Soria anuncia que a finales del mes de mayo Industria aprobará los nuevos modelos para la factura eléctrica

Así, estos nuevos modelos de factura estarán disponibles en «www.facturaelectrica.gob.es« para que los ciudadanos tengan mayor información de su factura y consumo.

En una entrevista concedida a «El País» y en relación a la información equívoca que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), están enviando las eléctricas a sus clientes respecto a las nuevas tarifas, el titular de Industria indicó que «puede que la publicidad no se corresponda con el deber de que haya claridad y transparencia» y aseguró que una de las cuestiones que más le preocupa es «que los consumidores puedan entender su factura eléctrica».

El ministro recordó que de momento, en el acumulado del año, y con la eliminación de las subastas y el precio fijado por el Gobierno han generado un ahorro de 500 millones de euros para el consumidor en lo que va de año, señalando además los 310 millones que las compañías debieran devolver a sus clientes «porque el precio real de la electricidad en el mercado ha sido de 26 euros inferior al que se fijó».

«Con el nuevo sistema nos ahorramos siempre el coste financiero en el que se incurría antes cada tres meses, alrededor de 300 millones al año desde 2009, luego hemos pagado 1.200 millones de más por este concepto», dijo Soria.

En relación a las quejas de las compañías de energías renovables sobre el cambio unilateral del sistema de primas, Soria afirmó que «las cosas se han hecho de manera razonable» y que el Gobierno aprobará las normas que fijan la retribución a las instalaciones de energías renovables y cogeneración antes del 15 de junio.

El ministro destacó que «no hay ningún país que asegure una rentabilidad de un 10%, 15% o 20% a ningún negocio durante años» y que «no le parece mal» garantizar una rentabilidad del 7,5% durante la vida útil del proyecto.

Junto a lo anunciado, a principios del mes que viene el Ejecutivo también estudiará las líneas directrices de la reforma del sector gasista, para que así entre en vigor a principios de 2015.

En la misma entrevista, el ministro consideró que «hay una probabilidad muy alta» de que se renueven las ayudas correspondientes al Plan Pive, a menos de un mes de que se agoten los fondos invertidos en su quinta campaña. Sobre una posible bajada en las tasas de matriculación, Soria recordó que «hay una reforma fiscal en marcha» y que «desconoce» si está prevista esa bajada.

Por último, insistió en la necesidad de «reindustrializar España, y ganar competitividad gracias a la innovación, revitalizando el «Hecho en España», como los alemanes están orgullosos de su «Made in Germany» o los norteamericanos su «Made in USA» y ante la amenaza de que la mejora de competitividad se alcance bajando los costes laborales, el ministro recordó que «muchas empresas internacionales han relocalizado su producción en España por la evolución de esos costes» y que hay otros como los energéticos o la financiación, en los que también ha habido mejoras.

Los gases debidos a la generación eléctrica a partir de carbón son los que más aumentaron en España

Según el estudio «Análisis de datos de las emisiones de CO2 en España entre 2008 y 2012«, del economista y consultor ambiental Arturo de las Heras y presentado en Barcelona, el país registró en 2012 un aumento global de sus emisiones de un 2,22% respecto al año anterior, ligeramente por encima del 1,96% del conjunto de Europa.

Según este análisis, basado en el Protocolo de Kioto y coordinado por la Fundación Empresa y Clima, las emisiones de CO2 de las empresas y las industrias en España se mantuvieron en 2012 respecto a 2011, con un ligero aumento (del 22,32% al 22,97%), tras tres años de descensos.

El autor, España tiene un «nivel plano», puesto que las comunidades donde prima el carbón como política energética han aumentado emisiones (Andalucía, Asturias, Galicia), lo que compensó el descenso logrado en otras autonomías más dedicadas al sector servicios como Madrid, Aragón y Cataluña por el cierre de empresas y la implementación de medidas correctoras.

De las Heras afirmó que la moderación de la reducción de las emisiones se debe a la expectativa de los procesos de la recesión: «Durante la crisis han ido bajando las emisiones y ahora estamos en un ‘impasse'», con lo que habrá que ver si con la recuperación económica aumentarán proporcionalmente los niveles de CO2 y señaló que «cuando se salga de la crisis, se tendrá que ver si las empresas han hecho sus deberes en materia de inversión ambiental».

