La primera, se debió a un brote especialmente virulento de la bacteria Escherichia coli a los pepinos españoles. Una crisis que, en cuatro días, ha tenido su correspondiente desmentido. Sin embargo, en ese plazo, gracias al pánico sembrado por las autoridades germánicas, varios países cerraron las fronteras a los productos españoles, en efecto imitación, con el consiguiente daño para la el sector hortofrutícula español.

La segunda, tuvo su origen a cuenta del accidente en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto y tsunami ocurridos en Japón. El gobierno de Angela Merkel tomó una drástica decisión e hizo público su posicionamiento respecto de la energía nuclear, consistente en el cierre escalonado de todas sus centrales de aquí a 2022.

En ambos casos se ejecutó el conocido como «estilo prusiano» Algo así como que a grandes males, grandes remedios. Sobreactuación incendiaria con el objetivo de ofrecer a sus votantes reacciones contundentes y reconfortantes. Gobierno de la emotividad.

La opinión pública alemana, fuertemente sensibilizada ante la amenaza nuclear, tuvo su respuesta, pese a que el mismo día en que se anunciaba la decisión también se les informó del elevado coste que esta acción acarreará al país teutón. Merkel está que se sale, actúa en clave interna y los responsables de la administración alemana, a múltiples niveles, no andan especialmente finos.

En paralelo, la Unión Europea decidió cuales serán los contenidos que integren los test de estrés que se realizarán a las 143 centrales nucleares de los 27, mientras que otros gobiernos tomaron posicionamientos más serenos, conscientes de que la sustitución de la energía nuclear es un asunto complicado en un momento en que se atisba un nivel de precios de la energía alto.

Además, habría que tratar tres cuestiones en paralelo: la actualización de los requerimientos y cultura de seguridad en las plantas y en los organismos de supervisión, la verificación de los riesgos y la cadena de errores ocurrida en Fukushima (desde su emplazamiento).

La sistemática de, ante un hecho concreto, desproporcionar su efecto a través de los medios de comunicación, generar pánico en la sociedad, aprovechando los propios resortes y fantasmas colectivos, y posteriormente, aparecer como salvador es ya un clásico de la comunicación política. Tan frecuente es, como lo contrario: tratar de ocultar o minimizar los problemas. Dichas dos tendencias adquieren su contrapunto con la eclosión del mundo digital y las redes sociales, en los que provocar la emotividad es el objetivo más que informar. Sobre todo porque detrás de cada gran asunto hay cien ojos interesados.

Con motivo de dicha decisión, por el procedimiento de la estrategia pública de la crisis del pepino, lógicamente aparecieron en los países voces que se adhirieron a su rebufo o que se apuntaron a la ola. Reclamaron una reacción mimética de la cuestión en el resto de países y de sus autoridades, dejando zanjado un debate con claros tintes de oportunidad política.

La pretendida imparable reacción no tiene tanta convicción como hace meses como para que se extienda como una ola, dado que ha bajado el nivel y la intensidad del debate. No obstante, la poco edificante política italiana, con Berlusconi a la cabeza, incluye la cuestión nuclear entre las preguntas de un referendo.

En España, este debate se celebra con la propuesta del nuevo PANER (Plan de Energías Renovables) encima de la mesa, con reclamaciones de la industria de mayor capacidad de generación por un lado, y con un texto con elementos que devuelven el temor de la inseguridad jurídica, por otro. Con la participación en el hueco térmico de la generación eléctrica de los ciclos combinados en mínimos, y en los partidos políticos, haciendo méritos los más antinucleares en sus respectivos bandos.

Cuando se habla del operador de transporte español, Red Eléctrica de España, de antemano hay que hacer varias consideraciones. La primera es que hoy desarrolla dos actividades, dos funciones acordes con el modelo de liberalización español del sector eléctrico. Una es el transporte de electricidad para la red de alta tensión y otra es ser el operador de sistema. Esas dos funciones van a ser nítidamente separadas societariamente, aunque manteniendo su titularidad bajo la misma sociedad holding, según la propuesta de transposición del tercer paquete legislativo europeo a nuestra legislación. Dicha separación jurídica y societaria ha causado un enorme revuelo en el seno de REE, incluso aunque la misma llegue hasta sus últimas consecuencias, que sería la separación completa en sociedades diferentes.

