millones de euros inferior a los 4.519 millones de euros de desajuste registrado hasta agosto y 88 millones de euros inferior a los 4.450 millones de euros previstos hasta septiembre por la CNMC. De esta forma, se cumplen las previsiones del regulador por primera vez desde junio, momento en el que la deuda eléctrica del año se alejó de los pronósticos, hasta situarse 759 millones de euros por encima.

Pese a que el desajuste hasta septiembre es un 11% superior al del mismo periodo de 2012, la CNMC constató su «ligera reducción» durante el último mes analizado, en el que ya entraron en vigor las medidas urgentes contra el déficit de tarifa, y confió en que el año cerrará con un leve superávit, de 332.000 euros.

No obstante, la CNMC advirtió de que esta desviación «no puede proyectarse a futuro», ya que todavía no se recoge el impacto de algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el déficit tarifario.

Así, señaló que apenas se refleja el efecto de la subida de peajes de acceso de agosto, ya que solo tiene efecto en dos de los nueve meses de la liquidación. Con esta subida se pretende retribuir las actividades reguladas (transporte, distribución, etc…) y redundar en una mejora de ingresos del sistema.

Además, tampoco recoge todo el impacto del ahorro de costes de la reforma energética aprobada en julio, la recaudación de los impuestos a la generación va con retraso y aún no se ingresó el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El regulador también está a la espera de la inyección de los cerca de 900 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 y correspondientes a los sobrecostes de la actividad extrapeninsular, así como de los ingresos de los nuevos impuestos eléctricos en vigor desde enero.

La previsión del Gobierno es que no se genere déficit este año, como reiteró la pasada semana el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien añadió que si «por alguna causa sobrevenida» se produjera desfase entre ingresos y gastos, se articularían los mecanismos necesarios de cara a su financiación.

A partir del próximo año y como parte de la reforma energética, el eventual déficit tarifario se compensará de manera automática con subidas de peajes.

Hasta septiembre, la demanda eléctrica fue un 0,2% inferior a lo previsto, lo que redujo los ingresos en 432 millones de euros. Este descenso de la demanda, señaló la liquidación de la CNMC, fue mayor entre los consumidores con más actividad.

En cuanto a las primas al régimen especial, entre las que figuran las renovables y la cogeneración, su coste fue de 7.697 millones de euros hasta septiembre, un 1,4% menos que lo previsto. Esta partida está 110 millones de euros por debajo de la previsión debido a que buena parte de las instalaciones fotovoltaicas ya cumplió el número de horas máximo con derecho a prima para todo el año.

Entre los ingresos del año, el regulador contabilizó 191,9 millones de euros adicionales procedentes de los excedentes del fondo de titulización de la deuda eléctrica. En total, la tarifa de este año sumó ingresos extraordinarios de 901 millones de euros por este tipo de excedentes.

El sistema eléctrico ingresó un total de 9.358 millones de euros hasta septiembre. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un diferencial positivo de 2.177 millones de euros.

No obstante, a este importe es necesario descontarle costes regulados a razón de 1.219 millones de euros para el transporte y 3.291 millones de euros para la distribución. Junto a esto, se reconocieron costes relacionados con las anualidades del fondo de la deuda eléctrica (FADE) de 1.229 millones de euros. El servicio de interrumpibilidad ocasionó un coste de 511 millones de euros en los nueve primeros meses del año.