Los principios de año siempre pretenden, tras las fiestas navideñas, tener un cierto efecto balsámico sobre la propia realidad que nos acontece. Es como si los buenos deseos de las fiestas navideñas se quisieran intercalar en la realidad vigente, pero la realidad resulta muy tozuda y, lo que hace que la realidad cambie, sus protagonistas, son los mismos. Así, se suele descubrir en breve que el efecto año nuevo, vida nueva, suele tener un contenido retórico. Por tanto, se trata de un efecto que por irrealmente mágico no quiere decir que resulte creíble, y que actuando como agoreros, suela ser más bien poco duradero.

Quizá este año pueda tiene en el plano político y económico, dos caras muy contrapuestas. La primera, el deterioro de la situación económica, cada vez más percibido por las familias (la inflación no perdona). Se ha puesto en evidencia la necesidad de volver a la ortodoxia y de la reforma. Para ello se necesitan equipos fuertes, de buenos gestores. Y ahí, es donde viene la segunda parte, las elecciones. Un fenómeno que si tendría que tener algo de vida nueva: por un lado la de impeler al partido hoy gobernante, de salir elegido a que gobierne mejor y que gestione mas (la situación le va a obligar). Por otro lado, de salir elegido el partido que actualmente está en la oposición que se produzca un cambio necesario, orientado hacia la gestión. Aunque los síntomas que ha mostrado el principal partido de la oposición con la ominosa aprobación del Real Decreto Ley de detracción de derechos, no son especialmente tranquilizadores. En todo caso, la vuelta de vacaciones de Navidad nos introduce directamente en la campaña electoral, verdadera fuente de agitación política.

Nos dejábamos el mes de diciembre con un sector eléctrico en llamas, incendiado desde el Ministerio de Industria. Un Real Decreto Ley aprobado con premeditación, nocturnidad y alevosía (y, también, un poco de recochineo al Parlamento), dejaba las Pascuas muy caldeadas. Había recuperado una visión sectorial conjunta en una cuestión básica, como es la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y el modelo de mercado. Por lo tanto, se trataba de poner las cosas en su sitio y evitar la permisividad que había dejado pasar que en el año 2006 se detrayesen derechos por una vía tan torticera.

En lo que se refiere a los cambios gestores necesarios en el ámbito de la energía, evidentemente la trayectoria de estos últimos años no es muy edificante (y en especial en este 2007). Se han alcanzado al final de la legislatura 14.000 millones de euros de déficit tarifario (con la energía más barata que en los países de alrededor, aplicando medidas únicas en Europa, de dudosa legalidad y con un riesgo cierto de judicialización del sector). En realidad, el sector está en llamas, con una relación intratable entre empresas y el transportista único, fruto del papel que se ha irrogado éste. Un balance así, solo sostiene a sus responsables en un modelo de gobierno en el que se mantiene a Magdalena Alvarez.

En todo caso, puestos a hacer buenos propósitos para el año que comienza, tendríamos que empezar por la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, como base y elemento clave de funcionamiento del Estado de Derecho en un sector como el energético. Que no se ataque más el mercado liberalizado. Qué aparezca la necesaria coordinación desde la administración económica del Estado (cada vez hay más voces que señalan a Solbes y a Vegara en estos momentos en los que se empiezan evidenciar problemas económicos), es decir, también que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos no sea ‘puenteada’ o sea un coladero. Qué, se trate en serio el problema tarifario, con la perspectiva de sus efectos nocivos para la economía y para los consumidores, de forma que dejen de estar engatusados por la energía a crédito. Qué exista política exterior económica y que cada uno de los agentes institucionales ejerza de su papel: regulador principal, reguladores independientes. Que se realice una política de Estado en la que no exista suspicacia con el sector energético a partir de en una política displicente y de enfrentamiento con los agentes privados (de ellos y nosotros)

En el fondo, la pregunta es quién y cómo nos sacarán del atolladero en que se ha convertido este sector clave para la economía. Son cosas sencillas, pero la esencia del funcionamiento, pero como los regalos de Reyes: útiles, necesarios, pragmáticos, imprescindibles.