La distinción de funciones («unbundling») es una tendencia imparable en la Unión Europea, si bien es cierto que con mucho más retraso que en España, donde la liberalización ha avanzado a mayor velocidad y, por tanto, se puede alcanzar con mayor rapidez esta meta que garantiza la eficacia del sistema y que cada actividad hace lo que debe y como debe. Dicha separación de funciones consiste en que cada operador se concentre en su actividad (y cada actividad tiene sus operadores), la existencia de actividades liberalizadas y reguladas y sin que pueda ser posible la transferencia de recursos de las actividades reguladas a las liberalizadas.

En el caso de Red Eléctrica de España, sus ámbitos de actuación en el sector eléctrico se corresponden con las actividades reguladas, cuyos ingresos no se fijan por el resultado en el mercado de oferta y demanda, sino por la fijación de un beneficio garantizado sobre unos costes reconocidos. Evidentemente, existen unos incentivos perversos a sobreplanificar transporte y a optimizar inversiones, utilizando la palanca del sistema, existiendo un proceso retributivo de esas características, pero esa es la misión del regulador y de los órganos de supervisión. En todo caso, es para plantearse la anomalía de que estas actividades y funciones, desarrolladas sin riesgo alguno, obtengan beneficios más altos que las actividades liberalizadas, sujetas al riesgo en las inversiones, la demanda, la competencia entre tecnologías, etc…

La segunda cuestión, también muy relevante, es que Red Eléctrica no es una empresa pública, aunque aproveche la ambigüedad de su condición de operador de transporte y sistema para parecerlo, en la simplificación de que lo público es bueno y «busca los intereses populares y sociales» y lo privado es nefando. Red Eléctrica de España, hoy, es una empresa privada en cuyo capital figuran entidades financieras y fondos de inversión, aunque desarrolle las actividades reguladas que tiene encomendada en régimen de monopolio reforzado (monopolio natural necesario en operación y monopolio único en transporte).

Por tanto, como cualquier empresa privada persigue la maximización de sus ingresos en interés de sus accionistas y también de sus gestores, dicho sea de paso. Otra cosa es la forma de llevar a cabo esta maximización. Y esa forma tiene que ver no sólo con la actividad de transporte y de operación del sistema en nuestro país, que es su razón de ser, de forma que cuando se llegan a los límites de esa actividad aparecen nuevas actividades de interés. En esa estrategia, cobra especial relevancia el ejercicio de su influencia y su ansia anexionista y expansionista, una constante siempre presente en la compañía (y, en general, en los TSO). Por ejemplo, Red Eléctrica ha diversificado su estructura para operar a nivel internacional en actividades diferentes al transporte.

Dicha característica se ha acentuado en extremo, imbuida por la ascendencia del rasgo político que confluye a su presidente actual sobre el Gobierno y sobre las últimas administraciones energéticas. Consecuentemente, la pinza ejercida por el operador de transporte y operador de sistema (tanto monta, monta tanto) ha condicionado en nuestro país las inversiones en las actividades liberalizadas, las de las actividades reguladas (transporte y distribución), ha ido convirtiendo la actividad de transporte en ese monopolio y ha reforzado el mismo consagrándose como transportista único y la definición técnica (por tensión) de las redes.

Propuestas como las que sustentaba el fallido decreto del carbón del Gobierno elaborado en REE (recordemos que el director del operador de sistema, Alberto Carbajo, fue Director General de Minas), la intervención en la planificación energética o la configuración de los procedimientos de operación (P.O) como mecanismos de regulación de facto, dan cuenta de las verdaderas dimensiones y alcance de su «poder». Hay que recordar que en su momento en REE existía la figura del Delegado del Gobierno (el primero fue Jorge Fabra, que después sería Presidente), lo cual imprime carácter.

