Pedro Marín: Crónica de una dimisión anunciada y necesaria

Con la noticia de la dimisión de Pedro Marín Uribe, actual Secretario de Estado de Energía, parece que detonada por el aluvión de fracasos y cuestionamientos judiciales al decreto del carbón, habría que hacer un análisis de las causas que devienen en la necesidad de que este cambio se hubiera producido antes.

El refrán castellano «Dios nos libre del día de las alabanzas«, en este caso, en el del Secretario de Estado dimisionario, no es aplicable, dado que sin haber llegado a los extremos de su predecesor, Ignasi Nieto, (cuya ejecutoria será largamente recordada por su temeridad y consecuencias judiciales), la trayectoria admisible de Marín finalizó con el Real Decreto Ley 6/2009, elaborado para su incumplimiento flagrante.

A la hora de valorar la dimisión de Marín, sería bueno abstraerse del akelarrre producido en Moncloa y en Industria a cuenta del revés judicial recibido en el decreto del carbón y que se procediera a un ejercicio de serena autocrítica, para abordar la situación sin la consideración de que se trata de un agravio al presidente, a sus órdenes y a sus ancestros. (¿Se imaginan, por ejemplo, que la negociación de la PAC sobre al aceite de oliva se hubiera visto afectada por el origen andaluz de Felipe González? Parece claro que necesitamos estadistas nuevos).

Vayamos, pues, con la descripción del contexto y las causas que urgían a la salida de Marín. Primero, el cambio de gobierno, ha modificado el tablero de juego de la acción del ejecutivo. Un cambio de gobierno que se está extendiendo como efecto mancha de aceite por los segundos niveles (Secretarías de Estado y Secretarios Generales). Anticipar la crisis de gobierno también ha intervenido en este desenlace. El ejecutivo está cambiando casi por completo su fisonomía, poniendo de manifiesto que ha sido una crisis real en todos los sentidos. El Ejecutivo está actuando casi como si estuviese recién elegido y, por otro lado, la situación del sector energético precisa una revisión a fondo, digamos, que holística. ¿En qué ámbito de la acción de gobierno es más necesario un impulso político hoy si cabe que en la energía?

Segundo, el conjunto de problemas sectoriales puestos todos, uno tras de otro, necesitan un enfoque global, con aproximaciones parciales a cada cuestión, frente al actual enfangamiento. Déficit tarifario, planificación energética, renovables, titulización… son perspectivas del mismo problema. Hemos venido siguiendo una forma de abordar el problema, sin abordar el problema, de forma líquida, voluble, cambiante como afirma Baumant, con muchos meandros que dependían en cada momento de las presiones, del problema que vencía en cada momento y, en definitiva, sin una política energética. Pero la estrategia de que no se aprecie el montante global del problema es ya imposible y conduce directamente al fracaso. Las intentonas ilusorias de un acuerdo entre Partido Popular y PSOE en materia energética con pretensiones taumatúrgicas, se complican, se esfuman o, simplemente, se ven atrapadas en la impredecible dinámica política, tras aquella rueda de prensa entre Sebastián y Montoro. En todo caso, no están finos los de Génova en lo que a energía se refiere y la solución no va a venir de un pacto político. Hay consciencia en el PP de que el ejecutivo tiene que pasar por un trágala con el problema energético acumulado.

Tercero, el fracaso de cuestiones como el decreto del carbón o el problema de las renovables, dejan una enorme sombra de duda en tomas claves sobre los resultados de la política seguida por el actual Secretario de Estado de Energía. Si recordamos bien, y hacemos un ejercicio de memoria histórica, en el mismo acto de toma de posesión de Pedro Marín, momento en el cual se eleva de rango de la Secretaría General de Energía a Secretaría de Estado, el Ministro aumentó las exigencias al recién designado en concordancia con la gravedad de problemas a abordar.

Cuarto, la incomunicación entre los sectores, las empresas y el actual Secretario Estado de Energía son más que evidentes y, por otra parte, vienen siendo denunciadas de forma creciente desde los distintos subsectores energéticos. En suma, se manifiesta el deterioro de la relación institucional y la «fatiga de materiales». Pero no acaba ahí, la propia Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el Ministerio de Economía observan de forma oblicua todas las propuestas que provienen del Ministerio de Industria tras importantes y graves patinazos. Evidentemente, el peso político y la solvencia de este equipo, están fuertemente cuestionadas, sin que decir esto sea un ejercicio de hacer leña del árbol caído.

Es, por tanto, el momento de abordar el cambio en la administración energética, incluso con urgencia, porque el tiempo apremia y los problemas son cada vez más arborescentes. Por eso, una recomendación es que la sustitución de Pedro Marín (con una dimisión anunciada y en espera de destino hasta que se encuentre sustituto), se aborde con rapidez. Sería más que conveniente que el elegido tenga oficio, capacidad intelectual y de diálogo, formación, experiencia en la Administración, para ponerse manos a la obra en una tarea que no es fácil. Y que el propio Ministro se involucre horas y horas en este ámbito de gestión, entendiendo el escenario y comprendiendo las soluciones, entre inauguración e inauguración.

P.D. Algún día habrá que repasar el papel de cancerbera que la anterior Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tuvo en este Auto Sacramental. Pero eso será otro día.