Para ser rigurosos en las apreciaciones y frentes en las que se libra el efecto del decretazo que la Secretaría General de Energía ha puesto en marcha para la detracción de derechos de emisión asignados a las eléctricas, por el procedimiento del ‘escote’ entre las empresas, hay que tener en cuenta distintos aspectos. Desde el político, el jurídico, el de legalidad, el de lo mediático, hasta el de los mercados financieros.

– El de la política. La primera cuestión de la intervención de Ignasi Nieto ha sido la de dar por sentado la oposición del Partido Popular (chantajeándole con la palabra consumidor), en un ejercicio de retórica política que trata además de atormentar al resto de partidos, que podrían dar al traste con la pretensión de Nieto si votasen en contra de la medida de corte demagógico, de dudosa legalidad y que va a enfangar aún más, si cabe, la regulación española. Por tanto, no caben argumentos de legalidad, caben posicionamientos políticos maniqueos de ‘el que no está conmigo, está contra mi’. Utilizar ese truco burdo de jugar a satanizar al Partido Popular, para desplazar al resto del arco parlamentario, en pos de su iniciativa y así sean cómplices de la misma. Una coacción (poco sutil, a la vista de las formas poco ‘refinadas’ utilizadas a tal efecto) procedente del ejercicio pendular de la política y que sus señorías tendrán que valorar en su justa medida y que deben inscribir en las formas que el propio Secretario General de Energía ha mantenido en público en sus intervenciones en sede parlamentaria. Un ejercicio de ‘frentismo’, para defender lo indefendible desde el punto de vista jurídico. La excusa política: el sufrido consumidor. Al que no se le consulta para que viva engañado con una tarifa por debajo de su importe real y provoque, con consumos mal indiciados cuyos efectos desconoce, la elevación del déficit tarifario. Eso con la energía más barata de toda Europa y que no se ha sabido gestionar de cara al inminente proceso de liberalización real. Consumidor al que tampoco se le consulta para subirle la retribución a Red Eléctrica con el asentimiento de la Secretaria General de Energía, tan belicosa en otras cuestiones. Incluso en el ámbito político sería razonable valorar y señalar con el dedo al Ministerio de Economía para identificar si era conocedor de esta medida y qué valoración ha hecho la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de ella o si era una cuestión de ésas de las que se ha quejado Pedro Solbes, que conocía demasiado tarde.

– El de lo jurídico, ámbito del que ineludiblemente no se va a escapar esta medida de Ignasi Nieto, aunque no sea él quien reciba el resultado de la sentencia. De forma que, aunque resultase convalidado en el Congreso el Real Decreto elaborado por Industria para la detracción de derechos de emisión, la capacidad de recurso ante los Tribunales de Justicia sigue intacta, presente y vigente en toda su capacidad y con toda su potencia. Y va a ser difícil justificar el carácter de urgencia de una cuestión de estas características. La energía más barata de Europa. La detracción de derechos para un período digamos que amplio, 2008-2012, perfectamente conocido. ¡Y es urgente! Como en su momento le fue al propio Partido Popular difícil de justificar las razones de urgencia de una reforma laboral y, así le fue, posteriormente aunque fuera testimonialmente. Porque un Real Decreto Ley supone siempre saltarse a las instituciones del Estado y violentar la acción política del Parlamento, en su conjunto. Sólo por eso, sus señorías tienen motivos para observar con lupa la propuesta de Real Decreto que envía el Ministerio de Industria y meter en cintura comportamientos tan anómalos, y al menos, introducir racionalidad.

– El de la legalidad. Que no es exactamente lo mismo a lo jurídico. Legalidad que consiste en cómo al sector eléctrico se le valoran y detraen los derechos de emisión y al resto de sectores afectados por la Directiva del mercado de emisiones. Legalidad que consiste en la perversión del Plan Nacional de Asignaciones, la utilización torticera de la Directiva Marco, la defenestración de la política medioambiental, puesta en almoneda de forma oportunista para los intereses de reducción del déficit tarifario y sin ningún criterio, por una vía que supone abrasar cualquier sombra de legalidad. Y, para colmo, realizar en sus declaraciones el ejercicio de la confusión, para escaparse de la responsabilidad sobre la asignación gratuita de derechos de emisión, incluso de los criterios censurados por la Unión Europea porque podían incluso suponer ayudas de estado. Cuando hasta el Secretario General de Energía ha hecho ruedas de prensa junto con el Secretario de Estado para el Cambio Climático.

