En dos sentencias notificadas este viernes, el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que hizo público su fallo el mes pasado, rechazó los recursos interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa contra varias resoluciones en el mismo sentido dictadas el pasado mes de enero por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y afirmó que «la imposición de la obligación de financiar el déficit de tarifa» a las compañías eléctricas «está justificada».

Consideró que es normal que el legislador recurra a las cinco grandes eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.ON e Hidrocantábrico) para financiar el déficit, situación que se da cuando los ingresos del sistema eléctrico son inferiores a los costes y que ha generado una deuda que actualmente supera los 26.000 millones de euros.

«La razón por la que se ha impuesto la obligación debatida a unos grupos de empresas y no a otros (…) es sencillamente la de que son las principales del sector eléctrico. O sea, la misma que justificó en su momento que se les reconociera el derecho a percibir la compensación por los Costes de Transición a la Competencia» (CTC), indicó la sentencia.

A ello añadió que «las empresas concernidas no sólo son sus principales protagonistas sino que, además, representan su práctica totalidad«.

Incluso recordó a las compañías que «la aportación que se les exige consiste en un adelanto de determinadas cantidades para financiar los desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico del que forman parte esencial», por lo que, «en la medida en que cooperan para alcanzar ese objetivo, también actúan en su propio provecho».

Asimismo, rechazó que el reparto infrinja su derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, al considerar que la obligación de financiar el déficit «persigue un fin legítimo, es funcional y adecuada y no comporta una diferencia de trato desproporcionada».

En cuanto al reparto porcentual entre las cinco compañías, el Alto Tribunal dijo que tampoco lesiona el derecho a la igualdad debido a la posición de dominio que tienen en el sector, así como por la coincidencia de los porcentajes de financiación del déficit con los que se establecieron para compensar a esas mismas empresas por CTC.

Sobre la obligación de financiar el bono social, el Supremo apuntó que no guarda relación con financiar el déficit de tarifa y que no concurren las circunstancias para entender vulnerado el principio del derecho de la Unión Europea, recogido en la directiva que prohíbe las discriminaciones.

El Supremo condenó a Endesa y Gas Natural Fenosa a pagar las costas del proceso, que ascienden a 50.000 y 35.000 euros, respectivamente, y rechazó devolverles determinadas cuantías (336 millones de euros a Endesa y 81,2 millones de euros a Gas Natural Fenosa) abonadas por las compañías a principios de 2012 para cubrir el déficit.

El déficit eléctrico, que es la diferencia negativa entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico, acumula un histórico de 26.000 millones de euros, asumido por las eléctricas y emitido al mercado como deuda con el aval del Estado.

La CNMC explicó que la Sala de Supervisión Regulatoria solicitó en la reunión del martes a la Dirección de Energía «que abriera una fase de información previa sobre las oscilaciones de precios registradas en general, y específicamente entre el 2 y el 9 de diciembre». No obstante, la CNMC precisó que este «análisis» no prejuzga el resultado final de la investigación.

El precio medio del mercado diario mayorista se situó en los últimos días muy por encima de la media de noviembre (51,81 euros el megavatio hora, MWh) o de octubre (51,49 euros el MWh).

En concreto, la media del 2 de diciembre fue de 69,9 euros el MWh; el 3, de 81,5 euros; el 4, de 87,6 euros; el 5, de 80,2 euros; el 6, de 72,4 euros; el 7, de 86,3 euros; el 8, de 93,1 euros y el 9, de 85,6 euros.

Por su parte, y tras participar en la presentación del «World Energy Outlook 2013«, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció que había pedido a la CNMC un análisis sobre este encarecimiento de los precios en el mercado mayorista durante las últimas semanas, tanto «desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista regulatorio».

Nadal señaló que «es cierto que hay factores que explican ese incremento en el precio del mercado diario», (conocido como pool), dado que hay tres centrales nucleares paradas, ha hecho un «frío excepcional» y había poco viento, «condiciones que ayudan» a esa subida del precio.

Pese a ello, el Ministerio de Industria quiere «estar seguro de que son condiciones naturales, y que no hay ningún factor externo que ha influido sobre el precio del pool», según precisó Nadal.

Asimismo, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, recordó también en un encuentro con periodistas que ya se produjeron anteriores revisiones y que concluyeron que todo funcionaba correctamente.

Montes indicó también que hay factores que propiciaron estas subidas, como la escasez de viento, el aumento de la demanda y el parón de varias centrales nucleares.

En este sentido, más que por reformar el mercado diario del precio de la energía, el presidente de la patronal de las eléctricas abogó por liberalizar de una vez el mercado y que reine la competencia como en el sector de las telecomunicaciones.

Por último, la asociación que agrupa a los grandes consumidores de energía (AEGE) advirtió de que 21 fábricas pararon total o parcialmente su producción como consecuencia del repunte de los precios de la electricidad.

El pool eléctrico vuelve a superar la cota de los 90 euros por MWh

El precio medio diario del mercado mayorista de electricidad superó de nuevo en su cotización para este viernes el umbral de los 90 euros por megavatio hora (MWh), según datos del operador del mercado, Omel.

En concreto, el mercado mayorista marcó un precio de 90,44 euros por MWh, un nivel que sólo hasta ahora se había alcanzado el pasado domingo, así como puntualmente en 2002 y 2006.

El nuevo precio es ligeramente inferior a los 93,11 euros del domingo, que supusieron la cota más alta marcada hasta la fecha por el mercado mayorista, a excepción de los 103,75 euros alcanzados el 11 de enero de 2002, cuando el sistema eléctrico tenía dificultad para cubrir la demanda.

El borrador indicó que el déficit de tarifa del gas natural previsto para 2014 es de 413 millones de euros, lo que implicaría una subida de peajes del 13,8%. A este desajuste se debe añadir otro de 399 millones para 2013, con lo que «el incremento necesario de los peajes ascendería a un 27,24%», según lo previsto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y reconocido por Industria.

Pese a estas cifras, el departamento dirigido por José Manuel Soria indicó que se encuentra en pleno proceso de análisis del marco regulatorio del gas y que esta circunstancia, sumada a la «incertidumbre existente en las previsiones del déficit», hace aconsejable congelar los peajes.

«Se propone el mantenimiento de los peajes actuales a la espera de alcanzar mayor certeza sobre dichas cuestiones, momento en el que se actualizarían los peajes en caso de que fuera necesario», señaló el borrador del orden ministerial.

De hecho, la propia norma incluye una habilitación para que el Gobierno pueda revisar de forma trimestral los peajes en caso de que fuera necesario.

Otro elemento de incertidumbre es la evolución de la demanda. Para 2014, Industria estimó que se situará en 6,6 millones de megavatios hora (MWh), lo que implica una reducción capaz de mermar en 8,6 millones de euros los ingresos del sistema gasista.

En cuanto a 2013, Industria también vio incierta la evolución final del consumo. «La incertidumbre existente sobre la demanda en los últimos meses del año puede alterar significativamente el déficit final», advirtió la orden ministerial, que prefirió no incluir la cifra del desajuste anual y optó por tomar la previsión de 399 millones de euros elaborada por la CNMC.

En total, los costes regulados del sistema gasista serán de 3.396 millones de euros en 2014, de los que cerca de la mitad, 1.501 millones de euros, corresponden a la distribución. Entre los almacenamientos subterráneos no se incluye ninguna retribución asociada a Castor, cuya actividad de inyección de gas quedó suspendida por los seísmos en el área de Castellón.

Nadal dice que el déficit gasista se puede abordar con «tranquilidad»

En esta misma línea, y durante la presentación del «World Economic Outlook 2013«, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, reconoció que en el próximo año se abordará una reforma y que para ello están hablando con el sector para hacerla de la «forma más consensuada posible» y añadió que «lo único que hace esta orden ministerial es una congelación de tarifas a la espera de la reforma».

Sin embargo, Nadal dijo que todavía hay que ver cual es el déficit final, partiendo de que hay 400 millones de euros acumulados (a lo que habría que sumar los 812 millones de euros adicionales de 2013 y 2014) y que el ejercicio anterior «cerró en equilibrio». Todo pasa por la «gran incertidumbre» a la evolución de la demanda, según aseguró.

Pese a ello resaltó que el déficit del sistema gasista «lo financian las compañías gasistas» y está todavía en «cifras muy inferiores en términos relativos al del sector eléctrico» por lo que encima se puede abordar con «más tiempo y más tranquilidad».

Puerta abierta a posibles subidas en la factura de la luz

Sobre la financiación de los 3.600 millones de euros de déficit de tarifa para 2013 y la posibilidad de que las eléctricas cuenten con un aval del Estado para su titulización, Nadal explicó que Industria sigue «hablando con las principales compañías eléctricas y con todos los ministerios implicados».

No obstante, respecto a una posible repercusión de esta nueva situación en los consumidores, dejó la puerta abierta a posibles incrementos en la factura de la luz.

El secretario de Estado dijo que el Gobierno aprobará «antes de fin de año» una orden de peajes eléctricos, aunque no quiso precisar si incluirá una congelación de esta parte del recibo de la luz y que supone la mitad del precio final que abonan los consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR). «Allí se tomará la decisión correspondiente», se limitó a decir.

Además, Nadal señaló que la reforma eléctrica era «absolutamente necesaria y no existía alternativa» para «minimizar» los errores del pasado que se habían cometido en la política energética y añadió que se ha hecho salvaguardando los «derechos legítimos» de los que ya realizaron inversiones pero sin que los costes para el país sean «inaceptables».

El objetivo es establecer «mecanismos de mercado en la medida de lo posible para que los agentes tomen sus decisiones», por ejemplo, a través del fomento de mecanismos de eficiencia para futuros desarrollos de renovables, que se hará «con procedimientos de mercado», de modo que «no tenga ventaja quien llega primero a una ventanilla administrativa, sino el que consigue primero el objetivo de ser más eficiente».