Celebremos la paralización del decreto del carbón nacional

El duro golpe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado al gobierno español con la imposición de medidas cautelarísimas respecto a la aplicación del decreto del carbón, merece una comprensión de todas sus lecturas combinadas, además de una celebración, por lo que tiene de reforzamiento del juego institucional y el respeto de los derechos empresariales, tanto en España como en Europa. El hecho es que la paralización del decreto del carbón, en una secuencia de decisiones judiciales adversas al mismo, supone que se haya podido interceptar por vía judicial e institucional una normativa que tiene claros indicios de ilegalidad.

La primera lectura, directa y por inmediatez, es el fracaso del gobierno español en la forma de abordar el problema del carbón nacional y en la forma de gestionar su problemática. Si hacemos un repaso esquemático de la situación, tras el último Rodiezmo, con Zapatero de cuerpo presente, la consigna oficial fue aumentar las ayudas al carbón nacional, a costa de manipular el funcionamiento del mercado eléctrico. Presiones de los grupos empresariales mineros y el asedio de los propios trabajadores, azuzados desde las empresas con el corte de las nóminas, hicieron el resto.

Nadie sabe a quién (en todo caso hay sospechas fundadas y no es difícil identificar su autoría sistemática) se le ocurrió un mecanismo demoníaco como eran las restricciones técnicas para el mercado eléctrico para incluir una nueva restricción adicional por motivos productivos en el mercado de generación. Todo ello, en un contexto de caída generalizada de la demanda eléctrica y de expulsión de otras fuentes de generación, con el perjuicio a las inversiones efectuadas por las empresas. Lo siguiente fue una tramitación episódica de una medida que claramente afectaba al mercado eléctrico, a la competencia y que, además, afecta a los compromisos medioambientales en materia de cambio climático de nuestro país.

Y todo ello, sin que nadie haya hecho una valoración conjunta de la efectividad, distribución y utilización de las ayudas al sector que son astronómicas. Sin que nadie haya planteado un horizonte tendencial respecto del cierre de las explotaciones mineras como plantea la Unión Europea, siguiendo una estrategia de balones fuera o balones hacia adelante y el telón de fondo de un conjunto de votos muy concentrado territorialmente y específico. ¿Dónde han ido o dónde van los más de 170.000 euros por minero empleado y año? ¿Cómo van los planes de desarrollo regional? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién es el responsable de todo ello?

La segunda lectura, se corresponde con la vituperada idea de lo que son las instituciones comunitarias que, en estos momentos, han dado muestra de que en el seno de sus intersticios, hay capacidad de tomarse en serio los principios y la normativa comunitaria, con convicción respecto del mercado interior. El hecho es que hay vida y las instituciones europeas salen fortalecidas con decisiones de este tipo. Que el juez Marc Jaeger haya aceptado la solicitud de las empresas es una buena noticia y pone difícil la tentación de culpabilizar a las empresas de no querer plegarse a algo que es ilegal y que, va contra sus intereses. Hay que tener en cuenta el pastoreo generalizado que se ha efectuado en las instituciones internas, con la honrosa excepción de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), para hacer pasar lo imposible (véase los dictámenes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o el papel de la propia Comisión Europea).

La tercera lectura se corresponde con la propia acción de las empresas españolas que, en esta ocasión, no han dudado en acudir a las instituciones comunitarias y han ejercicito derechos que legítimamente les corresponde sin cortarse. El propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, censuró públicamente que las empresas eléctricas hubieran recurrido por esta vía el Real Decreto. Y, la maquinaria mediática, trata de satanizar el ejercicio de derechos empresariales y de los accionistas de las empresas eléctricas a través de la victimización de los mineros sin seguir el hilo más allá. O las amenazas, que hoy hemos podido escuchar y que se profieren desde administraciones como la Junta de Castilla y León y sus representantes, contra las empresas eléctricas, que no son propias de un Estado de Derecho, sino herederas del chavismo. Hay que volver a Ibsen en «Un enemigo del pueblo«, cuyo protagonista es un médico que denuncia que la forma de vida de una colectividad, es dañina, nociva y perjudicial.

En todo caso, celebremos este ejercicio y reivindicación de derechos empresariales, del que debe tomarse nota, ante la tendencia al atropello o la discrecionalidad regulatoria que lleva presente en el sector energético desde hace muchos años. Seguramente, esto debe obligar a la Administración española a esmerarse mucho más en sus propuestas, para respetar los marcos regulatorios, los mercados y la normativa, frente a tentaciones a la chapuza y los atajos.

Celebremos la paralización del decreto del carbón nacional

El duro golpe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado al gobierno español con la imposición de medidas cautelarísimas respecto a la aplicación del decreto del carbón, merece una comprensión de todas sus lecturas combinadas, además de una celebración, por lo que tiene de reforzamiento del juego institucional y el respeto de los derechos empresariales, tanto en España como en Europa. El hecho es que la paralización del decreto del carbón, en una secuencia de decisiones judiciales adversas al mismo, supone que se haya podido interceptar por vía judicial e institucional una normativa que tiene claros indicios de ilegalidad.

La primera lectura, directa y por inmediatez, es el fracaso del gobierno español en la forma de abordar el problema del carbón nacional y en la forma de gestionar su problemática. Si hacemos un repaso esquemático de la situación, tras el último Rodiezmo, con Zapatero de cuerpo presente, la consigna oficial fue aumentar las ayudas al carbón nacional, a costa de manipular el funcionamiento del mercado eléctrico. Presiones de los grupos empresariales mineros y el asedio de los propios trabajadores, azuzados desde las empresas con el corte de las nóminas, hicieron el resto.

