Más allá de su inscripción dentro de la línea de pensamiento retroprogresivo por las opiniones vertidas en su artículo, quizá lo más llamativo del texto de Jesús Mota es el lenguaje, la violencia verbal, el estilo, los resabios hacia el sector eléctrico, sus empresas y sus presidentes, hasta el punto de traspasar la frontera de la opinión, sobre argumentos más o menos fundados, ideológicos o discutibles, hasta convertirse en un feroz látigo con el que escarnecer con ensañamiento a las empresas y al sector eléctrico, a partir de prejuicios maniqueos y juicios de intenciones intrínsecamente perversas de sus agentes. Ya sólo el título lo dice todo. De hecho, probablemente la retórica bélica entre Guardiola y Mourinho, con todo su antagonismo, es más oblicua e indirecta que la lectura de este artículo.

Por eso, cabe decir, que desde las páginas del rotativo de la calle Miguel Yuste, quizá no han salido artículos con expresiones tan agrias y generalizadas hacia un sector de la economía española y sus empresas como las que profería Jesús Mota en «El yugo de la tarifa eléctrica» el pasado 7 de abril. No se trata de abordar el tema con un lenguaje políticamente correcto o melifluo; se trata de que, merced a la discusión y la difusión de opiniones, los ciudadanos tengan una visión crítica de la realidad, pero no una visión distorsionada.

De hecho, si se lee con cierto desapasionamiento, el artículo se califica por sí mismo, por su propia desmesura y crueldad. Sólo hay que hacer un repaso de las palabras y las expresiones: empresas que juegan a subirse los precios, pioneras en prácticas de garduña, mañoso crupier, desplumar incautos, cacharro manipulable, rastrillo, truco, hostigar a la Administración, campanuda, beneficios espurios, beneficios indebidos,…

Es difícil, por tanto, abstraerse de las formas y sus hechuras, para efectuar un análisis de contenidos, pero si se disecciona el contenido del artículo, se puede decir que éste se inscribe en las tesis retroprogresivas generales que comentábamos ayer con algunas variantes o matices. En resumen, sus líneas de ataque se concentran en los siguientes pivotes: un ataque furibundo al sector en general y a las empresas eléctricas (en España, donde lo empresarial tiene una consideración intrínsecamente peyorativa, hurgar en la movilización de la opinión pública en términos de escándalo es una tentación extraordinariamente fácil), un ataque no menos indulgente al Ministerio de Industria, a los mecanismos institucionales sectoriales y a la Administración (de forma inmisericorde, salvo con las afinidades electivas del articulista), un ataque al mercado eléctrico y a las subastas CESUR (que ya es una constante en sus artículos a los que denomina rastrillo o mercadillo), una simplificación relativa a los beneficios empresariales del sector que adjetiviza con extraordinaria generosidad y el retorno a la teoría de los beneficios caídos del cielo en el caso de la energía hidráulica y nuclear.

Del mismo modo, hay que reconocer que de los tres artículos que analizaremos en este seriado, éste es el único que hace una alusión (menos virulenta que el resto del artículo, eso sí) al modelo de primas a las renovables, cuyas rentabilidades, por cierto, son mayores que las de las empresas del sector eléctrico y no merecen su escándalo.

Probablemente partiendo de este tono, es difícil aplicar la racionalidad de la objetividad y de los hechos que contradicen afirmaciones muy simples y directas, pero falaces: el mercado español está ofreciendo precios en el mercado de generación inferiores a los de los mercados europeos. Las subastas CESUR son auditadas por la Comisión Nacional de Energía y el Operador de Mercado Eléctrico. El número de operadores en las mismas es creciente y su carácter competitivo se acredita porque los resultados son imprevisibles (y, además, en general a la baja). Y, además, la comparación con otros mercados y los elementos subyacentes y tensiones hacen que el proceso de formación de precios sea correcto.

Por tanto, con un ejercicio colérico de este calibre, obtener perspectiva sobre el proceso inversor en un sector como el energético y sus necesidades de financiación es complicado, cuando la forma de abordarlo es la inducción al escándalo del lector. Cómo, por tanto, competir con la incuria y retratar el descomunal proceso de nuestro país en los últimos años en los que hemos renovado las redes y el parque de generación con una inversión relevante en ciclos combinados y en tecnologías renovables, con una ampliación de capacidad instalada que incluso nos ha situado en el exceso de capacidad. Hoy contamos con un suministro eléctrico de alta calidad, y eso ha sido posible gracias al mercado y partiendo de una situación en la que había cierto riesgo de apagones. Seguramente, el actual alcalde de Tres Cantos, José Folgado, todavía recuerda las admoniciones en su momento del entonces Vicepresidente Rodrigo Rato. Consecuentemente, no es razonable presentar una visión tan catastrofista y salvaje como la que se presenta en este artículo, con todo lo crítico y lo criticable para este sector y para la Administración energética.

