España considera «importante» llegar a un acuerdo en la Unión Europea para comprometerse a reducir las emisiones contaminantes en 2030

Esta jornada de reuniones en la capital lombarda también acogió un encuentro con el Green Growth Group (GGG) y consideró que «debe apoyar este encuentro de posiciones en el seno de la Unión Europea». Este grupo integrado por grandes empresas implicadas en la lucha contra el cambio climático se creó recientemente en España con el fin de abordar las políticas de economía verde y bajas en carbono.

Según expuso el secretario de Estado, nace con los objetivos de incrementar la participación de las empresas, intercambiar información vinculada al cambio climático, identificar las oportunidades que se vayan abriendo, aportar propuestas para el diseño de unas políticas eficaces y realistas, y apoyar la presencia española en foros internacionales.

A su juicio, la eficiencia energética es «esencial» para el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero globales, y subrayó el «especial interés» en dos sectores difusos significativos como son el transporte y la edificación.

Pese a poner de relieve que «existen importantes barreras para la puesta en marcha de planes y medidas relacionados con la eficiencia energética», Ramos mostró su convencimiento de que «la puesta en marcha de políticas que lo fomenten generará actividad económica y creará empleo, por lo que es importante seguir trabajando en la identificación de las barreras y en el diseño de las políticas que permitan superarlas».

Finalmente, indicó que el marco 2030 plantea un «importante reto» para todos los Estados miembro y, en particular a aquellos de menor renta en términos de inversiones, lo que no debe impedir que se llegue a un acuerdo en el Consejo Europeo.

Este programa, presentado por la Comisión Europea el pasado enero y que se prevé se apruebe a finales de año, propone que, en 2030, al menos el 27% del consumo energético comunitario provenga de renovables, se aumente la eficiencia energética hasta el 30% y se reduzcan un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para el funcionario español, sin embargo, la disparidad de inversiones «no debe impedir» que se alcance un acuerdo en el Consejo Europeo de este mes.

El PSOE ve «escandaloso» que hayan disminuido en 200.000 las familias beneficiarias del bono social de la luz entre 2011 y 2013, en «plena crisis»

Según los datos oficiales, recogidos en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista, el número de familias beneficiadas por este bono social pasó de 2.712.896 en el año 2011 a 2.572.653 en 2012 y 2.511.158 a finales de 2013.

De este modo, el número de beneficiarios del bono social de la luz se redujo en 201.738 familias de 2011 a 2013, un 7,4% menos, hasta cerrar el año pasado en 2,51 millones, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Desde que entró en vigor el 1 de julio de 2009, al bono social pueden acogerse todos los usuarios con una potencia de hasta 3 kilovatios (kW) en su primera vivienda, las familias numerosas, aquellas que tienen a todos los miembros en paro, o los pensionistas con prestación mínima.

Desde el año pasado, los beneficiarios de este bono deben acreditar también que no superan determinados niveles de renta, lo que afecta especialmente a las familias numerosas.

Por ello, Heredia expresó su preocupación por el hecho de que «el número de beneficiarios acogidos al bono social en nuestro país descienda de forma preocupante con la nueva reforma eléctrica del gobierno».

«Es escandaloso que en plena crisis, cuando el número de parados o el de hogares con todos sus miembros en paro no ha hecho más que crecer, el número de familias beneficiadas haya disminuido», insiste.

Además, el diputado por Málaga criticó que con la nueva reforma, el bono social no estará ligado al número de miembros de la familia ni únicamente a la renta, al establecerse unos topes por debajo de los cuales no se tendrá derecho, con lo que serán muchos menos los beneficiarios en el futuro.

Por otro lado, denunció que con la reforma del PP el nuevo sistema para fijar el precio de la luz va a ser «impredecible» y «va a trasladar directamente a los consumidores nuevas subidas en el recibo de la luz».

«Nos preocupa mucho cómo lo van a pasar miles de familias ahora que se acerca el invierno. Nos preocupa que el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro tengan que afrontar una nueva subida de la luz, en casos en los que se les hace muy difícil llegar a fin de mes», concluye Heredia.

Hasta este año el bono social era una tarifa congelada, pero con la entrada en vigor del nuevo sistema tarifario o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) a cada consumidor acogido a este bono social se le aplica un descuento del 25 % sobre cada factura.