Este escenario se puede dar si las empresas no han aprovechado la crisis para mejorar sus procesos y hacerse más eficientes a través de cambios tecnológicos, aseguró, y defendió que apostar por estas mejoras permitirá a las industrias «salir reforzadas de la crisis y ser más competitivas».

Sin embargo, los efectos de la crisis comportaron que sectores especialmente proclives a la emisión de gases ligados a la construcción, como el de las cementeras, hayan reducido sensiblemente su nivel de producción de C02.

De hecho, en 2012, el 78,49% de las instalaciones españolas sujetas a la directiva europea, que regula su nivel de emisiones, produjo gases por debajo de sus permisos asignados.

En cambio, las emisiones por generación eléctrica de ciclo combinado fueron las que descendieron en mayor medida (-22,82%).

Andalucía es la comunidad con más emisiones de CO2

España ocupa la séptima posición continental en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo Andalucía la comunidad con más emisiones de CO2 del Estado, al emitir 24,5 millones de toneladas de dióxido de carbono, un 18,11% del total. Por detrás están Asturias con el 13,25%, Galicia con el 10,70%, Cataluña con el 10,69%, Castilla y León con el 10,51%, Aragón con el 5,95%, País Vasco con 5,48% e Islas Canarias con un 4,82%.

La comunidad más ahorradora fue Cataluña, que logró reducir un 7,42% sus emisiones en 2012 respecto al año anterior, con 1.162.252 toneladas/CO2 menos, al pasar de 15.665.414 a 14.503.162 en 2012. Este descenso se debe a la reducción de emisiones de ciclo combinado porque las centrales nucleares han estado paradas; al descenso de la cogeneración de los procesos industriales por el cierre de empresas y mejora de estos procesos, y por la bajada de la actividad de las industrias cementeras y también por las mejoras tecnológicas aplicadas, si bien el resto de sectores han mantenido los niveles.

En 2012 se verificaron en el conjunto del Estado 902 instalaciones (en 2008 fueron 984, por la crisis), 382 de las cuales, un 42,35%, son de procesos de cogeneración por combustión, de las que 260 emitió por debajo de los permisos otorgados y 122 superaron estos límites.

El segundo sector más destacado es el correspondiente a tejas y ladrillos con 184 empresas, un 20,40%, de las que sólo una superó sus permisos de emisión, seguido por la industria de pasta y papel con 81 instalaciones activas, de las que 11 superaron el umbral permitido.

Los países que siguen liderando la tabla de las emisiones son Estados Unidos y China. En Europa, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia son los que más emiten, aunque son los países del este y sobretodo Turquía los que experimentaron un crecimiento de sus emisiones más pronunciado.

E.ON devuelve ya a sus clientes la diferencia de precio del primer trimestre en la factura de la luz

La devolución corresponderá a los clientes con derecho al PVPC de los casi 300.000 clientes con que cuenta E.ON en mercado regulado, y se realizará de forma «progresiva», en función de sus periodos habituales de facturación.

Además, estas devoluciones también se realizarán a aquellos usuarios que fueron clientes de la compañía en el sistema de PVPC en este primer trimestre y que ahora ya no lo son o han pasado a contratos en mercado libre.

La devolución corresponde a la diferencia de precio entre la cifra fijada por el Gobierno en enero de 2014, de 48,48 euros megavatios hora (MWh) hora base y 56,27 MWh para hora punta para el primer trimestre del año, y la media real del precio del mercado diario fijado para este mismo periodo.

La cuantía de la devolución variará de un cliente a otro y será proporcional al consumo del primer trimestre según la diferencia de precio fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), establecido en 23,75 euros por MWh para los consumidores sin discriminación horaria.

El concepto de la devolución aparecerá incluido en las facturas de electricidad como un elemento independiente de forma que sea fácilmente identificable y comprendido por los clientes con el objetivo de trasladarles «tranquilidad y transparencia», indicó E.ON.

La compañía eléctrica ya anunció el pasado mes de abril la adaptación, sin esperar al periodo transitorio, de sus sistemas de facturación de acuerdo a la nueva normativa que regula el sistema de tarificación a los consumidores acogidos a la tarifa regulada y al Bono Social. Así, desde abril los clientes de E.ON reciben sus facturas de electricidad con el nuevo sistema.

