Bien es cierto que las condiciones del accidente nuclear ocurrido no son fácilmente reproducibles: un terremoto, más un tsunami, una ubicación más que discutible de la central (que, en realidad son seis centrales, seis reactores). También, con todo, es relevante el comportamiento y la propia resistencia de las instalaciones y la tenacidad de los técnicos y autoridades japonesas, que han centrado sus esfuerzos en reconducir un accidente que en otros países y en otros momentos se han saldado con importantes fugas.

Evidentemente, en todo lo ocurrido, fruto del emotivismo comunicacional y de la fuerte ideologización del tema nuclear se han producido muchas declaraciones, en algunos momentos no suficientemente contrastadas, incluso paradójicas. Ahí está la posición francesa, un país con una industria nuclear impresionante, además de una potencia nuclear en generación por esta tecnología (el 78% de la generación francesa es de origen nuclear), que en algunos momentos avivaron el fuego del posible apocalipsis. En todo este contexto, se pueden sacar conclusiones.

En primer lugar, parece claro que los programas de desarrollo de la energía nuclear van a sufrir un frenazo a nivel internacional. Es una cuestión que tiene que ver con la opinión pública y los comportamientos políticos. Los esfuerzos ímprobos para reducir los daños al sector seguramente tienen un efecto muy limitado sobre un sector que veía signos de renacimiento. De hecho, cuando se producen accidentes de este tipo, siempre se han producido fuertes retrocesos, al menos en los procesos que eran de inminente decisión respecto de su puesta en marcha o del inicio de sus inversiones.

En España, la respuesta del Gobierno ha sido, en este sentido, prudente: una revisión de las condiciones de seguridad y de las posibilidades de catástrofes naturales. En todo caso, no parece urgente la decisión respecto de la necesidad de aumentar la capacidad instalada, nuclear o de otro tipo de tecnologías, en una situación como la actual con un parque de generación muy renovado, por lo que es razonable un debate con todos los datos, enseñanzas y aprendizajes. Y, en España, esta discusión (la de promover nueva generación nuclear) era casi académica o de opereta, con independencia de la infantil «caza de brujas» hacia los partidarios de la energía nuclear desatada en los últimos días en los dos grandes partidos a cuenta de Fukushima.

En realidad, el debate se centra en la vida y condiciones de seguridad del parque actual español, más que en la promoción de nuevas instalaciones (algo que no se le ha pasado a nadie por la cabeza desde hace tiempo). De hecho, esta revisión de las condiciones de seguridad, esos test de «estrés», debería finalmente pacificar el debate en torno a este sector. Otra de las cuestiones que parece relevante es que una cultura de la transparencia y de la seguridad es necesaria, así como las medidas que puedan ser necesarias para incrementar la seguridad, incluyendo determinados avances tecnológicos. Transparencia sin estridencias, pero con rigor, siempre es el mejor antídoto frente a posiciones ideologizadas.

Por otra parte, la otra versión de la catástrofe de Fukushima está en quienes han visto una perfecta coartada para los utopistas que requieren que la totalidad de generación sea renovable y, de paso, justificar los excesos, despistes retributivos y manguerazos a los que hemos asistido, con argumentos beatíficos y maniqueos. Lo bueno, probablemente de la situación es que el exceso de capacidad actual permite analizar con mayor detenimiento la realidad de la generación energética española, sin urgencias y sin vernos impelidos por el emotivismo comunicacional, para pensar de forma global enfrentando el futuro y tomando en cuenta aprendizajes y errores pasados.

Imagínense un titular del siguiente porte: “Colectivos retroprogresivos denuncian manipulaciones en la tarifa eléctrica sistemáticamente antes de las CESUR”. Con eso podríamos identificar o describir la batalla campal organizada cada tres meses, o en vísperas, en torno a la subida de tarifas de último recurso y que, generalmente, suele tener los mismos medios, los mismos actores y los mismos argumentos. Elementos ya tradicionales en la batalla: las críticas a las subastas CESUR, al mercado eléctrico, al sistema de formación de precios del kilowatio y, por debajo de la mesa, como una termita devoradora, al propio OMEL (Operador de Mercado Eléctrico).

