La energía hidráulica está «agotada» en Galicia, a no ser que se busquen «nuevas fórmulas», ha afirmado en una entrevista con Efe el presidente de la empresa de energías renovables Engasa, Benito Fernández.

Esta compañía, la primera que conectó un aerogenerador a la red, cuenta con cerca de 80 megavatios instalados o concedidos, 62,7 en tramitación y 2,4 pendientes de autorización, con los que abastece a casi 90.000 clientes en 63 ayuntamientos, fundamentalmente situados en las zonas rurales.

El futuro del sector energético está, según Fernández, en el viento y en la biomasa, dos recursos por los que está apostando esta compañía, que acaba de celebrar su 25 aniversario con la inauguración de su nueva sede, en Santiago de Compostela.

El presidente de Engasa, centrada en la explotación de recursos eólicos e hidráulicos, consideró que la producción de energía, a partir de éstos últimos, es «complicada» y presenta «bastante rechazo» social, por lo que es «difícil» llevar a la práctica nuevos proyectos.

El plan eólico de Engasa contempla la instalación de 90 megavatios, 32 de los cuales corresponden al complejo de Xiabre, en Catoira, un parque en el que los aerogeneradores están decorados con pinturas, y la intención de la compañía es presentarse a la nueva convocatoria para la adjudicación de 6.500 megavatios que el gobierno gallego abrirá en los próximos meses.

El decreto sobre el aprovechamiento de la energía eólica, que recibió el visto bueno del Consello de la Xunta el jueves pasado, fue considerado «muy necesario» por Fernández, porque «estaba todo parado» hasta que se elaboró este texto, cuyo punto más controvertido es la cesión voluntaria de una participación pública.

El presidente de Engasa señaló que la publicación del decreto, que fue defendido esta semana por el conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, en el Parlamento, «marca unas reglas de juego» y añadió que «los que quieran jugar jugarán». Además, aseguró que la empresa tiene una «opinión favorable» del nuevo texto normativo y está «de acuerdo» con cualquier planteamiento que defienda que los beneficios de los recursos naturales de Galicia «queden en parte» en la propia Comunidad.

Fernández indicó que Galicia tiene «un potencial eólico tremendo» que es necesario aprovechar, ya que «no tiene sentido» que se estén instalando parques de aerogeneradores en otras zonas de España que tienen «peores condiciones», y señaló como «problema» la escasa capacidad de evacuación de la energía hacia los centros de consumo.

La biomasa es otro de los sectores energéticos con potencial, según el presidente de Engasa, quien destacó que la clave es hacer que la biomasa y el sector forestal sean «complementarios» y evitar «choques». En este sentido, Fernández adelantó que la empresa que preside está en contacto con asesores en esta materia y que su intención es presentarse a una futura convocatoria de la Xunta para crear una planta de, al menos, 10 megavatios de potencia.

Engasa rechaza, sin embargo, los proyectos de energía solar fotovoltaica y de energía eólica en el mar, ya que hay «mucha profundidad» cerca de la costa y es «difícil» construir los cimientos para los aerogeneradores, dijo.

Fernández agregó que no descarta que, en el futuro, el potencial energético que no encuentra salida en Galicia se destine a «producir hidrógeno», que es almacenable y con el que se pueden fabricar «pilas de combustible».

La CNE ha señalado en su informe sobre el aumento de las tarifas eléctricas que el grave desequilibrio financiero estructural del sistema eléctrico impide que el escenario actual sea sostenible en el medio plazo y emplaza al Ministerio de Industria a tomar medidas urgentes de reajuste que, subraya, “no se contemplan en ningún lugar en la propuesta de Orden sometida a esta CNE”.

Pero además, según se desprende de las conclusiones de la Comisión, la propuesta de tarifas de Industria está plagada de incoherencias. Por un lado, la CNE considera que la tarifa que se plantee debe ser superior al 3,3%, ya que, tal como están planteadas, las tarifas integrales y las de acceso impiden recuperar los costes de las actividades reguladas. Además, recuerda que las últimas estimaciones apuntan a una subida del IPC del 4,1%, con lo que la subida propuesta ni siquiera llega a la subida anunciada de un aumento equivalente al aumento del IPC.

El Consejo de Administración de la CNE considera “discutible” la decisión del Ministerio de Industria de vincular la subida de la tarifa eléctrica a la evolución del IPC, aunque entiende que en ese caso, sería coherente que Industria anunciase una subida del 4,1%, que es lo que se prevé. Y defiende que la subida se aplique también al recargo por consumos superiores a 1.100 kWh de consumo bimestral.

