Industria dice que el aumento de la parte fija del recibo de la luz reducirá la factura de las familias

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Al aludir a esta modificación en la estructura del componente regulado de la tarifa, Industria explicó el funcionamiento del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que marca el precio de la luz al que pueden acogerse la mayor parte de consumidores domésticos y que sustituye desde enero a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Este precio regulado, señaló, se calcula mediante la conjunción de un precio de mercado, que retribuye la energía, y los peajes de acceso, esto es, la parte regulada del recibo, que fija el Gobierno para sufragar los costes regulados (transporte, distribución, primas a las renovables o ayudas al carbón) y que tiene un peso de en torno al 55% del total.

Los peajes de acceso tienen a su vez dos partes, una de ellas fija, que depende de la potencia contratada, y la otra variable, que depende del consumo eléctrico de cada consumidor.

«El Gobierno ha modificado la ponderación de estas dos partes para que no se penalice a los consumidores que más consumen, como se venía haciendo los últimos años», señaló Industria.

Así, el pasado sábado se estableció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una subida del 17,9% en el término fijo de la factura, y una reducción de casi el 6,9% en el término variable de los recibos de la luz.

Ante las críticas que apuntan que este cambio en la ponderación supone un lastre para las familias y desincentiva la eficiencia energética, el departamento dirigido por el ministro José Manuel Soria recordó que, en los últimos años, el recibo eléctrico experimentó una fuerte subida y que su impacto fue mucho mayor sobre los hogares que más consumo tienen. En el periodo 2004-2011 la factura media para las familias con dos hijos se incrementó un 67,2%, frente a un 62,3% de media para los consumidores domésticos en ese periodo.

Para las segundas residencias y viviendas vacías, que tienen menos consumo de energía, la subida media en ese periodo fue del 53,3%, es decir, nueve puntos menos que la media de los consumidores domésticos.

«Esto es así porque una parte de los costes fijos del sistema eléctrico se pagan en función del consumo y por tanto, la parte que le correspondería a las segundas residencias y viviendas vacías, la están pagando las primeras residencias que tienen un mayor consumo«, señaló.

Industria señaló que en las últimas órdenes de peajes el Gobierno ha ido corrigiendo esta situación de «desequilibrio» en la factura eléctrica desde las primeras residencias y familias con hijos hacia las segundas residencias y viviendas vacías.

De esta forma, cambió la ponderación entre la parte variable del peaje y la parte fija para dar cada vez más peso relativo a ésta última. Si en enero de 2013 la parte fija era el 35% y la variable el 65%, ahora la primera pesa un 40% y la segunda un 60%, después de haberse igualado en diciembre de 2013.

Esta «reponderación no supone un incremento de la factura, sino una transferencia entre consumidores eléctricos a favor de aquellos que más consumen, especialmente las familias con hijos», señaló. No obstante, conllevará un incremento de los peajes para «hacer frente al crecimiento de los costes regulados».

Los cambios «ya han comenzado a tener impacto en la factura de las familias», hasta el punto de que en 2013, año en el que la factura de un consumidor medio bajó un 0,9%, la factura eléctrica para las familias con dos hijos se redujo un 3,1% frente a la subida del 3,4% de la factura de la luz para las segundas residencias.

El consumo de energía eléctrica cae un 1% durante el mes de enero

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La demanda bruta de electricidad peninsular fue de 21.961 gigavatios hora (GWh), un 2,6% inferior a la de enero del 2013, según informó Red Eléctrica de España (REE).

La producción de origen eólico del mes alcanzó los 6.628 GWh, un 5,4% superior al mismo periodo del año pasado y supuso el 29,7% de la producción total, lo que la convierte en la fuente de mayor aportación.

La nuclear generó un 20,3% del total; la hidráulica, un 18%; cogeneración y otros, un 12,1%; el carbón, 9,2%; el ciclo combinado, el 6,7%; la térmica renovable, el 1,8%; la solar fotovoltaica, el 1,8%, y la solar térmica, el 0,4%.

En el mes de enero, la generación procedente de fuentes renovables representó el 51,7% de la producción. Además, el 70,2% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Endesa propone la liberalización de la tarifa en 2016 y mantener las revisiones de forma trimestral

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En la propuesta, se fija el 1 de enero de 2015 como fecha para la liberalización de los suministros con potencias superiores a 5 kilovatios (kW), así como el 1 de enero de 2016 para el conjunto de los clientes, salvo los que tengan bono social.