Nadie sabe a quién (en todo caso hay sospechas fundadas y no es difícil identificar su autoría sistemática) se le ocurrió un mecanismo demoníaco como eran las restricciones técnicas para el mercado eléctrico para incluir una nueva restricción adicional por motivos productivos en el mercado de generación. Todo ello, en un contexto de caída generalizada de la demanda eléctrica y de expulsión de otras fuentes de generación, con el perjuicio a las inversiones efectuadas por las empresas. Lo siguiente fue una tramitación episódica de una medida que claramente afectaba al mercado eléctrico, a la competencia y que, además, afecta a los compromisos medioambientales en materia de cambio climático de nuestro país.

Y todo ello, sin que nadie haya hecho una valoración conjunta de la efectividad, distribución y utilización de las ayudas al sector que son astronómicas. Sin que nadie haya planteado un horizonte tendencial respecto del cierre de las explotaciones mineras como plantea la Unión Europea, siguiendo una estrategia de balones fuera o balones hacia adelante y el telón de fondo de un conjunto de votos muy concentrado territorialmente y específico. ¿Dónde han ido o dónde van los más de 170.000 euros por minero empleado y año? ¿Cómo van los planes de desarrollo regional? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién es el responsable de todo ello?

La segunda lectura, se corresponde con la vituperada idea de lo que son las instituciones comunitarias que, en estos momentos, han dado muestra de que en el seno de sus intersticios, hay capacidad de tomarse en serio los principios y la normativa comunitaria, con convicción respecto del mercado interior. El hecho es que hay vida y las instituciones europeas salen fortalecidas con decisiones de este tipo. Que el juez Marc Jaeger haya aceptado la solicitud de las empresas es una buena noticia y pone difícil la tentación de culpabilizar a las empresas de no querer plegarse a algo que es ilegal y que, va contra sus intereses. Hay que tener en cuenta el pastoreo generalizado que se ha efectuado en las instituciones internas, con la honrosa excepción de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), para hacer pasar lo imposible (véase los dictámenes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o el papel de la propia Comisión Europea).

La tercera lectura se corresponde con la propia acción de las empresas españolas que, en esta ocasión, no han dudado en acudir a las instituciones comunitarias y han ejercicito derechos que legítimamente les corresponde sin cortarse. El propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, censuró públicamente que las empresas eléctricas hubieran recurrido por esta vía el Real Decreto. Y, la maquinaria mediática, trata de satanizar el ejercicio de derechos empresariales y de los accionistas de las empresas eléctricas a través de la victimización de los mineros sin seguir el hilo más allá. O las amenazas, que hoy hemos podido escuchar y que se profieren desde administraciones como la Junta de Castilla y León y sus representantes, contra las empresas eléctricas, que no son propias de un Estado de Derecho, sino herederas del chavismo. Hay que volver a Ibsen en «Un enemigo del pueblo«, cuyo protagonista es un médico que denuncia que la forma de vida de una colectividad, es dañina, nociva y perjudicial.

En todo caso, celebremos este ejercicio y reivindicación de derechos empresariales, del que debe tomarse nota, ante la tendencia al atropello o la discrecionalidad regulatoria que lleva presente en el sector energético desde hace muchos años. Seguramente, esto debe obligar a la Administración española a esmerarse mucho más en sus propuestas, para respetar los marcos regulatorios, los mercados y la normativa, frente a tentaciones a la chapuza y los atajos.

Celebremos la paralización del decreto del carbón nacional

El duro golpe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado al gobierno español con la imposición de medidas cautelarísimas respecto a la aplicación del decreto del carbón, merece una comprensión de todas sus lecturas combinadas, además de una celebración, por lo que tiene de reforzamiento del juego institucional y el respeto de los derechos empresariales, tanto en España como en Europa. El hecho es que la paralización del decreto del carbón, en una secuencia de decisiones judiciales adversas al mismo, supone que se haya podido interceptar por vía judicial e institucional una normativa que tiene claros indicios de ilegalidad.

La primera lectura, directa y por inmediatez, es el fracaso del gobierno español en la forma de abordar el problema del carbón nacional y en la forma de gestionar su problemática. Si hacemos un repaso esquemático de la situación, tras el último Rodiezmo, con Zapatero de cuerpo presente, la consigna oficial fue aumentar las ayudas al carbón nacional, a costa de manipular el funcionamiento del mercado eléctrico. Presiones de los grupos empresariales mineros y el asedio de los propios trabajadores, azuzados desde las empresas con el corte de las nóminas, hicieron el resto.

Nadie sabe a quién (en todo caso hay sospechas fundadas y no es difícil identificar su autoría sistemática) se le ocurrió un mecanismo demoníaco como eran las restricciones técnicas para el mercado eléctrico para incluir una nueva restricción adicional por motivos productivos en el mercado de generación. Todo ello, en un contexto de caída generalizada de la demanda eléctrica y de expulsión de otras fuentes de generación, con el perjuicio a las inversiones efectuadas por las empresas. Lo siguiente fue una tramitación episódica de una medida que claramente afectaba al mercado eléctrico, a la competencia y que, además, afecta a los compromisos medioambientales en materia de cambio climático de nuestro país.