– El de los mercados financieros. Que no mienten, y dejan patente el fuerte castigo a las empresas eléctricas españolas, fruto de la inseguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria. ¿Quieren más ejemplos? El fiasco de las subasta del déficit tarifario ex ante. Por falta de seguridad jurídica, de incapacidad de gestionar una garantía institucional, dado que apelar a la crisis de los mercados financieros es algo tan manido como acusar al sol del melanoma y no de la exposición al mismo. Vean como, en sentido contrario, si han entendido muy bien las señales que ha dado la Secretaria General de Energía en torno a Enagás y Red Eléctrica. La unión de las eléctricas en torno a esta cuestión y el sorpresón para Enel en su entrada en Endesa, son evidencias de que las cosas no se pueden hacer así. Una cadena de despropósitos que se une a la eliminación de la garantía de potencia y que nos lleva a los apagones. Si este Gobierno ha decidido esquilmar a las empresas del sector energético, y ahuyentar la inversión, al menos sería razonable que lo dijera con transparencia y no utilizase dos discursos. El de seducción a los no expertos y de la realidad. Porque al final la realidad es la que prevalece sobre las intoxicaciones oficiosamente oficiales y los mercados no se creen la política energética de este equipo ministerial. Es vox populi en todos los papeles medianamente informados que circulan sobre el sector. Hoy, en el sector energético, el riesgo es su regulador.

– Las falacias, una tras otra para los incautos. La primera es difundir interesadamente (intoxicar) la consideración de que el precio de la energía recoge los precios de los derechos de emisión, cuando se ha demostrado que no es cierto y depende de otras cosas. De hecho, luego afirma que el precio de la energía se reducirá cuando haya un año húmedo, es decir con hidraulicidad (se encomienda a las rogativas). Pero, ¿en qué quedamos? En segundo lugar, la pretendida defensa de los consumidores. A los que se les va encareciendo su factura futura con los correspondientes intereses derivados de la generación del déficit tarifario, concepto que no es consumo. El señor Nieto, dijo en un periódico que los consumidores no van a pagar deudas del pasado. Es que lo están pagando ya. Otra falacia. Salvo el déficit 2007, el denominado ex ante, que no han logrado colocarlo. En tercer lugar, y para los votantes más ecologistas al arco más cercano a la izquierda, que es una ‘cuestión de política medioambiental’ ¡Si esta solución penaliza hasta las tecnologías que no emiten CO2! Y, si no vean ustedes, el comportamiento y la convicción del Secretario General de Energía en sus negociaciones con el sector eólico y fotovoltaico, la “vocación ecologista” que tiene de dar seguridad a estas industrias. Otra vez los dos discursos y las falacias: el ecologista para el elector y la acción de la Secretaria General de Energía.

– El de lo mediático. El encuentro selectivo con los medios de comunicación del Secretario General de Energía para defender sus posiciones regulatorias, trasluce que Nieto está en campaña (vean las fotos del ultimo mes en varios períodicos del Secretario General) y, en segundo lugar, que conoce los efectos y la gravedad de lo que ha hecho. Por eso, intenta condicionar por la vía de convencer a través de argumentos y la gravedad de las aseveraciones a través de los informadores y argumentos generalistas. Confirma, solo con sus actos, las peores hipótesis que un regulador puede evidenciar. Que se echa al monte de los teletipos de agencia, para intentar colocar su mercancía en una huida hacia delante. Pero eso es inútil en los mercados financieros, más bien provoca lo contrario.

Lo que si empieza a coger peso es la preocupación existente en amplios sectores del Partido Socialista por los comportamientos del propio Ignasi Nieto y, en general, del actual equipo en energía, que ven este deslizar vertiginoso por un tobogán sin freno. Soportando una crisis sin sentido, que ha enervado a todo el sector y lo ha puesto unánime en contra, con el papelón de tener que defender y votar algo que saben que tendrá un coste político presente y futuro. Viviendo semejante escándalo innecesario e inoportuno. ¿Ha llegado muy lejos Nieto, con este Real Decreto Ley, el riesgo de apagones y la garantía de potencia, en esta carrera sin retorno de, además, convocar a los medios selectivamente para ‘convencerles’ de una acción posiblemente ilegal? Pero, además, del coste económico, la posibilidad de desandar lo andado, queda el coste en credibilidad del sistema político, de su utilización interesada, poco meditada e inmadura. El descrédito en términos de seguridad regulatoria que es la base de un sector económico, con gobierno de un signo o de otro, es un elemento que nuevamente este Secretario General pone en almoneda. A las pruebas y a los resultados nos remitimos. Todo ello está en juego con una decisión tan grave.