Cáceres perdió casi un 25% de sus beneficiarios

La respuesta del Gobierno también detalló los beneficiarios del bono social por provincia con Madrid a la cabeza, con 182.965 en 2013 frente a los 201.886 de 2011; seguida de Valencia, con 144.232 en 2013 frente a los 159.502 de 2011. También superan los 100.000 acogidos a este bono provincias como Barcelona, Málaga, Alicante o A Coruña.

Las mayores variaciones se produjeron en Cáceres, que perdió casi una cuarta parte de los beneficiarios (24,36%) al pasar de 39.959 a 36.985; y en Castellón, donde el descenso fue del 15,2%, desde los 46.774 beneficiarios del bono social que había en 2011 a los 39.663 del año pasado.

Destacaron también las caídas registradas en todas las provincias de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, así como de las provincias de Madrid, Valencia y Barcelona, que son las que más beneficiarios perdieron en términos absolutos (18.921, 15.270 y 10.823, respectivamente) pero que también son las que más consumidores tienen dados de alta en el bono social, tanto en 2011 como a finales del año pasado.

Por el contrario, sólo en Melilla y en Asturias se incrementó el número de acogidos al bono social. En la ciudad autónoma se multiplicaron casi por ocho, desde los cinco que había en 2011 a los 44 de 2013, mientras que en el Principado el incremento fue del 1% en estos ejercicios, desde 48.052 a 48.533. En Ceuta no hay ningún beneficiario.

Las medidas del Gobierno «empujan a la exclusión» a 200.000 familias

Ante estos datos, el responsable socialista acusó al Ejecutivo de aprobar medidas energéticas que «empujan a la exclusión social a miles de hogares españoles que sufren las consecuencias de la crisis y están en situación de pobreza energética».

Sobre todo porque mientras menos personas pueden acogerse al bono social el recibo de la luz «se sigue encareciendo» y ya es «uno de los más caros de toda Europa», algo que, a juicio de Heredia, no se solucionará con la reforma energética aprobada por el PP.

En este sentido, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista reprochó al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que no haya comparecido en todo este año en el Congreso para explicar el nuevo sistema de fijación de precios que ha sustituido a las subastas trimestrales.

Por último, Heredia recordó que próximamente el PSOE defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una proposición de ley sobre pobreza energética que «afronta situaciones de flagrante injusticia o de exclusión social, que ponen incluso en riesgo la salud y la integridad de las personas en los casos más extremos», a través de la creación de una tarifa social «mínima y asequible» para quienes están en esa situación.

Asimismo, el principal partido de la oposición reclamó una auditoría energética para conocer el coste de cada una de las tecnologías productoras y para que los ciudadanos «realmente sepan cuál es la más cara y la más barata, y cuáles son las razones por las que el recibo de la luz sigue subiendo con los costes fijos por encima de los variables».

Facua acusa al Gobierno de boicotear el bono social

Por su parte, Facua-Consumidores acusó al Gobierno de «boicotear» el uso del bono social de la electricidad, impidiendo así que los usuarios con dificultades «puedan beneficiarse de una tarifa razonable».

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, denunció que el número de beneficiarios del bono social sólo es de 2,5 millones, la mitad de los cinco millones posibles.

De esta manera, criticó cambios en la regulación que llevaron a que el bono ya no se fije sobre el precio actual, «con lo que no hay estabilidad», y en los parámetros de ciudadanos que pueden acceder a él, lo que hace que haya familias que «sigan excluidas».

Además, Sánchez consideró que «se están vulnerando principios de la legislación comunitaria, ya que no se garantiza la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonables».

A este respecto, Sánchez subrayó que una tarifas «tan altas» de la luz llevan a España a ser «líder de la pobreza energética» y recuerda que, según cálculos de la asociación, el recibo de la luz cuesta un 19% más que en enero.

El déficit de tarifa alcanza los 3.363 millones de euros hasta el mes de julio por una menor demanda y los ajustes temporales en las renovables

Este desfase es muy similar a los 3.365 millones contabilizados por el regulador en los seis primeros meses del año y responde tanto a las desviaciones esperadas propias del calendario como a una menor demanda y a ajustes temporales en la retribución a renovables que la CNMC espera corregir en los próximos meses.

En concreto, de los 3.363 millones de euros de déficit hasta julio, 2.041 millones de euros son «consistentes con el escenario previsto a principios de año», mientras que 1.322 millones de euros surgió de forma «adicional», debido a la reducción de ingresos de peajes por el descenso de la demanda en unos 322 millones de euros y el coste extraordinario de 1.000 millones de euros por la retribución renovable que se irá ajustando.

