Veamos las consecuencias que ha implicado todo el proceso que va desde la invalidación de la subasta al establecimiento de un nuevo sistema para fijar el precio del componente energético de la factura:
1- Precio administrativo para el primer trimestre de 2014
La intervención del mercado eléctrico tuvo como primera consecuencia la fijación de un precio administrativo. Una vez que la CNMC consideró que «no procedía» dar validez al resultado de la subasta CESUR de 19 de diciembre, la Secretaria de Estado de Energía confirmó la anulación de la subasta y pidió a la CNMC un nuevo procedimiento para fijar un precio de la energía para el primer trimestre de 2014 que pudiera responder a «criterios objetivos de mercado». En consecuencia, considerando el mercado de futuros, el macrorregulador ofreció el 26 de diciembre dos alternativas al Gobierno, que se pronunció al día siguiente por la que representaba una menor subida del recibo de la luz, un 1,4% del término de energía de la factura; unido al incremento del 0,9% de los peajes, este procedimiento propició una subida del 2,3% de la luz para el primer trimestre de 2014.
Subrayando el carácter transitorio del mismo, el Gobierno escogió el cálculo del precio de la electricidad para los tres primeros meses de 2014 en función de su cotización en los mercados a plazo durante los últimos seis meses. Su entrada en vigor se produjo mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-Ley 17/2013 de 27 de diciembre. No tardaron en producirse los reproches desde la oposición: hubo unanimidad a la hora de calificar este precio como un precio «inventado» o como un precio «político» y el Real Decreto-Ley 17/2013 como un nuevo «parche» para el sector.
2- Consumidores, en medio de la revolución en la forma de facturar
Los consumidores se han visto envueltos en una situación confusa. Por un lado, desde el Ministerio se les dice que el nuevo sistema de facturación les proporcionará una bajada del recibo de la luz partiendo de los datos del primer trimestre de 2014, marcado por una extraordinaria producción de la energía eólica e hidráulica, dependiente de factores como que vuelvan a darse estas condiciones climatológicas, entre otros. Además, al margen de recibir señales equívocas respecto a los precios que van a pagar, lo cierto es que los consumidores también tienen que abordar una deuda de 30.000 millones de euros que, a pesar de las sucesivas medidas y reformas, el Gobierno se ha mostrado incapaz de atajar. Todo ello edulcorado con una devolución en próximos meses a los consumidores de 300 millones de euros, aproximadamente 40 euros por consumidor, porque el precio administrativo ha sido inferior al precio medio del pool eléctrico.
Puestos a evaluar la decisión del Gobierno de intervenir el mercado eléctrico, tampoco se puede dejar de valorar la posibilidad opuesta y que el precio del pool hubiera sido más elevado que el precio administrativo fijado por el Gobierno. Hubiera conducido a una situación caótica: los consumidores habrían tenido un trimestre con la energía más barata por decisión del Gobierno pero automáticamente afrontarían una drástica subida de la luz para el segundo; mientras tanto, se hubiera incurrido en un déficit con los Comercializadores de Referencia, creando un nuevo problema con lo que se presumía como una solución.
3- Sospechas sin fundamento sobre las compañías eléctricas
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dirigió sus miras hacia las compañías eléctricas desde un primer momento. Horas después de la celebración de la subasta CESUR, compareció en el Congreso de los Diputados en rueda de prensa para manifestar que la subida del recibo de la luz resultante de la subasta era «inaceptable» al tiempo que instaba a la CNMC a esclarecer “si ha habido manipulación, si no ha habido transparencia o si no ha habido competencia”. Más lejos en sus palabras fue dos días después: en una entrevista al diario ABC, Soria se mostraba contundente al afirmar que “ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios. Está claro. Además, se ha hecho de una manera muy burda”. El ministro también señala al respecto que existía “mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas”.