Mota también oculta las sucesivas renuncias a ingresos o asunción de costes en las empresas. Incluso el déficit tarifario, cuyo origen no es otro que las decisiones políticas de no subida a tiempo de la electricidad en concordancia con la evolución de los precios de generación y ahora con otros costes regulados (primas, aplazamientos de deuda, distribución y transporte). El déficit, además, de facto, se transforma en una manipulación del precio para los ciudadanos para que consuman más y ceben la bomba. Pero, además, se trata de un préstamo de las empresas eléctricas a la sociedad. Cuestiones como las formulas de detracción de derechos de emisión, o incluso la introducción de la figura del bono social, que es una construcción más parecida a una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que a un descuento al precio de un suministro.

El resto de argumentos se basan en la presentación interesada de afirmaciones falaces (poco sustanciada en datos). En primer lugar, a nivel general sobre la rentabilidad sectorial que, de hecho, tampoco ofrece datos de cuánto es o cómo se distribuye. En realidad, la rentabilidad del sector eléctrico en España viene deteriorándose de forma continuada en los últimos años, e incluso, su castigo en los mercados financieros ha sido mayor que en otros países, pese al carácter de valor refugio tradicional de sus valores.

Con independencia de la utilización «sui generis» del concepto «beneficios regulatorios», que trataremos específicamente al final de esta serie por ser un máximo común denominador en el pensamiento retroprogresivo, el artículo de Jesús Mota, sostiene que dos tecnologías (hidráulica y nuclear) tienen beneficios desmedidos. Para ello propone el control de sus rentabilidades por vía tributaria, redundando en nuevas alzas de los precios de la electricidad por el aumento de la presión fiscal. Por ensalmo, despeja una incógnita, que es una tasa (2.500 M€/año) equivalente a esos supuestos beneficios «regulatorios» calculados mediante la misma metodología retrogresiva: omitiendo amortizaciones, inversiones y la normativa contable y de auditoría. Aplicando esta tasa a estas dos tecnologías se despeja el otro lado de la igualdad y se anula el déficit tarifario. Y, ¡chas!, ya no existe.

En definitiva, el artículo llega a una conclusión extraordinariamente simple, consistente en un modelo expropiatorio paradójico. Si todos los problemas de una sociedad, de una economía o de un sector se solucionan con la fijación de tasas a sus tecnologías y activos (con presuposiciones de rentabilidades elevadas fruto, además, de la omisión contable) la consecuencia inmediata sería la contraria que la propuesta. De hecho, la determinación de este supuesto beneficio y su detracción, introduciría la actividad de generación eléctrica directamente en pérdidas.

En todo caso, en lo compulsivo de su construcción o con una lectura detenida, encontrarnos que un artículo así en la prensa española, dedicado a este sector o a cualquier otro, implica un comportamiento cainita. Pocos países sumidos en una crisis como la nuestra efectúan, ya no críticas, sino escarnios de un sector económico y empresarial de este modo. Por su propio enfoque y construcción, entorpece el abordamiento de una política energética y económica coherente con una economía de mercado y los procesos de inversión y ajuste que necesita nuestro país. De esta forma, se pierde el diagnóstico real y se desenfoca la dinámica de crecimiento de los componentes de la tarifa de acceso y la caída de precios en el mercado de generación. Pero quizás, el problema más grave es que trastorna la realidad hasta convertirla en un vitriolo, en una distorsión que impide abordar los problemas de nuestro país en el sector eléctrico y energético (que los tiene, pero no son esos). Por ello, este artículo forma parte del problema y no de la solución.

De todas formas, no es un artículo, es una fatwa.

La renovación de la Comisión Nacional de Energía se ha complicado en una fuerte controversia entre Partido Popular y PSOE a cuenta de una propuesta popular para que el Parlamento pueda revocar a los presidentes de los órganos reguladores, así como que los consejeros sean nombrados por mayoría absoluta de la Cámara y los presidentes de los mismos por tres quintos. En el plano dialéctico, las declaraciones de los populares, a través de su portavoz económico Cristóbal Montoro, iban dirigidas a tensar la cuerda con los socialistas en este proceso.

El propio anuncio del PP de que en el 2012 de ganar las elecciones con mayoría suficiente propondría la revisión de la normativa de los órganos reguladores y la revocación de los actuales nombramientos, además de ser disuasorio para los posibles candidatos, ha provocado una zozobra que devuelve a la teoría del cuanto peor, mejor y en la que parece que las familias populares de corte más ultrapolítico han ganado sobre los gestores.