Al abordar la revisión de la tarifa, en cuyo nuevo sistema de funcionamiento trabaja Industria tras la invalidación de la subasta de diciembre, Endesa se mostró partidaria de mantener un sistema de fijación trimestral.

«Respecto al horizonte temporal de las compras de energía, cuanto más largo sea el periodo, mayor será el riesgo de volumen en el que incurren los comercializadores», señaló, antes de proponer que se mantenga la revisión trimestral de la tarifa y que no se realicen compras de energía con antelación mayor al trimestre anterior.

No obstante, propuso cambios en la forma de realizar estas revisiones trimestrales y se decantó por que las subastas y las cotizaciones del mercado pesen al menos provisionalmente un 50% cada una dentro de la revisión del coste de la energía.

En el caso de las subastas, habría tres al trimestre, o una cada mes, mientras que en el de las cotizaciones se tomaría como referencia la media aritmética de los productos trimestrales en el mercado a plazo de OMIP durante los tres meses anteriores.

Pese a que subastas y mercado pesarían inicialmente un 50%, las subastas dejarían progresivamente de tener influencia hasta desaparecer progresivamente. Además, habría libertad de participación por parte de los comercializadoras.

Al reflexionar sobre el precio regulado, Endesa dijo que «la tarifa de último recurso obstaculiza el desarrollo de un mercado competitivo», por lo que cualquier reforma del mecanismo de cálculo del PVPC «debe estar orientada a una total liberalización del mercado», señaló, antes de considerar que la competencia en el mercado ha aumentado «considerablemente» desde 2009.

El mercado eléctrico mayorista cierra enero por debajo del precio de tarifa

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Según los datos facilitados por el operador del mercado Omie, el precio medio del mercado eléctrico mayorista en enero fue de 33,62 euros el megavatio hora (MWh), un 30,57% más bajo que el fijado por el Gobierno, 48,41 euros el MWh.

El Gobierno fijó en diciembre un precio de 48,41 euros el MWh para el componente energético de la tarifa durante el primer trimestre del año, aunque la evolución del mercado podría arrojar un coste más alto o más bajo que este.

Para cubrir esta eventualidad, el Ejecutivo decidió que fueran los consumidores quienes prestaran la cobertura a posteriori, de forma que si el precio es más alto compensarán a las empresas las cantidades que correspondan en el trimestre o trimestres posteriores y si es menor se traducirá en una rebaja de tarifas o en una subida menor.

De esta manera, si la rebaja del precio de mercado experimentada en enero (un mes de elevada producción eólica, que presiona a la baja) se mantiene en febrero y marzo, los consumidores podrán recuperar en futuras facturas parte de lo abonado, a través de un abaratamiento de la tarifa o un recorte en la subida.

La revisión de la tarifa de último recurso (TUR) (denominada precio voluntario al pequeño consumidor), a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, se determina mediante la conjunción de dos componentes: el energético, que se fija en una subasta trimestral, y los costes regulados, que fija el Gobierno.

Sin embargo, la subasta de diciembre, que negociaba la electricidad para el primer trimestre de 2014, fue anulada por el Gobierno después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectara «circunstancias atípicas».

Ante esta situación, el Ejecutivo inició una reforma del mecanismo de subasta y fijó el importe de la revisión tarifaria, al margen de la puja y en línea con las recomendaciones de la CNMC.

La captura de CO2 puede crear 250.000 empleos e inversiones de 23.000 millones hasta 2030

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En la presentación del monográfico «Usos del CO2: un camino hacia la sostenibilidad«, el presidente de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, Javier Alonso señaló que estos cálculos no tienen en cuenta los posibles usos del CO2, que actualmente ya son múltiples y siguen creciendo, aunque todavía suponen un porcentaje «marginal» respecto a las emisiones mundiales de 25.000 millones de toneladas al año de este gas.

El análisis de inversiones y empleo toma de referencia 2020 como año en que puede empezar a desarrollarse masivamente la captura, transporte y almacenaje de CO2 en España, y la mayoría de los 250.000 empleos augurados corresponden a la construcción de infraestructuras (188.000 de captura, 36.500 de transporte y 23.500 de almacenaje).

Asimismo, comentó que estos empleos provendrían, básicamente, de la construcción de las instalaciones necesarias para capturar el CO2 en grandes consumidores de energía, como puedan ser las cementeras, las fábricas de cerámica, las refinerías o las centrales térmicas.