Escenario. La tarifa eléctrica para los consumidores de último recurso, se compone de dos partes: primera, el precio de la energía que se obtiene en las subastas CESUR. Segunda, el precio de los peajes o tarifas de acceso (desbocados, sirven para pagar el déficit, las primas a las renovables, así como la retribución del transporte y la distribución).

Restricciones para la subida de este trimestre: el Gobierno se había comprometido a que el crecimiento para los consumidores sería el 0%. Antecedentes inmediatos: la última subida, la del primer trimestre del año, supuso un fuerte desgaste político para el Gobierno. Por tanto, era necesario identificar las consecuencias del hecho de aplicar la restricción de la subida cero global, a la vez de combinarse con una subida de las tarifas de acceso del 12% como figuraba en la propuesta de subida de tarifas, que se adicionaría al resultado de las subastas CESUR de ayer. En conjunto, este mapa de situación previa, implicaba que el Gobierno contemplaba en sus previsiones una bajada considerable del precio de la energía en la subastas CESUR. En este sentido, parece claro que el objetivo del Ejecutivo es ir recuperando espacio perdido en las tarifas de último recurso para ir elevando las tarifas de acceso, sin afectar al consumidor y, a la vez, desarrollar una política de contención y reducción del déficit tarifario.

Por tanto, desde todo punto de vista, parece razonable a la luz de esta estrategia que el Gobierno quisiera aprovechar la caída del precio de la energía del segundo trimestre para ganar oxígeno a la hora de equilibrar la tarifa en su montante total. No obstante, es posible que haya que replantearse esta estrategia en los próximos trimestres. Combinar la restricción de no subida de la TUR y el aprovechamiento de las bajadas de los precios de la electricidad, siempre posibilita que sigan los precios bajos sobre la misma tendencia precedente. Tendencia que se puede ver amenazada por las condiciones internacionales del mercado de la energía, donde empiezan a percibirse ciertas tensiones derivadas de la incertidumbre geopolítica y de la evolución de los precios del crudo.

Lo que es menos admisible son las noticias o comentarios de días pasados en los que, al hilo de la inmediatez de las subastas CESUR, periódicamente y oportunamente, se cuestiona este mecanismo sobre la base de suposiciones, para inocular sombras de duda y manipulación en las mismas o se estigmatiza la presencia de agentes financieros en su desarrollo. De hecho, el mecanismo y desarrollo de las subastas CESUR por el OMEL es, además de técnicamente muy correcto, muy transparente. Evidentemente, hay que conocer para analizar su funcionamiento y sus resultados, lo que son los mecanismos de cobertura de riesgos y los comportamientos y expectativas de los agentes. Incluso las últimas subastas realizadas en trimestres anteriores, habían sorprendido con precios más bajos de los previstos al existir competitividad en gas y electricidad, además del exceso de capacidad. Introducir la sospecha permanente en mecanismos competitivos y de mercado, es algo perjudicial para el sistema eléctrico.

Y, todo esto no es óbice para que, al final, la subasta que se celebró ayer haya ofrecido resultados algo superiores a los inicialmente previstos o que eventualmente los agentes partícipes de la subasta puedan ya estar descontando en alguna medida estas turbulencias derivadas de unas expectativas desfavorables en los precios de la electricidad, del gas y del petróleo. De hecho, el Gobierno se había planteado inicialmente subir ese 12% en las tarifas de acceso, quedando finalmente cifrada esa subida en un 10,8%, para que la tarifa total no experimente subida.

