Durante la jornada inaugural del seminario «La Europa que deja la crisis«, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), y patrocinado por BBVA, Brentan concretó ambas propuestas en el marco de una necesaria armonización de los mercados energéticos a escala europea.

En su opinión, el mercado minorista en España, a diferencia de otros países, «no tiene suficiente nivel de liberalización» y el sistema de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) cuenta con «algunos inconvenientes», como por ejemplo que se basa en un precio minorista y «debería dejar la posibilidad de formar precios a los agentes minoristas», que se basa en precios diarios, «y eso no es adecuado», porque el precio final es «muy volátil» y se debería fijar uno a plazo, y que no es un precio que se pueda conocer de antemano con lo que se puede comparar «con dificultad».

De hecho, Brentan, criticó que el mercado minorista de electricidad en España «no tiene un nivel de diversificación suficiente» y que los suministradores de esta tarifa de último recurso, que son los suministradores de referencia, «son bichos raros» que tienen «precios regulados» y que en muchos casos «están al borde de la quiebra».

Por estos motivos, el consejero delegado de Endesa abogó por la desaparición gradual del precio regulado de la electricidad y explicó que en el mercado minorista de la electricidad, el porcentaje de cambio de suministradores libres está en el 12%.

«El precio regulado de la electricidad minorista es un lastre en el mercado y se tendría acometer cuanto antes un plan de desaparición gradual para ir a una completa liberalización», concluyó.

También en aras de la armonización, Brentan reclamó además limpiar la factura de la luz de costes más relacionados con políticas sociales, cargas fiscales y otros que dependen de «políticas más generales».

Así, señaló que extraer esos costes y pasarlos a las cuentas presupuestarias permitiría bajar precios y gradualmente hacer que los niveles retributivos de las empresas estén en niveles razonables».

Por otra parte, el consejero delegado de Endesa dijo que es «muy importante» dar credibilidad al sector eléctrico de distintos países de la Unión Europea y puntualizó que, a medida que la recuperación tome fuerza en los países europeos, será necesario hacer inversiones para obtener «rentabilidades razonables».

Por último, preguntado por la información publicada por el diario «ABC» sobre la posibilidad de que Enel deshaga posiciones en España para reducir costes y sacar a la compañía de la Bolsa, Brentan se limitó a responder: «Está (al periodista) asumiendo que Enel tiene esos planes, por esa razón no vamos a hablar de eso».

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, mostró su interés por las decisiones empresariales de Enel en Endesa, siempre que no afecten a la garantía de suministro a los españoles. «Máximo respeto», subrayó.

Según el último informe de supervisión del mercado minorista de electricidad correspondiente a diciembre de 2013 y publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estas tres empresas continúan «presentando un ratio de concentración de mercado significativo».

Sin embargo, «se aprecia un lento pero progresivo aumento de la cuota de energía suministrada por los comercializadores no pertenecientes a los cinco grandes grupos energéticos tradicionales», que ya acaparan un 21% del total del mercado libre, frente al 16% de 2011.

Este repunte se produjo gracias a la contribución de los consumidores industriales, que al cierre de 2013 adquirían el 30% de la electricidad a comercializadores no vinculados a los grupos tradicionales, frente al 3% de los domésticos del mercado liberalizado.

Según este informe, a finales de 2013 el mercado libre ya aglutinaba el 43% de los puntos de suministro y el 83% de la energía. En el sector doméstico, estas cifras se rebajan al 42% y el 50%, respectivamente.

El pasado año la tasa de «switching» o cambio de suministrador se situó en el 12% para el sector eléctrico, entre las más altas de Europa, y eran especialmente relevantes entre las comercializadoras del mercado libre, a pesar de que la existencia de una tarifa regulada «podría estar desincentivando» estos procesos, puesto que los consumidores con tarifa regulada tienen una tasa de cambio inferior a los del mercado libre.

Por este motivo, la CNMC abogó por «definir un calendario progresivo que suponga la desaparición» de la tarifa regulada, además de que en 2013 los comercializadores que más crecieron en términos relativos en el mercado doméstico fueron Fenie Energía, Som Energía, Audax Energía, Watium, HolaLuz y Gesternova.

Entre estas comercializadoras, no ligadas a ninguna zona de distribución, destacó Som Energía por aparecer, en junio de 2013, en las primeras posiciones del comparador de ofertas de la CNMC para el segmento doméstico con derecho a TUR, según indicó el regulador.

Asimismo, la CNMC subrayó la evolución de Holaluz, que tras ganar la subasta organizada por la OCU pasó de algo más de 500 clientes a finales de 2012 a superar los 7.800 un año después.

De acuerdo a sus cálculos, entre julio de 2012 y junio de 2013 los precios medios totales facturados por las comercializadoras del mercado libre repuntaron entre un 3% y un 5%, hasta situarse en una media de 181 euros el MWh para los consumidores domésticos con derecho a tarifa, 184 euros el MWh para los que sin derecho a tarifa, 147 euros el MWh para las pymes y 92 euros el MWh para los industriales.

El supervisor también subrayó que el margen bruto estimado con respecto al coste energético en los mercados a plazo se situó en junio del paso año en 8 euros el MWh para los consumidores domésticos con derecho a tarifa, 10 euros para los que no tienen derecho a tarifa, 4 euros para pymes y 3 euros para industriales.

En la primera versión de la orden de peajes, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incluyó una partida de costes regulados por estos 200 millones de euros procedentes de tributos autonómicos, que desapareció en la versión final.

Gas Natural Fenosa impugnó este aspecto y cifró en 30 millones de euros el sobrecoste que había sufrido por esta falta de imputación de unos costes que, conforme a la regulación aprobada en 2012, deben recaer sobre los consumidores de las regiones con tributos autonómicos.

De hecho, la norma actual establece que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos especiales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial».

Según la regulación, este suplemento «cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo» y «deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».

El Alto Tribunal no accedió a la solicitud de cuantificar el sobrecoste que dice haber sufrido la empresa, ya que está pendiente el desarrollo reglamentario para 2013 que concrete los suplementos territoriales. En todo caso, ordenó incluir en el coste de los peajes que pagan los consumidores estos suplementos territoriales, aunque no detalló si esos recargos autonómicos tendrán que cobrarse con efecto retroactivo o incorporarse a partir de ahora a la factura eléctrica.

En la sentencia, el Supremo declaró que el articulo 9.1 de la orden de peajes de 2013 no es conforme a derecho al no incluir en los costes los suplementos territoriales a los que se refiere el artículo 17 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, según la redacción que se le dio por decreto-ley en 2012.

Industria debió incluir en la orden de peajes de 2013 los suplementos territoriales correspondientes a cada una de las comunidades autónomas que tuviesen implantados aquellos tributos, «de modo que los consumidores ubicados en ellas sufragasen los costes derivados de las decisiones de sus propios órganos administrativos», según señaló la sentencia.

La sentencia recordó que el Gobierno se escudó para no incluir esa partida en el hecho de que la modificación legislativa no había sido desarrollada, algo que el Supremo rechazó porque ese desarrollo normativo correspondía al propio Ministerio de Industria.

«No puede escudarse en su inactividad cuando estaba obligada al desarrollo reglamentario», subrayó.