Además, calculó que unos 38.000 puestos de trabajo corresponderán a universitarios, y se deben sumar 6.000 empleos estables para la operación y mantenimiento de las instalaciones una vez construidas.

En cuanto a las inversiones, de los 23.000 millones de euros totales, 16.600 serán en el ámbito de la captura, 3.900 en el transporte y 2.400 en el almacenamiento, con un despliegue inicial de los equipos de captura junto a los grandes focos de emisión, como centrales térmicas, cementeras, acerías, industrias cerámicas, refinerías y ciclos combinados.

La responsable de I+D de Carburos Metálicos, directora de Matgas y coordinadora del monográfico, Lourdes Vega, recalcó que el CO2 «no es como lo pintan» y que supone «un recurso» del que no se debe ver sólo su vertiente negativa como gas de efecto invernadero, y puso como ejemplo que se bebe cada día con refrescos, cervezas y aguas carbonatadas.

Vega explicó que el CO2 tiene usos sustitutivos de otros compuestos más perjudiciales para el medio ambiente, como el cloro y la acetona, y que se utiliza para limpieza textil, extinguir incendios, enfriar componentes electrónicos, extraer petróleo en las fases finales de los yacimientos, tratar aguas, envasar ensaladas y carnes en atmósferas protectoras, extraer la cafeína del café, alimentar el crecimiento de vegetales, sintetizar fármacos y crear nuevos materiales como el carbonato de calcio precipitado, que sirve para blanquear papel, entre otros usos.

El conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, constató que «es necesaria la investigación», y que el desarrollo de redes y plataformas es esencial para la conectividad de los investigadores, independientemente de dónde estén situados, y puso a Matgas como ejemplo de colaboración público-privada. Además, bromeó al comentar que los economistas, como el CO2, también tienen «mala prensa».

La Asociación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 está promovida por diversos sectores industriales, centros de investigación y universidades españolas, y recibe financiación del Gobierno central, por lo que aúna representantes de los ministerios de Economía, Industria y Agricultura.

Su objetivo es abordar un desarrollo tecnológico en España que contribuya a disminuir el impacto ambiental, social y económico de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Matgas es un centro de excelencia en CO2 y sostenibilidad surgido en 2001 de la alianza de Carburos Metálicos (del grupo Air Products), el Consejo de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Autònoma de Barcelona, en cuyo campus se ubica.

Soria dice que el precio de la luz fijado tras invalidar la subasta «no es un precio intervenido ni político»

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Tirar la piedra y esconder la mano. Si bien el ministro de Industria había reculado en sus declaraciones desde que habló en una entrevista a ABC
 de una «burda manipulación» de la 25ª subasta CESUR, ahora vuelve a la carga de forma indirecta. José Manuel Soria relacionó vagamente el incremento del precio del mercado mayorista o pool con la retirada de los 3.600 millones de euros del sistema eléctrico a través de una enmienda a la Ley del Sector Eléctrico que se introdujo el 29 de noviembre.

Según manifestó Soria, «el relato de los hechos deja una evidencia empírica: antes de la enmienda del Senado, entre el 22 y el 29 de noviembre, los precios aumentaron un 1,8%. Se presenta la enmienda y, ¿qué ocurre?: pues que a partir del 2 de diciembre empieza una escalada de precios del 15,8% hasta el 19 de diciembre. Y después de la subasta del día 19 cae un 11,2% hasta el 24 de diciembre. He ahí lo ocurrido», afirmó Soria.

Posteriormente, el senador socialista José Montilla se refirió a estas palabras y las denominó como «una teoría interesante alrededor de la enmienda pero que suena demasiado a conspiración«. En este punto, Soria se curó en salud: «He hecho un relato de lo que ocurrió, pero no he establecido nunca una relación causa-efecto; eso lo ha dicho usted y si eso me ha entendido, no es así», ironizó el ministro.

Precio de mercado

Durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado para explicar la suspensión de la subasta eléctrica, Soria señaló que el precio de la electricidad parte de «una referencia total del mercado» y es fruto de sus cotizaciones.

En concreto, dijo, «corresponde a la evolución media de precios del mercado a plazo durante los seis meses previos a la subasta», según las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El pasado diciembre, la CNMC decidió no validar el resultado de la subasta Cesur para el suministro a tarifa durante el primer trimestre del año, que apuntaba a una subida de la luz de más del 10,5%, al detectar «circunstancias atípicas» en el desarrollo de la misma.