En todo caso, Red Eléctrica de España no ha ocultado jamás su tendencia a ser más que un operador de transporte y de sistema (ahora, además, completamente separados), a estar de cuerpo presente y con un poder diferente o incremental a sus funciones, en las decisiones de política energética del regulador principal en el bien entendido de que dichas decisiones le reportan beneficios retributivos, con los que generar valor para sus accionistas.

La confluencia entre influencia política, su configuración monopolística y única, los intereses retributivos sin competencia, el condicionamiento e intervención en el sector, de sus agentes y de su gestión, no ha sido neutral, ni desinteresada, ni gratuita, ni desprendida, ni barata (véase la tarta de las tarifas de acceso).

En medio de toda esta situación, aparece la presión de REE (¿operador de sistema o corporate?) por entrar en la actividad de generación por bombeo, en principio experimental. Y, todo ello, con el panorama político abierto tras las elecciones.

Demasié.

Según los argumentos conseguidos por la periodista Carmen Monforte de fuentes de la propia compañía, el operador considera que se trata de un éxito derivado de la presión del lobby de las empresas eléctricas que quieren una Red Eléctrica de España con «menor poder». También achacaban esta decisión al conocimiento de la apuesta del operador de transporte y sistema por entrar en la actividad de generación a través de centrales hidráulicas de bombeo, como la de Chira-Soria en la isla de Gran Canaria.

Hay que tener en cuenta varias cosas, a saber: que el tercer paquete europeo avanza en la separación de las actividades en el sector eléctrico, entre ellas el transporte y la operación del sistema. En este modelo de separación de actividades, la Unión Europea propugna como meta en los sistemas energéticos gasista y eléctrico el Operador de Sistema Independiente, con independencia de las etapas intermedias, que dependen del punto de partida de cada país en su proceso de separación de actividades. Eso, evidentemente, sin atender a las características genuinas contrarias a este modelo.

De hecho, la propuesta de separación societaria no supone una pérdida de facto en las actividades que REE desarrolla, ya que seguiría ejerciendo las funciones de transporte y operación, sólo que ahora lo haría organizada en dos empresas totalmente separadas. Además, incorpora un conjunto de controles y limitaciones para que la separación sea real, nítida y que las mismas funciones no se extralimitaran de «ese» papel, porque esa extralimitación a quien erosiona, además de a las empresas del sector, es al propio regulador. De hecho, si REE se limitase a ejercer esas funciones hoy y estuviera organizada así, societariamente, no pasaría nada. ¿Cuál es la razón del revuelo, entonces?

Segunda cosa a conocer: Red Eléctrica es una empresa privada, con sus accionistas, sus entidades financieras y sus bancos de inversión. Y Red Eléctrica, además, es una empresa doblemente monopolística. En primer lugar, es un monopolio en la operación del sistema, dado que no es lógica la existencia de más de un operador del sistema. Y también es un monopolio en transporte (la actividad se realiza en régimen de monopolio en cada zona geográfica), además de ser transportista único, es decir, sólo REE puede realizar la función de transporte en exclusividad en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el transporte en el sector gasista se organiza en régimen de monopolio pero sin existir un transportista único.

Por tanto, Red Eléctrica aúna los principios de maximización de sus beneficios empresariales como cualquier otra empresa privada. Sólo que los ejercita por una vía diferente al mercado y al riesgo en sus inversiones: la vía de la influencia, condicionando la política y la planificación energética, promoviendo inversiones que al final son pagadas de forma fija en la tarifa por los consumidores. Unido a esto, se añade la intencionalidad monopolística en modo hidra de invadir y aumentar su tamaño y funciones que no le competen; no sólo no se conforma con conseguir exclusividad en lo que ya hace, sino que va ampliando sus pretensiones.