Señorías, sepan que están jugando con ustedes. Con esta medida, con este Real Decreto Ley, se estafa a todo el arco parlamentario, a la izquierda y a la derecha, incluso al propio Partido Socialista. Se es cómplice de la desmesura en la actuación contra las empresas eléctricas. Por la vía del que no está conmigo está contra mí, para legitimar la comisión de un atropello, cuyos costes, van más allá de la política y de la economía. Es quebrar la confianza que necesita una sociedad para funcionar. Una burla al Parlamento en forma de comunión con ruedas de molino.

Y, si no, léanse el artículo de Xavier Albistur. No sientan la vergüenza y la gravedad que arroja que alguien, de este nivel y conocimiento, con peso, autoridad y criterio de este sector, explique con todo detalle este desastre regulatorio que no puede ser producto de complicidades políticas.

La hipocresía de la política española en materia de cambio climático, crece proporcionalmente con respecto al número de expertos, personalidades y prohombres que hablan a favor de políticas coherentes en esta materia. Tanto Jeremy Rifkin, como el propio ex presidente Felipe González jaleaban en los medios de comunicación al presidente Zapatero por sus iniciativas para luchar contra el cambio climático. Hace poco fue el propio Bill Clinton, y antes, lo fue el cuasi presidente de Estados Unidos, Al Gore, conocido por su activismo en este sentido.

Todo el orbe conoce el ‘compromiso ecologista’ (de aquella manera), con sus ‘karmas’ y sus ‘chakras’, que sostiene el Presidente, con la influencia ‘sotto vocce’ de la propia Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Y, decimos ‘de aquella manera’ no porque él no se lo crea o no esté bien intencionado, sino por lo que por debajo de verdad le hacen desde la Administración que preside. A pesar de todo, lo que es innegable es que todos los mensajes que profiere el presidente por su boca, han calado en la opinión pública y parece que van a ser un eje que pasará a formar parte del programa político del PSOE.

Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Este fin de semana hemos podido conocer como los fondos que se van a dedicar al cambio climático por el Ministerio de Medio Ambiente decrecen en un 30 % para el presupuesto del año 2008, salvo los destinados finalmente a la compra de derechos derivados de la no reducción de los mismos. También hemos conocido que el Partido Socialista, a la hora de configurar su programa electoral ha preferido abandonar la idea del ‘ecocéntimo’, aterrados por las consecuencias electorales de la previsible perspectiva de que sube los impuestos. Del mismo modo, somos el país europeo que prima más que ningún otro las tecnologías emisoras en el nuevo Plan Nacional de Asignaciones, tanto que hasta la Unión Europea le ha puesto en observación por ser posiblemente ayudas de estado. Así la proporción que nuestro Plan otorga al Carbón frente al Gas, es la más alta de Europa, supera la de ¡Alemania! y a nadie se le cae la cara por ello. O como este año (con cambio climatológico, nuevamente, y sin rogativas) va a volver a aumentar la emisión de derechos de nuestro país y nos vamos a volver a alejar de los compromisos de Kioto, siendo el país de la Unión que más se aleja de sus objetivos. Pero, a la vez, es el país que más propaganda oficial ‘progre’ usa, para ciudadanos bienintencionados y bienpensantes. Paradojas de los ‘ecologistas de salón’ como editorializaba Expansión el sábado.