La CNMC rebaja a 3.188 millones el déficit de tarifa provisional de 2013, 412 millones menos que el tope legal

La CNMC advirtió, no obstante, de que de forma «excepcional», esta cifra sufrirá modificaciones porque, excepcionalmente, queda pendiente una liquidación provisional adicional del ejercicio.

La cifra arrojada por la liquidación anual número 14 es inferior en 494 millones de euros a la precedente debido, entre otros motivos, a que los ingresos obtenidos vía peajes se incrementaron en 183 millones de euros y la recaudación de diversos impuestos creados para acabar con el déficit de tarifa creció en 708 millones de euros.

Por otra parte, los costes adicionales de las actividades reguladas subieron en 122 millones de euros y otros 221 millones de euros se deben al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al sistema eléctrico a financiar el bono social, a lo que hay que sumar el mayor déficit surgido de la liquidación definitiva de 2008 (75 millones de euros).

La energía declarada se situó un 2,1% por encima de lo previsto en la orden ministerial de 31 de enero de 2014, mientras que los ingresos disminuyeron el 0,7% (103 millones de euros) debido, fundamentalmente, a que la caída de demanda de los consumidores que pagan un precio más elevado ha sido mayor de la esperada.

Las primas al régimen especial (renovables cogeneración y residuos) sumaron 9.200 millones de euros, el 1,7% menos de lo previsto, hasta los 179 millones de euros, según la CNMC, que achacó dicha disminución a que las instalaciones fotovoltaicas alcanzaron el número máximo de horas de producción con derecho a subvención.

El déficit de tarifa eléctrica se genera porque los ingresos obtenidos vía recibo de la luz son insuficientes para cubrir todos los costes que se pretende remunerar con ellos. Entre éstos están los extrapeninsulares, con los que se compensa el mayor precio de la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que ascendieron a unos 1.800 millones de euros anuales y se iban a sufragar en 2013 a partes iguales entre el sistema y los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el PP introdujo una enmienda en la Ley del Sector Eléctrico para retirar esta aportación presupuestaria, así como un crédito previsto de 2.200 millones, lo que implicaba reconocer un déficit tarifario de hasta 3.600 millones en el ejercicio frente a la estimación inicial de equilibrio.

Industria afirma que las eléctricas tendrán que devolver 310 millones de euros en la factura y fija un descuento del 51% en la energía

Según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, Industria fijó en 23,75 euros por megavatio hora (MWh) para los consumidores sin discriminación horaria y entre 23,91 euros y 23,06 euros por MWh para los que tengan discriminación horaria el precio de la energía durante el primer trimestre del año. En el caso de discriminación horaria supervalle, los precios del MWh serán de 23,91, 23,83 y 22,62 euros.

Estos precios, incluidos en el llamado «término DIF», se utilizarán como referencia para la devolución en el recibo de la luz que practicarán a partir de ahora las compañías eléctricas, en compensación por el sobreprecio respecto al mercado que pagaron por su consumo eléctrico a lo largo del primer trimestre del año.

Tendrán derecho a esta devolución los consumidores con tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y al a que están acogidos unos 16 millones de consumidores. El importe rondará de media los 25,5 euros por consumidor y obligará a las eléctricas a desembolsar unos 310 millones de euros, según cálculos ofrecidos por fuentes del Ministerio de Industria.

Industria precisó que la cantidad a devolver a cada pequeño consumidor dependerá de su consumo en ese periodo. Para un consumidor doméstico tipo de 3,3 kilovatios de potencia contratada y 3.000 kilovatios de consumo anual se le devolverán 25,5 euros. En el caso de una familia media con dos hijos de 4,4 kilovatios de potencia contratada y 3.900 kilovatios de consumo anual se le devolverán 33,2 euros.

Los precios del «término DIF» son un 51% inferiores a los 48,48 euros por MWh que estableció el Gobierno de forma provisional para el consumo valle y los 56,27 euros para el punta para el primer trimestre del año, después de suspender la subasta eléctrica del pasado 19 de diciembre. El mercado eléctrico mayorista cerró el trimestre en un precio medio de 26,09 euros el MWh.

Este fuerte descenso en el coste de la energía responde al hundimiento de los precios del mercado mayorista de electricidad, o «pool», en un trimestre caracterizado por la abundancia e viento y lluvias, que ha mejorado la contribución eólica e hidráulica.

