Hay que reconocer, no obstante, que en la mayoría de periodistas de energía del Grupo Prisa se pueden encontrar «trazos» (más abundantes en algunos casos, eso sí) de esta tendencia. El periodista también se ha hecho el representante oficial de esta corriente y ha iniciado un seriado en los distintos medios de comunicación en los que interviene (los diarios «El País» y «Cinco Días» y las tertulias nocturnas de la «Cadena Ser«, principalmente) además, de forma apasionada y vehemente. La semana pasada, de hecho, tuvimos sendos artículos en estos dos medios e intervención «ex catedra». Lo que está claro es que es un tema recurrente para el articulista y, como se dice ahora, «le pone», lo cual hay que reconocer que es poco frecuente en la prensa española.

En resumidas cuentas, si recordamos los postulados retroprogresivos, éstos se basan en cortocircuitar la eficiencia del mercado en su conjunto, buscando seccionar el mismo por tecnologías, estableciendo una regulación que fije la retribución mediante un beneficio regulado sobre los «costes reconocidos», de forma que no sea el mercado quien conmine a las empresas a ser eficientes. Las tecnologías «buenas» se trajinarían a la Administración colocándole los costes de generación, los costes de la burocracia que generasen, más un beneficio regulado y no tendrían porqué competir, dado que además son un Ente supremo (léase por ejemplo REE, diría cuando genera cada uno). El mejor de los mundos posibles o el franquismo, donde todo era seguro y feliz.

Para ello, tratan de evidenciar diferencias entre el precio del mercado surgido por la tensión entre oferta y demanda y los costes por tecnología (incluyendo el doble salto mortal de la falsificación de la contabilidad financiera, abstrayendo conceptos como «amortización» o «inmovilizado» que supondrían un bochorno para cualquiera de nuestros estudiantes de las Facultades de Económicas). En su formulación, hay tecnologías buenas y malas, a las que gravar y a las que primar. Tecnologías que en el mercado «ganan» mucho (y no tecnologías que llegan al borde de la rentabilidad). Lo que pasa es que esa es la esencia del mercado de un suministro indiferenciado como es la energía eléctrica. Y para hacer este tipo de trabajos, el estilo más adecuado es el periodístico-literario de Miguel Ángel Aguilar: muy bien construido, combinando indirectas sobre insinuaciones encadenadas, aprovechamiento de datos parciales, contextualizando hechos aislados de forma envenenada con sugerencias de matiz incendiario que sería necesario matizar, estudiar y comparar. Por tanto, los representantes de este sector de la energía han encontrado a alguien idóneo para esta operación y generar munición de grano gordo.

Realmente a este colectivo no les interesa que el precio de la energía en el mercado de generación sea más bajo en España que en Europa (han perdido un argumento) y que los costes regulados sean una parte creciente de la factura de los ciudadanos. Su obsesión es la justicia redistributiva tecnológica y la intervención en los precios finales. Y es que el precio de la energía en el mercado de la generación es bajo en España, porque hay competencia entre tecnologías y, en conjunto, hay exceso de oferta por abundancia de tecnologías, por lo que ha caído la demanda. Por tanto, los mecanismos de mercado básicos funcionan a la perfección. De hecho, los precios que están sirviendo de base para el cálculo de la tarifa en generación eran mucho más altos hace solamente un año. Luego, el problema del precio de la electricidad para el consumidor está en otro sitio: deuda pendiente de pago, costes regulados y primas a las renovables e intervenciones sucesivas. Por tanto, cualquier argumento que sirva para desviar la atención, para desviar de los verdaderos problemas es altamente demagógico, con riesgos sobre la liberalización, la inversión y los mercados. Nunca, realmente, en un país europeo occidental se pudo hablar tanto contra un mercado o contra la normativa europea y con tanto desparpajo e impunidad como en nuestro país, tal y como están floreciendo estos argumentos tras la no elevación de la tarifa eléctrica. ¿Quién dijo que la electricidad debía subir un 2% o el equivalente al IPC? ¿Quién contuvo los costes energéticos a la sociedad española, sino también en su momento el dictador, por motivos demagógicos?

Tras la decisión de elevación insuficiente del precio de la electricidad, la ofensiva mediática se ha recrudecido desde los sectores retroprogresivos y lo que viene en los próximos trimestres (¿quién aguanta este cortoplacismo?), promete ser duro. El anterior Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, parece que se ha ido, llevándose las culpas de la subida indeseada. Atentos.

El pasado jueves el diario Expansión publicaba unas declaraciones tipo panzer, fuertemente agresivas, incendiarias y sin fundamentos, ni datos del Presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, hacia el mercado eléctrico, introduciendo un fuerte cuestionamiento al mismo.

El presidente de la Comisión Nacional de Competencia Luis Berenguer se ha convertido, con sus declaraciones, en la cabeza visible el movimiento retroprogresivo de la energía: colectivo que niega el mercado, reniega del déficit tarifario y de la necesidad de subir las tarifas, promueve la intervención en el sector eléctrico, es favorable a la discrecionalidad administrativa discrecional (la discrecionalidad regulatoria y los rejonazos solucionan el déficit y lo que se ponga por delante), considera a las empresas un brazo ejecutor, un instrumento al servicio de la planificación, la gestionabilidad y decisiones públicas, incorpora prejuicios respecto de los datos económicos y financieros del sector haciendo una lectura apócrifa de las amortizaciones y las inversiones, para acabar pidiendo un modelo de retribución por tecnologías a modo del Marco Legal Estable, buscando romper con el mercado eléctrico, en aras de un concepto esotérico de eficiencia planificada regulando los ingresos por tecnologías.

Ello es posible porque los miembros de este colectivo están silentes, apostados en distintas posiciones dentro de los aparatos institucionales y empresariales de la energía, mientras que, en sentido contrario, Berenguer tiene acceso a la alcachofa y utiliza su tribuna de forma pública aprovechando el micrófono abierto, gestionando sus influencias (y también mediatizado por ellas) y, por qué no decirlo, merced a su aspiración al prolongarse en el cargo, cuando no, además, de la absorción de los órganos reguladores sectoriales en su seno e incremento de su preceptiva cuota de pantalla.

Por ejemplo, hay varios consejeros de la CNE adscritos intelectualmente a esta tendencia, que no hacen declaraciones directamente, de forma que trabajan en la sombra y elaboran opúsculos que cuelan como doctrina ex cátedra del organismo (por ejemplo, el Informe sobre Costes y Precios o las morcillas ideológicas que introducen en cada informe de tarifas o directamente en las notas de prensa del organismo cada vez que se tratan estos temas).

Otros elementos intelectuales dentro del dicasterio energético pertenecientes a este colectivo y con estas ideas asimiladas están amparados o recogidos en el seno de Red Eléctrica de España (REE). Y finalmente queda algún entrañable jubilata que escribe de vez en cuando apostillando tesis retroprogresivas en los medios de comunicación más conspicuos. Eso, más la hija de un Consejero de la Comisión Nacional de Energía, que como buen vástago, prolonga la estirpe, la tradición familiar y estos argumentos en el tiempo unido a los amparos contractuales de los trabajos encargados por este organismo.

Quede claro que en el caso de la energía, Berenguer habla, no por su experiencia, conocimiento o sabiduría en el sector energético, sino por sus expectativas primero y por sus influencias después. Entre los referentes de esta tendencia cercanos a Berenguer, hay que consignar a la consejera del organismo, Pilar Sánchez, ex Red Eléctrica de España (REE) y Jaime González, Consejero de la CNE, hoy vecinos y residentes en la calle Barquillo de Madrid, quienes comparten además de principios ideológicos, pasión furibunda frente al sector privado, atavismos ideológicos antiempresariales y, además, de vez en cuando desayunos con churros y porras.

Consecuentemente, Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia ha hablado trasplantando directamente, estos argumentos del segmento retroprogresivo de la energía negacionista del mercado eléctrico, fuertemente anticompetitivos y antimercado. La primera reflexión a hacer es cómo la CNE que debería ser garante del mercado y su liberalización se dedica a proferir documentos contrarios al mismo. Y cómo el presidente de la CNC también habla contra el mercado eléctrico pidiendo modelos que retribuyan un bien indiferenciado por mecanismos retributivos no competitivos. ¿No es esto una contradicción in términis? ¿No es el mundo al revés?

¿Y por qué lo ha dicho? En primer lugar, porque se ha ofrecido para ‘ocuparse’ de crear una emulsión suficiente para provocar involución competitiva en el mercado eléctrico. Además, se viene autopostulando indisimuladamente para dirigir un macroorganismo regulador que integre Comisión Nacional de Energía (desaparecida, ausente y fuera de combate de los principales debates y problemas presentes del sector energético), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Comisión Nacional de Servicios Postales. Berenguer vuelve a la carga con esta pretensión con un argumento policial: vigilar la regulación ex ante. Y, todo ello, tras no haber conseguido convencer a su mentor, el alicantino Pedro Solbes, ex vicepresidente económico del gobierno y ministro de economía.

¿Cuándo lo ha dicho? Lo dice en un momento en que se va producir la primera subida sustancial de tarifas eléctricas (eso no quiere decir que la subida aprobada, necesaria, sea útil para reducir el déficit tarifario). También lo dijo en la mañana en que se iba a producir la aprobación del decreto de navidad en que se incorporaba a las generadoras la tasa por el uso de la red de distribución, se prolongaba el bono social (a cargo de las eléctricas) y se elevaba el techo del déficit tarifario para 2010, 2011 y 2012. Y, como tercer hito temporal, y probablemente el más determinante, también lo ha dicho en el comienzo del fin, en las vísperas de que también le caduque el cargo, por lo que es previsible que su campaña para pescar en rio revuelto no cese, con temas jugosos y como se dice en los medios de comunicación “de rabiosa actualidad”.

Mañana abordaremos en profundidad el contenido de estas declaraciones y su desapego de las propias actuaciones de la Comisión Nacional de Competencia como institución: no hay procesos abiertos frente al mercado mayorista de la electricidad y tenemos los precios más bajos de Europa en generación. Pero eso, es harina de otro costal. Continuará.

La literatura de gestión y de autoayuda ha acuñado un término nuevo: procastrinación. Término que usted podrá encontrar en las revistas de gestión empresarial y en las ediciones de libros que se pueden comprar en los aeropuertos, destinados a la gestión del convencimiento de los directivos, sobre lo que deben hacer, lo que está bien o mal, o cómo afrontar la vida profesional y personal. Dicha palabra, si usted la consulta en el diccionario español del Word, no sale. En definición de Wikipedia: «es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables.»

Wikipedia añade al respecto: «El acto que se pospone puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro sine die idealizado, en que lo importante es supeditado a lo urgente.» Se tipifican tres tipos de procrastinación: por evasión, cuando se evita empezar una tarea por miedo al fracaso; por activación, cuando se posterga una tarea hasta que ya no hay más remedio que realizarla y por indecisión, propio de quienes intentan realizar la tarea pero se pierden en pensar la mejor manera de hacerlo sin llegar a tomar una decisión. Según Zygmunt Baumant, sociólogo de la modernidad, es una consecuencia de la sociedad líquida o una característica de la misma.

Aunque es una palabra que tiene una raíz latina, su difusión, vigencia y actualidad se deben en gran parte a la traslación de los gurús de las escuelas de negocios sajonas, creadoras de tendencias de forma que nos llega como importanción del anglicismo «procrastinate», un ejercicio como otro cualquiera de papanatismo cultural. ¡Como si nosotros no fuéramos capaces de procrastinar las reformas que necesita la economía española y nuestra sociedad!

En definitiva, procrastinar es el hecho de aplazar las obligaciones y las responsabilidades hasta llevarlas a un punto de no retorno, de forma que se tengan que abordar de forma urgente y vertiginosa. Por eso, en Navidad y fin de año es un buen momento para identificar las procrastinaciones, los aplazamientos y, en este caso, los del sector energético. Todas esas cuestiones que, además, van a pasar el hito temporal del cambio de año y que el reloj inexorable del tiempo van a seguir ubicando en el apartado de «tareas pendientes».

En primer lugar, claramente hay una procrastinación tarifaria, prolongada años y años que ha ido aplazando el ajuste de los precios de la electricidad a su correspondencia como suma de todos los costes de suministro, demora derivada de los miedos políticos de cada gobierno a abordar este problema y a la instalación de determinados colectivos retroprogresivos ensimismados en su tarea de laminar el proceso de liberalización del sector energético. En este sentido, es procrastinación la elaboración de las tarifas para 2011, que sin haber tenido cambios respecto de las anteriores en lo que se refiere a los costes regulados, sin motivo que lo justificara, se ha hecho con el mismo procedimiento de urgencia (o de último momento que las anteriores).

Por ejemplo, también se está procrastinando, cuando el actual Secretario de Estado de Energía dedica sus esfuerzos a la amable tarea de promover su candidatura para la Dirección General de IRENA por el ancho mundo y deja en un segundo plano cuestiones de índole doméstica y de mayor tediosidad y complejidad en su solución, como el déficit tarifario, su titulización o la retribución de la distribución también tanto tiempo procrastinada.

En el campo de las tecnologías, son procrastinaciones los sucesivos episodios a cuenta de las propuestas para aumentar la producción de energía mediante carbón nacional y las soluciones para aplazar la reconversión de este sector, con efectos sobre otras tecnologías de generación. Y son procrastinación, los acuerdos de mínimos para reducir las primas en ciertas tecnologías renovables como costes regulados de las energías en régimen especial, ante su impacto tarifario.

Otro ejemplo de procrastinación es el proceso para la sustitución del Secretario de Estado de Energía, tras la deconstrucción del inquilino actual instalado en situación de interinidad y que ha sido nuevamente aplazada, al parecer, en primer lugar, por la posible renuncia de su principal candidato Fabrizio Hernández, y después, por el pulso Economía/Industria y la carencia de candidatos solventes a la vista para esta responsabilidad.

Y, por continuar con los ejemplos, la sustitución de los consejeros de la Comisión Nacional de Energía con período de nombramiento vencido, que se está procrastinando y procrastinando, más de un año y medio, en principio y se supone, que hasta que se apruebe la Ley de Economía Sostenible que comparte protagonismo con el tema de la rebelión de las descargas en Internet (¿cuándo se descarga la CNE?).

En todo caso, la procrastinación más grave y continuada es la carencia de política energética definida. El castellano, lenguaje rico, tiene muchas frases y vocablos para invocar a la acción y evitar la tendencia a no enfrentar los problemas con radicalidad (que no con radicalismo) y determinación. Pueden ir sumando, ejemplos de esta sabiduría genuina y propia: «No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy», o la también muy española «coger el toro por los cuernos». En fin, ¿estaremos «procrastinados» en el sector energético?

Y esa mayor rapidez se deriva, principalmente y en primer lugar, de la propia cauterización e inoperancia final que se registra en la Secretaria de Estado, en un momento clave en el que se requiere una implicación total de un responsable con capital político para abordar de manera global el conjunto de problemas del sector energético en una etapa crucial para el mismo. En el momento actual, es necesario un responsable al frente con capacidad técnica, gestora, estratégica, económica y negociadora, algo que ha sido una carencia histórica en los últimos años de esta posición en la administración energética española.

Por eso, si hacemos una semblanza de Pedro Marín, dimisionario Secretario de Estado de Energía al frente de esta responsabilidad, no podemos encontrar los graves atropellos de su predecesor Ignasi Nieto en el cargo pretérito (hasta su elevación de rango por parte del ministro Miguel Sebastián, Secretaría General de Energía) aunque sí una gestión que nos lleva a la desazón. Evidentemente, en su ejecutoria, no se han dejado sentir las barbaridades jurídicas del anterior Secretario General, aunque sí se han producido barbaridades de otro tipo y la mayor, probablemente, sea que un buen Real Decreto Ley, al menos en lo concerniente al déficit tarifario y su constreñimiento, haya sido continuamente mancillado por las posteriores decisiones de las tarifas.

En otro orden de cosas, hasta el momento, tampoco ha resuelto problemas largamente larvados como el de la retribución de la distribución. Del mismo modo, el propio mecanismo de compensaciones cruzadas que ha generado el decreto de carbón y sus damnificados cruzados (en términos bíblicos: hasta setenta veces siete). Y, junto a ello, la inoperancia en abordar el problema del volumen y régimen retributivo de las energías renovables en régimen especial le deja una pesada herencia a su sucesor (fundamentalmente: acuerdos de mínimos y soluciones provisionales de coyunturalidad y parcialidad constrastada).

Al mismo tiempo no ha puesto coto al galopante déficit tarifario, sino que se ha alentado. Luego en el problema de la titulización, cuyas cifras crecientes impedían el cálculo a los responsables de posibilitar financieramente la colocación de esta deuda (fundamentalmente el Ministerio de Economía y Hacienda). Y, luego, por el dimensionamiento del déficit presente y futuro, la cuenta parece que no tiene fin y desde Economía han pasado diferentes fases, dudando entre si cruzar los dedos o llevarse las manos a la cabeza con la situación. Todos son conscientes de que el recurso a esta anómala figura tiene los días contados y que la necesidad de involucrar a las instituciones financieras europeas pone en observación las decisiones tarifarias futuras de un país que ha decido endeudarse para pagar la factura de un suministro como la electricidad.

En este sentido, el actual Secretario de Estado, con este balance a sus espaldas, ha defraudado el enorme peso que había puesto el Ministro Sebastián en su toma de posesión y esto ha trascendido hasta los medios de comunicación generales que se han hecho eco de forma amarga, incluso satírica, de la maldita gracia del malditismo (Veáse El País, con un botón de muestra,La secretaría maldita)..

Pero, es más, si tuviéramos que hacer un balance de sus últimas contribuciones, de lo que serían sus últimas voluntades como Secretario de Estado, casi nos tendríamos que ceñir a la comunicación electoral propia para sus aspiraciones futuras, donde ha centrado su foco. En los últimos tiempos, Marín ha desplegado una intensa actividad para promocionar su candidatura a la Dirección del IRENA, consciente de la dificultad de su consecución y de lo suculento de la propuesta. Con la situación y el estado del sector energético como venimos contando, Marín, con el apoyo del propio Sebastián, ha focalizado su actividad en la candidatura a este organismo internacional, abdicando de sus responsabilidades al frente de esta área en la Administración española, de forma que los problemas domésticos vienen siendo pastoreados o ninguneados.

En esta campaña, entre otras cosas, hemos podido conocer como se ha dedicado a pedir a los Consejeros Delegados de las empresas el apoyo explícito a su candidatura, ha viajado a Rusia y a Cancún con este motivo, abandonándose a esta labor promocional, estando ausente en cuestiones capitales. Por otro lado, y a parte de que Marín consiga el puesto al que aspira en la tierra de promisión de esta agencia de renovables de los países árabes, sí que resultaría paradójico que, con el estado del arte en que ha acabado la situación de las energías renovables en España, tras su mandato como Secretario de Estado obtuviera un premio a nivel internacional por sus logros en este sector. Probablemente, en este sentido, en el caso español, sea el momento de barrer debajo de las alfombras.

Por tanto, este proceso de postulación se ha puesto por delante de la resolución del déficit tarifario o de conseguir un marco económico, regulatorio y retributivo sostenible en todos los sentidos con las energías renovables y de régimen especial, como temas candentes y de actualidad. Y, finalmente, por cómo se ha producido su dimisión y los sucesos episódicos posteriores, ha dejado en una franca debilidad al Ministro de Industria de cara a abordar su sustitución y su negociación con la Vicepresidencia Económica.

La salida de Pedro Marín de la Secretaría de Estado de Energía, por tanto, ya es una cuestión de urgencia que debe resolver el Gobierno y su Consejo de Ministros con la mayor brevedad. Debe encararse en serio y para tener al frente de la misma, con capacidad contrastada y dedicado de forma centrada en los problemas sectoriales. Su presencia al frente del organismo forma parte de los problemas sectorial, inclusive para el propio Ministro de Industria. Hoy ya es un flanco débil que Sebastián no se puede permitir.

La noticia más o menos estaba anticipada por los mercados en la medida que la elongación del proceso (más de quince meses), su procedimiento hiperadministrativo y varios deslices en su tramitación habían provocado que, prácticamente, caducara el ejercicio para los mercados financieros internacionales, si el objetivo era que entrase en 2010.

Si a esto le añadimos las dos intensas crisis de deuda en este año que elevaron los diferenciales de la prima de riesgo por las nubes y encarecieron la colocación del producto, el escenario para este activo estaba servido (habría que recordar aquí a los responsables de las subastas de déficit desiertas de la CNE cuando los diferenciales de prima de riesgo se situaban en 80 puntos básicos, estando actualmente por encima de 200). Leído así, puede desprenderse que esta noticia puede considerarse «per se» negativa, aunque si se relativiza el hecho del cambio de calificación y se observa el pasado reciente del déficit y el reenfoque al que estamos asistiendo, podemos colegir hilos de cierta reconducción del problema (pese a que este año el déficit tarifario esté desbocado con respecto a las previsiones y al Real Decreto Ley 6/2009).

Hay que repetir y recordar que el déficit tarifario es la diferencia entre el coste del suministro y la tarifa finalmente cobrada a los usuarios. Como la tarifa, por decisiones gubernativas o políticas (cada ejecutivo ha generado parte de déficit y en ciertos momentos se ha hecho con aquiescencia de los dos partidos, foto incluida), en su momento no reconocía el coste del suministro de la electricidad, se ha ido generando una deuda con las empresas eléctricas que tiene las mismas características que la deuda pública dada su condición de decisión política. Además, como se puede apreciar, la intervención de los distintos reguladores, partidos y administraciones han conformado una maraña de responsabilidades en la espesa capa de decisiones interrelacionadas (desde las primas a las renovables, los decretos del carbón, los derechos de emisión, las tarifas de acceso, el pago de déficits pasados o las pretensiones intervencionistas en los mercados de generación de los negacionistas y retroprogresivos, incluyendo la atávica retórica antiempresarial desde distintas esferas políticas) que involucran, por múltiples vías, al denominado «aparato económico-político del Estado».

El déficit tarifario y su colocación es y será, por tanto, un problema regulatorio, un problema político y un problema de Estado a nivel de país. No hay vuelta atrás. Gobernantes, unas veces acuciados por la inminencia electoral, otras veces por la amenaza ideológica que confería a las tarifas eléctricas el carácter de precio público intervenido y otras veces alentados por ejercicios demagógicos trasnochados que ubicaban el problema en el ámbito de lo estrictamente empresarial, percibían el recurso a esta figura con extraordinaria facilidad. Y ya no es así: ahora es una cuestión que ya se reconoce que atañe a toda la economía española, además de a sus empresas.

Y, la realidad de los hechos es que el Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido que emplearse a fondo, en primer lugar, para facilitar la colocación del activo y su consideración equivalente a la deuda pública: obtener las garantías y avales del Banco Central Europeo. Y, al mismo tiempo, como ha reconocido el propio Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, las líneas directrices de la política energética necesariamente tendrán que estar convalidadas dentro de la política económica. De hecho, es preciso advertir que la deuda pública y la deuda privada de los españoles, hoy afecta a la financiación de las empresas españolas y a su prima de riesgo, cuando acuden a los mercados internacionales. Todas estas decisiones, por tanto, están interrelacionadas.

Bien es sabido que el sector eléctrico español había venido sufriendo con mayor intensidad las penalizaciones de los mercados financieros y las bolsas. Los mercados financieros, con sus ‘especuladores’ y todo, tienen información completa sobre la deuda y el riesgo, que va más allá evidentemente de la comunicación política que tiene un ejercicio de distorsión y espejos para ‘colocar la realidad a los ciudadanos’.

La segunda noticia, en un mundo globalizado y con las empresas eléctricas internacionalizadas (tanto hacia el exterior como en su composición accionarial) es que el efecto ya no es exclusivo de las empresas, ni tan sólo de la economía española. Su ramificación internacional via accionistas, gobiernos, sectores y financiación es indudable. Probablemente, habrá que tener en cuenta todo esto en el futuro, de cara a las políticas tarifarias y a la colocación del déficit, respetando en mayor medida la ortodoxia de los mercados financieros y de capitales.

Varias son las lecturas que se pueden sacar de este comportamiento de los mercados. La primera podría ser contraria a la que se viene pronunciando desde un cierto posibilismo político e ideológico, como una especie de clamor totalmente inane en el desierto. ¿Cómo puede ser que los mercados puedan más que la política, en pregunta de Iñaki Gabillondo? Es decir, cómo puede ser que, si un país (o sus representantes políticos) ha venido decidiendo permitirse, graciosamente, el lujo de no pagar el coste del suministro eléctrico, cómo resulta que los mercados financieros no respetan esa decisión política cuando se trata de pagar ese endeudamiento. ¡Cómo estos mercados no respetan esa decisión soberana!

En todo caso, la internacionalización del problema y la necesaria intervención de las autoridades comunitarias, seguramente, harán que a partir de ahora empiecen a primar las cautelas con esta política de precios eléctricos, con el déficit tarifario y su colocación. Es, por tanto, tiempo de mayor credibilidad en la política energética y tarifaria. Los siguientes pasos en este sentido (colocación del déficit y decisiones de política tarifaria inminentes) serán test a vigilar de cerca.