Las emisiones de CO2 en España aumentan un 21% en septiembre

Así se reflejó en un informe del Observatorio de la Electricidad de WWF relativo al pasado mes de septiembre, en el que explicó que tras el carbón, las energías que tienen más peso son la nuclear y los ciclos combinados de gas natural, la cogeneración y la energía eólica.

Por ello, esta organización consideró necesario poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y apoyar la financiación de las renovables, «que además de ser autóctonas, limpias y sin emisiones, son más baratas».

Este informe se presenta antes de la celebración del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre, en el que los Estados miembros están llamados a decidir el nuevo paquete de clima y energía para 2030.

A juicio de WWF, en dicho encuentro las energías renovables tienen mucho que aportar en aspectos clave como la seguridad de suministro y la independencia energética, así como en la «urgente necesidad» de reducir las emisiones del sector energético.

En este sentido, WWF recordó que una de las ventajas que aporta la generación de electricidad con energías renovables es que no libera CO2 a la atmósfera, principal gas causante del cambio climático.

Los grandes consumidores pujarán el 17 de noviembre en las subastas por dar el servicio de interrumpibilidad

En concreto, los grandes consumidores lanzarán sus ofertas por nueve bloques de 90 MW, que suman 810 MW, y por 238 MW bloques de 5 MW, que totalizan 1.190 MW, según consta en la resolución del Ministerio de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El servicio de interrumpibilidad consiste en el compromiso de los grandes consumidores de electricidad de proceder a la suspensión o reducción de su actividad en momentos de saturación del sistema eléctrico unido a una compensación económica posterior.

Pese a que esta saturación apenas se produce en la actualidad debido a que la demanda ha caído y a que existe una capacidad instalada suficiente, el sistema eléctrico ha venido pagando unos 750 millones de euros al año por este servicio.

Industria quiere reducir el coste anual a unos 500 millones de euros y, por este motivo, lanzó el nuevo mecanismo de subastas. Los costes de interrumbilidad lo asumen los consumidores a través de los peajes de la tarifa y también las tecnologías poco gestionables.

El periodo de entrega de los productos a subastar será la temporada eléctrica 2015, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos incluidos, y el precio de salida será de 260.000 euros para cada megavatio en el producto de 5 MW, y de 350.000 euros por cada megavatio del bloque de 90 MW, siendo subastados cada uno de los bloques en una subasta independiente de precio descendente.

Cada uno de los bloques de producto de 5 MW o 90 MW que se pretenda adjudicar será subastado por el administrador en una subasta de precio descendente en una serie de rondas y las incidencias que pudieran surgir antes, durante y después del desarrollo de la subasta, en relación con la aplicación de las reglas del procedimiento de subastas, serán solucionadas por los representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El comercializador de luz sólo puede pedir el corte de suministro en caso de impago, según asegura la CNMC

«El distribuidor, que es quien materialmente puede suspender el suministro de electricidad (y, en su caso, dar de baja un punto de suministro), no puede atender una solicitud de suspensión de un comercializador si ésta no está fundamentada en un supuesto de impago«, señaló la CNMC.

Para realizar estas consideraciones, el regulador evocó la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 y el real decreto 216/2014, en los que se impide la suspensión de este suministro. Existen en todo caso circunstancias excepcionales que sí podrían provocar el corte, aunque se refieren a aspectos puntuales como reparaciones o actuaciones en garantía del suministro.

La consulta remitida por Hidrocantábrico hacía referencia a los casos de los consumidores sin derecho al nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) que de forma transitoria se encuentran sin un contrato en el mercado liberalizado.

Dentro de este perfil de suministro se encuentran clientes de distintas administraciones públicas, a los que se continúa suministrando con el PVPC, pero con recargos del 20% hasta el momento en que suscriban un contrato en el mercado libre.

La CNMC se ratificó en su posición acerca del corte de suministro al tiempo que reconoció que la actual legislación puede contener «ciertas lagunas» en los supuestos como el planteado, en el que el consumidor eléctrico carece de un contrato de suministro en vigor con un comercializador, pero no consta que quiera dar de baja el suministro.

En este supuesto, el contrato de suministro suscrito entre un consumidor y un comercializador expira en su vigencia conforme a lo pactado en el mismo, pero al mismo tiempo no consta que el consumidor quiera cesar de percibir el suministro eléctrico, pero tampoco consta que haya suscrito contrato con un nuevo comercializador.