En todo caso, el hecho es que a partir de este momento, toca una labor continuada y artesanal de recuperación de los costes de la tarifa en cada revisión trimestral para reducir el déficit tarifario. Tal y como comentamos en referencia a la subida que se produjo en el primer trimestre, con ser elevada comparativamente con las subidas precedentes, su impacto fue relativo, en la medida que no sirvió para reducir el déficit tarifario al mantenerse intacta la tarifa de acceso.

La pregunta, por tanto, es si el precio de la energía, en este contexto, va a permitir todo este año ese juego de suma cero y si es sostenible que no haya finalmente elevación de la tarifa eléctrica para los consumidores si se endurece la evolución de los precios de la electricidad.

En el ámbito canario, dicho interés indisimulado, se ha recogido por la prensa insular. Lo que viene a demostrar que lo que pasa en Canarias, suele tener poca repercusión o acogida en la Península y, por tanto, que en el auspicio de la lejanía pueden pasar cosas gordísimas sin que nadie se de cuenta. Es un lamento que es propio de los isleños: la distancia a la Península que opera en doble sentido, siempre.

Dicho análisis hay que hacerlo, en primera instancia, sin la parte más morbosa de los hechos relatados. Sin entrar en las vicisitudes por las que pasó el pliego de condiciones propuesto por el Cabildo, su revisión y su cambio sobrevenido, una vez publicado en el Diario Oficial, y que deja de una forma laxa y ambigua la posibilidad de presentarse a «empresas eléctricas» sin necesidad de los requisitos ni experiencia que tienen las empresas generadoras. Algo que incluso puede parecer paradójico: que una Administración se arriesgue en sus pliegos de contratación pública a no utilizar a las empresas que tienen conocimiento, «expertise» y que cumplen esa función en el sistema.

Pero, en todo caso, esta noticia requiere ser leída desde la perspectiva del modelo que establece la Ley del Sector Eléctrico y la diferenciación de actividades definidas en la liberalización (unbundling): generación, transporte, distribución y comercialización. Junto a estas funciones, además se establecen la existencia de dos operadores: el operador de mercado (el OMEL) y el operador de sistema (incluido dentro de Red Eléctrica de España).

Las tentaciones monopolísticas que tiene Red Eléctrica de España, de estirar sus funciones hasta convertirse en un «panoperador» eléctrico, más allá del bien y del mal y del «unbundling», tienen tres vectores: el primero, la confusión o convivencia entre operador de transporte y operador de sistema, ya que ambas funciones deben ser superadas y separadas definitiva y completamente; el segundo, la influencia en la regulación para condicionar y reordenar el sistema en lo económico, en la producción de energía y en la inversión de los propios agentes con claros resabios intervencionistas; Y, finalmente, en tercer lugar, esto último recién conocido, la aspiración de contar con instalaciones propias (en este caso, una central hidráulica con bombeo) y que supone un salto cualitativo de mayor alcance, al producirse el hecho de intervenir en el mercado de generación directamente como operador.

Todo ello se produce en pleno debate sobre la profundización de este modelo surgido tras la liberalización, de forma que el operador de transporte y el de sistema se separen definitivamente. Es decir, el ISO (con un operador de sistema totalmente independiente del transportista), frente al actual TSO (que integra transporte y operación) y que es una fase previa a la separación definitiva de estas dos actividades.

Por tanto, es razonable que Red Eléctrica de España tienda cada vez más a concentrarse en desarrollar sus funciones como transportista con la eficiencia y calidad que demuestra, pero también es imprescindible, que esa separación entre transporte y operación definitivamente se produzca cuanto antes. Y, por tanto, que la tentación de participar en el mercado de generación con instalaciones propias y de bombeo, una extensión de sus actividades, se reconduzca debidamente.

Lo dicho, «la bomba».

