El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, negó de forma categórica que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya actuado «al dictado» de su departamento en la anulación de la subasta Cesur del pasado mes de diciembre, que subía el precio de la electricidad un 26%, encareciendo el recibo hasta un 11,5% para el primer trimestre de 2014. Soria aseguró que su actuación ha sido la que se esperaba del regulador: «Actuó de oficio, en cumplimiento de su estatuto y en el plazo de 24 horas tras las finalización de la subasta eléctrica», explicó el ministro.
Además, el ministro Soria afirmó que «el Gobierno no se ha inventado ningún precio» de la electricidad para el primer trimestre de 2014. El ministro explicó que la subida del 2,3% se debe entender en dos partes: una, la que se conocía antes de la subasta eléctrica y que se corresponde con la subida de los peajes decretada por el Gobierno y que hace que el recibo se encarezca un 0,9%, para poder amortizar a 15 años los 3.600 millones de euros de déficit de tarifa reconocido en 2013. Mientras que el otro 1,4% parte de una propuesta realizada por la CNMC a partir de los precios marcados en los mercados a plazo y futuro entre julio y diciembre de 2013 en relación con el primer trimestre de este año«.
Industria optó por esta opción con el objetivo de «reducir la volatilidad de los precios» antes de la subasta Cesur, en la que se estaban dando, según el ministro, unos niveles «singulares y no representativos» ya que se produjeron «circunstancias incapaces de asegurar el nivel requerido de seguridad y competencia en el mercado», motivo que condujo a la invalidación del proceso según justificó Soria.
El ministro descartó que la subida marcada en la subasta obedeciera exclusivamente a los factores a los que ha aludido la Asociación Española de la Industria Eléctrica, la patronal del sector eléctrico. Respecto a la demanda, señaló que las frías temperaturas que se produjeron en diciembre hicieron que la demanda creciera un 1,5% respecto a diciembre de 2012. El ministro también hizo alusión a la baja oferta de energía, punto en el que hizo referencia al menor funcionamiento de tecnologías como la eólica, hidráulica y también en la energía nuclear, punto en el que José Manuel Soria quiso remarcar «una inusual falta de disponibilidad de estas centrales«. Por ello, el ministro justificó la anulación de la subasta ya que «estas circunstancias coyunturales se estaban trasladando a los precios de los próximos tres meses».
Soria señaló además que en la actualidad su departamento trabaja en el «diseño de un nuevo mecanismo de precios» eléctricos y considera que la normativa que puso en marcha las subastas Cesur en 2009 no ha sido capaz de «cumplir su objetivo» en toda su extensión. Además indicó que la orden ministerial que desarrolla el real decreto de 2009 sobre las subastas Cesur tenía una «laguna legal», ya que permite la suspensión de la puja para los contratos en punta, pero no para los de precio base, que son los que acaban determinando «el 95% del precio final».
Por tanto, según explicó el ministro y en sintonía con lo expresado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 27 de diciembre, el Gobierno trabaja en establecer un mecanismo «definitivo» que sustituya al «transitorio» actual y que pueda servir como referencia para la fijación del precio a partir del 1 de abril para los consumidores, la mayoría acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), antigua Tarifa de Último Recurso (TUR).
«Ralentización» en la subida de la luz
Empeño en manejar cifras exhibió el ministro Soria al comienzo de su intervención para poder presumir de una «ralentización» en el incremento del precio de la luz desde que el PP llegó al Gobierno en 2012, después de ganar las elecciones generales de noviembre de 2011. Para ello realizó comparativas entre el período de Rodríguez Zapatero y el actual respecto a la evolución del recibo de la luz.
En concreto, señaló que en el periodo comprendido entre 2004 y 2011 el consumidor doméstico medio, que gasta unos 2.250 KWh al año, experimentó un incremento de precios globales del 62,3%, lo que supone una subida media anual del 6,5%, mientras que entre 2012-2013 el incremento fue del 6,3%, una subida anual media del 3,2%.
Por su parte, dijo, una familia con dos hijos y un consumo de 3.000 KWh al año, entre 2004 y 2011 sufrió un incremento del 67,2%, lo que supone una media anual del 6,9%, mientras que entre 2012-2013 su recibo experimentó un crecimiento del 3,8%, lo que se traduce en una subida media anual del 1,9%. Reflexiones que hizo extensivas para los precios establecidos al sector industrial.