Y, por eso, también conocemos la dudosa fórmula magistral, ideada por el Ministerio de Industria para detraer los derechos de emisión en el sector eléctrico (algo, además, no previsto inicialmente): que paguen todos, no en función de lo que contaminan, sino de lo que se pueden haber beneficiado de los precios eléctricos, aunque sean centrales hidráulicas. (¿?). Con lo cual, las señales que los precios y los costes, tienen en un mercado liberalizado se esfuman (evidentemente para ello hay que creer en el mercado). Hagamos por tanto ‘justicia política’ (no justicia social), en lugar de hacer política medioambiental para beneficiar a una empresas y perjudicar a otras, en función de su lejanía o afinidad a las posiciones de la Administración en cada momento.
Otra consecuencia de todas estas actuaciones es que se quiere luchar contra el cambio climático, como en El Gatopardo, para que todo siga igual: sin alterar nada, sin efectuar cambios en la estructura del ‘mix’ de generación eléctrico español, sin gestionar la transición sectorial necesaria (no se ha avanzado nada), sin asumir costes (se regatean o se hacen malabarismos en las ecuaciones) para impulsar las renovables (otra cosa es que tenga que estar en la tarifa eléctrica o no y otra cosa es también a partir de qué momento, esas ayudas, en un marco de seguridad jurídica pueden desaparecer según vayan madurando los sectores), sin abordar el abandono de determinadas formas de generación. Es decir, sin hacer nada, sin enviar mensajes nítidos, salvaguardando las posiciones previas de los agentes y sin fomentar vía mercado a los agentes que han invertido en ello, al comprender las señales del mercado con anticipación.

O el estado de precariedad regulatoria al que estamos asistiendo en las energías renovables. Primero fue a cuenta del R.D. 661/2007, con la energía eólica y ahora con la energía fotovoltaica, fruto realmente de cómo se reguló mal en el primer decreto y se modificó por la tremenda. Sustituir estabilidad regulatoria por arbitrariedad regulatoria es lo que menos puede favorecer a las energías renovables. Pero es otro elemento de diferencia entre el discurso oficial, en materia de energías renovables, 20-20-20 del 2020 y la tragedia pequeñita diaria en su cotidianidad de la actual regulación energética española y su ejecutoria.

Todo esto, sin contar el hecho principal que altera cualquier política de eficiencia energética. Mantener una tarifa política estática para que los consumidores, no sean eficientes, no sepan lo que gastan, no sepan lo que les corresponde de sus emisiones e internalicen lo que contaminan. Y, mientras, que se siga disparando el consumo a troche y moche, con crecimientos de demanda intensísimos y con los efectos en los precios tipo adormidera para la ‘ciudadanía’. Para eso están los apagones institucionales inútiles de cinco minutos (obviamente mucho mejores desde la propaganda y lo que los expertos en marketing político denominan foto oportunidad), dado que, como todo el mundo ha podido comprobar, los consumidores privados siguen sin inmutarse ni en las convocatorias de apagón, lo que quiere decir que no se lo creen en sus comportamientos.

Seguramente que a todos estos expertos de Zapatero no les van a contar todos estos ‘pequeños-grandes detalles’, sobre todo la verdad de la política que sigue Industria (Energía) y Medio ambiente en torno al cambio climático. Todo suena a usado, a recambio climático, a recauchutado discursivo, insoportable y molesto para escépticos de la acción política. Por cierto, que son cuestiones cada vez más conocidas, públicas, más difíciles de esconder debajo de las alfombras y que pasan cada vez menos inadvertidas a la luz de las autoridades europeas. A lo mejor la verdad incómoda es esa. Que nos van a ver.

Si no fuera porque lo que pasó el lunes pasado fue muy serio, la necesidad de desconexión del suministro de las empresas acogida a la denominada interrumpibilidad, estando al borde de un apagón como declaró el propio Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, entenderíamos que estamos en un país poco serio. Y es muy serio, porque ha puesto de manifiesto que por encima de los mecanismos exculpatorios (o inculpatorios de terceros, fundamentalmente a instalaciones), nos podemos encontrar con un invierno con riesgo de apagones en nuestro país, fruto principalmente de la consecuencias de una mala regulación (por incompleta). Ya han podido comprobar como, en un ejercicio de nerviosismo, se ha puesto en el punto de mira a todas las empresas del sector por su ‘comportamiento’, al no explicarse la falta de disponibilidad (capacidad del sistema de generación eléctrica en momentos críticos) ocasionado por muchos motivos, revisiones técnicas, centrales que no pueden entrar en funcionamiento, etc….

Es cierto que el lunes tuvimos una punta de consumo por las bajas temperaturas. Pero también es cierto que no son, ni mucho menos, las temperaturas más bajas que se soportan en un invierno crudo. Primera cuestión que ha sorprendido a todos. La segunda cuestión que sorprendió a todos es la existencia de indisponibilidad en un número importante de centrales, térmicas y nucleares, algunas programadas (que han comenzado a pasar su “ITV”), justo en los momentos de mayor demanda.