El alcance de la noticia es mayor del que pudiera parecer a primera vista, por lo que es importante saber qué hay detrás de esta noticia y su secuencia posterior. Primero, porque en la actualidad hay dos grandes e importantes empresas muy influyentes en el sector energético, que son Repsol y Gas Natural Fenosa, claramente relacionadas con Cataluña. Segundo porque el sector institucional y político energético ha estado copado en los últimos años de personas afines al mundo catalán, próximo a las distintas facciones del PSC. Y, tercero, por la fuente, por la buena información que tiene habitualmente el diario Cinco Días en el entorno del partido del Gobierno.

De hecho, desde su publicación se están trazando varias teorías más o menos conspiratorias al respecto, las cuales señalan de una forma u otra al propio PSOE, haciendo bueno el adagio de que no hay mejor astilla que la de la misma madera.

En la primera línea conspiratoria está la posibilidad de que se trate del resultado de una lucha de «familias» dentro del partido del Gobierno por el control del área institucional de la energía o la propia deconstrucción del aparato político actual vinculado a la energía. Por tanto, la línea más directa sería identificar si hay interés en promover la debilidad de la posición del actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, por haber permitido colocar en la tarifa gasista los últimos 140 millones de euros de la discordia (en su momento, el nombramiento de Sebastián fue visto como un retroceso para el entorno catalán). Con una lectura un poco atenta se puede advertir que los hechos relativos a Montilla que se contienen en la noticia están bastante amortizados, tanto casi como el propio Ministro Montilla. Y, en segundo lugar, estarían operando los posicionamientos de cara a la salida de Zapatero y una eventual recomposición del Gobierno.

En una línea, quizá más lejana y contextual, se pueden identificar más posibles familias socialistas en liza. Hasta hace no mucho, en el seno del PSOE, la cuestión de la energía había tenido la tradición, de colocar al frente de este sector, lo que podríamos denominar como la conexión vasco-navarra. Ministros como Claudio Aranzadi en su momento o José Manuel Eguiagaray, incluso Carlos Solchaga, son ejemplos de esta corriente. Igualmente, queda un conjunto muy localizado de «retroprogresivos» que tampoco están satisfechos de la línea que sigue el área energética del Gobierno. O, se podrían haber conjurado varios de estos colectivos en una tormenta perfecta.

Por su parte, tras los ocho años de gobierno del Partido Popular, la vuelta al gobierno del Partido Socialista hizo que aflorase en el sector energético, la familia «catalana» del PSC de forma que cobrase un total protagonismo, incluso el control, en el sector energético español, de la mano además del tripartito, de infausto recuerdo en Ferraz. Desde el nombramiento como ministro de José Montilla, pasando por el traspaso directo de Joan Clos, cuya sustitución se pactó en el propio Palacio de la Moncloa entre Zapatero y el ex presidente de la Generalitat. Posteriormente, esto devino en la designación de Ignasi Nieto como Secretario General de Energía. Y hay que añadir en este conjunto la presencia de otros personajes como la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Maite Costa o el presidente de Enagás, Antoni Llardén, operador de transporte y gestor del sistema gasista español. Todos ellos puestos neurálgicos del sector energético y gasista, como se puede más o menos comprobar con una lista y una quiniela a la vez.

Los cuestionamientos dentro del Partido Socialista respecto del clan catalán en el sector energético son cada vez más frecuentes y menos indisimulados. En primer lugar, advierten en privado de los comportamientos que definen un «estilo propio» de hacer las cosas…, menos «sofisticado» desde el punto de vista regulatorio, con tendencia a la gestión muy directa de los asuntos e intereses de las empresas radicadas en Cataluña. Al menos antagónico con la ortodoxia más clásica del partido.

En segundo lugar, también advierten que las relaciones entre el Ejecutivo, el Ministerio y la Comisión son demasiado próximas al entorno de Repsol y Gas Natural Fenosa (con especial proximidad y foco en el papel de Antoni Brufau). Desde el apoyo a las operaciones corporativas de hace seis años que tanto coste político supuso al PSOE, al ajuste de las condiciones que la Comisión Nacional de Competencia impuso a la operación Gas Natural-Unión Fenosa, hay un halo de afinidad, cada vez más perceptible.