Así, el Gobierno suspendió la aplicación del resultado de la puja y determinó que a partir del 1 de enero la tarifa subiría un 2,3% (un 1,4% por el componente energético y un 0,9% por los costes regulados).

En su discurso hizo además una relación temporal de los acontecimientos en el sector eléctrico previos a la Cesur. Entre ellos, citó una reunión el 28 de noviembre con las compañías eléctricas «para comunicarles la decisión del Gobierno de no proceder a la transferencia de lo establecido» en la ley en la que se recogía un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros de dinero público destinado a la tarifa eléctrica.

Posteriormente, continuó el ministro, Industria remitió el 10 de diciembre una comunicación a la CNMC para que «proceda al análisis de los precios que se estaban observando». El procedimiento informativo abierto por el regulador aún no se ha cerrado, indicó.

Asimismo, recordó que los precios eléctricos mayoristas subieron en diciembre por la confluencia de varios factores, entre ellos la poca producción eólica, la menor disponibilidad de centrales nucleares o un aumento de la demanda como consecuencia de una ola de frío. Además, durante la subasta se produjo «un nivel de competencia inferior al requerido».

Sin embargo, todos estos factores apuntaban a una subida final de la tarifa «de entre el 5% y el 6%». «No había ninguna previsión de que el resultado de la subasta pudiera llegar al 10,5%», afirmó. «En un mercado medianamente competitivo es algo impensable» que estas circunstancias supongan una subida tan alta de precios.

Por todos estos motivos, el titular de Industria indicó que el Gobierno invalidó la puja y estudia un nuevo sistema para establecer los precios voluntarios del pequeño consumidor de cara al segundo trimestre del año, para lo que «está hablando con todas las partes implicadas: empresas, eléctricas, operadores financieros y comercializadoras incluidos».

Las únicas referencias del ministro sobre el nuevo mecanismo de fijación de precios eléctricos en el que trabaja el Gobierno es que intentará fijar «un precio más directo y más transparente que atienda mejor a las señales del mercado«, así como dotar de «estabilidad al sistema» para que haya «más competencia y una liberalización más real de la que hay«.

Una evolución «sustancialmente mejor» desde que es ministro

Por otra parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo aseguró que, en términos de efecto tanto a nivel industrial como de uso doméstico, «basta con comparar la evolución del período 2004-2011 con el de 2012-2013» para ver que la evolución del precio de la luz es «sustancialmente mejor» desde 2012, cuando adquirió la cartera de Industria, en comparación con la de los ocho años anteriores del gobierno socialista.

No obstante, Soria reconoció que hay «fundamento» y «motivos para que se quejen» tanto consumidores industriales como domésticos, ya que «desde 2004 hasta 2011 hubo un incremento medio de precios al año del 6,9%» en el recibo de la luz.

De este modo, defendió que el Gobierno ha hecho una «reforma profunda» en materia energética durante los años 2012 y 2013, en lo que respecta a los aspectos regulados del sistema, como el transporte, distribución o incentivos al régimen especial.

Respecto a la pobreza energética, el ministro recordó que el bono social es un «mecanismo de protección de determinados colectivos sociales» ante posibles incrementos «no asumibles» de la tarifa.

Los beneficiarios de este mecanismo son «más de 2,5 millones» de personas, que cumplen los requisitos sociales de consumo y poder adquisitivo, indicó Soria, que apuntó que el bono social «se configura como una protección adicional» del derecho al suministro de electricidad.

La oposición, crítica con la gestión de Soria

El portavoz de Industria y Energía del PSOE en el Senado, Jesús Alique, arremetió contra José Manuel Soria manifestando que su gestión al frente del Ministerio de Industria se mide en «fracasos»: “electricidad más cara, más déficit de tarifa, destrucción de empleo entorno a las energías renovables, inseguridad jurídica”, citó el senador socialista. Al igual que defendió su partido en el Congreso de los Diputados, el senador socialista volvió a reivindicar ante el ministro que, en lugar de decretar una subida del 2,3% para el primer trimestre de 2014, el Gobierno “debería haber bajado la luz o congelarla” al fijar un precio que consideró “administrativo”. Además, vinculó la anulación de la subasta con el daño electoral que podría haber sufrido el PP en las próximas elecciones europeas de haberse consumado la subida del 11,5% y se preguntó cuántas veces se ha dicho desde el Ministerio de Industria que han conseguido atajar el déficit de tarifa.

