El domingo pasado escribía en el diario “La Vanguardia” Enric Juliana un excelente artículo titulado ‘Los humos que bajan’. Trataba el artículo de dibujar el escenario prointervencionista surgido con motivo de la decisión del gobierno norteamericano de crear una agencia que se hiciera cargo de los activos de mala calidad que han devenido en la fuerte crisis de liquidez y solvencia de los mercados, su ‘Plan de Rescate Financiero’ (por cierto, nacido con una fuerte crisis de credibilidad y déficit público a cuenta de los excesos del pasado, verdadero talón de Aquiles del mismo, junto al déficit presupuestario). Algo que ha sacado bastantes demonios familiares de un país con una cultura acomodaticia con reminiscencias de un cierto paternalismo pseudofranquista. Denominaba ese escenario como “desafío liberal bolchevique”, una fórmula de “aflojar” el funcionamiento de los mercados para crear un “New Deal” protector público

Juliana por contraposición ponía el ejemplo de los mencheviques que por proponer aflojar la colectivización para que respirase la propiedad privada acabó con uno de sus líderes, Nikolai Bujarin, fruto de la denominada Ekonomitcheskaya Palitika, paréntesis al modelo soviético que acabó en Stalin y en sus planes quinquenales.

En España ha sido, nada más y nada menos, quien ha pedido aflojar la economía de mercado ha sido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales quien ha reclamado un “paréntesis” en la economía de mercado, dejando en la más absoluta perplejidad a propios y a extraños y dando argumentos a quienes piensan que esto del mercado es privatizar beneficios y socializar pérdidas. ¿Reponer el ICO como mecanismo de garantía para los excesos inmobiliarios, que buscan la “garantía del Estado”? ¿Vuelven los modelos intervencionistas de la mano de “pseudoliberales”? Veremos.

El caso es que en el sector energético se vive en un largo paréntesis, más bien un punto y aparte, en lo que se refiere al funcionamiento del mercado, fruto de la utilización política de la tarifa eléctrica y de determinadas actuaciones en materia de control de precios desde las autoridades públicas. Ejemplo continuado de intervención que falsea las señales a los consumidores, aumenta desmedidamente la demanda energética, ningunea las políticas de eficiencia energética y también las de protección del medioambiente. A cambio, las autoridades sólo son capaces de instrumentar mecanismos voluntaristas, buenismo en dosis considerables, buenas intenciones para los ciudadanos bienpensantes, regalo de bombillas de bajo consumo, escenas sin corbata y apagones de cinco minutos en noches estrelladas de primavera en las grandes ciudades.

Además, genera una ‘ilusión tarifaria’ que hace que determinados debates como el nuclear se efectúe con las cartas marcadas, es decir sin conocimiento de los precios reales de la energía. Pero, gracias a ello, no es que se ‘salve’ el país de nada, pero evita pasar por el trago de explicarle a los españoles que tienen una subvención a su energía actual que pagarán sus hijos. Incluso, esto también permite desconfiar del mercado de generación (que se comporta como todos los mercados europeos y es perfectamente homologable al mismo) o dar pábulo a propuestas o sugerencias extemporáneas como el Informe de Costes y Precios cuya pretensión tampoco era bajar los precios de la energía (lo que ya es paradójico) sino intervenir los mercados de la energía. Sobre todo porque está en juego también el medio plazo, lo que ha sido la forma de incrementar notablemente la capacidad de generación de nuestro país.

El cielo protector

Otro ejemplo es el caso del butano. El propio Ministro Miguel Sebastián ha afirmado recientemente que no se iba a efectuar la subida de este combustible para ‘proteger al consumidor’ dado que los precios internacionales se habían visto sometidos a la presión de los especuladores. Menos mal que no había subido por acumulación de bombonas en manos de los sufridos amos y amas de casa. O la denominada e inexplicable tarifa social. Por lo tanto, para no poner en manos de la turba del mercado a los consumidores, se profesa un descreimiento que ahonda las medidas contra el funcionamiento de los mercados, lo que a su vez provoca nuevas intervenciones públicas. Mercado libre, competencia, regulación la justa y supervisión eficiente debería ser la receta que evitase la intervención, que nunca acaba bien y siempre trae nuevos problemas (inesperados o esperados: pérdida de confianza sectorial o empresarial, riesgo regulatorio, menos inversión, mayores costes de financiación de déficit, etc., etc.…).