«Insólito en la historia política española»
Respecto al conjunto de críticas realizadas por la oposición, José Manuel Soria calificó como “insólito en la historia de la política española” que “toda la posición critique” al Gobierno por “evitar una subida de la luz del 11%” en enero y haberla dejado en el 2,3%. El ministro dijo que los grupos de oposición “tendrán que explicarle a los ciudadanos” por qué rechazan la actuación del Gobierno y con una “actuación hostil”. “Se dice que el Gobierno ha intervenido, pero es justo lo contrario”, ya que lo que ha hecho ha sido “velar para que se cumplan las reglas del mercado”, añadió.
Soria recordó que el Ejecutivo prepara un real decreto en el que se facilita la comprensión de la factura de electricidad y aludió a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para señalar que el precio que pagan los hogares por la electricidad se redujo un 3,7% en 2013, lo que supone la mayor bajada en once años.
Presión sobre la CNMC
Por parte de los grupos de oposición, el diputado socialista José Segura criticó la “incertidumbre” regulatoria creada con la fijación del precio de la electricidad para el primer trimestre del año y consideró que los últimos acontecimientos en el sector, como la sentencia que da la razón a la patronal Unesa, demuestran que “se está desmoronando la normativa eléctrica”. Además, Segura consideró que las circusntancias atípicas aludidas por la CNMC en sus informes son «muy discutibles» y, desde su experiencia política y parlamentaria, afirmó que no recuerda «vapuleo mayor» al que ha recibido el Ministerio en el último mes.
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre consideró que el Gobierno “debería haber sido más previsor ante la posibilidad de que se dieran circunstancias atípicas” durante la subasta eléctrica, a la vista de que, como señala el informe de la CNMC, esta situación “se venía conociendo con bastante antelación” a la puja. Sánchez Llibre también preguntó al ministro si consideraba que se había precipitado al apuntar que se había producido una «burda manipulación» en la subasta CESUR.
Por parte del PNV, Emilio Olabarria fue especialmente duro con el ministro Soria, cuya gestión calificó como «epítome de la torpeza» y apuntó que sus declaraciones «acusando a las eléctricas de burda manipulación rayan la temeridad». Olaberria señaló que los movimientos inusuales” sobre los que se justifica la anulación de la subasta es un “concepto de lo más metajurídico”. “No sé en qué ámbito del ordenamiento jurídico este tipo de previsiones está considerada”, ironizó, antes de preguntarse si la invalidación es iniciativa de Industria, de la CNMC o de la CNMC a instancias de Industria. También aprovechó su intervención para interrogar al ministro Soria sobre qué está negociando el Ministerio con Nuclenor para permitir la vuelta a la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña. Sin éxito.
La diputada de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, consideró que el Gobierno “tiene que buscar sanciones y culpables si se habla de burda manipulación”, ya que “alterar los precios es un delito”. “Lo que permite manipular burdamente es la regulación”, que permite que “cinco empresas controlen la actividad”, señaló. Respecto a las palabras del ministro José Manuel Soria, Laia Ortiz señaló que su intervención había sido la escenificación de un fracaso: «no ha conseguido nada de lo que se propuso; por sus erradas decisiones y sus erróneos diagnósticos».
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó el “intervencionismo” del Gobierno en un mercado eléctrico que “debería ser competitivo en una economía desarrollada”. En este sentido, Gorriarán acusó al Gobierno de hacer siempre «lo contrario al sentido común». Además, reclamó una auditoría de costes en el sistema eléctrico, advirtió de que “los parches regulatorios acabarán desgarrando el tejido” del sistema eléctrico y consideró que la reforma energética “ha nacido muerta” y formará parte del “museo de los fracasos legislativos de la democracia española”.
La Comisión Europea no acepta el Plan de Cierre del carbón
La comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en la Comisión del Congreso de los Diputados también tuvo otro protagonista: el carbón. José Manuel Soria comunicó que la Comisión Europea no ha aceptado el Plan de Cierre de la minería no competitiva remitido a Bruselas por el Gobierno el 21 de octubre de 2013.