Y todo ello, sin que nadie haya hecho una valoración conjunta de la efectividad, distribución y utilización de las ayudas al sector que son astronómicas. Sin que nadie haya planteado un horizonte tendencial respecto del cierre de las explotaciones mineras como plantea la Unión Europea, siguiendo una estrategia de balones fuera o balones hacia adelante y el telón de fondo de un conjunto de votos muy concentrado territorialmente y específico. ¿Dónde han ido o dónde van los más de 170.000 euros por minero empleado y año? ¿Cómo van los planes de desarrollo regional? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién es el responsable de todo ello?

La segunda lectura, se corresponde con la vituperada idea de lo que son las instituciones comunitarias que, en estos momentos, han dado muestra de que en el seno de sus intersticios, hay capacidad de tomarse en serio los principios y la normativa comunitaria, con convicción respecto del mercado interior. El hecho es que hay vida y las instituciones europeas salen fortalecidas con decisiones de este tipo. Que el juez Marc Jaeger haya aceptado la solicitud de las empresas es una buena noticia y pone difícil la tentación de culpabilizar a las empresas de no querer plegarse a algo que es ilegal y que, va contra sus intereses. Hay que tener en cuenta el pastoreo generalizado que se ha efectuado en las instituciones internas, con la honrosa excepción de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), para hacer pasar lo imposible (véase los dictámenes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o el papel de la propia Comisión Europea).

La tercera lectura se corresponde con la propia acción de las empresas españolas que, en esta ocasión, no han dudado en acudir a las instituciones comunitarias y han ejercicito derechos que legítimamente les corresponde sin cortarse. El propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, censuró públicamente que las empresas eléctricas hubieran recurrido por esta vía el Real Decreto. Y, la maquinaria mediática, trata de satanizar el ejercicio de derechos empresariales y de los accionistas de las empresas eléctricas a través de la victimización de los mineros sin seguir el hilo más allá. O las amenazas, que hoy hemos podido escuchar y que se profieren desde administraciones como la Junta de Castilla y León y sus representantes, contra las empresas eléctricas, que no son propias de un Estado de Derecho, sino herederas del chavismo. Hay que volver a Ibsen en «Un enemigo del pueblo«, cuyo protagonista es un médico que denuncia que la forma de vida de una colectividad, es dañina, nociva y perjudicial.

En todo caso, celebremos este ejercicio y reivindicación de derechos empresariales, del que debe tomarse nota, ante la tendencia al atropello o la discrecionalidad regulatoria que lleva presente en el sector energético desde hace muchos años. Seguramente, esto debe obligar a la Administración española a esmerarse mucho más en sus propuestas, para respetar los marcos regulatorios, los mercados y la normativa, frente a tentaciones a la chapuza y los atajos.

Rigor económico financiero frente a leyendas urbanas (II)

Las consecuencias de la lectura y de la información económica y contable procesada de las empresas en este informe desmonta muchos mitos y leyendas urbanas, construidas cuidadosamente por los colectivos retroprogresivos, en torno al sector eléctrico, alimentadas por ejercicios de presentación demagógica y política de la información y de desprecio de las leyes económicas, financieras y de los mercados, a la vez que sin correlación con formulaciones semejantes en otros sectores de la economía o en otros países.

Sin perjuicio de que la realidad obligará a que los informadores sectoriales tengamos que acudir a la información económica y contable que circunda el debate energético, es conveniente repasar las principales conclusiones de este estudio e incorporemos alguna apostilla:

I.- La diversificación internacional oculta la fuerte erosión de los resultados de la actividad eléctrica en el mercado español.

Como señala el informe, las empresas eléctricas españolas se han convertido en empresas globales y diversificadas, pero la lectura de sus resultados consolidados, no puede confundirse la situación financiera global con la española. De hecho, se puede apreciar en el informe que la rentabilidad de la actividad exterior de las empresas es mayor que en España. Y, además, la deuda de las empresas eléctricas (incluido el déficit tarifario) en el mercado español es el doble que en el resto de negocios (países) que tienen.

Por su parte, los negacionistas del déficit tarifario, los retroprogresivos, malician que el mercado español financia la actividad exterior de las empresas, cuando parece todo lo contrario.

En resumen, el planteamiento, la coartada a las intervenciones regulatorias en España parte de la visión de los resultados conjuntos, globales y consolidados de las empresas. La pregunta, por tanto, es si la actividad exterior debe financiar los caprichos intervencionistas internos para no abordar cuestiones y problemas como el déficit tarifario.

¿Se imaginan algo así con multinacionales españolas de otros sectores como el sector financiero o telecomunicaciones?

II.- ¿Qué es eso de los windfall profits? ¿Dónde están?

El resultado de la generación en España en 2009, es de 2.560 millones de euros. Podemos apreciar papeles elaborados por los apóstoles retroprogresivos en los que difunden, equivocadamente, que hay más de 4.500 millones en los supuestos «windfall profits» para justificar intervenciones discrecionales sobre ciertas tecnologías. Lo cierto es que no cuadran las cuentas o se abjura de la contabilidad financiera.

III.- Las centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas: queda más del 40 %

En el informe se destaca cómo las centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas, quedándoles un 40 % de la vida útil económica. Por su parte, el colectivo retroprogresivo, con una interpretación sui generis de este concepto, afirma que están totalmente amortizadas y que no requieren inversiones de mantenimiento o de renovación de equipamiento.