Los precios regulados se determinan mediante la suma del componente energético, que ahora depende del mercado y antes se fijaba vía subastas, y los pajes, que son fijados por el Gobierno para remunerar costes regulados como la distribución, el transporte o las primas al régimen especial.

La subasta de diciembre, que negociaba la electricidad para el primer trimestre de 2014, fue anulada por el Gobierno después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectara «circunstancias atípicas». Ante esta situación, el Ejecutivo inició una reforma del mecanismo de subasta y fijó el importe del componente energético para el trimestre, al margen de la puja y en línea con las recomendaciones de la CNMC.

Como a los consumidores con tarifa regulada se les repercutió durante el trimestre los 48,48 euros por MWh, el Gobierno acordó devolverles el importe cobrado de más con la primera factura emitida por las eléctricas una vez se hayan adaptado al nuevo mecanismo de revisión de precios, que ya entró en vigor.

El «término DIF» fue calculado por la CNMC y aparece recogido en un informe que el regulador remitió este martes a Industria.

El informe concluyó además que los usuarios que disfruten del bono social no tendrán derecho a la devolución. «Cabe concluir que el precio medio de los consumidores acogidos al bono social resultaron inferiores en todos los casos al PVPC tras la regularización», señaló.

Ante esta circunstancia, «no procedería llevar a cabo ninguna regularización a este colectivo», señaló el informe emitido por el organismo presidido por José María Marín Quemada.

La nueva normativa de precios establece que la devolución se realizará con el primer recibo que se emita una vez la comercializadora se haya adaptado al nuevo mecanismo de precios, en el que las facturas se emitirán conforme a la evolución del mercado. E.ON fue la primera empresa en adaptarse al mecanismo.

La cantidad de la devolución aparecerá reflejada del forma separada en la factura, en un epígrafe que rece: «Devolución precios Enero-Marzo 2014«.

Además, la CNMC ofrecerá en su página web antes del próximo 1 de julio una herramienta para que los consumidores puedan contrastar si el importe que se les ha reintegrado es el correcto.

El nuevo mecanismo de precios indicó que la refacturación se realizará con la primera factura del nuevo sistema. Como el plazo de adaptación es de dos meses, hasta el 1 de julio, y como las facturas son bimestrales, la fecha límite para la devolución será el 31 de agosto.

«Un parche» para los consumidores

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, indicó que el importe de la devolución de parte del recibo de la luz del primer trimestre anunciado por el Ministerio de Industria es simplemente un «parche», y ha pedido al Gobierno que modifique el actual sistema de fijación del recibo.

Sánchez afirmó que la devolución que recibirán los consumidores «no es ningún regalo», sino que se trata de una cantidad cobrada en exceso y que, además, para los consumidores es imposible de calcular, por lo que tienen que fiarse de lo que establece la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

«Con este parche no podemos estar satisfechos y contentos, sino que más bien lo que debemos hacer es asumir que nos han cobrado de más y que, a partir de ahora, el nuevo sistema no será fiable ni creíble«, reiteró.

Para Facua, es absolutamente imprescindible que el Gobierno modifique el nuevo sistema de cálculo de la tarifa que ha establecido, ya que favorece la «especulación» y no la competencia, dado que son las propias eléctricas las que fijan el precio en el ‘pool’.

Las emisiones de las industrias de la UE cayeron un 3% en 2013, pero aún continúa un excedente de cuotas

«La buena noticia es que las emisiones se han reducido más rápidamente que los años anteriores incluso aunque las economías europeas han empezado a salir de la recesión», dijo la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.

«No obstante, persiste un excedente de cuotas de emisión que sigue creciendo y que pone en peligro el buen funcionamiento del mercado de carbono», avisó Hedegaard. La Unión Europea ya ha aprobado retrasar la subasta de 900 millones de permisos de emisión que estaba previsto que salieran al mercado entre 2013 y 2014 con el fin de limitar el exceso de oferta y forzar así una subida de precios del carbono.

Además, Bruselas propuso crear en el futuro una reserva de permisos para cuando se produzcan nuevos excedentes en el futuro y Hedegaard reclamó a los Estados miembros y a la Eurocámara que apoyen este plan.