Asimismo, según señaló el ministro, la decisión fue comunicada por carta el 9 de diciembre de 2013. Los motivos que alega la Comisión Europea son que las cifras facilitadas por las empresas “carecen de la suficiente credibilidad y nivel de detalle, porque no se prevén reducciones significativas en la producción de carbón en varias unidades de producción; el nivel de desglose del coste es insuficiente y varias de las minas del plan podrían ser competitivas a partir del año 2015. Como consecuencia, se plantean dudas en cuanto a su cierre a partir del año 2018”, dijo Soria.
En la misma carta, la Comisión Europea también considera que las ayudas desde el año 2011 son consideradas “ilegales” y “no justificadas”. De esta forma, Bruselas argumenta que no puede autorizar ninguna ayuda a la explotación de minas que no cierren como máximo en 2018 y reclama al Gobierno que envíe una nueva versión del Plan de Cierre “que cumpla con los requisitos establecidos”.
Finalmente, Soria informó de que ya se ha enviado a las empresas mineras un requerimiento para que completen los datos solicitados por la Comisión, con el objetivo de cumplir el requerimiento a la mayor brevedad.
Críticas de la oposición
La diputada socialista María Luisa Carcedo denunció que las comarcas mineras están abocadas a una situación de «pobreza» y criticó el «afán» del Gobierno por «ahogar» y «hundir» a las empresas mineras y «destruir el empleo». Además, advirtió de que «habrá Mequinenzas por toda España» cuando empiecen los cierres, a pesar de que España sigue importando carbón.
Por la Izquierda Plural, Chesús Yuste volvió a calificar de «insuficientes» y «ridículos» los recursos asignados al Plan del Carbón, y expresó su temor a que las minas españolas no cierren en 2018, como prevé la UE, sino «ya mañana por decisiones del Gobierno«. Además, reclamó a Soria que garantice que el año próximo habrá un nuevo decreto obligando a quemar carbón autóctono y que explique cómo hará que las térmicas lo cumplan.
Soria salió en defensa del Plan del Carbón, del que recordó el acuerdo alcanzado en octubre del año pasado: «Podrá gustar más o menos, pero es la primera vez desde que hay planes de reestructuración de la minería del carbón que se pone sobre la mesa un plan acordado entre Gobierno, sindicato y empresas», replicó el ministro a la oposición. Por parte de la bancada del PP, el diputado Ovidio Sánchez acusó a los socialistas de «cínicos» por «alarmarse» por el cierre de la minería cuando fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que firmó ese decreto, y aseguró que el Ministerio de Industria está comprometido con la continuidad del sector.
Industria no puede obligar a Endesa a quemar carbón de Mequinenza
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró»innecesario e inconveniente» forzar a Endesa, propietaria de la central de Andorra (Teruel), a consumir el carbón «problemático» de la mina de Mequinenza (Zaragoza), con el que ha tenido una experiencia muy negativa ya que ya ha quemado carbón de esta mina en el pasado, «lo que le causó problemas para la generación», tal y como revela un informe del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos del 2012 que entregó al Ministerio la eléctrica.
Este informe reconoce «que no pueden hacerse afirmaciones con total seguridad» pero que es «perfectamente posible» que existan «sinergias negativas» entre ambos carbones (el de Mequinenza y el que utiliza la central), y también alerta sobre problemas «serios» de fusión, lo que impide que el carbón de la empresa Carbonífera del Ebro pueda quemarse conjuntamente con el que actualmente utiliza la central. En consecuencia, el ministro ha hecho alusión a varios problemas que podrían afectar a la explotación de la central térmica de Endesa. Por tanto, Soria considera que «forzar» a Endesa a consumir ese carbón podría derivar en una responsabilidad de la Administración «que no está justificada en modo alguno».
Por parte de la Izquierda Plural, tras acusar a Soria de «abocar al cierre» a la mina por su «pasividad» ante los desplantes de la empresa energética, Chesús Yuste le exigió su dimisión si no es capaz de dar soluciones a los trabajadores de Mequinenza, que llevan un año inactivos, o le retó a «dar la cara si lo que quiere es que la mina cierre». Por parte del PP, Ovidio Sánchez confió en el éxito de las medidas reindustrializadoras y de ayuda a la comarca.