En lo que se refiere al mercado, los precios españoles en el mercado de generación de electricidad son altamente competitivos, comparativamente con la Unión Europea. De hecho, se puede apreciar en la actualidad, cómo se producen importantes bajadas de precios cuando entran más tecnologías en el pool, de forma que en la actualidad los precios son insuficientes para la recuperación del coste del capital, e incluso negativos. Y, unido a esto, cada vez pesa menos en la factura el coste de la generación frente a los costes regulados, verdadero problema de los precios de la electricidad.

IV.- Problemas y falsos problemas. Costes regulados: primas + déficit, más del 47 % de la factura, mientras la generación no llega al 25%

Los costes regulados dentro de la factura se han triplicado en los 10 últimos años, debido al incremento de las primas y al efecto de las anualidades del déficit. Las primas a las energías renovables, el déficit de años anteriores más los impuestos, suponen el 47,3% de la factura, mientras que la generación sólo representa el 24,8%. Y, para remate, España está a la cola de eficiencia energética en Europa.

Merece la pena, por tanto, una lectura detenida y con atención, de las conclusiones del mismo, para separar el grano de la paja y comprender la realidad financiera del sector eléctrico y las consecuencias de las decisiones tarifarias e intervencionistas, más allá de las coartadas políticas de cada momento y de las leyendas urbanas. Para comprender el estado del arte, despojado de la retórica justicialista-peronista que circunda el sector, que tratan de que la información económica-contable no estropee la noticia o el libelo.

Sería razonable, por tanto, que este Estudio sirviera para efectuar un ejercicio de consciencia por parte de los responsables de la política energética a la hora de abordar un enfoque global, sin involuciones respecto al mercado y, a la vez, para rebatir leyendas urbanas, que siguen teorías conspirativo-lucrativas parciales, en tiempos de vuelta al izquierdismo ramplón de mucho rédito. No es un informe más. Era necesario un informe así, riguroso desde el punto de vista contable, económico y financiero, para recentrar el debate, para tener un referente concreto antes de emitir opiniones partiendo de la realidad no de la ideología.

Ahora lo que toca son las conclusiones y la acción.

Rigor económico financiero frente a leyendas urbanas (II)

Las consecuencias de la lectura y de la información económica y contable procesada de las empresas en este informe desmonta muchos mitos y leyendas urbanas, construidas cuidadosamente por los colectivos retroprogresivos, en torno al sector eléctrico, alimentadas por ejercicios de presentación demagógica y política de la información y de desprecio de las leyes económicas, financieras y de los mercados, a la vez que sin correlación con formulaciones semejantes en otros sectores de la economía o en otros países.

Sin perjuicio de que la realidad obligará a que los informadores sectoriales tengamos que acudir a la información económica y contable que circunda el debate energético, es conveniente repasar las principales conclusiones de este estudio e incorporemos alguna apostilla:

I.- La diversificación internacional oculta la fuerte erosión de los resultados de la actividad eléctrica en el mercado español.

Como señala el informe, las empresas eléctricas españolas se han convertido en empresas globales y diversificadas, pero la lectura de sus resultados consolidados, no puede confundirse la situación financiera global con la española. De hecho, se puede apreciar en el informe que la rentabilidad de la actividad exterior de las empresas es mayor que en España. Y, además, la deuda de las empresas eléctricas (incluido el déficit tarifario) en el mercado español es el doble que en el resto de negocios (países) que tienen.

Por su parte, los negacionistas del déficit tarifario, los retroprogresivos, malician que el mercado español financia la actividad exterior de las empresas, cuando parece todo lo contrario.

En resumen, el planteamiento, la coartada a las intervenciones regulatorias en España parte de la visión de los resultados conjuntos, globales y consolidados de las empresas. La pregunta, por tanto, es si la actividad exterior debe financiar los caprichos intervencionistas internos para no abordar cuestiones y problemas como el déficit tarifario.

¿Se imaginan algo así con multinacionales españolas de otros sectores como el sector financiero o telecomunicaciones?

II.- ¿Qué es eso de los windfall profits? ¿Dónde están?

El resultado de la generación en España en 2009, es de 2.560 millones de euros. Podemos apreciar papeles elaborados por los apóstoles retroprogresivos en los que difunden, equivocadamente, que hay más de 4.500 millones en los supuestos «windfall profits» para justificar intervenciones discrecionales sobre ciertas tecnologías. Lo cierto es que no cuadran las cuentas o se abjura de la contabilidad financiera.

III.- Las centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas: queda más del 40 %

En el informe se destaca cómo las centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas, quedándoles un 40 % de la vida útil económica. Por su parte, el colectivo retroprogresivo, con una interpretación sui generis de este concepto, afirma que están totalmente amortizadas y que no requieren inversiones de mantenimiento o de renovación de equipamiento.

En lo que se refiere al mercado, los precios españoles en el mercado de generación de electricidad son altamente competitivos, comparativamente con la Unión Europea. De hecho, se puede apreciar en la actualidad, cómo se producen importantes bajadas de precios cuando entran más tecnologías en el pool, de forma que en la actualidad los precios son insuficientes para la recuperación del coste del capital, e incluso negativos. Y, unido a esto, cada vez pesa menos en la factura el coste de la generación frente a los costes regulados, verdadero problema de los precios de la electricidad.

