El pasado viernes el diario Expansión publicaba un artículo titulado “El informe que destruye empleos renovables”. El artículo era una contestación a un informe que había sido elaborado/impulsado por el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos titulado «Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources». Bien es cierto que el Informe ha tenido un importante calado internacional, sobre todo en Estados Unidos, lugar donde parece que era el destino original del mismo, con independencia de los daños colaterales que pudiera producir en España su publicación y difusión.

Primera aseveración, igual que hay jueces estrella, hay economistas sensacionalistas y varios temas relacionados con la energía prometen. Sobre todo en este momento en que determinadas afirmaciones simplificadas y empaquetadas en formato libro de aeropuerto van pasando de boca en boca y ganan eso que los expertos en internet llaman viralidad (decíos las cosas los unos a los otros y cread polémica, como si fuera un mandato bíblico). En este caso, le toca a un Informe que tenía, más o menos, como objetivo convertirse en una soflama contra el impulso de las energías renovables, y más concretamente contra las políticas seguidas en España en este campo.

El protagonista de este informe, Gabriel Calzada, estuvo incluso en horarios “prime time” en programas ‘talk-shows’ de la cadena ultraconservadora Fox. Hay que reconocer que, al menos, es curioso que un economista, responsable de un ‘think tank’ español, tenga una presencia en la política norteamericana tan amplía, extensa y repentina, si no estuviera perfectamente orquestado previamente. Se habla, por ello, de que el informe está auspiciado por un lobby muy importante ligado al partido republicano (lo cual no es bueno, ni malo, si al menos fuera algo razonable y equilibrado) y a posiciones cercanas a las empresas petrolíferas (que, por cierto, estarían muy interesadas en que la evolución previsible futura de precios del petróleo fuera más rápida y más intensa, gracias a que se mantenga la dependencia energética en el universo mundo). Por tanto, igual que hay lobbys de renovables, hay lobbys de petróleo y hay que explicar esta polémica, ubicada en USA, en estas claves.

Al parecer el efecto (dañino) ha tenido repercusión, porque las conclusiones de este informe parece que han llegado al entorno del presidente Barack Obama, de forma que las alusiones iniciales de su mandato a nuestro modeloenergético renovable se han desvanecido en la nueva Administración americana, tan impresionable por un informe tan demagógico, como poco solvente. Hay que reconocer que Obama es keynesiano, pero no ‘manirroto’ (como nos quieren hacer creer aquí) y, por tanto, ya ha articulado varias precauciones sobre la política española, con una cierta fama que le precede de generosa y “poco medida”.

El informe, en su sesgadez, cuestiona la política de apoyo a las energías renovables de nuestro país. Y, lo hace, con dos elementos: primero, la existencia de “subvenciones” en el modelo español. Algo que no es cierto: lo que han existido han sido primas de apoyo a estas tecnologías liquidadas contra la tarifa eléctrica pagadas por los usuarios. Alguien tendría que explicar la diferencia entre subvenciones, subsidios cruzados y transferencias a nuestros intelectuales económicos de cabecera. Es decir, la política interna de apoyo a las renovables que se ha articulado, se ha conformado sin precisar acudir a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, al erario público, sin detraer recursos públicos. Eso es obvio y lo contrario es una falsedad.

El segundo elemento, recogiendo el mal extensivo a la nueva clase de profesionales de la economía, que desarrollan modelos, abstrayéndose de los datos para demostrar conclusiones previstas desde el principio (prejuicos), realiza una comparación de la intensidad de capital del sector de las energías renovables y su traducción en creación de empleo. Sobre esa cuestión, sobre esta simplificación “se monta” la que se monta, afirmando que cada empleo renovable destruye dos (por comparación de otros sectores y efecto expulsión de la inversión, al que aludiremos después).

También el Informe se olvida de los precios relativos de otras energías, materias primas, sin un buen conocimiento del mercado eléctrico español, además de utilizar en ocasiones datos desfasados en sus estudios. Para ser ultraliberal un análisis de mercados, de precios y de sensibilidad a la evolución del petróleo no estaría de más. Y, por ello, también debería analizar, cómo estas energías están logrando, poco a poco, acercarse a un escenario de competencia en el mercado, es decir, de no necesitar primas y participar con el resto de tecnologías en un entorno competido. Por tanto, el modelo se basa en promocionar una industria de generación cuyo destino es el mercado, reduciendo poco a poco su retribución, en función de ganancias en eficiencia y mejoras tecnológicas.