La supervivencia económica está en los precios energéticos

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía destacó la necesidad de vigilar los precios de la energía, puesto que un precio de la electricidad competitivo es «fundamental» porque «lo que nos estamos jugando es la supervivencia de la economía española y muy especialmente del sector industrial». «Es uno de los factores que van a determinar la velocidad de salida de la crisis», dijo.

Nadal subrayó que «es la industria exportadora la que nos está sacando de la recesión», lo que la convierte en un sector «crítico» que precisa una «energía competitiva».

A nivel europeo, pidió «flexibilidad» para que cada país cumpla sus objetivos medioambientales en función de sus capacidades -por ejemplo, mediante renovables o eficiencia energética-, en lugar de establecer unos criterio concretos e iguales para todos que penalizan la competitividad.

También reconoció la importancia de preservar el control de las emisiones de CO2, pero señaló que el hecho de que Europa intente «sustituir al resto del mundo es literalmente imposible», ya que dañaría su tejido productivo.

José Manuel Soria aseguró en el Congreso de los Diputados que la retirada de los 3.600 millones de euros comprometidos para financiar el déficit de tarifa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado obedece a que hay un “objetivo superior” que es cumplir con el objetivo de déficit público. El ministro señaló que éste es el motivo por el que se propone ahora a las compañías eléctricas que este déficit de tarifa generado pueda emitirse como deuda que cuente con el aval del Estado «justamente para que no tenga repercusión en los precios al consumidor doméstico y en los precios industriales»; en caso de que las empresas acepten finalmente el aval, José Manuel Soria también descartó una subida de la luz: “no tendría por qué tener ningún impacto ni efecto en los precios”, sentenció antes de añadir que en el ejercicio completo de 2013 habrá subido un 0,9% aproximadamente.

Esta semana el propio ministro condicionó la concesión del aval del Estado a que las empresas del sector eléctrico, que soportan en sus balances el déficit de tarifa del sistema eléctrico, se comprometieran a no presentar recursos en los tribunales y retirar algunos pendientes, extremo sobre el que las empresas no se han pronunciado aún. Soria también defendió su labor y señaló que, de no haberse llevado a cabo las medidas para controlar el crecimiento del déficit tarifario, el sistema eléctrico hubiera ido a la quiebra. Además, apuntó que “gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno en el sector eléctrico en los últimos dos años”, el año 2013 en el sistema eléctrico «no solo no arroja déficit sino un pequeño superávit de decenas de miles de euros» entre los ingresos y los costes regulados del sistema.

Antes de que finalice esta semana tendrá lugar el debate del proyecto de Ley del Sector Eléctrico en el pleno del Senado. Un texto que se ha visto notablemente modificado por el PP en la Cámara Alta a través de algunas enmiendas tan significativas como las que han provocado las preguntas de los parlamentarios de la oposición al ministro de Industria por la retirada de 3.600 millones del sistema eléctrico: 2.200 millones de un crédito extraordinario que iba a realizar el ministerio de Hacienda a Industria y que finalmente Cristóbal Montoro no ha liberado al imponerse en su pulso sobre José Manuel Soria; 900 millones para cubrir la mitad de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en los sistemas insulares (Baleares y Canarias) y extrapeninsulares (Ceuta y Melilla) así como 500 millones relacionados con los impuestos de hidrocarburos que pasan a las comunidades autónomas.

La oposición cree que subirá el precio de la luz

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, se mostró «radicalmente en contra» de la eliminación de la partida presupuestaria y ha pedido al Gobierno una rectificación en el Senado y devolver al sistema eléctrico los 3.600 millones asignados para evitar que los costes de una medida adoptada «a escondidas, con premeditación y con alevosía, además de obviando el debate parlamentario» repercutan en los consumidores. Sánchez Llibre recordó que los precios de la energía en España son un 30% superiores a la media europea; por ello consideró que una nueva subida de la luz “es inasumible para las familias y para la economía productiva” por lo que pidió la rectificación del Gobierno ya que considera que “aunque se llegue a un acuerdo con las compañías eléctricas, finalmente van a repercutir esos 3.600 millones sobre los consumidores”.

La diputada socialista María Luisa Carcedo preguntó “Quo vadis señor Soria?, o mejor, ¿a dónde le conduce el ministro de Hacienda con sus permanentes desautorizaciones y contradicciones?” en referencia a que Montoro ha impuesto su criterio sobre Soria tal y como demuestra la enmienda introducida en el Senado. Carcedo continuó su intervención criticando la reforma de José Manuel Soria ya que “lleva dos años dando tumbos persiguiendo el equilibrio tarifario” mientras está llevando a España “a una situación de inseguridad jurídica y de incertidumbre para los inversores y la industria nacional” y le conminó a empezar de nuevo negociando más con el sector y dialogando también con los consumidores. Junto a esto, Carcedo recordó que el aumento de las tarifas merma la competitividad de la industria y lleva a las familias a la pobreza energética.