IV.- Problemas y falsos problemas. Costes regulados: primas + déficit, más del 47 % de la factura, mientras la generación no llega al 25%

Los costes regulados dentro de la factura se han triplicado en los 10 últimos años, debido al incremento de las primas y al efecto de las anualidades del déficit. Las primas a las energías renovables, el déficit de años anteriores más los impuestos, suponen el 47,3% de la factura, mientras que la generación sólo representa el 24,8%. Y, para remate, España está a la cola de eficiencia energética en Europa.

Merece la pena, por tanto, una lectura detenida y con atención, de las conclusiones del mismo, para separar el grano de la paja y comprender la realidad financiera del sector eléctrico y las consecuencias de las decisiones tarifarias e intervencionistas, más allá de las coartadas políticas de cada momento y de las leyendas urbanas. Para comprender el estado del arte, despojado de la retórica justicialista-peronista que circunda el sector, que tratan de que la información económica-contable no estropee la noticia o el libelo.

Sería razonable, por tanto, que este Estudio sirviera para efectuar un ejercicio de consciencia por parte de los responsables de la política energética a la hora de abordar un enfoque global, sin involuciones respecto al mercado y, a la vez, para rebatir leyendas urbanas, que siguen teorías conspirativo-lucrativas parciales, en tiempos de vuelta al izquierdismo ramplón de mucho rédito. No es un informe más. Era necesario un informe así, riguroso desde el punto de vista contable, económico y financiero, para recentrar el debate, para tener un referente concreto antes de emitir opiniones partiendo de la realidad no de la ideología.

Ahora lo que toca son las conclusiones y la acción.

Rigor económico financiero frente a leyendas urbanas (II)

Las consecuencias de la lectura y de la información económica y contable procesada de las empresas en este informe desmonta muchos mitos y leyendas urbanas, construidas cuidadosamente por los colectivos retroprogresivos, en torno al sector eléctrico, alimentadas por ejercicios de presentación demagógica y política de la información y de desprecio de las leyes económicas, financieras y de los mercados, a la vez que sin correlación con formulaciones semejantes en otros sectores de la economía o en otros países.

Sin perjuicio de que la realidad obligará a que los informadores sectoriales tengamos que acudir a la información económica y contable que circunda el debate energético, es conveniente repasar las principales conclusiones de este estudio e incorporemos alguna apostilla:

I.- La diversificación internacional oculta la fuerte erosión de los resultados de la actividad eléctrica en el mercado español.

Como señala el informe, las empresas eléctricas españolas se han convertido en empresas globales y diversificadas, pero la lectura de sus resultados consolidados, no puede confundirse la situación financiera global con la española. De hecho, se puede apreciar en el informe que la rentabilidad de la actividad exterior de las empresas es mayor que en España. Y, además, la deuda de las empresas eléctricas (incluido el déficit tarifario) en el mercado español es el doble que en el resto de negocios (países) que tienen.

Por su parte, los negacionistas del déficit tarifario, los retroprogresivos, malician que el mercado español financia la actividad exterior de las empresas, cuando parece todo lo contrario.

En resumen, el planteamiento, la coartada a las intervenciones regulatorias en España parte de la visión de los resultados conjuntos, globales y consolidados de las empresas. La pregunta, por tanto, es si la actividad exterior debe financiar los caprichos intervencionistas internos para no abordar cuestiones y problemas como el déficit tarifario.

¿Se imaginan algo así con multinacionales españolas de otros sectores como el sector financiero o telecomunicaciones?

II.- ¿Qué es eso de los windfall profits? ¿Dónde están?

El resultado de la generación en España en 2009, es de 2.560 millones de euros. Podemos apreciar papeles elaborados por los apóstoles retroprogresivos en los que difunden, equivocadamente, que hay más de 4.500 millones en los supuestos «windfall profits» para justificar intervenciones discrecionales sobre ciertas tecnologías. Lo cierto es que no cuadran las cuentas o se abjura de la contabilidad financiera.

III.- Las centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas: queda más del 40 %

En el informe se destaca cómo las centrales nucleares e hidráulicas no están amortizadas, quedándoles un 40 % de la vida útil económica. Por su parte, el colectivo retroprogresivo, con una interpretación sui generis de este concepto, afirma que están totalmente amortizadas y que no requieren inversiones de mantenimiento o de renovación de equipamiento.

En lo que se refiere al mercado, los precios españoles en el mercado de generación de electricidad son altamente competitivos, comparativamente con la Unión Europea. De hecho, se puede apreciar en la actualidad, cómo se producen importantes bajadas de precios cuando entran más tecnologías en el pool, de forma que en la actualidad los precios son insuficientes para la recuperación del coste del capital, e incluso negativos. Y, unido a esto, cada vez pesa menos en la factura el coste de la generación frente a los costes regulados, verdadero problema de los precios de la electricidad.

IV.- Problemas y falsos problemas. Costes regulados: primas + déficit, más del 47 % de la factura, mientras la generación no llega al 25%

Los costes regulados dentro de la factura se han triplicado en los 10 últimos años, debido al incremento de las primas y al efecto de las anualidades del déficit. Las primas a las energías renovables, el déficit de años anteriores más los impuestos, suponen el 47,3% de la factura, mientras que la generación sólo representa el 24,8%. Y, para remate, España está a la cola de eficiencia energética en Europa.