Este incremento de los incentivos a las tecnologías verdes «se irán reduciendo paulatinamente en las siguientes liquidaciones» debido a que se va a proceder a una reliquidación en la que las instalaciones deberán devolver el dinero percibido de más entre el momento en el que se anunció la reforma energética y la entrada en funcionamiento del nuevo marco regulatorio.

La reforma energética sustituyó el antiguo sistema de primas a la producción por una retribución razonable a lo largo de toda la vida útil de la planta, un cambio que se aplica desde julio de 2013 pese a que el detalle no se conoció hasta junio de este año.

Por eso, en cada una de las próximas nueve liquidaciones, a las instalaciones se les aplicará el régimen retributivo en vigor desde junio. Como en ese periodo han recibido lo correspondiente a las primas anteriores, deberán devolver la diferencia. Las reliquidaciones, que ascienden a 1.236 millones de euros, servirán para contener el déficit de tarifa a partir del próximo mes.

Los ingresos por peajes caen un 4,4%

Los ingresos por peajes hasta julio sumaron 7.163 millones de euros, cifra inferior en un 4,4% inferior al valor promedio histórico, debido, entre otros factores, a que la demanda cayó hasta los 116.769 gigavatios hora (GWh), un 1,9% por debajo del valor previsto para dicho mes respecto a la previsión anual.

En la parte de costes, los pagos por capacidad y el mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro sumaron 361 millones de euros, cifra inferior en 162 millones de euros al valor promedio previsto para esta liquidación, debido al escaso hueco térmico.

Por otro lado, la CNMC señaló que, como los ingresos no son suficientes para cubrir todos los costes a retribuir con cargo a las liquidaciones, se aplicó un coeficiente de cobertura del 68,59% en esta liquidación, un crecimiento de ocho puntos porcentuales respecto al 60,50% de la liquidación anterior.

El déficit del gas se incrementa un 48%

Por otro lado, el déficit de tarifa del sector del gas obtenido en esta séptima liquidación provisional fue de 522 millones de euros en términos de caja, lo que, comparado con el déficit del mismo periodo del año anterior, de 352 millones de euros, supone un incremento del 48%.

Con los ingresos netos de liquidación se tiene un índice de cobertura del 74,3% de la retribución acreditada. Los ingresos netos liquidables fueron de 1.509 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La retribución total acreditada fue de 2.032 millones de euros, un 3,6% mayor que la del mismo periodo de 2013. El número de consumidores declarado por las empresas a 31 de julio de 2014 ascendía a 7,51 millones de euros, esto es 82.465 usuarios más.

Morales de Labra: «La CNMC ya reconoce déficit de tarifa para 2014»

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Renovables y director general de Geoatlanter, Jorge Morales de Labra, advirtió de que la última liquidación mensual del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya reconoce la existencia de un déficit de tarifa para 2014.

«La CNMC, a pesar de lo que el Gobierno viene declarando a lo largo del año, ya reconoce que al menos va a haber un déficit de tarifa de 322 millones de euros en 2014», señaló Morales de Labra, en alusión al desajuste adicional provocado hasta julio por el descenso en la demanda.

«Además, hay otros 1.000 millones de euros en el aire que dependen de la devolución que tiene que producirse por parte de una serie de empresas de renovables», entre las que figuran «muchas que están en concurso de acreedores», advirtió.

Entre estas instalaciones destacan las de minihidráulica, las de purines y biomasa, así como algunas de eólica, señaló el vicepresidente de la Fundación Renovables, antes de expresar su temor a que estos cerca de 1.000 millones de euros «no se contabilicen como déficit y se escondan a la espera de los resultados de los concursos de acreedores».

El previsible déficit de tarifa en 2014, que se produciría a pesar de las previsiones del Gobierno de que el año concluya en equilibrio, «coincide con un momento en el que el mercado eléctrico está marcando máximos».

De hecho, el precio en el mercado mayorista, o «pool», marcado para este viernes es de 70 euros por megavatio hora (Mwh), el mayor del año. «¿A qué espera el Gobierno para intervenir el mercado como hizo en diciembre del año pasado?», se preguntó Morales de Labra.