Esta cuestión se pondrá en los próximos meses más de relieve cuando llegue el momento de abandonar el actual esquema de tarifa eléctrica regulada (abandonado ya este trimestre a su suerte por la vía de no “activar” el procedimiento de ajuste en función de la evolución del precio de la energía en los mercados) para llegar a la denominada tarifa de último recurso. Tarifa que no es, ni debe ser, tal y como se instrumenta en la legislación europea una “tarifa intervenida”, sino que debe recoger la dinámica del mercado y la competencia (por cierto es algo que afecta tanto a la electricidad como al gas). Esperemos que, en este caso, también se actúe como ya ha sucedido en el caso de la tarifa industrial dónde el Ministerio de Industria ha actuado de forma muy ortodoxa, y se han conseguido ofertas por parte de las empresas para los consumidores que abaratan los precios del mercado mayorista, salvo para los que deliberadamente han querido mirar para otro sitio y esperar el auxilio del regulador y la dádiva.

¿O vamos a hacer otro paréntesis en el libre funcionamiento de los mercados en el sector energético? ¿Un nuevo paréntesis en una historia llena de paréntesis? ¿Quién lo paga? ¿Será otra Ekonomitcheskaya Palitika?

Las amenazas proferidas hacia las instalaciones nucleares y el cúmulo de informaciones en forma de escándalo organizado, y convenientemente aireado, en torno a los incidentes ocurridos en este verano en las plantas españolas, merecen una reflexión, más o menos en profundidad, en la medida que suponen una escapatoria a los intentos de poner encima de la mesa el futuro de la generación nuclear en España, en función de las necesidades de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica

Se ha producido una ceremonia de la confusión en que se ha instalado el debate sobre la seguridad nuclear, vertiendo sospechas contínuas sobre estas instalaciones. Este debate, oportunamente, se pone encima de la mesa con tintes de alarma, cada vez que se intenta abrir otro sobre la participación en el mix energético español de la energía nuclear (que es otro eufemismo, una reducción o simplificación de otro de más alcance: como será el mix energético español futuro, para cuándo, cuánto costará, qué precios energéticos tendremos a la luz de ello, cuál será su viabilidad económica y medioambiental y qué dependencia exterior tendrá asociada).

Y, de hecho, no se sabe cómo, siempre que está a punto de abrirse el debate nuclear, aparecen incidentes y sucesos (llámese en cada caso como se establezca en las tipologías homologadas al caso y difúndase como se pueda, parece la consigna) que están relacionados con la energía nuclear y con los temores más atávicos a la vez. Por ejemplo, ¿dónde está el famoso maletín nuclear con material radiactivo, convenientemente “afanado” por unos ladronzuelos en Móstoles que interrumpió los medios de comunicación la pasada primavera? ¿Ya se ha pasado su “efecto” terrorífico, cuando era necesario para aplacar el debate nuclear antes de las elecciones? ¿Se sabe de su paradero?

Incidentes descontextualizados de su gravedad, su importancia o su medida o más o menos episódicos. Expresados también en términos de marasmo que impide la defensa con racionalidad de lo sucedido en cada momento. Por tanto, habrá que hacer analogía entre el aborto del debate nuclear y la alarma social en que se ven sumidas nuestras plantas nucleares cada cierto tiempo, en función del “tempo político”.

Lo cierto, es que como cada vez es más insistente la necesidad de abordar el debate nuclear, más abrupto es la interrupción del debate de fondo (su necesidad futura, la ampliación del período de vida de las centrales nucleares, la sustitución de los anteriores reactores por otros de mayor potencia y tecnologías más avanzadas). Todo ello, son además decisiones que probablemente hay que tomar con prontitud para cuando sea preciso que estén operativos, teniendo en cuenta el tiempo necesario para ejecutar las inversiones necesarias.

En cambio, las instalaciones nucleares se ven en una espiral y en un naufragio informativo considerable, apoyado en que, sociológicamente, nuestro país es uno de los más vacunados en la opinión pública contra la energía nuclear. Lo dicen todos los estudios sociológicos y encuestas elaboradas y se conforma como un excipiente propicio en términos políticos. Y, uno de los que más consume energía nuclear importada. Debe ser como eso de tomar sacarina en el café tras un postre copioso. Y, lo que es más curioso es que este posicionamiento se empuja desde instancias políticas en función de posiciones ideologizadas.