Hidrocantábrico preguntaba a la CNMC si debía en esos casos cortarse el suministro y advertía del problema de que el consumidor no quiera luego atender el pago del suministro.

El bono social de la luz sube un 264% entre aquellos hogares con todos los miembros en paro desde 2009

Este grupo de beneficiarios creció de forma progresiva año a año desde 2009, aunque experimentó su mayor incremento entre 2012 y 2013, ejercicio en el que pasó de los 33.735 a los 48.881 hogares.

Actualmente 162.174 familias numerosas disfrutan del bono social, lo que supone un incremento del 150% con respecto a la cifra de partida en 2009, de 64.832 contratos. Los pensionistas con bono social son 289.113, un 4% más.

Pese a estos incrementos, el número total de beneficiarios se sitúa en 2,46 millones, lo que supone un descenso del 17,7% con respecto a los 3 millones registrados en 2009.

La caída se debe a que el segmento con mayor número de acogidos al bono social, correspondiente a las potencias inferiores a los 3 kilovatios (kW), disminuyó considerablemente, un 25%, y pasó de los 2,6 millones a los 1,9 millones.

Medio Ambiente ya tiene una hoja de ruta con 43 medidas para reducir las emisiones de CO2 de aquí a 2020

Tejerina detalló el contenido de la hoja de ruta en Madrid durante la reunión de la Comisión Interministerial de Cambio Climático, un órgano colegiado integrado por nueve ministerios y al que le corresponden las funciones de seguimiento y propuesta de las políticas relacionadas con el cambio climático para facilitar el cumplimiento de España con sus obligaciones en esta materia, tanto en el ámbito de la mitigación como en el de la adaptación. En este sentido, esta hoja de ruta es una herramienta para la toma de decisiones respecto a las políticas y medidas que se deben adoptar para cumplir los objetivos nacionales en 2020 dentro de la estrategia europea 2020.

La ministra explicó que la Hoja de Ruta Difusos hasta 2020 incluye 43 medidas dirigidas a los denominados sectores difusos: 12 medidas para el sector del transporte, mediante el fomento del transporte colectivo y otros modos sostenibles de movilidad; 10 para el de la edificación, con la rehabilitación de edificios, y 9 para el sector agrícola y ganadero, que incluyen mejoras en fertilización; 7 medidas para el sector de los residuos vinculadas a la reducción del desperdicio alimentario, 3 para el de gases fluorados y 2 para el sector industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión y que están relacionadas con la mejora de la eficiencia y el cambio a combustibles menos emisores.

21.000 millones anuales de ahorro

Según los primeros cálculos, el empleo asociado a la puesta en marcha de estas medidas alcanza los 45.000 puestos de trabajo anuales, mientras que la inversión pública y privada ascendería a 27.000 millones de euros hasta 2020 y los ahorros anuales acumulados hasta ese año se calculan en unos 21.000 millones de euros. Isabel García Tejerina resaltó que las medidas incluidas en la hoja de ruta se han acordado en grupos de trabajo de las diferentes administraciones junto con expertos sectoriales y organizaciones como universidades, asociaciones, sindicatos y también cooperativas.

El actual Paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a 1990 para el conjunto de los países comunitarios, que se traduce en un objetivo específico para cada país, que sólo afecta a los sectores difusos. En el caso de España, el objetivo de reducción es del 10% de emisiones en este ámbito en 2020 respecto a 2005. En paralelo, y en el ámbito de Naciones Unidas, la Unión Europea decidió en la cumbre de cambio climático de Doha (Catar) asumir un compromiso, en el marco del segundo periodo del Protocolo de Kioto (2013-2020), con un objetivo conjunto de reducción del 20%.

El mercado eléctrico marca su máximo diario desde diciembre

El precio para este viernes supera por primera vez en lo que va de año los 70 euros por MWh y se sitúa por encima del anterior máximo anual, de 69,91 euros, marcado el pasado 3 de octubre.

El precio es el mayor desde los 71,64 euros del 22 de diciembre de 2013. El 18 de diciembre, un día antes de la subasta Cesur invalidada por el Gobierno, la cota había alcanzado los 91,8 euros. El 8 de diciembre llegó a alcanzarse la cota de los 93 euros.

Pese a las subidas apreciadas no sólo en el mercado diario, sino en la media del tercer trimestre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, indicó esta semana en el Congreso de los Diputados que, según la previsión de los mercados a futuro, el coste de la electricidad cerrará este año un 4,9% por debajo del ejercicio 2013.