Javier García Breva reclama medidas que impulsen la eficiencia energética

El exdirector general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) durante los dos primeros años del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero reclamó al Gobierno tres pasos a dar para impulsar la eficiencia energética en España. La base partiría de impulsar una Ley de Eficiencia Energética que transponga completamente las dos directivas de eficiencia energética elaboradas por la Unión Europea y que sólo se han traspuesto al ordenamiento jurídico español de forma parcial.

Además, reivindicó que el Gobierno potencie el Fondo Nacional de Eficiencia Energética ya que, pese a haber sido ya creado, «debe tener tres patas». Según García Breva, únicamente hay constancia de que se estén utilizando fondos europeos Feder pero todavía hay que emplear lo que se recoge en el artículo 7 de la directiva europea de Eficiencia Energética: la aportación del 1,5% de la facturación de las compañías que venden energía en todo el país, «aunque podrían retraerse las inversiones en eficiencia energética que realicen estas compañías», aclaró este experto. La tercera pata de este Fondo Nacional sería instar desde el Gobierno a que las entidades financieras faciliten la financiación a proyectos de eficiencia energética.

Además, Breva reclamó al Ministerio de Industria que revise las medidas puestas en marcha en la denominada reforma energética ya que considera que hay aspectos que «incumplen» la normativa europea. En este sentido, aludió a la regulación que impide el autoconsumo y a la nueva estructura de peajes, que ha aumentado el peso del término fijo al 70% de la factura eléctrica, «lo que hace que cualquier inversión en eficiencia energética es imposible de financiar«.

Javier García Breva abogó por la eficiencia energética como base de la reindustrialización que quiere impulsar el Gobierno en España. En este sentido, García Breva proclamó que la eficiencia energética es «rentable» y que cada euro invertido en esta materia se traduce en un ahorro potencial de más de 4 euros, según datos reflejados en informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y de la Comisión Europea que, según las cifras que ofreció, con una inversión anual de 2.000 millones de euros en eficiencia hasta 2030 se conseguiría el ahorro anual de 9.000 millones en importaciones de hidrocarburos.

Este experto del sector, que actualmente encabeza la Oficina de Javier García Breva y asesora a empresas e instituciones en materia de eficiencia energética, considera que la eficiencia energética se ha visto excluida de la reforma del Gobierno en el sector. A su juicio, el Ejecutivo se escuda en que ya se han cumplido con los compromisos con Bruselas de mejorar la eficiencia energética un 20% para 2020 al tiempo que se silencia que la crisis económica es la que ha reducido el consumo energético y no una mayor eficiencia.

En este sentido, García Breva indicó que todos los informes internacionales y, especialmente, de la Unión Europea, llevan a una disminución de la dependencia energética de gas y petróleo. Trasladando este planteamiento a las cifras, Breva apuntó que cumpliendo un objetivo del 25% para 2030, los países comunitarios ahorrarían el 13% de sus importaciones de gas y el 2% de petróleo. Además recordó que la crisis de Crimea entre Rusia y Ucrania, que hace temer a la Unión Europea por el suministro de gas en el próximo invierno, ha sido lo que ha elevado el objetivo al 30%. «Gracias a Vladimir Putin, la Unión Europea ha elevado su objetivo de eficiencia energética», comentó García Breva.

Respecto a la designación de Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, García Breva lamentó la polémica generada y consideró que este debate ha dejado «en un segundo plano» lo que considera realmente importante: «está a debate en qué dirección económica va a avanzar la Comisión Europea de Juncker en los próximos años; cuando se defina, será turno de hablar de la política energética«.

Revisando el panorama nacional, Javier García Breva ve en la eficiencia energética una «oportunidad» para que el que decida avanzar por ese camino. Por ejemplo, indicó que en el mercado inmobiliario, «cada vez habrá consumidores más exigentes que no excluirán de sus cálculos la variable de los costes energéticos». En este sentido, García Breva acudió a datos oficiales para indicar que, entre los edificios de construcción antigua que se han sometido a un estudio de certificación energética, el 95% tiene una calificación por debajo de la letra C, en una escala que va de la A a la G (de mayor a menor eficiencia energética).