En ese cierto chamanismo mediático contra la energía nuclear, estamos muy faltos de referencias de los incidentes ocurridos, número y gravedad y de un debate racional, informado, desapasionado y desideologizado. No se sabe si los incidentes actuales son muchos, si son pocos, comparativamente con lo que ha pasado en el pasado, si ha cambiado la forma de clasificarlos, de comunicarlos, al menos comparativamente con lo que ocurre en las instalaciones de otros países.

Lo que está claro es que con la abundancia de información “minuciosamente minuciosa” que tenemos y su forma de exponerla, no tenemos claro nada en lo que se refiere a la seguridad nuclear. Incapaces de saber lo que ha pasado, su volumen, su trascendencia, su realidad, su control por los operadores y las autoridades de seguridad. Y que la forma de informar no responda a una estrategia contra la propia tecnología. Como decía aquel parlamentario socarrón en referencia a la información de un Ministro en una Comisión, “informen un poco menos, a ver si podemos enterarnos un poco más”

Que se abra el debate nuclear, separándolo del de la seguridad nuclear (algo necesario, importante, imprescindible, pero que se tiene que dejar al funcionamiento de procedimientos eficaces y rigurosos y no a su utilización mediática y política).

La publicación por el diario económico Cinco Días en crónica de Carmen Monforte sobre las acciones legales que la Comisión Nacional de Energía podría tomar contra Iberdrola, a cuenta de la polémica sobre el informe sobre costes y precios de la energía, señalan, nuevamente, el dislate en el que se ha precipitado el organismo que preside Maite Costa con motivo de tan desgraciado informe. Parece ser que la fanfarria con la que los autores materiales e intelectuales de este informe del ácido bórico del sector energético, quieren celebrar y parapetar su obra, se aúpa por encima del propio comportamiento institucional y de los acuerdos de su Consejo de Administración.

Repasemos los hechos. El pasado 13 de mayo la Comisión Nacional de Energía publicó un informe sobre costes y precios, cuyo objetivo fundamental no era analizar vías para reducir los precios de la energía en nuestro país (algo que hubiera sido loable en estos momentos). El objetivo era cuestionar el funcionamiento del mercado eléctrico, atacando las rentas resultantes que percibirían dos tecnologías, la hidráulica y la nuclear, por las diferencias entre el precio que fija el mercado eléctrico y sus respectivos costes (todo ello sin información contable y económica real, un enfoque académico muy “sui géneris”). El informe, como se ha podido saber, fue elaborado por el Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Jorge Fabra (su contenido es una copia de un artículo que publicará próximamente la CNE) y “dado” al director de Regulación del organismo, para que lo adoptase como propio, es decir, que pasase como fruto de los servicios del organismo. Todo ello, hecho con enorme velocidad y fruición, inclusive la aprobación por el Consejo.

Esta es la maniobra con la que se “traviste” un informe que no es un informe. Es una posición ideológica-académica, sostenida en estimaciones y no en la información económica que posee el organismo regulador. Una práctica completamente anómala a la tradición de los informes precisos, rigurosos y documentados del organismo y sus servicios técnicos. El objetivo era retroceder en el mercado eléctrico y, de hecho ese es el hilo argumental que se sostiene cada vez que sale a la palestra el consabido informe. Los windfall profits. (Por cierto, ¿se imaginan Vds. hablando de esto en cualquier otro sector, energético o no? ¿Conoce Vd. si hay windfall profits en los diferentes medios de transporte para hacer el viaje Madrid-Barcelona?)

Hasta aquí, el contenido de la bomba por debajo de la puerta que un organismo que debería estar dedicado a la garantía de la legalidad y el mercado y acaba en una deriva mezcla del Comité Central del PCUS, medio falangista-requeté . En definitiva, se aprecia un funcionamiento institucional, forzado, instrumentado en su debilidad, de una institución en plena descomposición, la Comisión Nacional de Energía, dónde sus corrientes subterráneos y sus grupúsculos de consejeros subvierten la propia actividad institucional del organismo.