De hecho, fuentes solventes han confirmado a Energía Diario que habían otros candidatos en liza hasta ultima hora de ayer, antes de que se conocieran los nombres de Gómez San Román e Idoa Zenarruzabeitia.

Por otra parte, ayer la Cadena Ser empezó a difundir el nombre de Carlos Ocaña Pérez de Tudela como posible sustituto de Maite Costa como presidente del este órgano regulador. Ocaña, actual Secretario de Estado de Hacienda es un hombre moderado y dialogante, pero su pertenencia al PSOE, con carné, acentuaría el carácter político del nombramiento. Además, su salida de Hacienda, plantea la propia sustitución dentro del Ministerio de Economía a pocos meses de final de
mandato.

En todo caso, sería razonable que esta segunda fase que comienza ahora, sirviera para restañar en lo que pueda ser las relaciones entre los partidos, bajo el prisma de la racionalidad y la cordura, de forma que propusieran una composición consensuada, negociada, estable, con candidatos de solvencia técnica, económica y jurídica suficiente en la CNE y evitaran nuevamente el conflicto en el trasero de este organismo por la vía del bochorno ahora y en el futuro.

Desde la aprobación y publicación de la Ley de Economía Sostenible, se ha producido un intenso período especulativo respecto de la renovación de los órganos reguladores de nuestro país. Este proceso, si cabe, ha sido más intenso en lo que se refiere a la Comisión Nacional de Energía (CNE), por varios motivos: primero, porque en su Consejo permanecían con prolongación en tres años de mandato tres consejeros (en su momento designados por el Partido Popular); segundo, porque el calendario previsto, comparativamente con otros órganos reguladores, era mucho más inminente (el ‘cese’ de los consejeros vencidos tenía fecha de caducidad, dos meses, y la salida del resto de consejeros, a junio que es cuando expira su mandato); tercero, porque la actuación del Consejo saliente, su formato excesivo y su ejecutoria han estado marcados por la polémica y por acentuar el desprestigio de la institución, con independencia de los cantos de sirena que ahora se puedan invocar en el día de las alabanzas.

En términos temporales, cuestión que ya es muy relevante de por sí, se estaban manejando previsiones de que la sustitución de los consejeros vencidos se podría haber producido hoy, Viernes de Dolores, en la tradición del comienzo de la Pascua católica y el final de la cuaresma. De hecho, desde hace unas semanas, cada viernes con su correspondiente Consejo de Ministros es esperado con fruición, por si se arroja luz y decretos sobre los actuales consejeros vencidos, que incluso habrían solicitado su extensión al máximo.

Por otra parte, según fuentes cercanas al proceso de renovación, parece que la voluntad del Ejecutivo de dotar al organismo de un peso técnico relevante, frente a los intereses partidistas, se están viendo en parte saboteada por los propios comportamientos políticos derivados de las fuerzas internas dentro del arco parlamentario.

Por eso, el primer nombre conocido y la forma en que se ha producido su designación no da lugar al optimismo. Así, el nombre de Idoia Zenarruzabeitia, es indudablemente su perfil político y de partido, aunque también cuenta con un perfil técnico jurídico a tener en cuenta. Por otra parte, en la negociación parlamentaria, en el ámbito de las fuerzas políticas catalanas necesarias para el ejecutivo y sus equilibrios parlamentarios, se apunta al nombre de Marcel Coderch (actualmente Vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) como candidato a que sea transvasado a la Comisión Nacional de Energía. La intensa campaña con presencia en los medios de comunicación constante referida a los asuntos energéticos parece constatarlo. Su nombre está hoy envuelto en la polémica en el sector energético: por su fuerte contenido ideológico, por la vinculación con ERC y sus posiciones antimercado defiendidas vehemente y abiertamente en el parlamento y en tercer lugar por su posición antinuclear, fuertemente beligerante y militante. Sería una forma de reintegro a posiciones intervencionistas, es decir, a la reedición del esperpento actual del Consejo de la CNE.

Por otra parte, en el Partido Popular también hay dos corrientes sobre todo de cara a la segunda fase del proceso de renovación del organismo que se operaría dentro de un mes y medio, en junio. La primera consiste en la colaboración con el Gobierno para rediseñar el órgano regulador independiente con perfiles técnicos. La segunda corriente, de tinte mucho más político, intentaría provocar una ruptura para que el Gobierno designara unilateralmente los consejeros de la nueva comisión, de forma que una vez que entrase en el gobierno el Partido Popular se sintiera con las manos libres para efectuar un movimiento catárquico, designando una comisión casi monocolor.