Industria aclara que el recibo de la luz bajó un 6,9% hasta septiembre y Soria insiste que a final de año acumulará un descenso del 3%

Para todo el año 2014, «se espera una disminución de la factura de la luz algo mayor que la registrada en 2013, cuando se abarató a su vez un 3,1% con respecto al año anterior», indicó Industria.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reiteró esta misma idea, en una entrevista en TVE, y aseguró que el precio de la electricidad terminará el año bajando «más aún» que el año pasado, cuando descendió el 3,1% frente a 2012, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Soria señaló que entre enero y septiembre de este año el precio de la electricidad disminuyó un 4,9% frente al mismo periodo del año anterior, según datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

El ministro explicó que con el nuevo mecanismo de configuración de precios la evolución de los mismos depende de factores como las condiciones meteorológicas, la energía producida y las tecnologías, pero «ya no hay una carga tan grande de costes regulados del sistema».

A pesar de ello, reconoció que con el nuevo sistema para fijar las tarifas, «hay meses, como septiembre, en los que el precio del megavatio es más elevado y eso influye».

De este modo, tanto el Ministerio de Industria como Soria vincularon la «sensación» que tienen los consumidores de pagar cada vez más en el recibo de la luz se debe fundamentalmente a que entre 2004 y 2011 se acumuló un incremento cercano al 70%, con subidas anuales medias del 6,9%.

En este sentido, Soria se mostró confiado en que con el nuevo sistema la evolución de los precios sea más predecible, puesto que «la reforma energética ha contribuido a reducir los costes regulados del sistema lo que contribuye a evitar subidas mayores».

No obstante, aseveró que «esta tendencia alcista de los años anteriores, no sólo se ha conseguido frenar, sino que en los últimos dos años incluso se han producido bajadas de la factura eléctrica».

«Por tanto no son ciertos los datos difundidos por alguna asociación de consumidores y de los que se han hecho eco diferentes medios de comunicación», añadió.

Facua-Consumidores en Acción afirmó este miércoles que el recibo de la luz cuesta un 19,2% más que en enero, cuando el consumidor medio pagaba 13 euros menos al mes que ahora.

En términos interanuales, con la tarifa media de septiembre el usuario medio paga un 7,8% más que en el mismo mes del año pasado, señala Facua, antes de concluir que «hoy las tarifas ya son mucho más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero».

El nuevo mecanismo para fijar la tarifa eléctrica regulada, el denominado Precio Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC) al que están acogidos unos 16 millones de consumidores, vincula el coste de la energía, que supone alrededor de un tercio del importe del recibo de la luz, a la evolución del mercado mayorista en función de unos perfiles de consumo.

Este mercado mayorista terminó el tercer trimestre del año en precios más elevados que el los tres meses anteriores, lo que se reflejará en los próximos recibos eléctricos. Junto a este coste de la electricidad, en el recibo pesan los costes regulados o peajes y los impuestos.

El mercado eléctrico ibérico a cuenta y las OTC de electricidad alcanzan un récord de volumen en septiembre

El operador expresó su «orgullo» por los altos niveles de actividad alcanzados en septiembre y la confianza depositada por todos los agentes del mercado.

En septiembre se alcanzó un volumen récord de operadores a cuenta equivalente a 14,5 teravatios hora (TWh), un 57% superior al registrado en el mismo mes del ejercicio anterior.

Este máximo coincide con el alcanzado en la negociación de los OTC, que alcanzó un volumen de 6,95 TWh, según indicó Omip, antes de cifrar en 32 el número de agentes del mercado con actividad reseñable durante el mes.

Industria modifica el «calendario eléctrico» para garantizar el cobro del servicio de interrumpibilidad

Este servicio consiste en un pago con cargo a la tarifa que se realiza a las grandes empresas industriales por interrumpir el consumo de electricidad en los momentos en los que el sistema eléctrico sufra exceso de demanda, una circunstancia que, desde el inicio de la crisis, no se ha producido en los terrotorios peninsulares.

Como parte de la reforma energética, el Gobierno redujo de unos 700 millones a 550 millones de euros el coste anual para el sistema eléctrico de este servicio de interrumpibilidad y creó unas subastas competitivas para la participación de las grandes empresas en este mecanismo.

En una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Industria señaló que en los siete primeros meses del año se liquidaron 316 millones de euros por el servicio de interrumpibilidad y que, a la vista de las proyecciones estimadas para el ejercicio, se prevé que el límite de 550 millones de euros se superará antes de fin de año.

«Lo anterior conllevaría que, en los próximos meses, especialmente noviembre y diciembre, la contribución que supone el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a la garantía de suministro podría verse afectada al no percibir los prestadores del servicio retribución alguna por haber alcanzado el límite anual con anterioridad«, advirtió Industria en la orden.