Así, una de las actividades de REE es convencer a administraciones públicas para que incluyan en las necesidades de infraestructuras energéticas elementos que posteriormente serán retribuidos y pagados por la tarifas de acceso. En todo caso, tampoco necesita esforzarse mucho. Con decirlo, sobra, dado que el proceso de planificación deja mucho que desear. Eso y garantizar que esa retribución es máxima o que su liquidación se efectúa con mayor celeridad que el resto de elementos de la tarifa, aportando liquidez la compañía.

En este sentido, cabe destacar que el reportaje de Carmen Monforte recoge con claridad cristalina los motivos de la sorpresa y enfado de REE con esta separación de actividades en dos empresas: pérdida de poder y de influencia, entendida como una ejercicio que va más allá de las funciones que tiene conferidas (dado que en ningún momento las pierde, sino que se reorganizan). Hay que constatar que incluso esta influencia se venía produciendo como un hecho normal, de forma que en determinados períodos ha sido frecuente que en las reuniones entre agentes privados y el Ministerio estuviera presente un delegado de REE en el gobierno (en principio, cuando Red Eléctrica era pública, había un delegado del gobierno en REE).

Esta tendencia no es nueva, viene siendo una constante en REE: cuando se articuló la estructura societaria de la compañía se hizo para que permitiera la diversificación internacional de la diversificación societaria en tiempos de Mielgo y Casadejus para desarrollar el negocio internacional. O, como ejercicio, su influencia directa para introducir en la anterior trasposición de la normativa europea el concepto de transportista único (un reforzamiento de la condición de monopolio), haciendo una definición de las redes de transporte por tensión, no por funciones, lo que le ha servido para aumentar sus activos, por la vía del BOE y, prácticamente, del justiprecio. Por tanto, los comportamientos de Red Eléctrica son propios de un agente con tendencia a suplantar al regulador, partiendo de su indudable capacidad y calidad técnica, hecho que se ha unido a que se ha encontrado con una Administración energética débil y muy endeble en estos años.

Confirmando las tendencias expansivas de sus áreas de influencia, Cinco Días además resaltaba la nueva apuesta de REE por entrar en la actividad de generación de electricidad en nuestro país, optando a la titularidad de centrales de bombeo, para supuestamente «abaratar» la electricidad a los españoles, lo que también se podría producir en manos de los operadores privados desde los clásicos (Endesa, Iberdrola a E.ON o Hidrocantábrico) a los nuevos entrantes (Acciona, ACS,…). Para ejemplificar esta pretensión, imagínense que al Operador de Mercado Eléctrico le pareciera poco con sus funciones y decidiera, por ejemplo, que se quiere convertir en comercializadora. O que la propia Comisión Nacional de Energía quisiera poner un huerto solar. No sería entendible dicha pretensión,… pues conceptualmente es lo mismo.

Por tanto, detrás de la maximización de beneficios en modo exprimidor de las decisiones públicas (regulación, planificación, retribución) se plastifica una capa de argumentos de justicia social y de aprovisionamiento de bienes públicos justificativos de la intervención en el sector, de la planificación centralizada y de la preponderancia de la gestión y control del sistema al servicio de estos fines.

Y así se explica tanto revuelo: por sistema.

La publicación por parte del diario «Cinco Días» de que en la transposición del tercer paquete legislativo se abordaba la separación económica y jurídica del operador de transporte y el operador de sistema de Red Eléctrica de España removió los cimientos del «establishment» en el sector eléctrico.

Red Eléctrica tendrá que dividirse en dos empresas totalmente diferenciadas, de forma que una sea el operador de transporte y la otra el operador de sistema. Esta separación se abordará antes en el caso de Enagás, que se efectuará en la tramitación de Ley de Responsabilidad por Daños Nucleares, que ayer se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados.

La pinza operador de transporte/operador del sistema en el sector eléctrico de nuestro país, había configurado de REE una especie de Ministerio de Energía en la sombra, un contrapoder, un octavo pasajero omnipresente con capacidad cierta de subvertir el funcionamiento de los agentes institucionales del sector energético. Como el Barça, es más que un club. Red Eléctrica es más que un TSO.