A partir de ahí, llega a varias conclusiones: la principal es que las renovables son caras, muy caras, comparativamente con el empleo que generan, en la medida que el capital instalado por empleo generado es excesivo comparativamente con otros sectores. Y, por tanto, “destruyen empleo”. El problema es que ese análisis en cualquier tipo de tecnología energética siempre saldrá así, dado que es un sector muy intensivo en capital. Además es un sector necesario en la economía; por lo tanto, le gusté o no al presidente del Instituto Juan de Mariana, será necesaria la existencia de sectores donde haya mucho capital instalado por empleo generado. Aquí y en USA.

En el análisis de si algo es caro o barato falta saber cuál sería la alternativa para que la producción renovable se hiciera con otras tecnologías basadas en combustibles fósiles y su efecto en los mercados de electricidad, estando bien diseñados. Seguramente hubiéramos asistido a precios muchos más altos en los mercados de generación de los que hemos tenido hasta el momento (y eso que ha habido fases de precios muy altos, justo cuando el petróleo estaba especialmente alto).

Segunda cuestión que lastra el Informe del presidente del Juan de Mariana es que es un ‘negacionista’ del cambio climático, por lo que se abstiene de las consideraciones medioambientales en su estudio y de los mercados y coste del carbono. Por tanto, toda la contaminación puede ser bienvenida. Además de utilizar datos parciales, algunos incluso desfasados o aseveraciones como el efecto “crowding out” (expulsión) del empleo realizado en otros sectores.

En todo caso, cabría advertir contra esta tendencia a la elaboración de Informes simplificados sobre temas complejos. Simplificar problemas complejos en aras de sacar conclusiones y prejuicios preestablecidos es un ejercicio peligroso y arriesgado y de consecuencias sobre la economía y el medio ambiente, que exigen más responsabilidad que el entregarse a determinados intereses, más o menos legítimos. Por tanto, los informes podrán tener “audiencia”, pero están inhabilitados para describir una realidad o sacar conclusiones. Y así, se hace un flaco favor al sector energético, a la economía española y a la sociedad.

Por cierto, y en la misma línea. Mañana hablaremos del Informe de la Fundación Ideas, que en sentido contrario, tampoco se queda corto, por lo que parece claro que es necesario reclamar serenidad, equilibrio y sentido común. Así, que en cuanto se haya informado un poco más, dado que tiene un equipo más riguroso que todas estas propuestas espurias que aparecen procedentes en nuestra ejecutoria patria, ¿qué pensará Obama de nuestros “economistas” y de sus informes?

Todos los cambios tienen sus procesos de soportes y resistencias, movimientos de ida y de vuelta, en un reflejo de la dialéctica y de comportamiento de los agentes que participan en el cambio. Si nos atenemos al revuelo causado por el siguiente hito en el proceso de la liberalización eléctrica, es decir, por la elección de comercializador por parte de los consumidores y la implantación de las tarifas de último recurso, podemos volver a encontrar movimientos y comportamientos recurrentes.

Sobre todo porque todavía tiene nuevos pasos a la vista, y próximos, y porque el destino de ello debería ser que existiera un conjunto de ofertas competitivas para los consumidores de electricidad, con el techo de una tarifa máxima o de último recurso. Es decir, que pasáramos a un mercado de los kilowatios semejante a las telecomunicaciones, en que uno puede encontrar para el ADSL ofertas más baratas que las que fija de referencia la CMT. Todo con la pequeña salvedad de que todavía no se está pagando la electricidad a sus costes reales.

Una cuestión que requiere su propio análisis es el efecto informativo o desinformativo que existe al respecto, causa y origen del revuelo de estos días. En este sentido, los resultados de la encuesta elaborada por CEACCU vienen a confirmar el desconocimiento de los consumidores españoles de muchas cuestiones.

Para empezar, tendrán que elegir un comercializador, con las implicaciones que ello tiene. Pero también, con el conocimiento del problema del déficit tarifario y la tendencia a las soluciones mágicas: que sean las empresas quienes reduzcan beneficios o que lo pague el gobierno. A cambio hay que reconocer que los procesos informativos, más transparentes que se están dando para otros procesos de transformación de la economía y de la sociedad, como por ejemplo la implantación de la Televisión Digital Terrestre, han sido mucho más generalizados y extensivos (hoy todo el mundo conoce que habrá un apagón de la señal analógica y que tiene que adaptar sus antenas y televisores).