Para evitar esta circunstancia, el departamento dirigido por José Manuel Soria se decantó por modificar las fechas de inicio y fin de la temporada eléctrica, que a partir de ahora coincidirá con el año natural. Anteriormente, el año eléctrico iba del 1 de noviembre al 31 de octubre de cada ejercicio.

También se ajustaron las cuantías pendientes de percibir en cada liquidación mensual para que los sujetos tengan garantizada la retribución hasta fin de año. Junto a esto, se aprobó una laminación de las cantidades pendientes de percibir en los próximos meses.

Montes cree que la reforma del sector eléctrico cuadrará el déficit de tarifa

Un conjunto de medidas que se han englobado en la denominada reforma energética del Gobierno, de la que Eduardo Montes no ha dudado de su necesidad si bien considera que, más que una reforma del sector, lo que se ha hecho es «cuadrar» las cuentas para atajar el déficit tarifario. En este sentido, consideró que el desfase entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes regulados será este año «muy reducido o prácticamente cero«. Por ello, a pesar de que han supuesto medidas «muy dañinas» para el sector, Eduardo Montes espera que a partir de ahora las medidas de ajuste hayan concluido y haya una fase de «estabilidad regulatoria«.

El presidente de Unesa detalló el impacto económico de las medidas puestas en marcha por el Gobierno sobre las cuentas de las principales compañías eléctricas que integran Unesa (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.ON y EDP) y que han supuesto una reducción en la retribución del orden de 2.450 millones de euros para el régimen ordinario, que incluye la nuclear, la gran hidráulica y las centrales térmicas, 1.240 millones para la distribución y 3.100 millones en impuestos, de los que entre 1.500 y 1.600 millones corresponden a las compañías eléctricas. Frente a esto, Montes consideró que el impacto para el antiguo régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) es de alrededor de 2.000 millones de euros.

Sobre lo que no quiso pronunciarse Eduardo Montes es sobre las recientes medidas del Gobierno, pactadas con el PNV a nivel parlamentario, que prevén una reducción de la factura eléctrica a la industria vasca, lo que conllevará en la práctica a un aumento del déficit ya que los ingresos del sistema serán inferiores a lo previsto si no se suben a otros consumidores. En este sentido, el presidente de Unesa se limitó a indicar que es un tema que compete al Ministerio y que confían en que las medidas lleven a un déficit «probablemente nulo», que es lo que se ha comprometido desde el departamento del ministro José Manuel Soria.

Reivindicaciones para los próximos años

Con la «estabilidad regulatoria» que desde Unesa esperan que se haya alcanzado, su presidente cree que se ha llegado a «un punto de inflexión» y aboga por encontrar una solución para los ciclos combinados de gas, que están funcionando aproximadamente a un 12% de su capacidad y cuyos pagos por capacidad considera Montes que hay que cambiar «si se quieren mantener», así como que la tarifa recoja únicamente los costes ligados al suministro eléctrico y la liberalización completa del mercado.

A juicio del presidente de la patronal eléctrica, estos tres puntos son los que deberían marcar la hoja de ruta del Ministerio de Industria en lo que resta de legislatura y de cara a la próxima, período que coincidirá, salvo cambio inesperado con el español Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, al que Montes valoró como un «muy buen» político y una «buena noticia» para España su designación. «Europa tiene que ayudar en la liberalización del mercado», indicó el presidente de Unesa, que aún así reconoció que éste es un tema de debate más propio del ámbito nacional.

Respecto a la instalación de contadores inteligentes, Montes recordó que según la normativa antes del 1 de enero de 2015 tenían que quedar instalados un 35%, a lo largo de 2015 otro 35%, y en 2016 el 30% restante para completar la renovación del parque nacional de contadores. Por el momento esta directriz «se está cumpliendo«, pero recordó que la aplicación del nuevo sistema de facturación «no está implantado al 100% ya que los plazos, indicó Montes respecto al deseo de Industria de implantar en meses el nuevo sistema, «han sido muy cortos«. Por ello, resaltó que «son cosas muy técnicas» para las que debe haber un «consenso total» entre el regulador, las eléctricas y la parte técnica del sistema.