Por tanto, parece que existe una dialéctica abierta entre una renovación política (más que política, partidista) o una renovación técnica. De hecho, alguno de nuestros lectores ha mostrado su disconformidad por que el acento en el nombramiento de Zenarruzabeitia, en lo político y en lo partidista. La demanda, la reclamación es que un sistema de designación como el seguido hasta el momento debería garantizarse el derecho de todos los partidos a colocar a su gente en los órganos reguladores independientes. Es decir, aceptando las reglas de un escenario político-partidista, el mensaje es “nosotros no vamos a ser menos”, pero, en ningún caso, apelar a la necesidad de conocimientos técnico, económicos y jurídicos del sector energético y sus mercados. De todas formas, señores, esto no es un problema del club/partido de pertenencia, sino de forofismo.

Por tanto, parece que esta primera renovación se producirá en el Consejo de Ministros del próximo miércoles, con lo que a partir de la semana que viene empezamos con la segunda fase y nuevos referentes. Es decir, al parecer se producirá en la semana de pasión. Lo que está claro es que esta renovación tiene mucho morbo.

Es de destacar que, con ser un momento catárquico en la vida política española, este anuncio estaba casi descontado, a falta de su confirmación o si se materializaba antes de las elecciones autonómicas o no. En este sentido, hay que señalar que el propio Zapatero había iniciado desde hace casi un año un camino de no retorno hacia posiciones mucho más ortodoxas desde el punto de vista económico, y también en el sector energético, cuyos grados de libertad se amplían con esta decisión.

Así, en esos términos, y desde ese momento, se empezó a abordar la resolución del problema del déficit tarifario y su titulización o emprender un rumbo más o menos decidido en la actualización de los precios de la electricidad, con independencia de que se creasen mecanismos compensatorios supletorios como el «bono social».

Hasta ese momento, hace más de un año, además tenía predicamento y acceso en Moncloa el colectivo de retroprogresivos del sector energético español: contrario al mercado, favorable a la intervención de precios, a mecanismos de determinación de precios discrecionales por costes reconocidos, dispuesto al abandono de las directrices que establecen las Directivas Europeas, negacionista del déficit tarifario y propenso a promover un modelo energético no empresarial. Dicha intervención, durante mucho tiempo, fue enormemente entorpecedora y nociva para la resolución de este grave problema, así como causante de su engrosamiento.

El hecho es que con la renovación del Ministerio de Economía, Elena Salgado adquirió consciencia de este grave problema y la interlocución de este colectivo se vio enormemente mermada. Consecuentemente, el anuncio del presidente, confirma una realidad que ya se estaba produciendo: la pérdida de influencia de este colectivo con un peso ideológico.

Un triple efecto se combina: por un lado, Zapatero ha ido cediendo y dejando las políticas económicas y energéticas a los departamentos correspondientes (una vez que se había producido también la salida de María Teresa Fernández de la Vega, renunciando a su omnipresencia). Por otro lado, los Ministerios de Industria y Economía más o menos en línea, con posiciones cercanas; y, finalmente, la incorporación de un nuevo Secretario de Estado de corte profesional y más sólido en lo financiero. Todos estos hechos han cortocircuitado los canales normales de acción, intervención y condicionamiento ideológico de la política energética que el colectivo retroprogresivo ejercía sobre el ejecutivo.

Y no hay mejor confirmación de la pérdida de poder de este colectivo, que advertir el hecho de que la confrontación se ha traslado al escenario de lo mediático a través de publicaciones, artículos y agitación de asociaciones de consumidores y colectivos tradicionalmente cercanos. Es el momento de caer en los brazos de la demagogia, argumentos sencillos y de trazo grueso, recuperando lenguajes y términos airados y trasnochados, que vienen apareciendo en los últimos días con bastante fruición. En suma, se han echado al monte.

Quedan dos aspectos más en los que es posible que se haga notar este anuncio del presidente. Por un lado, la política nuclear que, en nuestro país, se trata de un falso problema en todo caso, pues, salvo el asunto de Garoña, no hay proyectos de ampliar el parque nuclear español y los test de estrés a las centrales nucleares pueden arrojar un criterio técnico que disuelva el problema político.

Y por otro lado, encontramos el efecto colateral que se deriva de la presunta pugna por la sustitución de Zapatero y el cartel electoral, entre el Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y la Ministra de Defensa, Carmen Chacón, representante del PSC y bien asesorada desde el punto de vista de comunicación política. En ese contexto, atentos a Ignasi Nieto, joven promesa del PSC, con indudable sentido político, ambición y apoyos en Catalunya. Un viejo conocido del sector energético español (en el que tampoco dejó buen recuerdo, todo hay que decirlo), que podría aspirar a sustituir a Montilla o a cubrir el hueco que Chacón se resiste a aceptar en Catalunya.