Merece la pena, por tanto, una lectura detenida y con atención, de las conclusiones del mismo, para separar el grano de la paja y comprender la realidad financiera del sector eléctrico y las consecuencias de las decisiones tarifarias e intervencionistas, más allá de las coartadas políticas de cada momento y de las leyendas urbanas. Para comprender el estado del arte, despojado de la retórica justicialista-peronista que circunda el sector, que tratan de que la información económica-contable no estropee la noticia o el libelo.

Sería razonable, por tanto, que este Estudio sirviera para efectuar un ejercicio de consciencia por parte de los responsables de la política energética a la hora de abordar un enfoque global, sin involuciones respecto al mercado y, a la vez, para rebatir leyendas urbanas, que siguen teorías conspirativo-lucrativas parciales, en tiempos de vuelta al izquierdismo ramplón de mucho rédito. No es un informe más. Era necesario un informe así, riguroso desde el punto de vista contable, económico y financiero, para recentrar el debate, para tener un referente concreto antes de emitir opiniones partiendo de la realidad no de la ideología.

Ahora lo que toca son las conclusiones y la acción.

Rigor económico financiero frente a leyendas urbanas (I)

En el caso de este estudio sobre el sector eléctrico y sus magnitudes económico-financieras, hay tres elementos que deben ponderarse para valorar el alcance del mismo.

I.- La ausencia de estudios/informes de estas características de las instituciones públicas y órganos reguladores competentes al respecto. No deja de ser paradójico que los voluminosos informes anuales de la CNE no dejen de ser mastodónticos mamotretos estadísticos que no permitan conocer con clarividencia y sentido económico-financiero la realidad de los diferentes sectores energéticos, no sólo el eléctrico.

II.- La escasa conciencia relativa al funcionamiento de los mercados de capital que nos circunda y su directa relación con las empresas. El grave olvido de la perspectiva financiera de las empresas no deja de ser imperdonable y deliberado. Cuando prebostes de la comunicación como Iñaki Gabilondo se preguntan ante las cámaras y sus televidentes, «¿pero cómo puede ser que puedan más los mercados que la política?», se alimenta una visión pública y distorsionada de sectores como el energético dónde existen muchas reminiscencias de un pasado de intervención (eso sí, a cuenta de los accionistas) y se alimenta un imaginario social basado en el pensamiento mágico.

Si en todos los sectores, existe una comprensión de que están compuestos por empresas que necesitan financiación (propia y externa) y que operan en sus correspondientes mercados, en el sector energético, sus tradicionalistas consideran que las empresas eléctricas deben ser un apéndice del Estado y sus tentáculos (y que accionistas y financiación deben servir disciplinadamente a ello). Por tanto, sus magnitudes económico-financieras son una cosa menor, detalles intrascendentes o efectos colaterales que deben soportar resignadamente los propietarios de las empresas, apencando con la acción de intervención con la que pueden jugar con discrecionalidad, subvirtiendo la dinámica económica y de los mercados. El problema es que esto se produce en un entorno globalizado.

III.- Como consecuencia de todo lo anterior, en el trasfondo, está el Tea Party retroprogresivo de la energía en España, grupo genuino de nuestro país, autor, inspirador de teorías teñidas de demagogia y que se materializan en el infamante «Informe sobre Costes y Precios» y sus reverberaciones grotescas, en la medida que provienen de los órganos reguladores independientes que deben ser los garantes del mercado.

Unos teóricos que buscan afirmar cosas como «Tal tecnología tiene muchos ‘beneficios’» que, con osadía y olvido de las épocas previas de inversión financiera, califican de «windfall profits» sin comprender el ciclo de inversión/financiación. Llegan a tal extremo que reniegan de las normas contables (hoy internacionales, homologadas y homogeneizadas), para desarrollar teorías pintorescas sobre la amortización y la utilización de mecanismos de prestidigitación para hacerla desaparecer. Es un Tea Party que se propone recuperar la esencia añorada del Marco Legal Estable, que consiste en la fijación discrecional de márgenes de operación (rentabilidad regulada por tecnología).

El problema de estos teóricos, sus sagas y sus clanes, es la pretensión de influenciar el debate en torno al sector, condicionando la regulación y el funcionamiento del mercado (y si es posible extinguirlo).

Mañana ofreceremos el análisis y las conclusiones del estudio de UNESA.

Rigor económico financiero frente a leyendas urbanas (I)

En el caso de este estudio sobre el sector eléctrico y sus magnitudes económico-financieras, hay tres elementos que deben ponderarse para valorar el alcance del mismo.

I.- La ausencia de estudios/informes de estas características de las instituciones públicas y órganos reguladores competentes al respecto. No deja de ser paradójico que los voluminosos informes anuales de la CNE no dejen de ser mastodónticos mamotretos estadísticos que no permitan conocer con clarividencia y sentido económico-financiero la realidad de los diferentes sectores energéticos, no sólo el eléctrico.

II.- La escasa conciencia relativa al funcionamiento de los mercados de capital que nos circunda y su directa relación con las empresas. El grave olvido de la perspectiva financiera de las empresas no deja de ser imperdonable y deliberado. Cuando prebostes de la comunicación como Iñaki Gabilondo se preguntan ante las cámaras y sus televidentes, «¿pero cómo puede ser que puedan más los mercados que la política?», se alimenta una visión pública y distorsionada de sectores como el energético dónde existen muchas reminiscencias de un pasado de intervención (eso sí, a cuenta de los accionistas) y se alimenta un imaginario social basado en el pensamiento mágico.