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo precisó que la factura eléctrica ha bajado un 6,9% para un consumidor doméstico medio en los nueve primeros meses del año.

El sistema eléctrico sumará 1.900 millones de euros de superávit entre 2014 y 2016, según asegura Unesa

Según estas proyecciones, tras la reforma energética emprendida por el Gobierno, el sistema dejará atrás el déficit y comenzará a generar cifras positivas este mismo año con 200 millones de euros de superávit en la diferencia entre ingresos y costes. En 2015, este superávit será de 500 millones de euros y en 2016, de 1.200 millones de euros.

Estas cifras contrastan con el déficit que se venía acumulando en el sector desde hace décadas al ser los ingresos recogidos vía recibo de la luz insuficientes para cubrir los costes.

Para acabar con esta diferencia, conocida como déficit de tarifa, el Gobierno tomó una serie de medidas en los dos últimos años como nuevos impuestos, subidas de tarifas, recortes a la retribución de distintas actividades reguladas y un cambio en el marco para las renovables, que han visto reducida su retribución.

Endesa, que presentó su nuevo plan estratégico centrado en el mercado ibérico, también apuntó en su presentación a unas previsiones de crecimiento de la demanda eléctrica en los próximos años.

Para este año, prevé un descenso del 0,4% para comenzar a crecer a partir de 2015 con una subida del 1,8% ese año y del 2% en 2016.

En cuanto a los precios del mercado mayorista eléctrico, Endesa espera que se sitúen este año en 42 euros por megavatio para subir hasta 49 euros en 2015 y hasta 53 euros en 2016.

También espera que el «hueco térmico», horas en las que pueden funcionar las centrales térmicas, aumente un 10% en el periodo 2013-2016.

Endesa presentó un nuevo plan de negocio para España y Portugal que prevé unas inversiones de 2.500 millones de euros para el periodo 2014-2016, lo que supone elevar un 25% lo previsto en el anterior plan.

El déficit tarifario estará en 2014 «por primera vez en cero o muy próximo a cero», según Nadal

En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2014, Nadal subrayó que al comienzo de la legislatura existía un déficit estructural de unos 10.500 millones de euros, una situación que ponía en peligro la estabilidad financiera del sistema y toda la política energética, por lo que «buena parte de los esfuerzos han ido encaminados a reducir y atajar este déficit que ponía en peligro la estabilidad financiera del sistema eléctrico y el conjunto de la política energética española».

Así, Nadal subrayó que de no haberse actuado sobre el déficit, la tarifa eléctrica habría crecido cerca del 40%. «Lejos de esto, en los dos últimos años los consumidores domésticos han visto estabilidad o reducción de los precios en la mayoría de ellos en sus facturas eléctricas», dijo.

Por tanto, explicó que «por primera vez» el desajuste del sistema eléctrico estará «próximo a cero» este año y aseguró que «de aquí en adelante se conseguirá estabilidad del sistema eléctrico español». En cualquier caso, si al final hay algún cambio será por «ajustes técnicos» por determinados ingresos o por temas de temperaturas.

Igualmente, el secretario de Estado de Energía aseguró que los ingresos procedentes de presupuestos más los peajes regulares y otras partidas de ingresos del sistema eléctrico, gracias a la reforma energética, permitirán contar con un «volumen de ingresos suficiente para garantizar que la parte regulada del sistema no va a generar incrementos de costes para el consumidor eléctrico, tanto doméstico como industrial, para el año 2015 y en años sucesivos«.

Esto significa que el Gobierno no tiene previsto tocar los denominados peajes eléctricos o parte regulada de la tarifa el año que viene, lo que generará «estabilidad de precios».

En el nuevo sistema de tarifa regulada, el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPV), los peajes, parte con la que se retribuyen los costes del sistema, suponen alrededor de un tercio del recibo de la luz mientras que los impuestos y el coste de la electricidad suman el resto.

Además, explicó que dentro de estos presupuestos, además de los 330 millones de euros por derechos de CO2 o los 297 millones de euros por los nuevos impuestos aprobados, se incluye el compromiso de la reforma energética de financiar a través de las cuentas públicas el 50% del extracoste de la actividad extrapeninsular, que asciende a un total de 1.744 millones de euros, de los cuales 887 millones de euros será la cifra consignada a los Presupuestos Generales del Estado.