Por su parte, desde la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), patronal del sector, lo único que se reivindicaba era que la CNMC hiciera público su informe sobre lo acontecido en la subasta cuanto antes. Se hizo esperar hasta el 7 de enero y se saldó sin sanciones: la CNMC no encontró signos de una manipulación que el ministro consideró «clara». Pero sí que avaló la invalidación de la subasta aludiendo a «circunstancias atípicas» que habían hecho que la CESUR no reflejara los costes reales de la energía. Toda vez que el informe de la CNMC dejó en fuera de juego al ministro de Industria, cabe cuestionarse por qué José Manuel Soria fue tan rotundo en sus declaraciones a ABC y desde un primer momento apuntó a una «burda manipulación» de la subasta si el personal encargado de la supervisión y que, por tanto, únicos en disponer de toda la información, no son subalternos suyos sino que pertenecen a la CNMC, organismo regulador independiente. No hay que ignorar que cualquier tipo de manipulación habría obligado a la CNMC a abrir inmediatamente un expediente sancionador y poner el presunto delito en manos de la Fiscalía.
4- Pérdida de credibilidad de la CNMC
Las declaraciones ya referidas del ministro José Manuel Soria instando a la CNMC a esclarecer sobre la 25ª subasta CESUR “si ha habido manipulación, si no ha habido transparencia o si no ha habido competencia” fueron también absolutamente innecesarias. Según las normas que regían las CESUR, dos representantes de la CNMC presentes en la subasta tenían la obligación de dar o denegar la validez al resultado de la misma confirmando que la subasta se hubiera realizado de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria. Por tanto, las palabras del ministro representan una intromisión en las competencias de un regulador que se presume independiente. Asimismo, constituyen, junto a otras declaraciones como la del presidente Mariano Rajoy («vamos a intentar arreglarlo», manifestó ante los periodistas preguntado por la subida del 11,5% del recibo eléctrico), una muestra de la presión ejercida por el Gobierno sobre el supervisor para que se invalidase la subasta, como finalmente así ocurrió.
En lo que respecta al informe, la CNMC trata de rebajar su responsabilidad como supervisor de la subasta, atribuyendo al OMIE la facultad en exclusiva de intervenir durante la subasta. Este argumento se revela como falso al revisar la resolución de la Secretaria de Estado de Energía de 20 de noviembre de 2013: se especifica que las incidencias que pudieran surgir antes, durante y después del desarrollo de la subasta, en relación con la aplicación de las reglas de la subasta CESUR, serán solucionadas por los representantes de la CNMC.
5- El papel de REE
Red Eléctrica de España, en calidad de operador del sistema eléctrico tiene que asumir una cuota de responsabilidad en los precios elevados marcados por el pool en diciembre. Según apunta la CNMC en su informe, «las indisponibilidades (de grupos de generación) no siempre son planificadas, pudiendo además sobrevenir por averías y otros aspectos. Sin embargo, la mayor parte de la potencia indisponible en diciembre de 2013 ha correspondido a trabajos planificados con antelación», lo que afecta de lleno a REE, que tiene que dar su visto bueno. En este punto, la CNMC señala que REE «tiene no obstante la facultad de oponerse a la planificación de indisponibilidades de unidades de generación cuando puedan poner en riesgo la seguridad del suministro». Lo cierto es que el Ministerio nunca ha involucrado a REE en la polémica ni la CNMC ha propuesto que se abra expediente o se sancione al operador del sistema.
6- Final de las subastas CESUR
Como consecuencia última, todos los acontecimientos desencadenados desde la anulación de la 25ª subasta CESUR conducen al final de las subastas como método de fijación del precio de la electricidad. En contra, si atendemos al informe de la CNMC, de las propuestas que el regulador venía realizando de flexibilizar el sistema establecido, aumentando el número de subastas variando el periodo de liquidación o a través de subastas de productos solapados (de carácter trimestral, semestral o anual) con el objetivo de garantizar una presión competitiva suficiente; se proponía tener más referencias de precios durante cada periodo trimestral para diversificar el resultado de una única subasta, que provoca una mayor variación de un trimestre a otro.
Para implantar un nuevo método, el Ministerio ha optado por mecanismos en el que el consumidor pagará la energía al precio que se marque en el pool. Una de las opciones más controvertidas es la de los contadores inteligentes, que ha originado gran incertidumbre debido a su reducida implantación y a que, al menos en un número considerable de los que están instalados, no están preparados ni programados para todo lo que pretende el Gobierno. Para los consumidores que dispongan de estos contadores se fija un precio cada hora; en caso contrario se les aplicará la media del precio del pool durante el período facturado. Las otras dos opciones suponen que las compañías ofrezcan un precio fijo durante el año para el consumo eléctrico o la posibilidad de que el precio de la energía se fije a través de una negociación entre compañía y consumidor.