Ahora, el hecho de que las tarifas de gas aprobadas en diciembre incorporaran un recargo de 150 millones de euros, en contra de un dictamen de la CNE sitúa también en el punto de mira al actual equipo del Ministerio de Industria y a la propia CNE, cuya presidenta hizo un voto particular contra el dictamen de los servicios del organismo respecto del monto citado (amplificado, por cierto, en la edición de Cinco Días hasta los 200 millones de euros). Sea cual fuere la motivación para la publicación de esta noticia en Cinco Días, su ventilación pública es un contratiempo contra las estrategias de Gas Natural Fenosa y su situación financiera: el instrumento, desvelar con escándalo mecanismos de interacción entre empresa y regulador, en cada cuestión regulatoria para conseguir oxígeno y liquidez, tacita a tacita.

Por otra parte, parece que la Generalitat con Artur Mas al frente también ha entrado a fondo en el nacionalismo empresarial del que serían bandera Gas Natural Fenosa y Repsol, con gestos expresos para blindar su accionariado frente a intereses extranjeros. Y ese nacionalismo también se traduce en un apoyo oblicuo a los asuntos regulatorios de interés para el grupo. Por eso, la renovación de la Comisión Nacional de Energía despierta toda clase de conjeturas en torno a la procedencia de los sucesores de los actuales consejeros y de la actual presidenta.

El asunto es que esta noticia se produce / se difunde / se desvela en un momento de cambio en los órganos reguladores en el caso de la energía y ya se están empezando a posicionar alrededor intereses y facciones. Algo se está moviendo y parece que en el asunto y origen del mismo hay mar de fondo. Habrá que estar atentos.

Seguramente que para entender determinadas noticias es necesario contar con todos los datos y con una visión retrospectiva y de contexto que les dé sentido. Y, eso es lo que es necesario realizar con la noticia con la que el viernes el rotativo económico Cinco Días abría su portada a cinco columnas. La noticia hablaba de manera suficientemente ambigua con el siguiente titular: «Castilla y León puede imponer a las eléctricas una tasa medioambiental. La CNE da su visto bueno«. La noticia se basaba en un teórico informe de la Comisión Nacional de Energía en el que supuestamente el organismo daba «vía libre» para fijar impuestos a las Comunidades Autónomas a troche y moche, sin aparentes consecuencias ni para los ciudadanos, ni para la factura, ni para la tarifa, ni para los consumidores, ni para el mercado eléctrico.

En el fondo de esta interpretación subsiste una tentación ilusoria a relamerse en torno a la posibilidad de aplicar impuestos que recaigan sobre las empresas: el mejor de los mundos posibles para los partidarios del intervencionismo y de las vías expropiatorias.

La historia de la noticia

El pasado mes de diciembre, cuando las empresas eléctricas decidieron utilizar las vías judiciales frente al decreto del carbón nacional, la Junta de Castilla y León, visiblemente molesta con esta decisión empresarial de ejercicio de derechos, amagó con la fijación de una tasa medioambiental a la generación de energía eléctrica en esa Comunidad. Fruto de esta amenaza, a finales de enero la Junta de Castilla y León remitió a la Comisión Nacional de Energía una consulta al respecto, en tres líneas: la posibilidad de la fijación de esta tasa, la posibilidad de que las empresas pudieran aplicar recargos a los consumidores castellano-leoneses o la posibilidad de que el Ministerio de Industria autorizara estos recargos. Todo ello de acuerdo con lo contemplado en la Ley del Sector Eléctrico.