De acuerdo con el informe de la Comisión Europea, el excedente acumulado de cuotas de emisión ha pasado de cerca de 2.000 millones de euros a finales de 2012 a más de 2.100 millones de euros para el año 2013. Bruselas espera que empiece a reducirse este año por las medidas adoptadas.

Los mercados eléctricos de España, Portugal y Francia se acoplan con los del Noroeste de Europa con éxito

Fuentes del operador ibérico, Omie, indicaron que por primera vez han convergido durante cinco horas los precios eléctricos de Portugal, España y Francia, así como durante una hora los precios eléctricos de buena parte de Europa continental, desde Portugal hasta Alemania.

De esta forma, los mercados de países que abarcan desde Portugal hasta Finlandia operan desde este martes con un sistema común para el cálculo del precio de la electricidad en los mercados diarios, a través de la solución Price Coupling of Regions (PCR).

Este martes y, por primera vez, la capacidad de intercambio entre Francia y España se asignó en el horizonte diario de forma implícita mediante el sistema PCR, en sustitución de las subastas explícitas diarias coordinadas aplicadas desde 2006.

Este acoplamiento completo de los mercados diarios de electricidad de las regiones europeas permite el cálculo simultáneo de los precios de la electricidad y de los flujos transfronterizos a lo largo de toda esta región.

Los operadores consideraron que el acoplamiento representará un beneficio para los consumidores finales debido a una utilización más eficiente del sistema eléctrico y de las infraestructuras transfronterizas, como consecuencia de esta mayor coordinación de los mercados de electricidad.

Los países que participan en esta iniciativa son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia.

Todos estos mercados representan aproximadamente un consumo anual de 2.400 teravatios hora (TWh). Desde el lanzamiento del nuevo sistema el pasado 4 de febrero, el volumen medio diario de energía casada en el conjunto de estos mercados ascendió a 3,2 TWh, con un valor medio diario superior a 200 millones de euros.

Industria comunicará en próximos días la devolución del recibo de la luz

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó durante que de esta manera se determinará la refacturación «exacta» que corresponde a cada cliente para el periodo correspondiente al primer trimestre.

El ministro recordó que esta situación se produce tras haber cerrado el mercado por debajo del precio fijado por el Gobierno para ese periodo, una vez anulada la última subasta realizada para determinar el coste de la energía en el recibo.

Soria ya avanzó que las eléctricas tendrían que devolver 300 millones de euros por esta diferencia, aunque quedaba pendiente la fijación de la refacturación para cada consumidor.

Para ello, Red Eléctrica de España elaboró unos perfiles de consumo, que pasaron por la CNMC y que ésta ha enviado al Ministerio, que ahora tendrá que comunicarlo a las empresas para que estas «determinen exactamente la cantidad» a reintegrar a «cada uno de los más de 16 millones de consumidores que están» en la tarifa.

Por otra parte, y tras la apertura de un expediente por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la publicidad de las eléctricas, Soria apeló a la «responsabilidad» de las empresas a la hora de informar a sus clientes.

En su opinión, las empresas deben «dar las máximas facilidades para que los consumidores tengan elementos de juicio suficientes para adoptar y tomar aquella decisión que más favorable le sea de acuerdo a sus presupuestos familiares», añadió antes de participar en un EFEencuentros.

Con respecto a la apertura del expediente, Soria defendió que «el Ministerio no sólo no tiene nada que objetar, sino que le gustaría tener y conocer el resultado de esa investigación cuanto antes mejor».

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en los anuncios para la contratación de energía eléctrica

El organismo consideró que estas comunicaciones y anuncios podrían ser equívocos, «con el fin de inducir a los consumidores a adoptar decisiones poco meditadas», según señaló la CNMC, que solicitó información a diversas empresas activas en el mercado de referencia y a otros agentes que pudieran haberse visto afectados por las citadas conductas.

A estos consumidores anteriormente se les aplicaba la tarifa de último recurso y actualmente se les aplicaría el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

De acuerdo con la información recabada por el organismo, estas actuaciones se habrían producido coincidiendo con el reciente cambio regulatorio para el cálculo del PVPC y su régimen de contratación.

En concreto, la CNMC se refirió a diversas informaciones publicadas en prensa, a las comunicaciones escritas a consumidores y a los anuncios públicos en medios de comunicación que hicieron estas compañías en relación con las opciones de suministro del consumidor doméstico.