El presidente de Unesa también entró a valorar la evolución del precio de la electricidad en 2014. Montes apuntó que, si los datos de los meses que quedan para finalizar el año siguen una «pauta parecida» a la registrada hasta el momento, «es posible que la media de todo el año presente una caída» respecto a 2013 ya que el precio cayó de forma importante en los primeros meses del año y cree que no se compensará completamente con la subida experimentada en el verano.

El déficit de tarifa acumulado cerrará 2014 en 26.800 millones, según Fitch

En un informe publicado por Fitch, la agencia consideró que el déficit de tarifa acumulado alcanzó su «pico» al cierre de 2013, cuando sumaba 28.400 millones de euros.

El déficit de tarifa es la diferencia entre los ingresos del sistema y sus costes (transporte, distribución, renovables, etc.), un desfase acumulado año a año durante más de una década hasta sumar una deuda cercana a los 30.000 millones de euros, la mayor parte colocada en el mercado.

Según Fitch, esta deuda «empezará a caer en los próximos trimestres», lo que ayudará a recuperar la sostenibilidad financiera del sistema, una confianza que extiende también al sistema portugués.

Consideró que las mejoras previstas para los sistemas de España y Portugal vienen de la reducción de las ayudas a las energías renovables debido a cambios en la política regulatoria y al incremento de los ingresos.

En ambos casos apuntó que la sostenibilidad del sistema podría verse afectada por un «entorno macroeconómico frágil» y por «posible interferencia política», especialmente debido a que se esperan elecciones generales el próximo año.

Fitch cree que el déficit de tarifa desaparecerá en 2014 si no hay «interferencia política o legal»

La agencia de calificación crediticia Fitch confía en que el déficit de tarifa desaparecerá en 2014 y en que la deuda eléctrica acumulada empezará a descender tras haber tocado techo a finales de 2013, si bien advierte de que este escenario no es «inmune a shocks de volatilidad» o a alguna posible «interferencia política o legal».

En un informe, la agencia asegura que el desajuste anual del sistema eléctrico español, tras haber superado algunos años los 5.000 millones, «converge hacia la sostenibilidad financiera» tras las recientes medidas regulatorias.

La corrección «se debe a la aplicación de medidas correctoras, entre ellas el recorte en los subsidios a los productores de renovables y el incremento de los ingresos regulados», señala. Las primas a las renovables se habrán recortado un 19% en 2014, hasta 7.400 millones.

Si se cumplen las previsiones de Fitch, la deuda acumulada del sistema eléctrico pasará en los próximos años de equivaler a un 160% de los ingresos regulados en 2012 a un 100% en 2017. El pico se alcanzó en el tercer trimestre de 2013, con un volumen de deuda acumulada de 28.400 millones.

En su informe, la agencia indica que el nivel de atrasos en los pagos en la factura eléctrica en España es inferior al de otros recibos básicos, como la hipoteca o el alquiler de la vivienda.

La causa de esta menor morosidad se explica por «la capacidad de las eléctricas para cortar el suministro en caso de que impago por parte de los clientes», señala.

El consumo eléctrico de grandes empresas aumentó un 3,4% en agosto y acumula un año al alza

Según este índice, el consumo eléctrico de estas empresas en los últimos doce meses, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, ha aumentado un 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por sectores, el consumo de la industria ha ascendido un 5%, mientras que el de los servicios ha descendido un 1,8%.

Las cinco actividades con mayor consumo eléctrico aumentaron durante el mes de agosto su demanda comparadas con agosto del 2013, a excepción de la metalurgia, que cayó un 1,7%. No obstante, la industria química subió un 2,3%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 7,9%, la industria de la alimentación un 7,3% y la del papel un 0,4%.

Del mismo modo, tomando los datos corregidos de laboralidad y temperatura, las actividades que más aportaron al crecimiento del consumo de las grandes empresas fueron la fabricación de otros productos minerales no metálicos, con un aumento del 7,9%, la industria de la alimentación (7,3%), el transporte terrestre y por tubería (20,3%), la fabricación de productos de caucho y plásticos (6,8%) y la Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria (14,1%).

El IRE es el índice de consumo eléctrico de grandes consumidores que, según REE, son el conjunto de empresas que tienen un consumo eléctrico medio/alto al contar con una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW). Se toman datos de unos 21.300 puntos de más de 13.000 empresas, y se desglosan por sectores de actividad (actividades industriales y de servicios). Por su parte, la demanda peninsular de electricidad aumentó en agosto un 0,1% con respecto al mismo mes de 2013.