El pasado jueves, el Consejo de la Comisión Nacional de Energía trataba la consulta en su convocatoria ordinaria. En la nota de prensa, difundida posteriormente se recogía de lo siguiente:

Responder a la consulta planteada por una Comunidad Autónoma sobre la posibilidad de gravar las actividades eléctricas con tributos de carácter autonómico o local de carácter medioambiental.
A este respecto, se señala que creado un tributo de tales características, el artículo 17.4 de la Ley del Sector Eléctrico prevé que «al peaje de acceso se le podrá incluir un suplemento territorial», y el artículo 18.5 de la misma Ley prevé que «a la tarifa de último recurso se le podrá incluir un suplemento territorial». De esta forma, la creación de este tributo podría generar un suplemento sobre el peaje y sobre la tarifa de último recurso, que habría de pagarse en los territorios en los que se cree el mismo.

El suplemento territorial debería aparecer desglosado en la facturación al usuario, por imposición del artículo 18.6 de la Ley del Sector Eléctrico, en consideración tanto al principio de transparencia como al de unidad tarifaria que afecta a los peajes y a la tarifa de último recurso.

A día de hoy, todavía no está publicado el mencionado informe en la web del organismo, y no tenemos noticias de que sea un asunto que se vaya a hacer público, dado que, en sí ,no es un Informe, sino una consulta de una Comunidad Autónoma. Por tanto, a la vista de esto: ¿es verdad que la CNE da el visto bueno a la fijación de impuestos o tasas a la generación de electricidad sin consecuencias? ¿Es lo que quería la Comunidad Autónoma (que tras mucho sigilo en la nota de prensa, se desvela en la prensa sepia un día más tarde de tratar el informe en la CNE)? ¿La Junta de Castilla y León desea exponerse a que el recargo se le facture de forma desagregada a los ciudadanos en sus facturas eléctricas?

Así, el viernes el rotativo económico Cinco Días abría su edición a cinco columnas (por encima de los resultados de las empresas y de la crisis de los mercados del crudo por los acontecimientos de Libia) con este asunto, sugiriendo una línea interpretativa que, al día siguiente, refrendaría el consejero de la Comisión Nacional de Energía, el leonés Jaime González en unas declaraciones recogidas por Europa Press. El consejero afirma que un impuesto así no puede afectar a la tarifa, dado que, pese a la Ley, el Ministerio de Industria no lo ha hecho hasta el momento, lo cual es lo mismo que pedir que todo el monte es orégano.

Primera pregunta, por tanto, ¿quién tiene las manos azules? Y segunda, ¿esta crónica se podría haber titulado «La Junta de Castilla y León podría subir la luz a sus ciudadanos con un nuevo tributo medioambiental»? En ese caso, como en el título de la obra de Stig Larsson, el consejero habría puesto un bidón de gasolina electoral en el camino de la Junta de Castilla y León.

Por tanto, con semejante estado de cosas, hay que exigir que este informe se haga público en la página web del organismo y se conozca la realidad y el alcance de ese pseudopermiso de la CNE a la fijación de impuestos autonómicos sin consecuencias. La CNE no puede dejar un tema de estas características en este grado de ambigüedad. En primer lugar, por transparencia pública como organismo regulador público con responsabilidades sobre el sector eléctrico y los mercados. En segundo lugar, porque puede y debe servir para que las Comunidades Autónomas, en grave situación financiera y tentadas de fijar tributos o tasas a la generación de electricidad, tengan claro el marco en que se mueven. En tercer lugar, porque no hay información que no pueda ser pública o que necesite reserva, no debe ser esta cuestión un asunto reservado. Y, finalmente, en cuarto lugar, y por una cuestión más contingente, porque ya se ha filtrado e interpretado por un Consejero, lo que permite que se hagan los dedos huéspedes.

Lo razonable, en todo caso, es que vuelva la racionalidad. La Junta de Castilla y León deberá ponderar los argumentos jurídicos (y políticos) de una medida de estas características y, una vez concluído (por la vía del acuerdo) el conflicto del carbón nacional (claramente peligrosas para los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma y fruto de una reacción vengativa en medio de un calentón), estas propuestas no deberían pasar a mayores.