Cronología de los hechos

Retomemos el relato de los hechos. El día 13 de mayo junto con el dictamen del Consejo del organismo, se advierte que la semana siguiente se aprobará una ‘addenda’ metida como una “morcilla” en la revisión tarifaria del tercer trimestre. La semana siguiente, los consejeros conocen el “Informe” la tarde anterior a su aprobación, 19 y 20 de mayo respectivamente. Por su parte, la patronal UNESA, contestó el pasado 22 de mayo duramente al informe, con una nota de prensa colectiva. Tras eso, empezó un carteo entre Iberdrola y la Comisión Nacional de Energía, que fue desvelado en su momento por el diario El Mundo. El 3 de julio el Consejo de Administración de la CNE analiza la primera carta de Iberdrola y decide contestar una semana más tarde en su sesión del 10 de julio de 2008. En esa contestación, el Consejo de Administración de la CNE actúa con extrema dureza con Iberdrola. En esa primera comunicación es en la que veladamente la CNE traslada sus amenazas a Iberdrola por las supuestas presiones al Consejo de Administración que serían estas comunicaciones.

Seguidamente, la compañía que preside y dirige Ignacio Sánchez Galán replicó en términos más suaves al Consejo de Administración y, esta segunda misiva, fue tratada en el consejo de administración de la CNE en su reunión del 17 de julio. En esa reunión, primó la prudencia finalmente entre los Consejeros y se decidió no alimentar más leña al fuego, triunfando la tesis de relajar la polémica. No hubo respuesta, a esta segunda carta, por parte del organismo y de su Consejo. Cuatro días más tarde aparece esta noticia en Cinco Días.

La CNE en redifusión: el informe de la langosta recalentada

Curiosamente, es en ese momento en que aparece la información del Consejo en el que la CNE amenaza a Iberdrola, echando combustible al fuego. Según, este artículo, “el organismo podría denunciar las presiones al Consejo”. Lo más peculiar es que la crónica surge después del desistimiento conjunto del consejo a esta opción, tras la segunda misiva de Iberdrola a la CNE. Algún día se podrá conocer porque en el seno del propio Consejo, los relatores internos trasladan noticias tardías para reincendiar los problemas del organismo, cuando sus decisiones colectivas son diferentes. Es decir es el momento de la langosta recalentada. ¿Quién coloca a la CNE en redifusión permanente? De hecho, la respuesta de Iberdrola a esta nueva indiscreción no se ha hecho esperar, y ha remitido una nueva comunicación al Consejo de la CNE.

Las consecuencias de todo este embrollo deberían ser, en primer lugar, que se imponga definitivamente la prudencia, se corten los mecanismos de alimentación artificial de este Informe, una falacia compositiva que debería haberse dado ya por desahuciado. Parece que es un informe en redifusión permanente, a ver si, de repetir sus conclusiones (equívocas, perjudiciales, falaces, venenosas) se hacen ciertas. Y, también, como sucedió con el informe del ácido bórico, esta teoría necesita sus altavoces.

Ácido bórico para el sector energético

La segunda consecuencia corresponde al análisis interno de la situación del organismo regulador independiente. Esta situación señala como una minoría creativa retroprogresiva va conduciendo subrepticiamente los designios del organismo, por detrás y por encima de los propios mecanismos institucionales. Al margen de los servicios internos y de la actividad de la propia presidencia, de su gabinete y del servicio de prensa. Parece ser que toda esta situación ha llegado demasiado lejos, dejándo nuevamente caer a la CNE en una crisis institucional sin precedentes, además del daño causado a la credibilidad del sector energético español, a la estabilidad regulatoria y a la valoración de las empresas energéticas en bolsa.

De todas formas, no está tan claro que todo este carteo se pueda advertir que haya «coacción» al Consejo de Administración de la CNE (que ya se coacciona solo, entre sí o por debajo). Lo que si está claro es que el Informe sobre Costes y Precios, es una coacción. Al proceso de liberalización de los sectores energéticos, a la Unión Europea, Ministerio de Industria, a las empresas, al sector energético y al mercado eléctrico. Por este orden.

La resolución por parte de la Generalitat del expediente sobre el apagón de Barcelona, ha dejado seguramente más luces que sombras, además de la perplejidad que resulta de una actuación inexplicable a la luz de los informes y de la información conocida hasta el momento. El resultado si lo tuviéramos que enunciar en términos futbolísticos sería algo así como un 11 a 10 (en el que se consigna como “perdedora” a los puntos, Red Eléctrica de España cuya penalización es de 11 millones de euros, a la vez perdedora moral). Por otra parte, Fecsa-Endesa recibe una penalización casualmente “parecida” 10 millones de euros, no hace justicia a la batería de informes de expertos y de órganos reguladores que acreditaban una mayor diferencia en la participación de “responsabilidades”.