El hecho es que nadie le ha planteado con claridad a los consumidores españoles la cuestión de que, hasta el momento, venían pagando la electricidad a precios menores que los que se derivaban de los costes de su proceso de producción, transporte, distribución y comercialización.

También es de recibo, tener en cuenta el papel esperable de los comercializadores en la electricidad a medio plazo y el de las tarifas de último recurso que necesariamente deben ser topes, sobre el cual tienen que existir reducciones de precios, mejores ofertas, competencia y mercado (que, por cierto, ha sido la manera en que se han abaratado las telecomunicaciones). Estando acostumbrados al pensamiento único y a la tarifa regulada, es por ello difícil de entender por quienes no comprenden que la economía de las sociedades libres y democráticas se organiza en mercados, sobre los cuáles no hay que intervenir.

A cambio de eso, desde los sectores más inmovilistas y retroprogresivos relacionados con la energía, se ha tratado de poner palos en las ruedas (o robar los neumáticos directamente) al proceso de liberalización: cuestionando las dinámicas y los procesos de mercado, saboteando la resolución de los problemas acumulados y el tránsito a un modelo que perfeccione la liberalización en el sector eléctrico. Todo para defender un modelo de tarifas ineficiente desde el punto de vista competitivo, económico, financiero y medioambiental.

Hay que recordar que el mercado es la forma más eficiente de asignación de recursos, frente a la intervención, la planificación u otros mecanismos basados en la retribución en función de costes reconocidos, famosa teoría del Informe de Costes y Precios (y, por ende, de control de rentas) por tecnologías de un bien indiferenciado como es el kilowatio y no visión conjunta del mercado eléctrico que ha permitido una importante expansión de la oferta y capacidad excedentaria en materia de generación (lo que aumenta la competencia y favorece los precios bajos y generales para todos). Como en todos los mercados.

Por tanto, además de la influencia de los modelos tardofranquistas/falangistas (con su sentido particular de la justicia distributiva y su visión enfermiza de las empresas), una suma de errores políticos pasados (tarifas bajas artificialmente) acumulados durante los momentos de nuestro auge económico, en que los españoles consumían mucha más electricidad dado que no conocían los precios reales (y a la vez eran capaces de pagar mucho más por los bienes inmuebles).

Así, sus autoridades políticas habían decidido no trasladar el coste de la energía en un acto de benevolencia, paternalismo o cobardía política continuada. O de ideología (selectiva) dado que, como no se podía intervenir en los precios de lo inmobiliario, se podía intervenir el precio de la energía de forma que los españoles se pudieran gastar su renta disponible en pisos, por ejemplo, como se ha hecho toda la vida de Dios. Esto ha devenido en la existencia de cantidades enormes de déficit tarifario (cantidad no pagada por los consumidores en la tarifa y que o se financiaba después en cómodos plazos, eso sí, crecientes).

Si unimos a esto, la falta de conocimiento económico generalizado, la ausencia de cultura económica, de funcionamiento de los mercados y de la competencia incluso de los teóricos sectores más liberales, junto con una oposición mareada y descentrada (el Partido Popular se une al incendio de la gripe AH1N1 con las amenazas del 30 % en el crecimiento de la tarifa eléctrica en un ejercicio demagógico de interpretación de la realidad), vemos cómo se intenta sacar rédito político o electoral de un proceso que además de inevitable, si se hace bien (como se debe hacer, fuera de partidisimos y de componentes ideológicos), puede ser en el medio plazo beneficioso para el consumidor español y para la economía en general.

Ayer podíamos conocer cómo la caída de la demanda asociada a la crisis obligaba a parar los parques eólicos. Se trata de una cuestión que ya anticipamos en Energía Diario y que definimos como cambio de marco, de “frame” en el sector energético español, dada la magnitud que este fenómeno está alcanzando. Los últimos datos, confirman una caída al mes de abril del 13,4% y una reducción de la demanda en horas valle (nocturnas) de 23.000 a 20.000 MW.

Caída de demanda que está asociada a unos precios muy bajos en el mercado de generación (en muchos momentos cuestionado, pero que, en la medida que refleja en la formación de precios los aspectos de oferta, demanda y costes, se confirma como mecanismo eficaz y eficiente de asignación de recursos).