Crónica de un apagón anunciado

En general, pueden existir dos problemas por los que se produce un apagón (‘blackout’ o ‘cero’ en terminología especializada). La primera es por la existencia de problemas en las redes eléctricas (este fue el caso de lo que ocurrió en Barcelona, de forma localizada en una ciudad, el verano pasado) y la segunda por la insuficiencia de la generación para atender el consumo en un momento determinado. Este ha sido el caso que provocó la necesidad de desconectar a los consumidores interrumpibles el pasado lunes (consumidores que, en definitiva, son grandes empresas, que paran sus procesos productivos para evitar que se provoque que se produzca un apagón masivo o multilocalizado).

Teniendo en cuenta que la generación en España presenta un exceso de capacidad (exceso de capacidad, que incluso algunos tachan de excesivo), sólo existen dos razones para que se produzca lo que ha pasado. La primera que determinadas empresas o instalaciones hayan actualizado contraviniendo la ley, cuestión que se debe abordar desde una acción punitiva. Una situación que se revela improbable, dado que a una semana, no hay expedientes concretos para ninguna instalación y no están los guardias en ningún sitio, con independencia del resultado de la investigación encargada a la CNE. La segunda, que los agentes empresariales, y las instalaciones, hayan maximizado sus decisiones en función de una regulación que ha hecho una ‘pifia’. Este es el caso en el que nos encontramos, que el origen del apagón es una decisión pública, política o administrativa, cuyo riesgo era conocido, pero no calculado.

Analicemos, entonces, las causas profundas. El hecho es que, con la entrada en vigor de las tarifas del cuatro trimestre del año, se produce la suspensión de los pagos por Garantía de Potencia a las empresas eléctricas (cuando, paradójicamente, no se produce esa interrupción de la obligación de pago por parte de los consumidores por este mismo concepto), en contra del Real Decreto que determinaba la tarifa para todo el ejercicio. Este concepto, la garantía de potencia, es un mecanismo que permitía garantizar la disponibilidad de determinadas instalaciones para necesidades de consumos punta. Por ejemplo, se retira la retribución por garantía de potencia a las instalaciones nucleares. El mecanismo que sustituye a la garantía de potencia, los denominados ‘pagos por capacidad’ no ha entrado en vigor, existiendo una tierra de nadie, a juicio de Industria, que sirve para ahorrar un ‘dinerillo’ a la tarifa.

Nos encontramos ante una nueva actuación regulatoria de corto alcance, cómo conseguir enjugar parte del déficit tarifario del ejercicio 2007, mediante el recorte de un concepto retributivo, que se torna en una navaja barbera. Y, esto era, una situación que era conocida de forma consciente por parte de los ‘responsables’ de la Administración energética, que incluso tanteaban la capacidad de que las empresas actuaran conforme a lo que se les había reglamentado o indicado, desde el propio operador de sistema (Red Eléctrica) a instancias del Ministerio de Industria.

Ultima parte. El escenario.

Sitúense en el contexto. El Gobierno este año se ‘encontró’ con una fuerte crisis de infraestructuras ferroviarias en Cataluña (decimos ‘se encontró’ porque meses anteriores en muchos medios de comunicación podía preverse esta crisis). Del mismo modo, es importante, señalar, avisar, constatar del riesgo regulatorio y sus consecuencias en el sector eléctrico, a tres meses de las elecciones y con el invierno por delante, con riesgo cierto de apagones. Por tanto, ante estas consecuencias que pueden ser devastadoras, el Gobierno, Moncloa, debe intervenir. Debe tener una información completa y exacta de lo que ha pasado y de sus riesgos (el Presidente tiene que conocer estos riesgos, con fiabilidad, información que su equipo le debe hacer llegar) e imponer sensatez y la seguridad jurídica que requiere un Estado de Derecho.

Por que, esta cuestión revela especialmente una fuerte crisis de seguridad jurídica y unas consecuencias sin precedentes agravadas por los comportamientos retadores de la propia Administración, conocedores de estos riesgos y de lo que significan. Los sectores económicos y empresariales de la octava economía del mundo no pueden estar sometidos al terror regulatorio. Ni que todos los demás, todos los consumidores, podemos estar permanentemente cruzando los dedos.