De esta manera, Nadal recalcó que el total de asignaciones para el sistema eléctrico de los presupuestos, que ascienden a 4.207 millones de euros, es un «muy importante indicativo de la importancia que el Gobierno atribuye al déficit», pues supone la mitad del presupuesto de Industria para el año que viene.

En concreto, el presupuesto para energía, excluido el capítulo de gasto de personal, aumenta un 6,7%, hasta 4.822 millones de euros, principalmente para la eficiencia energética y para equilibrar el déficit tarifario.

El secretario de Estado de Energía también insistió en que, según la previsión de los mercados a futuro, el coste de la electricidad cerrará este año un 4,9% por debajo del ejercicio 2013, respaldado especialmente por la buena evolución de la primera mitad del año, y recordó que la bajada en el precio de la luz es del 6,9% hasta septiembre.

Carbón, autoconsumo y eficiencia energética

En lo que respecta al sector del carbón, los presupuestos de 2015 contemplan 441,5 millones de euros para el sector del carbón, la cifra acordada con los sindicatos en el marco de actuación hasta 2018, si bien la partida para el mantenimiento de la producción y el desarrollo de las comarcas mineras pasa de los 68 millones de euros de 2014 a 50 millones de euros, mientras que se destinan 15 millones de euros a la restauración medioambiental. Para Nadal esta es una cifra suficiente «para mantener el nivel de producción en los niveles establecidos.

Asimismo, destacó que el colchón social acordado con los agentes sociales para el sector del carbón «se mantiene en su integridad y es la garantía más importante de que la actividad minera va a seguir trabajando y creando puestos de trabajo más allá de 2018″.

Sobre el real decreto sobre autoconsumo y el relativo a hibernación, el secretario de Estado de Industria indicó que se está trabajando con los técnicos del Ministerio y los reguladores para tenerlos «listos» para una «segunda vuelta» por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, destacó que en los presupuestos para 2015 se dará un «peso preponderante» a la eficiencia energética, ya que «es la mejor política energética que se puede hacer». «La mejor energía es la que no se necesita consumir porque se han producido los ahorros necesarios para que el país y la economía pueda seguir funcionando con un consumo menor de energía, especialmente relevante para un país como España que no tiene fuentes propias de hidrocarburo, a excepción del carbón», dijo.

En este sentido, recordó los objetivos vinculantes para España de un ahorro de 16 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) para 2020. Para alcanzar este objetivo, se contempla un ahorro por medidas alternativas de 4,7 millones de tep, por fondos comunitarios de 4,9 millones de tep y otros 4,6 millones de ahorro por el sistema de obligaciones.

Finalmente, Nadal acusó al Gobierno anterior de dejar el sistema eléctrico en la «anarquía» y contrapuso su modelo de reducción de costes y fomento de la eficiencia al modelo socialista de «burbuja» que terminan pagando los consumidores.

El déficit eléctrico se lleva la mitad de los presupuestos de Industria en 2015

Según expuso en el Congreso de los Diputados Enrique Hernández, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del total del presupuesto, 4.207 millones de euros corresponden a la financiación de los costes del sistema eléctrico para acabar con el déficit de tarifa, objetivo que Industria espera cumplir en 2015.

«La eliminación del déficit de tarifa será total en 2015», subrayó.

En total, el presupuesto no financiero del departamento asciende a 5.740 millones de euros, un 11,29% más, y el financiero se eleva un 15,58%, hasta los 2.388 millones de euros.

Estas cifras, señaló Hernández, «arrojan un mensaje positivo, confirman que vamos por la senda adecuada» y que el «esfuerzo realizado está dando sus primeros frutos».

Para telecomunicaciones y sociedad de la información, la partida suma 1.071 millones de euros, un 51,31% más; y en turismo, 304,6 millones de euros, en línea con 2014.

En materia de industria, las diferentes partidas se elevan a 1.863,7 millones de euros, un 14,67% más, con un incremento de 238,42 millones de euros respecto al del ejercicio anterior.

«La industria puede y debe jugar un papel clave, de ser uno de los motores de recuperación de la economía española», subrayó Hernández.

En este sector, la secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, detalló en su comparecencia las principales líneas de la política industrial con el «compromiso de la recuperación» y para que los presupuestos sean «una herramienta eficaz» para elevar el peso industrial y mejorar la competitividad.

Cristeto dijo que las políticas centradas en la pequeña y mediana empresa pretende el fomento de la iniciativa emprendedora, la creación de empresas y el acceso a la financiación. «Se quiere dotar a los sectores industriales con las herramientas financieras adecuadas», indicó.