La resolución trata de pegar algún “pellizco de monja” a Red Eléctrica de España, sin pasarse claro, como pequeña travesura de la Generalitat a la empresa que ha traído por el camino de la amargura a las administraciones públicas catalanas en lo que se refiere a las redes de transporte. Y más, desde su coronación como transportista único, con la reforma de la ley del Sector Eléctrico el año pasado. En todo caso, parece que Red Eléctrica de España, no sale bien parada de esta cuestión, ni siquiera con el halo protector de la Generalitat.

También es un reflejo del síndrome de Estocolmo dual: por un lado, la relación con Red Eléctrica de España ha sido enormemente tormentosa para Ayuntamiento y Generalitat. El número de incidentes ocurridos desde el apagón de julio, los retrasos en la realización de las obras de reconstrucción de las central siniestrada, la exhibición de los procedimientos internos de nuestro operador de redes y transporte, el incidente que colapsó las salidas de las autopistas de Barcelona…. Pero a la hora de decidir, de repartir responsabilidades se ha buscado una solución conservadora, nada ejemplarizante, más cercana a la acción punitiva de un árbitro que trata de compensar con sus decisiones los intereses de todos y de ninguno.

Sobre todo porque todos los informes más serios y solventes (incluso el propio de la Comisión Nacional de Energía, que recaban informes a su vez de varios expertos en electrotecnia) apuntaban a una resolución diferente, mucho más clara y explícita en sus planteamientos. Recordemos que la Comisión Nacional de Energía determinó más de un 98 % de responsabilidad para REE y menos de 2 % para Endesa. Entre otras cosas, porque en sus consideraciones aisló el incidente de la caída del cable en la estación de Collblanc del incendio de la estación de Maragall, como atestiguan todos los informes, que no vinculan relación de causa y efecto entre el primero y el segundo. Es más, establece una relación de “casualidad” más que de “causalidad” Pero es que, el efecto, la duración y el número de usuarios de la primera incidencia, es mucho menor que el de la segunda incidencia. En este sentido, la Generalitat se apunta a la teoría de que la primera incidencia (Collblanch) es la causante de la segunda (algo que los informes conocidos y públicos no sólo no confirman, sino que descartan, máxime los antecedentes ocurridos en la línea subterránea de distribución-transporte que da servicio a Barcelona).

La resolución prueba la politización de este suceso. Si la Comisión Nacional de Energía, todos los informes que se han dispuesto de un número importante de expertos, incluido el Colegio de Ingenieros de Catalunya (puesto a los pies de los caballos monopolizantes de Red Eléctrica de España en un escarnio de más de 80 preguntas, casi inconstitucionales), apuntan con claridad una versión de los hechos, la Generalitat decide ‘resolver’ contra sus informes. Y todo, para acabar así. En una final por la mínima, en una resolución a los penaltis.

En esto, la Dirección General de Energía de la Generalitat y el hombre que está al frente de ella, Agustín Maure (cuya procedencia es Red Eléctrica de España), debe ser garantía de solvencia técnica y profesional y de que la resolución final no se realizaría por el procedimiento del “premio de consolación”. En esto, a lo mejor un día conocermos si han recibido presiones en este organismo procedentes de instancias más altas (incluso externas), las que han determinado el caso omiso a todos los informes, evidencias e incluso actitudes manifestadas desde el operador de transporte y sistema en todo el proceso.

Lo peor de todo es que una resolución así no sirve para nada para el futuro. No sirve para darles a los ciudadanos conclusiones claras. No sirve a los catalanes para resolver problemas, mientras que las cosas no se atrevan a salir a cuerpo limpio, en lugar de embadurnarse en una política de tinta de calamar, pactos y espesura, que oculta la realidad técnica de los hechos. ¿Así se tratará el problema de que Girona siga en ‘antena’, lo que es lo mismo que decir que ‘pendiente de un hilo?. La pregunta es si ante cada una de las cuestiones que se suscitan con las infraestructuras en Catalunya, la respuesta de su Administración va a ser esta, por mucho que intente hincar el diente en el momento en que se negocie la financiación económica.

No hemos hecho nada. Sólo pellizcos de monja.