Por ello, Jesús Alique le espetó al ministro que «lo que debería hacer es marcharse y dejar a alguien que saque al sector eléctrico del atolladero«. Duras palabras del socialista, que vio como en el turno de réplica a los diferentes portavoces, Soria hizo patente su enfado ante las críticas recibidas y señaló que no le habían gustado las «formas» empleadas. El ministro insistió en que «ya no hay déficit de tarifa» puesto que los 3.600 millones que se han generado en 2013 se deben a un “incumplimiento de un compromiso del Gobierno»; «incumplimiento con el que estoy de acuerdo”, incidió. Por tanto, argumentó que no es déficit de tarifa sino «déficit público» y que considera que los ingresos y los costes del sistema están equilibrados y no habrá déficit de tarifa en 2014: afirmaciones que toda la oposición puso en cuestión.

El senador Ramón Alturo (CiU) preguntó a José Manuel Soria si el Ministerio se ha planteado a qué se debe que el precio de la energía sea el tercero más elevado de Europa y señaló que actualmente el 44% del recibo hace frente a la generación, transporte y distribución mientras el 56% corresponde a los costes regulados; especial referencia hizo a que los costes ajenos al suministro se incrementaron en un 50% de 2005 a 2012.

El portavoz de la Entesa pel Progrès de Catalunya, José Montilla, se pregunta cómo el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE) no tuvo prevista la parada simultánea de varias centrales nucleares y “permitió tanta indisponibilidad de la generación nuclear en una época de demanda punta”. Además, José Montilla realizó una crítica generalizada a la gestión de José Manuel Soria ya que «nunca ha habido tanta incertidumbre ante las reformas del Gobierno ni tantos litigios: con compañías eléctricas, promotores renovables e inversores; no creo que así se favorezca al sector», sentenció Montilla.

Iñaki Anasagasti (PNV) apenas hizo referencia a la anulación de la subasta y su crítica se dirigió a que el Gobierno debería haber actuado «antes» puesto que sospechaba que algo estaba ocurriendo, punto en el que preguntó al ministro por qué no ha salido a la luz el primer informe de la investigación que el Gobierno encargó a la CNMC, según anunció el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado 12 de diciembre. Posteriormente, Anasagasti aprovechó su intervención ante el ministro para mostrar la rotunda oposición del PNV a la posible vuelta al funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, de la que dijo que «es una cerilla dentro del sistema eléctrico» en función de su capacidad para producir energía.

José Ignacio Palacios (PP) adoptó el discurso del Gobierno y también proclamó que “el déficit de tarifa ha desaparecido”. Respecto a la retirada de los 3.600 millones de euros, Palacios justificó que en Industria, “no manda el ministro de Hacienda sino que el Gobierno atiende a un objetivo prioritario: el cumplimiento del déficit público”. También atajó las críticas al incremento de la dependencia energética señalando que el Gobierno del PP ha aprobado las prospecciones petrolíferas en aguas del Atlántico próximas a las Islas Canarias y trabaja para permitir la vuelta al funcionamiento de la central nuclear de Garoña; además hizo hincapié en los acuerdos para incrementar la interconexión eléctrica con Francia durante los próximos años. Por último, Palacios aprobó las medidas puestas en marcha por el Gobierno y animó al ministro a seguir en la misma senda reformista ya que “va en la buena dirección y con resultados palpables”.

Arias Cañete admite la necesidad de reducir emisiones en el sector difuso con proyectos a largo plazo

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Medio Ambiente destina 10 millones a 49 proyectos para reducir un millón de toneladas de CO2 en cuatro años Durante la presentación de la segunda convocatoria de los Proyectos Clima, de la iniciativa del Fondo de Carbono, el ministro recordó que España debe reducir en 2020 un 10% las emisiones de los sectores difusos (que suponen el 70% de las emanaciones contaminantes) respecto a los niveles de 2005 y explicó que en este objetivo se enmarcan los Proyectos Clima.

Arias Cañete apuntó que la prioridad de su Ministerio en materia de cambio climático es la reducción de gases de efecto invernadero en España y que el eje central de esta estrategia se centra en «la acción doméstica, a diferencia de otras épocas pasadas».