Que hay presiones y presiones eso está claro. Al hilo de la aprobación del mecanismo para la detracción de derechos de emisión por parte del Ministerio de Industria, y su crónica oficial del pasado viernes, pudimos conocer el lamento de la Secretaría General de Energía por las presiones que han realizado las empresas para eludir una normativa que se las prometía peligrosa para ellas, además de ser de dudosa legalidad.

Lo que parece que no se cuenta de esta historia de ‘presiones’ de las empresas, son las que ejerce el propio operador de red, sistema y transporte para conseguir más retribución por su actividad, algo que está muy cuestionado por parte de gran número de expertos, que la consideran suficiente, dados sus ‘pingües’ beneficios. Recordemos que las actividades que desarrolla Red Eléctrica tienen naturaleza de actividades reguladas, y que la fijación de su retribución se realiza mediante la determinación de costes estándares por parte del Ministerio de Industria. Para ello, la Secretaría General de Energía recibe la información de Red Eléctrica y el dictamen de la Comisión Nacional de Energía.

Según ha podido conocer Energía Diario de fuentes cercanas a la propia Red Eléctrica, Nieto podría haber ‘cerrado’ una subida en la retribución del operador del sistema eléctrico y de transporte, tanto en lo que se denomina por costes por operación como por costes de capital. De esta forma, Red Eléctrica evita las consecuencias de una actuación reguladora contra las empresas de redes -como ocurrió el año pasado- y se aprovecharía de su buena relación con la actual administración energética. Como pueden recordar, el año pasado el cambio en la retribución en determinados activos de transporte acabó con un fuerte descalabro de Enagás y Red Eléctrica en la bolsa.

Algunas de estas subidas, cuyo calendario en este caso es plurianual y la revisión se debía producir en estos momentos, según la información a la que ha tenido acceso Energía Diario, se elevan por encima del 50 %. Fuentes del Ministerio de Industria han confirmado que la última reunión entre Nieto y Luis Atienza tuvo lugar a principios de la semana pasada en el propio Ministerio de Industria. Nieto podría haber asumido entonces una actuación parecida a los cambios retributivos de principios del ejercicio pasado o las actuaciones que ya ha protagonizado desde su nombramiento, de forma que rsistiría cualquiera que fuera la posición de la CNE o de las empresas y establecería finalmente las modificaciones retributivas a aplicar a estos activos.

Recordemos que hasta el momento, de cara a la tarifa eléctrica 2008, hay una doble pinza. Por un lado, el límite superior de la inflación que ha situado el gobierno para las tarifas eléctricas. Por otro, la previsible evolución del precio de la energía el próximo año, que todos los expertos consultados consideran que se elevará abultadamente. En ese marco, la suma de costes llevaría a una elevación teórica de la tarifa de más del 30% según prevén los servicios de la propia Comisión Nacional de Energía (un resultado que, como es muy desagradable, hay que cambiarlo). En consecuencia, si se fija el techo políticamente y se eleva la retribución del transportista omnipresente vía actividades reguladas, tienen que disminuir la retribución de otras actividades o de otros conceptos de la tarifa. Es decir se podría decidir la tarifa no por el principio de la adición, sino por el de la sustracción.

Lo que está claro, volviendo al principio del artículo, es que no es lo mismo que presionen las empresas, a pesar de la amargura y melancolía de Nieto, a que presione Luis Atienza. A estas no les vale de nada. Por eso, progresivamente se erosiona su retribución, se elimina la garantía de potencia, se disminuyen las primas para las energías renovables, se detraen los derechos de emisión con criterios ‘amplios’ y de control de renta y se continúa con un modelo de retribución para la distribución que resulta kafkiano. En cambio, que presione un ex Ministro que habla en los medios ejerciendo de Ministro de Energía, con la cada vez menos secreta aspiración de integrar los operadores de sistema y de transporte, de electricidad y de gas, puede ser mucho más efectivo en su relación con la Secretaría General de Energía que todo un sector energético. Consecuencia: se le hace transportista único y se le sube la retribución. Ya pueda tener un apagón como el que tuvo en Barcelona, que mantenga un enfrentamiento abierto con todas las empresas y también uno sordo con muchas instituciones y administraciones locales.