Las tarifas eléctricas para el tercer trimestre (que hoy analiza el Consejo Consultivo de Electriciad de la CNE y que en brevé será analizado por su Consejo de Administración) se convierten en armas de distorsión masiva por varios motivos. En todo caso, las distorsiones provienen del ejercicio del eufemismo permanente para evitar una situación inevitable que es la elevación (lamentablemente, generalizada)del precio de la energía. El problema es que contra lo que aconseja la lógica y los economistas, que es asumir esta nueva situación y actuar de forma eficiente, parece que el esfuerzo se centra en eludir, bordear o lateralizar esta otra ‘realidad nacional’. Todo ello, acompañado de ejercicios de buenismo, que se ven forzados en un entorno de crísis económica no declarada.

El primero de los eufemismos es la propia subida para el tercer trimestre, si es que se le llama subida y que en el fondo no lo es, entendida como un ejercicio de ‘quiero y no puedo’. Una subida que no compensa ni la evolución de los precios en 2008 para dejar el déficit ex ante como estaba a principio de ejercicio.Además, todos los aditamentos añadidos quieren evitar trasladar la realidad de la situación a los consumidores, en su dulce estadio que es el limbo tarifario del déficit financiado a catorce años, en un entorno cada vez más costoso derivado del contexto financiero y de la inestabilidad regulatoria.

La segunda distorsión es denominar a la tarifa por potencia, tarifa social, sobre todo en la última semana que tienen todos los contribuyentes para presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. Como si la tarifa pudiera ser progresiva para ‘ricos y pobres’. Cómo se ha podido saber todos aquellos consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, es decir hasta 2,2 kW tendrán derecho a acogerse a esta tarifa que “condona” lo que se denomina el pago del término de potencia. Además los consumidores tendrán ‘derecho’ a un ‘bonus’ de consumo incluido en el término de potencia. En conjunto de la tarifa “social” se podrán beneficiar aquellos usuarios que por cualquier motivo (social o no), tenga poca potencia contratada por la razón que sea.

Otro mensaje distorsionador asociado: en tiempos de costes elevados de energía, en lugar de incidir en la necesidad de ajustar consumos y ser eficientes energéticamente, se puede decir que la energía es gratis o barata para los españoles y que el gobierno se preocupa de que puedan seguir gastando igual que lo hacían. En todo caso, fruto de decisiones pasadas y presentes los españoles gozan de precios de la electricidad más baratos que los ciudadanos europeos, sobre todo del ejercicio del pase largo al futuro para no incurrir en costes políticos. Algo que empezó con el PP y que cada gobierno es responsable de su propio déficit generado y acumulado durante su mandato.

La tercera distorsión, y no relacionada con la tarifa para el tercer trimestre es el largo ‘affaire’ que ha heredado esta administración energética a cuenta de la desaparición de la actual tarifa nocturna. Y más distorsión es denominar a la sustitución de la tarifa nocturna como “tarifa ahorro”., cuando además a los consumidores que se pueden ver afectados tendrán un alza de entre el 20 y el 70 % según estima la propia Comisión Nacional de Energía. En este caso, la situación es la contraria. Aquellos consumidores que hayan realizado inversiones en las instalaciones de sus domicilios para reducir su coste de su electricidad (y aprovechar la producción de base, dicho sea de paso) ahora verán como sus equipamientos se quedan ‘muertos de risa’, además de completamente desfasados sus cálculos personales de amortización de estos equipos.

La siguiente distorsión, la “refinitiva” es que fruto de esta evolución de precios energéticos, lleguen las soluciones «ecuestres» (cueste lo que cueste) y que el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía emita un Informe sobre Costes y Precios (que se larva por un procedimiento poco ortodoxo), que cuestione el mercado eléctrico, no en sus costes, no sus precios resultantes, o ni siquiera el comportamiento de sus agentes. Lo que cuestiona son las ¡rentas! de determinadas tecnologías. Y todo ello, con supuestos académicos y de laboratorio, predestinados y haciendo abstracción de las horas, uso y papel de cada energía en el sistema, obviando la contabilidad real de las empresas. En definitiva, complicando una visión serena y gestora de cómo abordar el problema del déficit tarifario y de la tarifa en nuestro país.

En definitiva, que las tarifas, los precios y los costes energéticos se han convertido en elementos de distorsión masiva. ¿Quién los «desdistorsionará»?