Este precio medio de los primeros días, que no puede extrapolarse al conjunto del trimestre, se marca en un contexto de menor demanda y mayor contribución eólica. La demanda fue de 734 gigavatios hora (GWh), un 6% inferior a la del mismo periodo de 2013, mientras que la eólica llegó a aportar el 47% de electricidad diaria, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) analizó la evolución del pool en los siete primeros días del año y concluyó que, gracias a la eólica, los precios fueron en este periodo un 68,5% más bajos que en diciembre, cuando las condiciones anticiclónicas redujeron considerablemente el recurso de viento.

En los siete primeros días, el precio medio fue de 20 euros, e incluso llegó a marcar, el 4 de enero, apenas 4,09 euros. En ese periodo, la producción horaria eólica media fue de 10.232 MWh y cubrió casi el 40% de la demanda.

Este porcentaje supera toda la demanda residencial del país, que es aproximadamente un 25% del total. Además, es un 54% superior a la producción diaria media del mes de diciembre, de 6.622 MWh.

Esta circunstancia «significa que, cuanto más viento, más bajos los precios de la electricidad», señaló la AEE, que recordó que la generación eólica entra a un precio marginal cero en el mercado mayorista eléctrico, por lo que desplaza a tecnologías más caras y rebaja el coste de la electricidad.

«De esta reducción de los precios del pool no se benefician directamente los consumidores domésticos (la mitad de su factura se fijaba, hasta la fecha, según la subasta CESUR y ahora se encuentra a la espera de la reforma del sistema que plantea el Gobierno), pero sí los grandes consumidores industriales que acuden al mercado mayorista», añadió.

La baja eolicidad fue, junto con el incremento de la demanda y la indisponibilidad de varios grupos términos, uno de los factores citados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para explicar la fuerte subida de precios en el pool durante el mes de diciembre.

Unesa mostró «su satisfacción por el hecho de que el informe de la CNMC haya concluido que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta Cesur del pasado 19 de diciembre, ratificando así lo que la propia asociación había expuesto al respecto».

La CNMC publicó este martes un informe en el que constató la concurrencia de «circunstancias atípicas» de carácter técnico, así como falta de «suficiente presión competitiva», en la subasta eléctrica anulada por el Gobierno, que hubiera supuesto un encarecimiento de la tarifa eléctrica de más del 10%, aunque evitó hablar de manipulación, como sí había hecho el Gobierno.

Unesa subrayó que las «circunstancias atípicas» a las que alude el informe no implica comportamientos ilícitos ni anticompetitivos.

No obstante, recordó que las compañías eléctricas sólo representan el 10% de la subasta Cesur y que la CNMC está a la espera de recibir una serie de datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para completar su informe sobre la subasta.

La patronal también afirmó que «en repetidas ocasiones y desde hace tiempo» propuso celebrar subastas mensuales y mejorar los aspectos técnicos de la subasta Cesur, con la que se determina la tarifa de la luz, «que no han sido tenidos en cuenta en el marco de la reforma eléctrica, a pesar de su relevancia» y de la «importancia» de las subastas como «elemento determinante en las variaciones de los precios eléctricos».

Aún así, Unesa mostró «su plena disposición a colaborar con el Ministerio de Industria en un rediseño de este mecanismo, con la esperanza de ser esta vez escuchada».

La CNMC decidió no validar, por concurrir «circunstancias atípicas», la subasta Cesur del pasado 19 de diciembre, en la que el precio del componente energético -que supone algo menos de la mitad de la tarifa- se encareció un 25,6%, lo que hubiera supuesto una subida del recibo de más del 10%.

Esto, unido a sospechas de «manipulación», llevó al Gobierno a suspenderla y fijar una subida más modesta, del 2,3% (1,4% por componente energético y 0,9% por la parte regulada) para el primer trimestre de año, mientras elabora un nuevo mecanismo.

En su informe, la CNMC advirtió de que «continúa investigando las circunstancias en que se desarrolló la subasta y el comportamiento de los agentes que participaron en la misma», ya que este informe se completará con los datos solicitados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por último, destacó el «importante papel» de las eléctricas para la economía española y aseguró que estas empresas «generan un bien básico para la sociedad y emplean a cerca de 37.000 personas de forma directa y a unas 150.000 de forma indirecta e inducida, entre ellas a numerosas pymes españolas». Además, invierten unos 2.000 millones de euros anuales.

«La incertidumbre regulatoria, como el caso de la inesperada cancelación de la subasta Cesur, desincentiva la participación en el mercado y crea un riesgo regulatorio adicional que se incorpora en los precios y que soportan los consumidores finales», según afirmó la federación de intermediarios financieros del área de energía.

Al pronunciarse acerca de esta «perjudicial intervención sobre el funcionamiento normal del mercado mayorista de electricidad en España durante el mes de diciembre», EFET reclamó «estabilidad» y aludió a «la importancia de la libre formación de precios y de un correcto diseño del mercado mayorista de electricidad en España».

Para la federación de «traders», resulta necesario que «todos los gobiernos y reguladores respeten ciertos principios básicos del Mercado Interior de Energía», entre los que citó cuatro.

El primero es la libre competencia y eliminación gradual de precios regulados. En este sentido, EFET apoyó el llamamiento de la Comisión Europea a implantar mecanismos de concurrencia que permitan la negociación de la energía de forma «abierta, transparente y sostenible, sin intervenciones políticas para fijar los precios». Dentro de este principio, la federación exceptuó los casos concretos de consumidores domésticos en los que haya escasez de combustible o exclusión social. Además, animó al regulador a que «siga fortaleciendo su función de supervisión independiente».

El segundo principio es el de que el mercado mayorista es la base para la formación de precios. «El Gobierno de España y el regulador nacional, la CNMC, deben trabajar en una reforma del diseño del mercado mayorista de electricidad en España con el objetivo de mejorar su profundidad y liquidez», afirmó.

El tercero consiste en la convergencia hacia el modelo europeo del mercado mayorista de electricidad para defender un marco regulatorio estable y predecible. EFET «animó al Gobierno para que asegure que los nuevos procedimientos de contratación que se establezcan sean consistentes con los principios del Mercado Interior de la Energía, eliminando cualquier duda sobre la validez de los precios que resulten del mercado mayorista y evitando la intervención directa sobre los precios», señaló.

Por último, aludió al principio de la «estabilidad regulatoria» y reclamó «un marco regulatorio estable y predecible como requisito para que un mercado funcione de manera correcta». «Los reguladores deben asegurar la libre concurrencia e investigar las actividades en el mercado de manera precisa», afirmó.

EFET indicó que el precio establecido por el Gobierno tras su «intervención» del mercado «dista mucho de los precios registrados» en el mercado, pese a estar referenciado a las cotizaciones del mercado. La decisión «ha dañado a un conjunto de empresas que operan de forma habitual en el mercado y que aplican sus mejores prácticas de gestión de riesgo», concluyó.