Así, recordó que los 49 Proyectos Clima seleccionados generarán una reducción de un millón de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que el Gobierno comprará a los promotores a un precio fijo de 7,10 euros por tonelada de CO2 equivalente durante los cuatro primeros años de vida del proyecto.

Arias Cañete destacó que los Proyectos Clima contribuyen a «generar actividad económica y empleo» e «impulsan el desarrollo hacia una economía verde», amén de ser «un ejemplo de la capacidad tecnológica de las empresas españolas». «Es nuestra apuesta por la evolución hacia un desarrollo sostenible».

De los ganadores de la segunda convocatoria, expresó su «satisfacción particular» al ver que varios proyectos se realizan en el ámbito rural, síntoma de las «oportunidades» en ese entorno.

Además, anunció que este departamento lanzará la convocatoria de la tercera edición el 15 de febrero próximo y recordó que los presupuestos generales de este año destinarán 14 millones de euros para el Fondo de Carbono.

Según explicó la directora de la Oficina Española del Cambio Climático, Susana Magro, a la segunda convocatoria se presentaron un total de 187 proyectos de los que fueron preseleccionados 67, de los que finalmente fueron elegidos 49. Entre ellos, hay propuestas de los sectores agricultura, industrial, residencial, residuos o transporte.

Por otro lado, representantes de los 40 proyectos seleccionados subieron al estrado para explicar sus propuestas. El director general de NH Hoteles, España, Portugal y Andorra, Hugo Rovira, explicó que su empresa pretende reducir unas 7.000 toneladas de CO2 en cuatro años con la sustitución de calderas de combustible fósil por calderas de biomasa y gas natural en edificios de esta cadena hotelera en Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Asturias, Manuel Gutiérrez, indicó que Cogersa, un consorcio formado por el Ejecutivo regional y 68 ayuntamientos para la región de residuos sólidos, pretende reducir unas 4.700 toneladas de CO2 equivalente.

Teodorino López, presidente de Distric Heating Ciudad de León, explicó que su empresa quiere reducir unas 10.000 toneladas al año cambiando las calefacciones centrales de dos barrios de esta localidad por un sistema de calor mediante biomasa térmica.

Los 49 proyectos seleccionados en la Convocatoria de 2013 proceden de todas las comunidades autónomas. Por su origen, 8 proyectos seleccionados son de Cataluña; 7 de Castilla y León; 4 de Castilla-La Mancha; 3 en Aragón y Andalucía; 2 en Asturias y Navarra, País Vasco, Canarias, Galicia y Comunidad de Madrid, uno cada una.

Al acto de presentación de los proyectos también acudió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

Científicos muestran cómo producir cantidades industriales de hidrógeno exentas emisiones de carbono

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Aunque el hidrógeno es un elemento abundante, generalmente no se encuentra como el gas puro H2, sino que generalmente está unido al oxígeno en agua (H2O) o al carbono en el metano (CH4), el componente principal del gas natural.

En la actualidad, el hidrógeno industrial se produce a partir del gas natural mediante un proceso que consume gran cantidad de energía y, al mismo tiempo, libera carbono a la atmósfera, lo que contribuye a las emisiones globales de carbono.

En un artículo publicado este domingo en la revista «Nature Chemistry«, expertos en Nanotecnología de la Escuela de Ingeniería de Stanford, en Estados Unidos, y de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, explicaron cómo liberar el hidrógeno del agua a escala industrial mediante el uso de la electrólisis.

En la electrólisis, la corriente eléctrica fluye a través de un electrodo metálico sumergido en agua. Este flujo de electrones induce una reacción química que rompe los enlaces entre los átomos de hidrógeno y oxígeno. El electrodo sirve como un catalizador, un material que puede estimular una reacción tras otra sin ser utilizado y el platino es el mejor catalizador para la electrólisis. Si el costo no es el objetivo, el platino podría ser utilizado para producir hidrógeno a partir de agua en la actualidad.

Pero el dinero importa, sobre todo en un mundo en el que se consumen alrededor de 55.000 millones de kilogramos de hidrógeno por año. En la actualidad, cuesta entre uno y dos dólares por kilogramo producir hidrógeno a partir de metano, por lo que cualquier proceso competitivo, incluso si es más ecológico, debe triunfar frente a ese coste de producción, por lo que se descarta la electrólisis a base de platino.

En el artículo, los autores del trabajo describen cómo rediseñaron la estructura atómica de un material industrial barato y común para que sea tan eficiente en la electrólisis como el platino, un descubrimiento que tiene el potencial de revolucionar la producción de hidrógeno industrial.