Por otra parte, la Comisión ha hecho una reflexión acerca de la necesidad de que el consumidor conozca mejor la tarifa eléctrica y sepa qué es lo que está pagando cuando le llegan las facturas a casa. Defiende que la factura sea un “canal de comunicación” con el cliente, en el que se detallen y expliquen las distintas partidas que componen el precio final. También considera importante que, ya que el consumidor paga menos por la electricidad de lo que cuesta, informarle de la factura real del servicio si se incluyeran todos los costes, así como la deuda media que cada consumidor tiene contraída por consumos presentes y pasados no pagados en su totalidad.

En lo referente al desarrollo de una metodología tarifaria global, el informe de la CNE señala que debe basarse en la determinación de los costes que han de repercutirse a los distintos suministros y en los criterios que se van a utilizar para su asignación.

Y defiende la revisión de los costes incluidos en la tarifa eléctrica, ya que podría no estar justificado que todos ellos repercutieran en la tarifa eléctrica, sino financiarse mediante otros mecanismos.

La comisión considera además que sería coherente con lo que establece el RD Ley 11/2007 que se tuviera en cuenta en la presente Orden el posible efecto de la minoración de los derechos de CO2 correspondiente al año 2008. En particular, se propone que cualquier ajuste que se prevea se lleve a cabo con tiempo suficiente de forma que el sistema eléctrico no financie una cantidad mayor al déficit que realmente se genere.

Por lo que respecta a la propuesta de pagos por garantía de potencia, el Consejo considera que podrían mantenerse provisionalmente los precios unitarios que pagan los consumidores por este concepto, aunque dadas las diferencias existentes entre las cantidades que paga la demanda y las que cobra la generación es posible que ya se pudiera anticipar la reducción del pago que actualmente realiza algún segmento de clientes.

La Comisión también considera oportuno que se revise el proceso de subasta del déficit ex ante, y ha introducido modificaciones en relación con retribución de la actividad de distribución.

Por último, el Consejo ha hecho varias propuestas para mejorar algunos aspectos de la orden. Éstos se refieren a:

– Plan de sustitución de equipos de medida a fin de adecuarlos a la propuesta realizada por la CNE en cumplimiento de un mandato de la CNE.

– Pago de un incentivo a la inversión medioambiental a fin de promover su construcción necesaria para mantener en funcionamiento todo el equipo productivo.

– Desarrollo de las condiciones de mantenimiento de acceso relativas a las bases de datos de puntos de suministro, indicando la conveniencia de que los datos exigidos sean los suficientes para realizar los cambios sin contravenir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

– Mejora del desarrollo del servicio transitorio de disponibilidad, indicando criterios para su aplicación más efectiva, avanzando la idea de posibles penalizaciones ante su incumplimiento.

– Mejora de la regulación de los contratos de duración inferior a un año para clientes conectados a redes de baja tensión.

– Nueva Disposición adicional para la modificación de la Orden ITC/913/2006 que establece el criterio de cálculo de los combustibles utilizados, el procedimiento de despacho, liquidación de la energía en los sistemas insulares y extrapeninsulares, a fin de evitar insuficiencias en la facturación.

– Nueva Disposición adicional relativa a la retribución fija para considerar que las cantidades de la liquidación de ejercicios anteriores sean consideradas como ingresos liquidables del sistema y no sean distribuidas entre las empresas que tenían derecho al cobro de los CTCs.

El precio de la electricidad es clave para la competitividad de las empresas de un país. Esa fue la conclusión más firme y más repetida el pasado martes durante las jornadas celebradas por la Asociación de Empresas de Gran consumo de Energía, AEGE, en Madrid.

En España nos encontramos precisamente en medio de un proceso de formación de precios, con la perspectiva de que en julio de 2008, a prácticamente sólo seis meses vista, desaparezcan las tarifas industriales, lo que supondrá un importante aumento de precio de un bien que supone un alto porcentaje de los costes totales para el sector, llegando en ocasiones al 50%.

En un contexto más amplio, la Unión Europea está promoviendo un proceso liberalizador de los mercados eléctricos, pero varios de los ponentes coincidieron en que este proceso liberalizador está resultando más complejo de lo que en un principio se preveía. Esta mayor complejidad se deriva de unas políticas nacionales distintas, más derivadas de las distintas situaciones políticas que de cuestiones puramente tecnológicas.

