Costa, que presidió este ente regulador entre 2005 y 2011, estimó que los únicos costes que deberían incluirse en el recibo, además del consumo de energía, son los «directamente vinculados» con el suministro, como puedan ser la distribución o el transporte, que garantizan que la electricidad llegue a un hogar una vez generada.

En cuanto al resto de conceptos debería «limpiarse un poco la tarifa de partidas que responden más a objetivos de política energética que en realidad al coste del consumo de energía que realiza el consumidor».

De esta forma, se refirió a costes como los llamados extrapeninsulares, es decir, lo que cuesta llevar la luz a las islas Canarias, Baleares y a Ceuta y Melilla, que en su opinión deberían trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado. Las primas a las tecnologías acogidas al régimen especial o bien las subvenciones al carbón nacional son otros conceptos incluidos en el recibo de la luz que están en el centro del debate.

Según Costa, «cuanto más nos alejemos de lo que sería la formación de precios por parte del mercado más riesgo corremos de equivocarnos».

En cualquier caso, admitió que la solución a un problema de tales dimensiones como el del déficit de tarifa eléctrica es «siempre incómoda», porque supone «apretar» más los presupuestos del Estado o bien cargarlo sobre consumidores u operadores eléctricos.

Costa opinó que el desfase entre ingresos y costes del sistema fue creciendo paulatinamente con los años hasta adquirir unos «volúmenes importantes» que suponen un desequilibrio en torno a unos 30.000 millones de euros.

Preguntada por si ve riesgo de déficit de tarifa en el gas, comentó que «sería de desear que no se redujeran los ingresos del sistema porque si se toman decisiones en ese sentido comenzaremos a cambiar un poco el buen servicio que siempre había habido en este sector».

En cuanto a la subasta eléctrica, cuyo funcionamiento se puso en cuestión el pasado diciembre, opinó que deberían hacerse «mejoras técnicas» para que los precios se fijen de una forma «más sintética» y se evite «una prima de riesgo implícita en el precio».

Costa hizo también un llamamiento al «entendimiento» a las eléctricas tradicionales, englobadas en la patronal Unesa, y al sector de las renovables. «A mí me parece que es absolutamente imprescindible buscar un interés común, una solución compartida entre quienes han apostado por hacer inversiones en el sector energético», añadió.

Costa, que dirige la cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona, participó en el Simposio Empresarial Internacional sobre «Innovación y Sostenibilidad Energética«, organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam) y que se celebró en el Parc Científic de la ciudad condal.

La expresidenta de la CNE incidió en que la innovación aplicada a la energía debe tener apoyo público, además de la iniciativa privada, para afrontar los retos del sector, mejorar la eficiencia y reducir los efectos sobre el medio ambiente.

Costa defendió que la innovación debe ser transversal y no aplicarse sólo a la generación, sino también a la distribución y al consumidor final, para que los ciudadanos y empresas tengan información (a través de las «smart greeds» y contadores inteligentes) y puedan autogestionar su consumo para hacerlo más eficiente.

Sánchez Galán, en declaraciones a la cadena Cope, subrayó que el 60% de lo que pagan los ciudadanos en su factura de la luz «no tiene nada que ver con la energía ni con los cables que le llevan esa energía a sus casas», sino con subvenciones, tasas e impuestos que no deberían realmente figurar en el recibo.

«La factura de la luz desde tiempos remotísimos ha sido un cajón de sastre, donde se han ido metiendo cosas variopintas. Hay algunos impuestos y partidas que vienen de la época de Franco y que ahora son impuestos de electricidad que van para financiar las comunidades autónomas», explicó.

Además, argumentó que al recibo de la luz también se cargan políticas sociales, territoriales, medioambientales, tecnológicas y industriales, políticas con las que el presidente de Iberdrola se mostró «absolutamente de acuerdo», pero que deben financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado, que para eso los ciudadanos «pagan sus impuestos».