El proyecto fue concebido por Jakob Kibsgaard, un investigador postdoctoral con Thomas Jaramillo, profesor asistente de Ingeniería Química en Stanford. Kibsgaard comenzó este proyecto mientras trabaja con Flemming Besenbacher, profesor en el Centro Interdisciplinario de Nanociencia (iNANO) en Aarhus.

Desde la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros de petróleo han utilizado disulfuro de molibdeno para ayudar a refinar el petróleo. Sin embargo, hasta ahora esta sustancia no se consideró un buen catalizador para producir hidrógeno del agua mediante electrólisis. Eventualmente, los científicos e ingenieros llegaron a entender por qué: los materiales de sulfuro de molibdeno más utilizados tenían una disposición inadecuada de los átomos en su superficie.

Típicamente, cada átomo de azufre en la superficie de un cristal de sulfuro de molibdeno está unido a tres átomos de molibdeno por debajo. Por razones complejas que involucran las propiedades de enlace atómico de hidrógeno, esa configuración no es propicia para la electrólisis.

En 2004, el profesor de Ingeniería Química de Stanford Jens Norskov, entonces en la Universidad Técnica de Dinamarca, hizo un descubrimiento importante. Alrededor de los bordes del cristal, algunos átomos de azufre están obligados a tener sólo dos átomos de molibdeno. En estos sitios del borde, que se caracterizan por enlaces dobles en vez de triples, el sulfuro de molibdeno era mucho más eficaz en la formación de H2.

Armado con ese conocimiento, Kibsgaard encontró una receta de 30 años de antigüedad para hacer una forma de sulfuro de molibdeno con una gran cantidad de estos sulfuros con doble enlace en el borde. Mediante el uso de la química simple, sintetizó nanoclusters de este sulfuro de molibdeno especial y los puso en una hoja de grafito, un material que conduce electricidad. Juntos, el grafito y el sulfuro de molibdeno forman un electrodo barato. Se suponía que debía ser un sustituto para el platino, el catalizador ideal, pero caro para la electrólisis.

La pregunta que se planteaba es si este electrodo podría estimular eficazmente la reacción química que reordena los átomos de hidrógeno y oxígeno en el agua. Jaramillo responde: «La química es todo acerca de dónde quieren ir los electrones y la catálisis se trata de obtener que esos electrones se muevan para hacer y romper enlaces químicos «.

Así, los expertos sumergieron su electrodo compuesto en agua que fue ligeramente acidificada, lo que significa que contiene iones de hidrógeno cargados positivamente. Estos iones positivos se sintieron atraídos por los grupos de sulfuro de molibdeno y su forma de doble enlace les dio sólo la característica atómica idónea para transmitir electrones desde el conductor grafito hasta los iones positivos. Esta transferencia de electrones volvió los iones positivos en hidrógeno molecular neutro, que burbujeó hacia arriba y lejos como un gas.

Demanda global de hidrógeno

Lo más importante que vieron los investigadores es que su catalizador de sulfuro de molibdeno barato tenía potencial para liberar el hidrógeno del agua de forma similar a la eficiencia de un sistema basado en el platino prohibitivamente caro. Entonces, surgió la duda de si podría esta tecnología con la escala de los 55.000 millones de kilogramos por año de demanda global de hidrógeno y en qué términos sería el costo por kilogramo.

El año pasado, Jaramillo y una docena de los coautores estudiaron cuatro esquemas de producción a escala de fábrica en un artículo para «Energy and Environmental Science«. Llegaron a la conclusión de que podría ser posible producir hidrógeno en las instalaciones de electrólisis a escala de fábrica con costos que van desde 1,60 y 10,40 dólares por kilo.

«Hay muchas piezas del rompecabezas todavía necesarias para hacer este trabajo y mucho esfuerzo por delante para darse cuenta de ellas», reconció Jaramillo. «Sin embargo, podemos obtener grandes ganancias al pasar de recursos intensivos en carbono a tecnologías sostenibles renovables para producir los productos químicos que necesitamos para la alimentación y la energía«, concluyó.

Los precios de la electricidad en España duplicaron a los del Norte de Europa durante el mes de la subasta

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Estas cifras aparecieron recogidas en el informe mensual elaborado por el operador del mercado ibérico de electricidad (MIBELl) correspondiente a diciembre de 2013, el mismo mes en que se produjo la escalada de precios en el «pool» español que, sumado a otros factores, provocó la fuerte subida en la subasta Cesur para fijar el precio al consumidor doméstico en enero, finalmente invalidada por el Gobierno.