Entre las diferentes partidas destacó el plan CRECE, con ayudas destinadas a reindustrialización de 409,5 millones de euros, y la de apoyo a la competitividad industrial con 348,5 millones de euros.

También detalló que Industria, en el marco de la línea que se centra contra la lucha contra el cambio climático e impulso a la eficiencia energética y a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), contará con 7 millones de euros para un programa de fomento de la movilidad sostenible que permitirá cofinanciar, a través de subvenciones, la compra de 1.800 vehículos al año.

Asimismo, las pymes, otra de las «claves» para la recuperación económica, contarán con un plan para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales de 563,9 millones de euros (un 64,12% más que en 2014), el sector aeronáutico y del espacio tendrá una partida de 223,6 millones de euros y el naval, 114,4 millones de euros, lo que supone una disminución de 12,7 millones de euros, es decir, un 10% menos respecto a los presupuestos de 2014.

Cristeto señaló también que la Compañía Española de Refianzamiento (CERSA) recibirá una dotación de 40 millones de euros con el fin de reforzar las garantías concedidas por las Sociedades de Garantía Recíproca a autónomos y pymes.

Asimismo, el Ministerio de Industria potenciará la concesión de prestamos, toma de participación en el capital de pymes y en fondos de capital semilla enfocados a los emprendedores a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), con una dotación de 98,3 millones de euros.

«Se necesitan medidas concretas para lograr poner en marcha un plan industrial, pero estamos convencidos de que con estas actuaciones vamos a mejorar el tejido industrial y a liderar el crecimiento de la economía», señaló Cristeto antes de asegurar que «existe un compromiso de todos los ministerios para llevar a cabo estas medidas que son las requeridas por el sector».

La industria pide a los líderes de la UE que mantengan los permisos de emisión de CO2 gratuitos

En paralelo, la plataforma Eurofores, formada por eurodiputados que defienden las renovables y la eficiencia energética, también se dirigió a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho para reclamar que adopten un «marco obligatorio, ambicioso y efectivo para la energía renovable para 2030», según señalaron.

Los directivos de la industria europea recalcaron en una carta abierta a los líderes que la concesión de permisos de emisión gratuitos, que se acordó para evitar la deslocalización de la industria europea al exterior de la Unión Europea, «debe continuar al 100% para las instalaciones más eficientes».

Las medidas para proteger a las compañías europeas de las pérdidas que le ocasionaría entrar de lleno en el sistema europeo de comercio de emisiones de la UE (ETS) y tener que pagar por emitir CO2 está previsto que se reduzcan notablemente a partir de 2020.

La industria calcula que ese cambio le costaría entre 70.000 y 100.000 millones de euros hasta 2030, al tiempo que señalan que se pondrían en riesgo 4 millones de empleos directos.

«Lo que la industria del acero pide a los jefes de Estado de Europa cuando se reúnan el 23 y 24 de octubre es ajustar el borrador de marco político para que las compañías del acero europeas puedan seguir siendo competitivas a nivel global«, señaló, por su parte, la Organización Europea de la Industria del Acero (Eurofer).

Los eurodiputados de Eurofores, en cambio, aseguraron que, según un estudio publicado, 14 estados miembros de la Unión Europea no cumplirán sus objetivos de renovables para 2020 y otros cuatro no está claro si lo lograrán, por lo que consideran «importante» que la legislación para 2030 sea obligatoria.

«Para que los estados miembros logren sus objetivos para 2020, es esencial que haya un marco legislativo esencial y predecible (…) y que se eviten cambios retrospectivos o retroactivos de los esquemas de apoyo existente», recalcaron. «Urgimos a los líderes europeos a que actúen ahora para asegurar un futuro sostenible», añaden.

La Comisión Europea propuso a principios de año un objetivo obligatorio de recorte de emisiones de CO2 del 40% frente a los niveles de 1990 y una meta vinculante a escala europea del 27% para las renovables para 2030, que sin embargo no se dividirá en objetivos nacionales obligatorios ni derivará en sanciones para los Estados miembros en caso de incumplimiento.

Este nuevo paquete climático para 2030, que tendrán que respaldar los líderes europeos, contrasta con el más ambicioso que la Unión Europea adoptó para 2020, que incluía dos objetivos obligatorios del 20% para recorte de CO2 y renovables y otro voluntario, también del 20%, para reducir el consumo energético.