Si en todos los sectores, existe una comprensión de que están compuestos por empresas que necesitan financiación (propia y externa) y que operan en sus correspondientes mercados, en el sector energético, sus tradicionalistas consideran que las empresas eléctricas deben ser un apéndice del Estado y sus tentáculos (y que accionistas y financiación deben servir disciplinadamente a ello). Por tanto, sus magnitudes económico-financieras son una cosa menor, detalles intrascendentes o efectos colaterales que deben soportar resignadamente los propietarios de las empresas, apencando con la acción de intervención con la que pueden jugar con discrecionalidad, subvirtiendo la dinámica económica y de los mercados. El problema es que esto se produce en un entorno globalizado.

III.- Como consecuencia de todo lo anterior, en el trasfondo, está el Tea Party retroprogresivo de la energía en España, grupo genuino de nuestro país, autor, inspirador de teorías teñidas de demagogia y que se materializan en el infamante «Informe sobre Costes y Precios» y sus reverberaciones grotescas, en la medida que provienen de los órganos reguladores independientes que deben ser los garantes del mercado.

Unos teóricos que buscan afirmar cosas como «Tal tecnología tiene muchos ‘beneficios’» que, con osadía y olvido de las épocas previas de inversión financiera, califican de «windfall profits» sin comprender el ciclo de inversión/financiación. Llegan a tal extremo que reniegan de las normas contables (hoy internacionales, homologadas y homogeneizadas), para desarrollar teorías pintorescas sobre la amortización y la utilización de mecanismos de prestidigitación para hacerla desaparecer. Es un Tea Party que se propone recuperar la esencia añorada del Marco Legal Estable, que consiste en la fijación discrecional de márgenes de operación (rentabilidad regulada por tecnología).

El problema de estos teóricos, sus sagas y sus clanes, es la pretensión de influenciar el debate en torno al sector, condicionando la regulación y el funcionamiento del mercado (y si es posible extinguirlo).

Mañana ofreceremos el análisis y las conclusiones del estudio de UNESA.

Rigor económico financiero frente a leyendas urbanas (I)

En el caso de este estudio sobre el sector eléctrico y sus magnitudes económico-financieras, hay tres elementos que deben ponderarse para valorar el alcance del mismo.

I.- La ausencia de estudios/informes de estas características de las instituciones públicas y órganos reguladores competentes al respecto. No deja de ser paradójico que los voluminosos informes anuales de la CNE no dejen de ser mastodónticos mamotretos estadísticos que no permitan conocer con clarividencia y sentido económico-financiero la realidad de los diferentes sectores energéticos, no sólo el eléctrico.

II.- La escasa conciencia relativa al funcionamiento de los mercados de capital que nos circunda y su directa relación con las empresas. El grave olvido de la perspectiva financiera de las empresas no deja de ser imperdonable y deliberado. Cuando prebostes de la comunicación como Iñaki Gabilondo se preguntan ante las cámaras y sus televidentes, «¿pero cómo puede ser que puedan más los mercados que la política?», se alimenta una visión pública y distorsionada de sectores como el energético dónde existen muchas reminiscencias de un pasado de intervención (eso sí, a cuenta de los accionistas) y se alimenta un imaginario social basado en el pensamiento mágico.

Si en todos los sectores, existe una comprensión de que están compuestos por empresas que necesitan financiación (propia y externa) y que operan en sus correspondientes mercados, en el sector energético, sus tradicionalistas consideran que las empresas eléctricas deben ser un apéndice del Estado y sus tentáculos (y que accionistas y financiación deben servir disciplinadamente a ello). Por tanto, sus magnitudes económico-financieras son una cosa menor, detalles intrascendentes o efectos colaterales que deben soportar resignadamente los propietarios de las empresas, apencando con la acción de intervención con la que pueden jugar con discrecionalidad, subvirtiendo la dinámica económica y de los mercados. El problema es que esto se produce en un entorno globalizado.

III.- Como consecuencia de todo lo anterior, en el trasfondo, está el Tea Party retroprogresivo de la energía en España, grupo genuino de nuestro país, autor, inspirador de teorías teñidas de demagogia y que se materializan en el infamante «Informe sobre Costes y Precios» y sus reverberaciones grotescas, en la medida que provienen de los órganos reguladores independientes que deben ser los garantes del mercado.

Unos teóricos que buscan afirmar cosas como «Tal tecnología tiene muchos ‘beneficios’» que, con osadía y olvido de las épocas previas de inversión financiera, califican de «windfall profits» sin comprender el ciclo de inversión/financiación. Llegan a tal extremo que reniegan de las normas contables (hoy internacionales, homologadas y homogeneizadas), para desarrollar teorías pintorescas sobre la amortización y la utilización de mecanismos de prestidigitación para hacerla desaparecer. Es un Tea Party que se propone recuperar la esencia añorada del Marco Legal Estable, que consiste en la fijación discrecional de márgenes de operación (rentabilidad regulada por tecnología).

El problema de estos teóricos, sus sagas y sus clanes, es la pretensión de influenciar el debate en torno al sector, condicionando la regulación y el funcionamiento del mercado (y si es posible extinguirlo).

Mañana ofreceremos el análisis y las conclusiones del estudio de UNESA.