En sentido figurado, podemos denominar a este fenómeno, con todas sus manifestaciones y consecuencias, con una denominación de estrategia futbolística que el que fuera ex entrenador del Barça, César Luis Menotti (ahora que están de moda), señalaba como achique de espacios. Esta estrategia consistía en la utilización de las líneas defensivas muy por delante (subían mucho, en el argot, hasta estar muy próximas de la línea medular del terreno de juego), para provocar fueras de juego. Empezamos a ver la existencia de “fueras de juego” en la generación eléctrica.

Lo primero que tenemos que señalar es que parece que esta caída de la demanda ha llegado para quedarse. Las estimaciones más optimistas señalan que la recuperación de la demanda de electricidad no se producirá, como pronto, al menos en dos años. Por tanto, no nos encontramos solamente ante una cuestión que podríamos denominar “coyuntural”. Si esto fuera poco, estábamos acostumbrados a unos fuertes incrementos de la demanda que permitían aprovechar fuertemente la capacidad instalada, sea cual sea la tecnología de generación y sus costes. Por tanto, nos encontramos ante unas perspectivas y planificaciones construidas con una economía creciendo por encima del tres por ciento del PIB y con una demanda energética por encima del 2,5. Lo que demuestra que cualquier tiempo pasado fue anterior y que, como figura en los prospectos de los productos financieros, rentabilidades presentes no aseguran rentabilidades futuras.

Segunda consecuencia: la bajada de precios del mercado de generación (y de las materias primas) cambia los “precios relativos” entre las tecnologías. En consecuencia, en este período se van a producir reacciones lógicas y comportamientos a la vista de este escenario desde los distintos agentes económicos, incluyendo empresas, consumidores y administración. ¿Qué va a pasar con las tecnologías más caras ante un exceso de capacidad? ¿Por qué no se concluye la regulación de la retribución gestión de la disponibilidad? La respuesta es sencilla: porque hay exceso de capacidad.

En términos de inversión, seguramente que asistimos a la paralización de los procesos de inversión y la necesidad de rentabilizar el mix de generación. Por tanto, la batalla de las tecnologías por cubrir la demanda (decreciente) está servida y, detrás, seguramente otros intereses vinculados a los precios y suministro de las materias primas, empleo, financiación etc. ¿Cómo construir un nuevo escenario de primas para las renovables y de aumento de capacidad por tecnologías si la tarta se reduce? ¿Cómo conciliar la necesidad de asegurar la incorporación de la producción del régimen especial en el sistema, garantizando a la vez el funcionamiento de las centrales de carga base, térmicas y nucleares, cuya desconexión es muy compleja por cuestiones logísticas y de seguridad, en un escenario de demanda insuficiente?

Se trata de preguntas que no se pueden resolver acudiendo al pensamiento mágico: a los planes de futuro (de plazo incierto), a cambios de modelo que surtirán efecto en el medio y largo plazo, la regulación de oferta y demanda a través de la recarga nocturna de vehículos eléctricos, la extensión de los contadores inteligentes (casi en fase de prototipo), etc… Soluciones, en teoría más a corto plazo, serían las relacionadas con mejorar la capacidad de exportación de electricidad a través de las interconexiones, pero de eso (algo no tan viable como parece) hablaremos otro día.

El hecho es que empiezan a “pitarse” fueras de juego a los excesos de capacidad y habrá que cambiar el estilo de juego.

La Ministra de Economía, Elena Salgado, y la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, escenificaron hace unos días una rueda de prensa “a pachas”, modelo plató, en la que exhibieron su confianza en la aparición de los primeros síntomas de recuperación de la economía española. Salgado los definió como “brotes verdes”, en esta bien entrada primavera metereológica y parece ser que el propio Presidente del Gobierno los ve también y, además, acusa a los demás de agoreros y gafes por no convencidos o críticos por no verlos. Son los primeros destellos de la precampaña electoral a las Elecciones Europeas. Los esfuerzos fútiles de gasto público practicados por el gobierno hasta el momento de manera sistemática y poco selectiva (keynesianismo más allá del keynesianismo, keynesianismo “a la pata la llana” o a go go) deberían dar los primeros resultados y que así se domesticara esta tendencia al precipicio.

