En declaraciones a los periodistas tras un acto informativo en La Palma, recordó que el anterior modelo, vigente desde 2009, comportaba un gasto adicional en la factura de 270 millones de euros que debían pagar «todos los españoles en el recibo», al margen de que en la última subasta, por ejemplo, concurrieron «circunstancias atípicas», según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
«Ahora vamos a pagar exactamente lo que hayamos consumido y se acerca mucho a un precio de mercado, se evita el coste extra y va en la línea de disminución de costes del Gobierno», comentó.
De hecho, resaltó que entre 2004 y 2011, con el PSOE en el Gobierno, los precios de la luz subieron un 63,2%, mientras que el año pasado, por ejemplo, bajó un 3,7% según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
IU pide que la luz no suba por encima de la inflación
Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, aseguró que a su federación «le da igual» qué sistema se elija para fijar el precio de la luz y defendió que éste no puede subir por encima de la inflación.
Así lo dijo al ser preguntado por el anuncio del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que a partir de abril no habrá subasta eléctrica y que para fijar el precio el Gobierno utilizará la media de los precios de los mayoristas.
«A nosotros el sistema nos da igual. Lo que no puede ser es que el precio de la luz suba por encima de la inflación y esté empobreciendo cada vez más a los ciudadanos de este país», dijo Lara, quien denunció que mucha gente en España dejó de encender la luz de su casa «porque no puede pagar el recibo y antes tiene que comer».
Asimismo, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó una iniciativa sobre pobreza energética para proteger a quienes no puede pagar la luz, que es un servicio básico, por falta de recursos económicos.
Además, manifestó que es difícil entender que se defienda que hay un déficit tarifario que obliga a subir el precio de la luz «una vez sí y otra también», mientras las empresas eléctricas continúan obteniendo beneficios.
Anae ve «excelente» eliminar las subastas Cesur
La Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (Anae) calificó de «excelente noticia» la eliminación de las subastas entre comercializadoras de último recurso de electricidad (Cesur), ya que «de media el mercado mayorista de la electricidad (OMIE) es bastante más barato» que los precios resultantes de estas pujas.
De hecho, la asociación calculó que la diferencia media entre estas subastas y el precio final del mercado asciende al 17,5%. En 2011 se pagó un 6,8% más alta la energía, mientras que en 2009 la diferencia llegó a ser del 24,2%, y en el mes de enero se situó en el 44,2%.
Anae consideró que la Cesur era un «producto financiero» en el que «intervenían multitud de agentes ajenos al negocio físico de la electricidad», cuyo coste se repercutía sobre los 26 millones de usuarios con tarifas reguladas.
«Su resultado trataba de garantizar margen de beneficio a todos estos intermediarios, consiguiéndolo, a veces de manera muy importante, en la inmensa mayoría de los trimestres», recordó.
Frente a este mecanismo, el mercado mayorista de electricidad funciona como plataforma «donde los participantes sí forman parte del negocio físico de la electricidad y en donde multitud de consumidores, en su inmensa mayoría de índole profesional, compran su energía en productos parecidos a los que ahora parece comprará el doméstico y por mediación de la comercializadora correspondiente o directamente».
Anae también defendió el efecto abaratador del «pool» ejercido por las renovables y advirtió de que «no es oro todo lo que reluce» y de que el mercado el mercado mayorista «también tiene sus peros».
Los consumidores ven «insuficiente» la supresión de la Cesur
Asimismo, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, aseguró que la propuesta de Industria de suprimir la subasta Cesur es «claramente insuficiente», ya que «no va a resolver la problemática de las altísimas tarifas».
Sánchez consideró que «si ha podido haber juego sucio en la subasta, no tenemos por qué pensar que no lo haya en el mercado mayorista», ya que el sector eléctrico «goza de nuestra absoluta desconfianza».
Las reservas de esta asociación de consumidores pasan por que, entre otros factores, «es el tercer sector con más denuncias por fraude» e «históricamente han hinchado los precios». Además, consideró «sospechoso» que el Ejecutivo no acceda a dialogar con las asociaciones de consumidores.
Para Facua, «el Gobierno se recortó capacidad de control», ya que consideró que la absorción de la antigua Comisión Nacional de Energía (CNE) por la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha traído consigo que «los que antes trabajaban en una cosa, ahora trabajen en muchas» y «no den a basto».
Por su parte, para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la propuesta de anular en abril la subasta trimestral «soluciona sólo una parte del problema», «la especulación» en el precio de la subasta CESUR y evita el sobreprecio que pudiera producirse, pero estimó que no soluciona el sistema de fijación del precio mayorista en base al mercado mayorista, porque «no es transparente» y hace que prevalezca «el precio de la más cara y no el coste real» de producir la energía.
«El sistema de precios marginales hace que todas las tecnologías reciban el precio de la más cara y no el coste que realmente cuesta producir la energía», aseguraron desde la OCU.
Es por ello que consideraron «fundamental» reformar la fijación del precio mayorista de la energía, «más ahora que ese precio servirá para determinar lo que pagarán los consumidores». Asimismo, ambas organizaciones coincidieron en que lo positivo de esta propuesta es que se reducirá la «especulación» que caracteriza a la subasta trimestral Cesur.
Además, según añadió la OCU, otra novedad importante fue el anuncio de que los comercializadores de último recurso, deberán ofrecer a los consumidores que lo soliciten una tarifa fija que no cambiará durante el año, aunque advierte de que «puede ser mayor que el precio fijado de forma trimestral».
Además, advirtió de la futura subida de los peajes del gas que hará que se incremente de nuevo su factura puesto que, según explicó, la CNMC preparó una propuesta de cálculo de peajes y cánones de acceso al gas y que, de aprobarse esta metodología, supondrá una subida media del 5,4% en la parte regulada del recibo.
Esto para los consumidores supondrá una subida de 2,4% en su factura, lo que pude suponer un aumento de 20 euros de media anuales, un alza al que habrá que añadir, según la OCU, el coste de la materia prima.
Los consumidores consideraron que la excusa para la revisión del método de cálculo es la eliminación del déficit tarifario que también existe en el mercado del gas, que fue de 166 millones de euros en 2013, y que según la propia CNMC en 2014 podría alcanzar los 813 millones de euros.
Esta nueva subida «será un nuevo golpe para los consumidores y agudizará los problemas que muchas familias tienen para pagar sus facturas de calefacción», concluyó la OCU.
Finalmente, la Asociación General de Consumidores (Asgeco) mostró sus dudas sobre «la verdadera utilidad» de los nuevos contadores eléctricos, a los que consideró «inteligentes» pero «ciertamente inútiles» para los consumidores.
La asociación lamentó que las últimas actuaciones del Gobierno y de las eléctricas vayan en el sentido contrario de que estos contadores ofrezcan «una información precisa, desglosada e inteligible para los consumidores», alejándose cada día más de un modelo de ahorro y eficiencia y volviéndose «sencillamente inútil» su instalación.
Así, Asgeco consideró «indispensable» que estos nuevos contadores inteligentes ayuden a los usuarios a controlar mejor su consumo y a abaratar su factura eléctrica, y no sólo que sirvan a las compañías eléctricas para mejorar su propia gestión.