El vicepresidente de AEGE, Javier Penacho, mostró su preocupación por la necesidad de mantener la competitividad de las empresas en este contexto. Y al igual que ha explicado en otras ocasiones, señaló el martes que es necesaria una competencia real, y no teórica, que permita obtener unos precios competitivos por la electricidad. “Los mercados de materias primas están globalizados y los precios no se forman en España; las empresas pueden comprar las materias primas donde les plazca. Sin embargo, la electricidad sólo la podemos comprar en España, y la competencia real la provoca el cliente comprando donde le interesa”.

En este sentido, Penacho recalcó la necesidad, entre otras medidas para fomentar una competencia efectiva, de un grado realista de interconexión con Europa, ya que por el momento sólo existe una verdadera interconexión con Portugal, y con Francia hace 10 años que no se incrementa.

La competitividad del mercado eléctrico fue un tema central durante la jornada de AEGE sobre la liberalización energética, la seguridad de suministro y la competitividad de la industria española. El secretario general de Industria, Joan Trullén, señaló que Industria “entiende la necesidad de buscar que el modelo de formación de precios se acerque lo máximo posible a un modelo competitivo de mercado”, y recordó que este Gobierno “está caracterizado por la obsesión de mantener la productividad agregada de nuestra economía”, añadiendo que el esfuerzo que ha hecho en mejorar la tasa de I+D+i ha sido mayor que los registrados hasta el momento.

El papel de FORTIA -la central de compras constituida recientemente por los miembros de AEGE, que ha nacido con vocación de ser la comercializadora de las grandes consumidoras de energía- fue destacado también en la jornada como un elemento de mejora de la competitividad de estas grandes empresas. El presidente de FORTIA, Juan Estarellas, explicó que la central de compras se ha creado “para adaptarnos a la desaparición de las tarifas eléctricas de alta intensidad, que en los últimos años ha crecido más de un 139% mientras que otras tarifas apenas han cambiado -en términos corrientes, las tarifas domésticas permanecen estables-“. Estarellas destacó que FORTIA representa a 103 plantas en toda España, con una facturación total de 17.000 millones de euros y 47.000 empleos. En cuanto a la importancia eléctrica de estas industrias, representan el 18% de todo el consumo eléctrico industrial, y el 10% del nacional.

Javier Penacho señaló que, en un contexto en el que el “Estado protector” desaparece, como la desaparición de la tarifa, el sector tiene que buscar soluciones, y una de ellas es precisamente esta central de compras. Al representar al sector en conjunto, FORTIA actúa con una sola voz, aunando los intereses de una gran industria, y permite la asunción de compromisos por parte de la industria de un modo conjunto, lo que otorga a las empresas un mayor poder negociador a la hora de obtener mejores precios.

El segundo pilar de esa búsqueda de soluciones, explicó Penacho, es la contribución de las empresas a la gestión de la demanda, más conocido como servicio de interrumpibilidad. Un concepto que, a cambio de que las empresas estén dispuestas a renunciar a su energía eléctrica en momentos concretos de puntas de demanda, les permite obtener unos precios eléctricos rebajados entre un 20 y un 50%. Pero este servicio, según Penacho, “puede afectar a nuestra producción y a nuestros resultados, en definitiva, a nuestra competitividad. Aunque tengamos una interrumpibilidad de 240 horas de forma directa, en términos reales, por lo que supone la conexión y desconexión de los sistemas, este tiempo se triplica”.

Máximo Blanco, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO, explicó que, a pesar de la defensa de la competitividad que Trullén señaló que persigue el Gobierno, es necesario hacer una serie de cambios importantes para mejorar la competitividad, y señaló que “los esfuerzos tecnológicos realizados son escasos, y el comportamiento de los mercados energéticos es ineficiente, lo que incide directamente en la competitividad. Ello explica, en parte, la escasa implantación internacional de gran parte de las empresas de nuestro país”.

Para Blanco, existe una importante falta de transparencia e información en el mercado eléctrico, que ha sido incapaz de asegurar la estabilidad, la sostenibilidad medioambiental o la seguridad de suministro. De hecho, destacó, “estamos muy por detrás de los objetivos de Kyoto; llevamos ya un exceso del 50% frente a los objetivos de emisiones de CO2 planteados”.