La osadía, además de llenar las páginas de los periódicos y las opiniones de los columnistas, ha sonrojado a muchos cercanos al propio gobierno y al mundo económico en particular. En privado, en el propio PSOE se reconoce un nivel muy alto de crítica hacia el actual equipo económico y hacia su líder actual, atemperado por la situación del principal partido de la oposición. Días más tarde, la Comisión Europea hacia público un informe muy duro con toda Europa, en general; más duro con algunos países en concreto como Irlanda, y en el que España, en particular, salía bastante peor parada que la media europea. De esa personalización banal de la culpabilización de la realidad, el Comisario Joaquín Almunia, casi vetado en los entornos presidenciales, volvía a reverdecer.

Pero centrémonos en el caso de la energía, porque esta crisis todavía no arroja “brotes verdes”, sino todo lo contrario. Sobre todo porque el consumo energético es el indicador más relevante de lo que ocurre en la actividad económica. La caída de la demanda de energía es de las más importantes que se recuerda y, probablemente, va a definir un “nuevo frame”, un nuevo marco para el sector durante mucho tiempo. Caídas del 13,46 % del consumo de electricidad internanual al mes de abril, caídas de la demanda gasista y caídas en el consumo de los consumidores industriales del 20 % pueden dar idea de la magnitud de la crisis que nos estamos encontrando. Las cifras son de escalofrío, de forma que, según se anticipa, para alcanzar la demanda a la que se llegó el año pasado tendremos que esperar unos cuatro años. Por lo tanto, también es hora de un ajuste en el sector energético.

Según se ha podido saber, Red Eléctrica de España ya lo ha incorporado en su planificación y empezamos a conocer cómo el Ministerio de Industria podría reducir las inversiones de los dos operadores de transporte gasista y eléctrico, REE y Enagás, en coherencia con estas nuevas previsiones. ¿Qué puede ocurrir con todas esas inversiones energéticas pensadas en tiempo de bonanza, de crecimiento al 3 % de la economía española y del 2,6 % de crecimiento de la demanda eléctrica? ¿Tenemos en cuenta que estas inversiones encarecerán los precios de la electricidad (no olvidemos que las infraestructuras de los transportistas se remuneran, se usen o no, y se pagan en la tarifa sean necesarias o no)? ¿Qué puede pasar con esa capacidad excedentaria de estas instalaciones? ¿Cuál puede ser el futuro de esa promesa política que es El Musel, junto con más gaseoductos e interconexiones, que la harían doblemente inútil? ¿Cómo puede ser que los operadores de transporte señalen, como anticipó Antonio Llardén en una rueda de prensa, que la ejecución de sus inversiones pueden contribuir a salir de la crisis, si no hay demanda que lo pague? ¿No se verán afectadas por lo que está pasando? ¿Quién paga todo eso? ¿Qué puede ocurrir si se cumple que saldremos más tarde y peor de esta crisis que el resto de países europeos?

Más efectos y configuración de este marco para el sector energético: caída de precios de la energía y las materias primas, resultado directo como consecuencia de esta crisis de demanda. De hecho, hoy encontramos precios muy bajos en los mercados mayoristas, donde la competencia en el mercado de generación se ampliará y la capacidad sobrante es creciente (de hecho, hoy sigue sin regularse la remuneración de la disponibilidad, por algo será). Y también, en consecuencia, esto se traduce en una reducción de la actividad de las empresas y de sus resultados. Del mismo modo, podemos atisbar cómo de cara a la planificación de la generación futura se encarnizará la lucha entre las distintas tecnologías del mix español. Más asuntos: volverá el debate de las primas a las energías renovables, como ya ha insinuado o filtrado algún medio de comunicación (veremos con qué alcance o efectos).

En tanto, el Ministro de Industria, experto en macroeconomía, hombre que proviene del mundo financiero y que conoce en mayor medida que el resto del Ejecutivo actual los mecanismos económicos de esta crisis, seguramente que no pronunciará en mucho tiempo una frase que contenga “brotes verdes”, con independencia de que lo fácil sería, en una pirueta política, en un guiño al jefe, unirlo al desarrollo de las energías renovables con la futura ley del ramo en la mano, lista para su presentación pública. Seguramente que se guardará mucho de proferir estos dos vocablos, sustantivo y adjetivo.

Brotes verdes.

La promulgación del R.D.-Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, junto con la aprobación del R.D. 485/2009 en el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso, configuran dos normas que permiten, en el primer caso, resolver problemas generados en el pasado más reciente (y no sólo el déficit tarifario, como veremos más adelante) y abordar un escenario de avance en la liberalización del sector, en el segundo.