«La factura de la luz no es su sitio. Creo que para esas políticas, igual que se hace en otros países, como Estados Unidos, deben utilizarse los Presupuestos del Estado, y si no son suficientes pues tendrán que ajustar sus impuestos para que todas esas políticas se hagan desde los Presupuestos», indicó desde la localidad suiza de Davos.

«En España y en otros países europeos estamos en un camino que nos está llevando a una falta de competitividad terrorífica. Están encareciendo sobremanera, y eso hace que el tejido productivo pierda competitividad», advirtió, por lo que abogó por acometer «políticas de otro tipo».

Sánchez Galán, recién elegido presidente del grupo de las eléctricas del Foro Económico Mundial, insistió en que esta situación debe cambiar y saludó que Europa se lo esté empezando a replantear. «La factura de la luz no puede seguir siendo un cajón de sastre donde quepa todo», concluyó.

En declaraciones a los periodistas en el marco del Foro Económico Mundial, celebrado en Davos (Suiza), Soria dijo esperar que la revisión de los sistemas de fijación de las tarifas eléctricas den «mayor estabilidad» que hasta el momento.

El ministro explicó que los criterios de los informes serán «de mercado», ya que se pretende que con el nuevo sistema que determinará los precios de la luz, éstos sean «mucho más reflejo que lo que dicen los mercados», apuntó.

Respecto al proyecto Castor, en Valencia, donde la actividad se encuentra paralizada desde el mes de septiembre, Soria apuntó que más allá de lo que determinen el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Nacional, espera otros informes de expertos nacionales e internacionales «que orienten qué podemos hacer».

Sobre la posible reapertura de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), el ministro sostuvo que la normativa es «clara desde el punto de vista de seguridad nuclear».

Así, indicó que será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que determine si puede continuar o no abierta, al tiempo que aclaró que desde el Gobierno se han determinado las «condiciones económicas» de la central.

«Hemos creado unos tributos nuevos que gravan el almacenamiento de residuos nucleares y a partir de ahí son las empresas las que decidan si desean o no plantear una prórroga», añadió.

Preguntado por las denuncias ante organismos internacionales de las empresas de renovables, Soria señaló que serán las distintas cortes de arbitrajes las que decidan al respecto, aunque el Gobierno actuará en base a los informes de los servicios jurídicos del Estado y lo dictaminado por el Tribunal Supremo.

De esta forma, aseveró una «total y absoluta» seguridad jurídica, y recordó que el Tribunal Supremo dio la razón a las medidas puestas en marcha en 2010 que supusieron una reducción de los incentivos a las plantas solares fotovoltaicas.

El ministro está en Davos para participar en un foro sobre la energía en Europa junto con responsables ejecutivos de empresas y ministros de energía de distintos países, en el que también estarán presentes los comisarios europeos de Energía, Günther Oettinger, y Competencia, Joaquín Almunia.

A la espera de que el Ejecutivo defina un nuevo mecanismo estable para el establecimiento de los precios de la electricidad, el Ministerio de Industria aprobó un procedimiento transitorio que permitió esquivar el «tarifazo» eléctrico, derivado de una subasta Cesur que habría causado un incremento de casi el 11% en la factura de los consumidores.

Con el decreto ley, el Gobierno pretende eludir la «laguna legal» existente en la normativa vigente sobre la fijación del precio de la luz en caso de anulación de la subasta. Lo hace además a la espera de la definición del mecanismo definitivo, en el que trabajan tanto el Ministerio de Industria como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el precio provisional, se utilizó como referencia el precio de cotización a plazo del Operador del Mercado Ibérico a Plazo (OMIP) para el primer trimestre de 2014 marcado durante los últimos seis meses de negociación disponibles. Así, se fijó un precio para el primer trimestre del año de 48,48 euros por megavatio hora (MWh) para el producto base y de 56,27 euros por MWh para el punta, cantidades que serán de aplicación para el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor.

En definitiva, estos precios suponen un incremento del 1,4% para el coste de la energía, a lo que se debe sumar el incremento del 0,9% correspondiente a la parte regulada, conocida como peajes. En total, un 2,3% de subida para los tres primeros meses del año.