La entidad que preside José María Marín Quemada consideró que estas informaciones podrían ser contrarias al artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

En este sentido, el regulador aseguró que «la investigación de las prácticas que afectan directamente a la libertad de decisión de los consumidores en un bien de primera necesidad como la energía eléctrica es una prioridad» para la nueva CNMC, dada la importancia que tiene la libertad de elección como fundamento de la libre competencia.

Por ello, advirtió de que en caso de que, como resultado de la información recabada, se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador.

La OCU pide a CNMC «rapidez» y «contundencia» al investigar

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió a la CNMC que actúe con «rapidez» y «contundencia» en su investigación sobre la publicidad que las grandes compañías hacen sobre la nueva fórmula de cálculo del PVPC.

La organización de consumidores recordó que ya advirtió de este problema cuando se aprobó el nuevo método de fijación del precio de la electricidad.

En ese momento, la OCU aseguró que la «confusión» que generaría entre los consumidores esa nueva tarifa «iba a ser aprovechada por las compañías para tratar de confundir a los consumidores sobre la realidad de sus tarifas».

«OCU ha denunciado de forma reiterada las prácticas comerciales de distintas compañías que trasladan al consumidor una información engañosa con el fin de proceder al cambio de suministro sin que el consumidor sea consciente de ello«, subrayaron.

Por ello, pidió a la CNMC que actué «con rapidez y contundencia para evitar el perjuicio a los usuarios de la electricidad».

El déficit de tarifa se sitúa en 1.672 millones de euros hasta febrero

De este modo, hasta febrero el conjunto de los ingresos regulados sumaron 1.711 millones de euros, mientras que los costes fueron de 3.383 millones de euros. El organismo recordó que este desfase es estacional, ya que los ingresos por peajes correspondientes a las lecturas de electricidad de un determinado mes no se reciben completamente hasta unos tres meses después.

Además, este desajuste supera en 568 millones de euros los 1.104 millones de euros registrados en enero y se debe en buena parte a que a comienzos de año no han llegado aún de forma regular los ingresos tradicionales del ejercicio.

Para cubrir este desfase y en línea con lo previsto en la reforma eléctrica, la CNMC estableció que el coeficiente de cobertura de los distintos agentes del sector se sitúe provisionalmente en el 44,78% de la retribución que les corresponde, lo que significa que los agentes que tienen reconocidos cobros con cargo al sistema sólo recibirán ese porcentaje del total de enero y febrero e ingresarán el resto a medida que haya nuevos recursos disponibles.

Con la puesta en marcha del coeficiente de cobertura, el Gobierno pretende limitar los desembolsos a los fondos disponibles con el objetivo de evitar la generación de déficit de tarifa, un mecanismo en vigor durante años que ha permitido la acumulación de una deuda superior a los 30.000 millones de euros.

La demanda en consumo se situó en los dos primeros meses del año en 22.757 gigavatios hora (GWh), un 6% menos que el valor promedio de años anteriores.

El regulador atribuyó esta caída a factores como la reimplantación de la facturación bimestral desde el 1 de abril de 2013. En este escenario, los ingresos por peajes de acceso se situaron en 1.397 millones de euros, un 12% menos que el valor promedio histórico.

La CNMC también recordó que la segunda liquidación del año no tiene en cuenta el nuevo esquema retributivo de las instalaciones de producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos.

Esta circunstancia, no contemplada en la previsión de costes del Ministerio de Industria Energía y Turismo, explica que el coste de los incentivos a estas tecnologías haya sido 384,4 millones de euros superior a la previsión.

Frente a esta desviación, el coste de los pagos por capacidad presentó una evolución favorable y fue hasta febrero 44 millones de euros inferior a lo previsto en la orden de peajes de acceso a la energía, debido fundamentalmente al escaso hueco térmico para centrales como los ciclos combinados de gas.

En su informe, la CNMC advirtió sobre «la escasa relevancia» de la segunda liquidación, debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Por su parte, el déficit de tarifa del gas en febrero fue de 170,9 millones de euros, lo que supone que la diferencia entre los ingresos y los costes de la compañías aumentó un 10,8% respecto a febrero de 2013. Además, el regulador informó de que el déficit de gas registrado el pasado ejercicio subió a 326 millones de euros, un 9,3% más que en 2012.