Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera «lógico» que se avance en la imposición medioambiental que propone la Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética, aunque apuesta por que ésta se lleve a cabo de una «forma gradual«.

Fuentes del Ministerio han explicado que los expertos no plantean un único escenario válido, sino diferentes variables, y apuestan por que se adopte un suelo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para que este importe se use como financiación del traspaso de costes de la factura de la luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Estas medidas tendrían un problema, ya que si son adoptadas por un país en particular pueden suponer una merma en su competitividad, puesto que puede provocar que las industrias se deslocalicen y que se vayan a otros países, y no es que se deje de emitir CO2, sino que se emite en otro lugar», explicaron desde Energía.

En cuanto a las recomendaciones del documento, desde el Ministerio de Energía apuntan que España, en los diferentes escenarios que se manejan, cumple con los objetivos de emisión de CO2 con un impuesto de 15 euros por tonelada, por lo que estas medidas podrían ser demasiado ambiciosas, lo que da margen para cumplir con ellas «de una forma más gradual». Dichas fuentes apuntaron que los expertos, en su informe, hacen recomendaciones que traspasan el ámbito de la cartera de Energía, como puede ser la reforma fiscal que supondría trasladar los costes de las renovables, de los sistemas extrapeninsulares y de la deuda del sistema eléctrico a los Presupuestos del Estado, lo que haría más propicia la electrificación de la economía.

Esta reforma fiscal, según la comisión, lograría un abaratamiento del 6,8% del precio de la luz, aunque implicaría un recargo de otras energías finales, principalmente las fósiles, con un aumento del precio del gasóleo de automoción del 28,6%, de la gasolina del 1,8% y del gas natural del 5,8%. También sería necesario un aumento del tipo impositivo del IVA general para todos los productos de entre 1,1 y 1,3 puntos, en función del escenario analizado. «La subida del IVA propuesta es muy ambiciosa si se quiere adoptar a corto plazo», aseguraron, aunque indicaron que sirve como un punto de partida para ver qué medidas se pueden tomar de forma gradual.

Dicho documento recoge que la reforma fiscal y de los peajes serviría para eliminar el cargo transitorio al autoconsumo eléctrico sin que se generen distorsiones entre los consumidores. Fuentes del Ministerio han explicado que lo lógico es avanzar gradualmente en la aplicación de impuestos medioambientales para equiparar a España con otros países europeos, pero han subrayado que las propuestas del grupo de sabios tienen «implicaciones de todo tipo» que «hay que calibrar con cuidado», por ejemplo en la financiación autonómica y en el coste de los carburantes y el gas natural. Eso sí, todos los escenarios analizados muestran una penetración «muy elevada» de energías renovables.

Apuntaron que existe en la actualidad consenso político entre los grupos parlamentarios para avanzar en la transición energética. El informe del grupo de expertos se remitirá a la Comisión de Energía del Congreso y al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la futura Ley de Transición Energética. El Ministerio cree que lo lógico sería iniciar el debate sobre el informe presentado «cuanto antes» e incluir las conclusiones en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, que se debería presentar antes del 31 de diciembre. «La idea es convocarlo cuanto antes en el Congreso y lo ideal es contrastar los resultados de esta discusión con los expertos en el Plan Nacional de Energía y Clima», explicaron desde Energía.

Respecto a la energía nuclear, desde Energía destacaron que el informe de los expertos resalta que esta energía tiene un papel «determinante», por lo que sería razonable alargar 10 años su funcionamiento, y añade que prescindir de las centrales nucleares supondría un aumento de las emisiones de casi el 100% en el escenario de referencia y del coste variable de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales en función del escenario, es decir, del 20%. «Si las centrales cierran con 40 años podría haber riesgo para el contribuyente; habría que analizar dicho riesgo y ver quién lo tendría que asumir. Habría que ver si se equipara a otros países europeos», aseguró Energía.

Sobre el futuro de las centrales de carbón, las fuentes de Energía han recalcado que dependerá de la evolución de los precios de los derechos de emisión de CO2. En los escenarios contemplados por el informe, con precios muy elevados de los derechos de emisión (de 50 y 206 euros por tonelada), la generación con carbón dejaría de ser competitiva. Sin embargo, las fuentes del Ministerio han explicado que con un precio de 7,5 euros por tonelada (similar al registrado en 2017), el coste de generación podría reducirse un 45% si se mantienen todas las centrales de carbón, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales.