Dicha Ley fija la fecha de caducidad para la totalidad del actual Consejo de Administración de la CNE que, como nuestros lectores ya saben, de los miembros que lo integran, casi la mitad había excedido la vigencia de su mandato en dos años, y el resto finiquita su labor el próximo mes de junio, sin posibilidad de ampliación. Lo novedoso es que la LES viene a solucionar una anomalía impropia, una situación poco común de mantener los órganos reguladores sin renovación, en estado «zombie», en una interinidad insana y cuestionamiento permanente, además de por su comportamiento, por su composición, dependencia o por su ubicación en un limbo institucional «sine die«.

Lo primero que es necesario tener en cuenta a la hora de valorar la aparición de este documento, es contextualizar el posicionamiento y actividad del actual Consejo de Administración de la CNE en sus años pretéritos, es decir, acudir a la memoria histórica. Por tanto, hoy no nos podemos abstraer de la ejecutoria de este Consejo de Administración que ha sido fuertemente controvertida, habiéndose hecho fuertes dentro del Consejo las facciones ideológicas y antisistema, antimercado y antiliberalización. Algo así como la subversión permanente de cuestionar el marco regulatorio vigente en lugar de aplicarlo, que es su misión. Lo que es cierto, es que este Consejo de Administración no dejará un buen recuerdo y existe el pensamiento generalizado de que ha contribuido al declive imparable de la institución.

Desde las posiciones en las operaciones corporativas a la publicación del «Informe de Costes y Precios», la polémica y las controversias han perseguido al actual Consejo de Administración. Y cuando acabaron las controversias cayó en la irrelevancia, orillándose del centro de los problemas del sector eléctrico, entre los que destaca el déficit tarifario. Incluso habría que cuestionar el propio posicionamiento en materia de retribución y primas de las energías renovables, o la retribución de los costes regulados (incluidas las primas a las tecnologías fotovoltaicas) especialmente laxa y condescendiente en su momento, en comparación con su aspiración a intervenir en el mercado de generación o volver a modelos de costes reconocidos más o menos encubiertos (es decir, al intervencionismo del marco legal estable y su discrecionalidad).

Después de este planteamiento, debemos preguntarnos si ¿es el momento?, ¿si tiene sentido plantear este documento ahora desde la Comisión Nacional de Energía?. ¿A qué vienen esta reflexión y esta batería de propuestas? ¿Cuáles son las razones que justifican este ejercicio en estos momentos? De hecho, la inhibición e incluso la negación del problema del déficit tarifario en el pasado reciente de este órgano o la gestión que hizo en su momento sobre la colocación del déficit, constituyen un ejemplo de despropósitos.

Finalmente, y para mayor abundamiento, la perversidad de que una formulación de estas características pueda albergar o encerrar nuevamente una reivindicación de argumentos y teorías antimercado, como reverberación del «Informe de Costes y Precios», puede caer en un constante «déjà vu«.

Pero, yendo a lo esencial, en estos momentos, y con una situación de provisionalidad, es difícilmente justificable que el actual Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía promueva un documento general de revisión del marco regulatorio del sector eléctrico, ni de cualquier otro sector. Sobre todo porque el problema general del sector eléctrico no es regulatorio, sino que es de índole económico y gestor.

Y, por ello, resulta menos concebible que se trate de proyectar hacia el futuro, y de dejar las cosas atadas y bien atadas, para condicionar al Ministerio o a los consejeros que releven al actual equipo. Es una pretensión de pervivencia no justificable. Lo razonable es que el Consejo de Administración asuma su consideración de interinidad, resolviendo las cuestiones ordinarias y aplicando la legislación vigente, puesto que una opinión como la que hoy discuten, ni se le pide, ni se le espera.

Esto recuerda a la anécdota que contaba el periodista Jacobo de Regoyos, corresponsal en la Unión Europea, al hilo de la presentación de su último libro, comenta la anécdota que ocurrió entre los responsables políticos de la antigua Unión Soviética. «¿Cómo es que no fuiste a la última reunión del PCUS?» «Porque no sabía que era la última».

La enmienda aprobada en la Ley de Economía Sostenible relativa a la vida de las centrales nucleares, en realidad, lo que ha hecho es modificar la voluntad de parte del Ejecutivo de Zapatero, incluido el presidente de limitar la vida útil de las centrales nucleares españolas y zanjar por vía legal el mecanismo actual: se revisa el estado de la central por el Consejo de Seguridad Nuclear dos años antes de la decisión correspondiente y se emite informe favorable o no a la prolongación de la vida de la central. En sentido contrario, tampoco ha cambiado la política del Gobierno, si la hubiera, dado que mantiene intactas sus capacidades discrecionales de no atender los criterios técnicos u económicos en estas decisiones.

En concreto, la enmienda, tal y como queda finalmente, recoge «mantener el calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando las solicitudes de renovación y potenciación que presenten los titulares de las centrales y que cumplan con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que establezca el órgano regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero».

Por tanto, en realidad, tanta polémica renovada para que todo permanezca igual. Nada y todo cambia a la vez. Es posible. El caso Lampedusa, la italianización de nuestra política. En suma, no se produce una modificación de la situación regulatoria actual, sino de la voluntad o expectativas, expresadas por determinadas facciones del Partido Socialista Obrero Español y por el propio presidente y sus más afines en el pasado. Dicho posicionamiento se puso de manifiesto con especial virulencia y cerrazón con motivo de la decisión de prolongación o cierre de la central de Garoña y ahora, tras la aprobación de esta Ley, ha vuelto a levantar los demonios familiares. Lo que si se produce es su puesta en apuros o en aprietos, de cara a sostener y no enmendar una política fuertemente ideologizada y dogmática.

Tras la aprobación de la LES, esta polémica, desde el partido del gobierno se trata de dar cobertura a una decisión ideológica y ultramontana sobre su política nuclear para intentar no desmovilizar a su electorado más antinuclear, de forma que los argumentos políticos formados al hilo de esta decisión sobre Garoña se intentaran proyectar imaginariamente a la política nuclear.

Recordemos, aquella mañana de domingo soleada en Galapagar, en la que Zapatero trató de justificar su postura relativa al cierre de la central de Garoña en la Fundación Jaime Vera, con un argumentario político muy rocoso, todo iba viento en popa para los sectores más partidarios al cierre de las centrales nucleares del partido del gobierno. Estaban muy motivados y crecidos con el apoyo del propio Zapatero. Unos días más tarde, tras mucha intriga y misterio, a los que nos tiene acostumbrados Zapatero, se anunciaba la autorización de dos años adicionales por encima de los 40 años, pero inferior a lo que pedían los responsables de la instalación y de lo que recomendaba el Consejo de Seguridad Nuclear con un programa de mantenimiento e inversiones. En suma, para una instalación de este tipo, se producía el cierre en 2013.

Uno de los argumentos que se esgrimían es que el tamaño de la planta era relativamente pequeño respecto al volumen total de suministro eléctrico del país. Pero el problema no es ese. El problema es si nos podíamos permitir desperdiciar una central en buen estado; si su impacto en el mercado de la electricidad dado que abarata precioso; su impacto en reducción de emisiones de efecto invernadero; su efecto sobre el mix energético español, empeorando su grado de diversificación, el valor más importante del mismo. Con su posición llevada a extremos dogmáticos, Zapatero había ideologizado y politizado una decisión técnica relativa a una de las mejores centrales de Europa, convirtiéndola en un «casus belli» político personal y de sus más afines.

Por otra parte, tampoco es cierto que el Partido Socialista Obrero Español tuviera una postura concreta y única respecto al cierre de las centrales nucleares. El debate interno en el seno del PSOE existía e incluso se difundieron informaciones que señalaban a miembros del gobierno partidarios de mantener la capacidad de generación mediante tecnología nuclear. Felipe González también mostró una posición muy clara y evidente con respecto a la continuidad de Garoña y respecto de la energía nuclear. Al final, la crisis, el sentido común y la real politik se ha impuesto y todo el arco parlamentario ha decidido de forma sensata, no asirse a maximalismos o a límites temporales de forma prohibicionista. Y, para más inri, de todo lo prometido como planes de desarrollo de la zona, nunca más se supo.

Ahora lo que es difícil es mantener una decisión como la de Garoña, con argumentos forzados y falaces con la Ley de Economía Sostenible recién aprobada. No sería lógico dejar caer la Central de Santa María de Garoña de lo que ahora se ha “reregulado”, una planta en funcionamiento, con incidentes mínimos, con unas importantes inversiones en mantenimiento y actualización de la central y una de las centrales nucleares ejemplares, más eficientes de Europa y con una cultura de seguridad reconocida.

La reverberación de la polémica que se ha producido ahora y los pobres argumentos políticos esgrimidos, propios de marketing electoral en apuros, desatados artificialmente apelando a posiciones pasadas antinucleares, y pretenden salvar la cara de una posición llevada al borde del abismo. Además, intentan trasladar imaginariamente la posibilidad de poner una vela a Dios y otra al diablo, uniendo pragmatismo, flexibilidad y un guiño para sus votantes más antinucleares y a los sectores ecologistas que no están de acuerdo con la capacidad de la energía nuclear para la reducción de emisiones y con las tendencias internacionales en este sentido, incluyendo la Administración Obama.

En suma, un ejercicio de equilibrio y funambulismo político difícilmente «sostenible», nunca mejor dicho. Tarde o temprano las aguas volverán a su cauce y se deberá revisar la decisión de Garoña, con criterios puramente técnicos y económicos. Ya dijimos aquí que se había reabierto el debate nuclear pese al intento de cerrojo o cierre en falso. ¿No sería más fácil, productivo y con menores costes, asumir los cambios de manera proactiva? Así habría realmente una política nuclear: por eso no ha cambiado.

I

Al Acuerdo Social y Económico se le han visto demasiadas costuras en su accidentada y apresurada puesta en escena final, urgidos porque las fotos fuesen previas a la visita de la Canciller alemana, Angela Merkel. Desde el episodio que llevó a que los partidos políticos no asistiesen a la firma oficial en el Palacio de la Moncloa, al no haber recibido el texto cerrado por los agentes sociales en la noche en que se concluyó la negociación, hasta la confusión en las invitaciones enviadas por el protocolo de Moncloa. Incluso puede que el empeño en la pretenciosidad de hacer equivalente este Acuerdo a los Pactos de la Moncloa, al final se vuelva contra la parte más vulnerable del mismo, por su inconsistencia: todo aquello que se incorporó como un postizo al acuerdo de pensiones: energía, industria e innovación.

Haciendo una lectura política, el acuerdo y su representación pública buscaba una instrumentación para la que existía una convergencia de intereses: un Gobierno que intenta salvarse de la tendencia maléfica de las encuestas y unos sindicatos visiblemente desarbolados tras la fallida huelga general del 29 de septiembre. Gobierno que insiste en mantener la pulsión sindical en su haber como un activo, la sublimación del consenso y diálogo como filosofía. Y, adicionalmente, se percibe que desde las organizaciones sociales se quiere estar en la foto, incluso que se necesita (sólo hay que ver que los sindicatos, tras la firma del acuerdo, no hacen otra cosa que justificarse de por qué han firmado). La solución era que la foto se hiciera a 24 fotogramas por minuto y que durase mucho: se convirtiera en vídeo.

Consecuencia: en este hilo argumental resultaba positivo en ese diálogo social incluir todo lo que fuera posible además de las pensiones, completando con propuestas y texto de claro origen en el marketing político y que de genérico resultaba acartonadamente hueco. Lo importante en ese momento era tener un papel y la posible foto, lo cual había hecho que Moncloa volviera por sus fueros: a caminar por el filo de la navaja.

De hecho, en el caso de la energía, lo incorporado, más que políticamente correcto, era una colección de lugares comunes sin vinculación con la política energética o con los problemas, reformas y medidas precisas. Por eso, con un nivel de inconsciencia que raya la temeridad, se incluyen en el documento del Acuerdo una serie de formulaciones que agreden incluso el funcionamiento de los mercados y de la liberalización del sector eléctrico y que provocan que tenga que ser revisado y modificado.

II

En el ámbito de la energía, la redacción de este texto, sobre el que supuestamente había acuerdo, en sí ya era paradójico en la medida que se avanzaba la pretensión de que los precios de la electricidad se incorporasen al Acuerdo Social y Económico y al negociado de una nueva entidad panaeconómica y pannegociadora: un foro específico tripartito representativo de Gobierno y agentes sociales (sindicatos y empresarios). Una iniciativa que en el ámbito energético casi volvía al concepto vertical de las relaciones laborales/sindicales del franquismo con determinación de precios incluida. En ese marco, es en el que se hace una mención a la revisión de los precios de la electricidad y a la revisión de los mercados minoristas de la energía, cuestión recogida casi literalmente en su versión inicial. Un párrafo completo que finalmente desapareció en la versión definitiva, tras azarosas negociaciones en el seno de la CEOE y la intervención de Eduardo Montes, presidente de UNESA, según narra «Expansión«.

Visto desde afuera, es estrafalario que el precio de un bien, suministro o servicio se trate desde una perspectiva agregada en la negociación colectiva de los agentes sociales situada en el plano político. A nadie se le ocurre una idea de esta índole relativa al precio de las telecomunicaciones que pagan las empresas o sobre el precio de los combustibles. O, que se proponga que las empresas alimentarias bajen los precios de sus productos para que los trabajadores y sus familias completen su nutrición de forma más barata y, por ende, acepten menores salarios. A nadie se le ocurre que un órgano tripartito nacional representativo de los agentes sociales dinamite las relaciones de mercado y el funcionamiento del sistema de precios. Perturbador.

Y, ¿por qué surge esta propuesta? Porque existe un trasfondo, una pretensión oculta, casi un tabú instalado en ciertas capas corporativas de la sociedad: la idea de supeditar el precio de la energía a las expectativas del aparato productivo, incluyendo la intervención pública y la toma de decisiones, si es necesario. Cuestión que se remonta al momento en que la Unión Europea establece el final de los subsidios cruzados en la tarifa de consumidores a grandes empresas y que conlleva un resquemor latente que genera una agitación constante y múltiples reverberaciones.

Evidentemente, tanto desde sectores empresariales como sindicales, hay presiones para que la energía sea «barata» y no se trate como un suministro que se provee en un mercado con oferentes, demandantes y precios. Mientras unos reclaman unos costes de los factores baratos para sus cuentas de resultados, los otros piden que la competitividad se obtenga por esta vía y, así, poder negociar salarios más altos, evitando ajustes. Se trata de una tormenta perfecta y, en el trasfondo, se sustancia un substrato sociológico que se encuentra detrás de muchos nostálgicos, esto es, la conformación de un modelo de industrialización a la vieja usanza basado en contar con un factor económico barato: la electricidad y su subvención encubierta o la intervención directa.

Hay que reconocer, por tanto, que la defensa y cierre de esta cuestión en la CEOE, efectuada por Eduardo Montes, nuevo presidente de UNESA, ha sido ágil y novedosa: en primer lugar, porque reivindica la existencia de los precios de la electricidad y del mercado como en cualquier otro sector, frente a la intervención, bien por vía gubernamental o en compañía de otros (sindicatos, agentes sociales, etc…). Segundo, porque en muy poco tiempo como presidente de UNESA ha comprendido este problema desde el otro lado: su evolución desde su procedencia del sector industrial al sector eléctrico se ha efectuado con profesionalidad.

En todo caso, hay que señalar como negativa la difusión en los medios de comunicación con conocimiento de la economía y los mercados de la resolución de este disparate, puesto que se ha hecho en términos de un pulso entre eléctricas y sindicatos, para restar poder de las segundas a estos últimos. Los precios de la energía o de la electricidad, no son una cuestión de dialéctica de oposición de poder eléctricas-sindicatos, sino de comprensión de los funcionamientos del mercado y sus dinámicas. ¿Existe un país occidental y de economía de mercado donde se haya creado un foro de estas características con esta pretensión?

Y, finalmente, toda esta deriva también es fruto de la desinstitucionalización general sectorial y lo episódico del pacto energético que ha acabado en forma de vodevil. Si recordamos, la idea de un pacto energético comenzó con una foto del Ministro de Industria Miguel Sebastián y el responsable económico del Partido Popular Cristóbal Montoro. En realidad, se trataba de una maniobra política estival, una escaramuza para decidir una no subida de tarifas en el tercer trimestre de 2010. Luego el tiempo ha desvanecido ese pacto: un acuerdo energético entre Gobierno y oposición que, tras muchas idas y vueltas, no llegó nunca a fructificar, ni a concretarse en nada. Posteriormente, y en el territorio también del pacto o, mejor dicho, de la negociación política, esta vez en el ámbito parlamentario, están pendientes de abordar las conclusiones de la Subcomisión de Energía del Congreso en la que están presentes los grupos políticos con representación parlamentaria.

Todo ello ha pretendido ser superado por la tangente en un plis-plas a través de este inane Acuerdo Social y Económico en lo tocante a la energía. De todas formas y en todo caso, menos mal que en lo que se refiere al sector energético, en realidad, ya no dice nada.

La semana pasada, conocimos la decisión del Gobierno de la venta de las participaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Red Eléctrica de España. Por tanto, con esta decisión previsiblemente, se completa el proceso de privatización de REE (cuyo límite posible se cifra en que la SEPI mantenga un 10 % del total de su accionariado). Hay que señalar que, con independencia de las cuestiones relativas al equilibrio presupuestario y su relación con el déficit público (el Gobierno espera recuperar 509 millones de euros), esta operación es una buena noticia, por varios motivos que enunciaremos a continuación.

No obstante, y contrariamente a lo que se piensa, e incluso al imaginario colectivo de muchos de sus responsables y de nostálgicos de un cierto «ancien régime» en torno a esta compañía, REE ya era una empresa privada, con un 80% aproximadamente de su capital en manos de accionistas privados, aunque su propia relación con la sociedad estatal, sus relaciones con la Administración Energética y sus comportamientos han perfilado una versión empresarial semejante a «ser más que un club», una especie de octavo pasajero del sector energético.

En todo caso, hay que resaltar la imagen de «eficacia» y capacidad técnica de la compañía, en su función de transportista. Las determinadas sombras que planean sobre su actividad, provienen de su capacidad de condicionamiento del sistema y mercado eléctricos, por la vía de hacer cabalgar transporte y operación del sistema conjunta y su influencia en la Administración, más allá de sus funciones o por la puesta en valor de las mismas. Consecuentemente, en primer lugar, hay que saludar esta decisión porque supone profundizar en un modelo liberalizado, de mercado y con operadores privados, favoreciendo un mayor equilibrio de fuerzas.

En segundo lugar, está decisión debe avanzar en la despolitización de Red Eléctrica de España. Hasta ahora, esta empresa transportista de electricidad, era un destino político (en los partidos políticos lo pedían, si podía ser). Tampoco hay que remontarse a hemerotecas muy antiguas para escuchar declaraciones de su presidente que van más allá de su misión como responsable del operador del sistema eléctrico y terciar en la cuestión nuclear (ora de una manera, ora de otra y en general en línea con las tesis oficiales de cada momento), las renovables o la necesidad o ausencia de necesidad de nueva inversión en potencia. En muchos momentos, se ha hablado de Luis Atienza como Ministerio de Energía en la sombra.

Y por otra parte, REE tenía una notable capacidad de intervención en determinadas funciones anteriores y posteriores en su papel de generación y distribución, más allá de lo que es un operador de sistema neutral. En muchos casos, se trataba de acomodar la función del operador de sistema a las «necesidades» del transporte en el caso de coágulos en el acceso a la generación o a la distribución.

Incluso, y en mucha mayor escala, todo el mundo recuerda cómo se produjo su entrada en la red de 220 kV y quién fue la mano amiga que le ayudó «in términis» en su tramitación parlamentaria desde la propia Secretaria General de Energía. O las propuestas que Red Eléctrica de España ha provisionado al Ministerio de Industria (en muchos casos haciéndole un flaco favor, como en el caso reciente de la que al final resultó fallida regulación del carbón). Pero es que, incluso, de hecho, en algún momento, en su seno se han mostrado veleidades tendentes a la participación de REE en el sector de la generación.

Por tanto, de una cosa y de otra, se deduce que esta decisión (la venta del 10% de REE), tiene que tener un tercer efecto, que es avanzar hacia un modelo en que el operador de sistema y de transporte estén separados empresarialmente de forma que, la red de transporte quede en manos de la empresa privada resultante y, por otra parte, se produzca la separación de la función de operador de sistema en un nuevo órgano diferente y neutral. Pero de eso, hablaremos mañana.

Decía Pere Estupinya (químico, bioquímico, responsable de comunicación de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., periodista científico en el MIT y guionista del programa que conduce Eduard Punset en «La 2», Redes), en La contra de La Vanguardia del pasado sábado que el cerebro rellena «huecos de información con expectativas».

Es lo que sucede, por ejemplo, cuando conocemos a alguien y, dependiendo de si nos cae bien o mal, completamos los datos que conocemos de él, con apreciaciones e incluso con fabulaciones que contienen informaciones más allá de lo realmente conocido. De hecho, hablamos sobre ese recién conocido y «completamos» más cosas de las que realmente sabemos de él, producto de nuestros propios mecanismos mentales.

Todo ello viene a cuenta del tratamiento informativo que se viene produciendo en torno al nombramiento del nuevo Secretario de Estado de Energía. Así, el sábado, el periódico «El País» trataba dos cuestiones diferentes en su crónica «La Abogacía del Estado contra el Secretario de Estado»: una relativa a los posibles supuestos conflictos de interés en los que podría incurrir Fabrizio Hernandez y otra, respecto a la controversia respecto de la valoración por el lucro cesante derivado de la decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo informe fue solicitado por su empresa propietaria, Nuclenor a la consultora Nera Consulting y que fue realizado por el director de la misma Oscar Arnedillo y, el entonces consultor de la firma, Fabrizio Hernández, ahora Secretario de Estado.

Referidos a la primera cuestión, leíamos en la citada crónica lo siguiente: «Fabrizio Hernández tomó posesión el 10 de enero en Industria como secretario de Estado de Energía. Antes, desde Nera Consulting, asesoró a Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Enel, Repsol, Galp, Exxon, según el currículum enviado a la Audiencia. La Ley de Conflicto de Intereses, de 2006, le obliga a inhibirse en los asuntos que afecten a empresas que asesoró los dos años previos, casi todo el sector».

A la vista de esta construcción, habría que explicar realmente, y con mayor precisión, el alcance de lo que suponen los posibles y supuestos conflictos de interés para el nuevo Secretario de Estado, Fabrizio Hernández y para cualquier otro cargo de la administración. La información publicada parece sugerir que Hernández, casi tendría que inhibirse en su nuevo cargo de una forma muy inespecífica, cuando en realidad esa inhibición alcanza exclusivamente a eventuales conflictos y arbitrajes que se pudieran producir, relativos a los temas concretos en los que ha participado en su trayectoria profesional anterior de los últimos dos años y siempre que sigan las empresas presentes en esos temas.

Ni más, ni menos, porque formulado así, de forma tan laxa y ambigua, puede llegar a parecer que lo que está siendo cuestionada es la capacidad futura del Secretario de Estado, produciéndose una extensión, un relleno de información con expectativas: las de todos los que han desatado una persecución contra este nombramiento del Gobierno por provenir del sector privado y por no participar de postulados retroprogresivos o antimercado. Es más, esta ofensiva por el nombramiento de Hernández, proviene porque el recién nombrado es un experto internacional en mercados energéticos y concretamente del sector del gas. Por tanto, cabría sugerir que el titular de la noticia debería haber sido «La Abogacía del Estado contra el ex consultor»: lo que pasa es que así (que es más correcto) tendría mucho menos morbo. Dejemos, por tanto, actuar y trabajar con diligencia y libertad al nuevo Secretario de Estado, porque imagínense lo que podría haber pasado si se hubiese nombrado a alguien proveniente de Red Eléctrica de España.

Y luego está la segunda cuestión, deliberadamente mezclada, relativa a la controversia sobre el lucro cesante por la decisión del Gobierno del cierre de Garoña, que es un tema completamente diferente. A parte del legítimo papel de las partes: empresas por un lado y abogacía del Estado por otro, en el proceso de valoración del mismo (y qué es lo que deben decidir los tribunales), parece lógico que en el proceso de discusión, se cuestionen las estimaciones de demanda utilizadas en los peritajes por las partes (que desde que se produjo la decisión han ido cayendo en picado por efecto de la crisis; sólo hay que ver cómo empezaron las predicciones de REE este año y cómo han terminado) y también en lo que se refiere a los costes variables (que según la abogacía del Estado crecen conforme aumenta la vida útil de la instalación tomando como analogía el caso de Oyster Creek, gemela de Garoña).

Mira por donde, una lectura derivada se puede hacer de este cruce argumental y lo interesante que puede llegar a ser el que se produzcan estas carambolas: la Abogacía del Estado deja sin argumentos al colectivo retroprogresivo y el Tea Party de la energía en España, experto en la agitación y que niega el plan contable, las amortizaciones y los costes variables en las centrales nucleares para proponer la abolición del mercado eléctrico. Como se puede ver, esta forma de argumentar en el sector energético empieza a producir sus propios bumeranes y, en este caso, chafa las expectativas.

Queda la reflexión sobre el hecho de combinar estas dos cuestiones, unidas temporal y argumentalmente, así como de estirar y magnificar mediante la posición de escándalo y emotivismo, para que el lector este impelido a fabular. En suma, todo un ejercicio de relleno de información con expectativas.