El informe del operador muestra que Portugal, cuyo mercado se encuentra prácticamente acoplado con el español, también sufrió los efectos de lo ocurrido con el ‘pool’ y registró precios medios de 62,99 euros. Otro país de referencia, Francia, tuvo en cambio la electricidad un 28% más barata que en España.

El informe del operador ibérico muestra además que el precio de España fue un 51% superior al del mismo mes del año anterior, de 41,83 euros, y un 51,6% superior al de noviembre.

Otro aspecto del que da cuenta Mibel, y al que ya hicieron alusión tanto la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como su sucesora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es el peso de las operaciones al margen de los mercados organizados, conocidas como «over the counter» (OTC).

Dentro del mercado a plazo, de todo el volumen negociado en diciembre, de 49.915 gigavatios hora (GWh), los OTC no registrados equivalieron al 69%, frente al 15% de los OTC registrados y el 16% del mercado continuo.

En su informe sobre la subasta, la CNMC insistió en la concurrencia de «circunstancias atípicas» que impidieron que se desarrollara en un entorno de «suficiente presión competitiva».

Entre ellas, aludió a varias relacionadas con el propio proceso de celebración de la subasta, así como a otras vinculadas a la evolución de precios en el «pool» eléctrico, condicionada por aspectos como la menor demanda, la indisponibilidad de grupos térmicos y la escasa eolicidad.

El PP insta al Gobierno a establecer una hoja de ruta para la reducción de emisiones en los sectores difusos

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Se trata de una proposición no de ley, en la que plantea el «necesario» reparto y establecimiento de una hoja de ruta donde se reflejen los recursos disponibles, en función de las proyecciones nacionales y de los esfuerzos y medidas sectoriales identificados como necesarios para reducir las emisiones en los sectores difusos.

«Estos sectores ofrecen importantes posibilidades de actuar directamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante políticas y medidas de carácter nacional», defiende el PP, al tiempo que recuerda que España debe reducir en un 10 por ciento las emisiones de estos sectores para el año 2020 respecto a 2005.

En este contexto, recuerda que la Unión Europea ha asumido, dentro del paquete energía-cambio climático, el llamado compromiso ’20-20-20′ para 2020, que establece objetivos vinculantes para España.

«Cumplir estos objetivos y crear actividad económica baja en carbono es prioritario, a la vez que la defensa de los intereses de España, tanto en el seno de la Unión Europea como en los distintos foros internacionales, como hacen el resto de Estados», resaltan los ‘populares’.

Dada la situación de crisis por la que está atravesando la economía española, en estos momentos cualquier área de actividad debe fijarse como objetivo la creación de empleo y la mejora de la competitividad, subraya el PP.

Así, indica que el cambio «radical» en la situación socioeconómica mundial, y especialmente en España, obliga a una revisión exhaustiva de las estrategias y planes para alcanzar los objetivos y compromisos de reducción de emisiones partiendo de un diagnóstico actualizado de la situación económica, social y medioambiental presente.

Es más, sostiene que la Unión Europea ha aprobado y puesto en vigor normas legales para reducir sus emisiones un 20 por ciento en 2020, y los datos muestran que se va por «buen camino» para alcanzar este objetivo.

La Comisión Europea sigue trabajando con su vista puesta más allá de estos objetivos a corto plazo y ha presentado una ‘hoja de ruta’ hacia una economía competitiva y baja en carbono en 2050, señala el PP.

Por ello, defiende que el Gobierno ha dado «un giro a la política de cambio climático» y está incentivando proyectos domésticos que reducen las emisiones de dióxido de carbono frente a la compra de derechos de emisión de la etapa anterior, es decir, un mecanismo para la expedición de derechos de emisión o créditos en relación con proyectos ubicados en el territorio nacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades que no están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión.

«La incentivación de proyectos domésticos permite dirigir fondos a proyectos españoles, y así apoyar la actividad económica y la competitividad de las empresas españolas en este sector. Ahora es preciso un paso más para reducir nuestras emisiones en los sectores difusos de cara a 2020, mediante la potenciación de los instrumentos en vigor (como los ‘Proyectos Clima’), o la creación de nuevos instrumentos», concluye el PP.