Cuando decimos que estas dos normas no sólo resuelven, en un modelo latino (es decir con gradualidad, transitoriedad y plazos) la cuestión del déficit tarifario, podemos señalar también cómo aborda, quizás, otra cosa de enorme gravedad: la situación de precariedad regulatoria heredada de la etapa Clos-Nieto, caracterizada por una regulación muy arriesgada, improvisada, atrabiliaria y espasmódica, conformadora de medidas que han generado una fuerte inseguridad jurídica, una falta de estabilidad regulatoria, el olvido de las condiciones empresariales y financieras del sector, incluyendo la tendencia a cuestionar el funcionamiento del mercado y del propio modelo de liberalización. Si bien, todo lo roto no se ha arreglado, sí que se han enviado señales muy claras de cambio de rumbo.

En todo caso, se había llegado a una situación impropia de un sector que necesita fuertes inversiones para que cumpla su misión de suministro de electricidad a ciudadanos y empresas. Por tanto, las soluciones y medidas recogidas en estas normas podríamos decir que hubieran sido impensables hace año y medio, con independencia de que fueran sus creadores políticos los propios responsables de su solución. El hecho es que el déficit tarifario como criatura prometeica estaba concebido en ese momento y por determinados apoyos “intelectuales retroprogresivos” como algo solucionable con un “golpe de Estado” regulatorio, al que estábamos acostumbrados de manera inexplicable. Por tanto, no era en sí un problema que tuviera el recurso de la arbitrariedad. Por eso, el de qué venimos es importante, porque no solamente había creado el problema, sino que era parte del problema.

En ese proceso, hay que señalar que se habían producido fuertes regresiones en el proceso de liberalización del sector, medidas como las emisiones primarias de energía con poco sentido incluso desde su finalidad presunta o, directamente, movimientos expropiatorios de dudosa estofa y menos garantía jurídica como la detracción de derechos de emisión (que acabarían mal en la esfera judicial). El caso, es que el rosario de procesos judiciales embalsado y con no muy buenas perspectivas para el regulador tenía toda la pinta de que empezaba su deshielo y las sentencias negativas inspiradas en las posiciones más intervencionistas del sector (el intervencionismo es la negación del estado de derecho). Industria, en este caso, ha optado por la solución menos heterodoxa, no por la solución más ortodoxa, ya que la ortodoxia pura existe, pero no es posible o no es razonable. Por tanto, este Real Decreto-Ley con la derogación del famoso R.D. 11/2007 acaba con los atisbos y las insinuaciones de persistencia en una medida disparatada judicialmente.

En segundo lugar y cuando decimos que el escenario permite abordar un avance en la liberalización real del sector, quiere decirse que con estas medidas se configura una caja de herramientas más o menos suficientes y, al mismo tiempo, susceptible de mejora y de buen uso, cosa que se confirmará con los próximos pasos de Industria. Por ejemplo, es necesario resolver la capacidad de que las actuales distribuidoras puedan ejercer de comercializadores de último recurso, que vayan subiendo tarifas de acceso y peajes, de forma que se reconozcan los precios reales y al mismo tiempo que la tarifa de último recurso sea completa (aditiva) para que puedan existir ofertas y competencia para los clientes. Quizá habría que señalar que el escenario de avance en la liberalización no es tan intenso, ambicioso o rápido como cabía prever, pero supone cierta inflexión en la tendencia que mostraba el anterior equipo contra el modelo de liberalización que prevé la directiva europea y sus continuos esfuerzos por zafarse de ello.

Por ese motivo, la semana que viene analizaremos y recogeremos las reacciones a este Real Decreto, pero podemos señalar que, en general, es una medida que conduce a normalizar una situación artificialmente anómala, inflada por las malas prácticas regulatorias precedentes. También analizaremos otras cuestiones como los registros de preasignación o el bono social, que son cuestiones también abiertas con esta normativa encima de la mesa.

Hasta ahí es una buena noticia, la conformación que se haga de la tarifa de último recurso, el impulso a la comercialización y de la competencia dictarán el avance liberalizador y su plazo que, en todo caso, no parece que sea corto. Por ello, hay que valorar positivamente este avance y el que las posiciones intervencionistas finalmente hayan sido soslayadas. Lo que viene ahora es gestión y la tendencia hacia esa normalización apuntada ahora. Paciencia y barajar.