Un número importante de propuestas, incluido el fiasco grave y rocambolesco del decreto del carbón, provenían de la factoría de La Moraleja, en lugar del regulador principal, que las adoptaba como suyas en un ejercicio de atrapamiento, fruto de las tradicionales vinculaciones entre REE e Industria, que llevaba a que representantes de REE estuvieran presentes, además en el «making off» de todo tipo de reuniones y tomas de decisiones relacionadas o no con sus funciones junto a la propia Administración, algo que había acabado por verse «normal».

Cuestiones como la configuración del transportista único o la definición técnica de las redes de transporte en lugar de por tensión, son consecuencia de este funcionamiento disfuncional del sector eléctrico (y aunque nunca debe valer la redundancia, aquí sí).

El hecho de que se produzca esta separación, además, en pura teoría, no disminuye ninguna de las funciones de REE, pero si que obliga a dos cosas. En primer lugar, en el caso de REE, a centrarse y recentrarse en lo que es su «core business», en sus actividades y funciones. Transportar electricidad por las redes de alta tensión y operar el sistema con neutralidad, evitando veleidades expansionistas, diversificadoras y distorsionadoras del funcionamiento en el modelo de separación de actividades o invasión de funciones del mercado eléctrico y de otros agentes.

En segundo lugar, otra consecuencia debe ser la necesidad del propio Ministerio de Industria (regulador principal) de reforzar su estructura interna, cuestionándose la Dirección General actual y, sobre todo, tras la última y reciente salida hacia, precisamente, Red Eléctrica de España del ex subdirector Eduardo Ramos. También es relevante la necesidad de reforzamiento de la Comisión Nacional de Energía (regulador independiente) de cara a esta nueva etapa. En definitiva, contar con reguladores y autoridades fuertes y capaces, que no precisen auxilios o corrientes ocultas, de forma que cada uno ejerza su papel y actividad.

En días pasados, Energía Diario había dado cuenta de la «candidatura de Coderch» y sus avales y ayer El confidencial confirmaba que el ex Ministro Caldera quería imponer como presidente a Coderch. Jesús Caldera es el actual presidente de la Fundación Ideas, think tank creado por Zapatero, y autor de los papeles y argumentarios que justificaban la decisión de cierre de Santa María de Garoña. Coderch, por su parte, es soporte de las tesis antinucleares del presidente y de esta facción de la familia socialista.

De hecho, ayer la noticia corrió como la pólvora y parece que ha sentado como un tiro en las fuentes consultadas de las familias socialistas tanto próximas a la Administración como en el grupo parlamentario. Con esta filtración, se diversifica y eleva el teatro de operaciones de este debate en el seno del PSOE, por si hubiera pocas cuestiones abiertas con respecto a este proceso de renovación de consejeros y nombramiento de Presidente en el organismo regulador, una vez conocidas las diferencias entre Industria y Economía al respecto.

Así, el colectivo socialista más ortodoxo en lo económico, partidario de la profesionalización y tecnificación del organismo, reduciendo al máximo la cuota política, ve un riesgo claro y grave de peligrosa politización del mismo. Industria guarda silencio, afirmando que hasta después de las elecciones no abrirá este melón, pero contempla con preocupación esta nueva injerencia desde «La Florida».

Por otro lado, otros colectivos también relevantes en el PSOE reivindican la necesidad de que los candidatos provengan del propio Partido Socialista, con independencia de los servicios que pudiera haber prestado Coderch en otras etapas a posiciones ideológicas presidenciales (en referencia a sus artículos relativos a la energía nuclear). Desde estos grupos, se aprecia a Esquerra Republicana de Catalunya como un partido residual, en tobogán de bajada y sólo se explica la candidatura de Coderch por motivos personales, no profesionales, técnicos, incluso de carácter político en el escenario actual. Además la suspicacia crece entre quienes hacen responsable a esta formación política independentista de la debacle electoral del PSC en Catalunya, como piedra de molino al cuello del tripartito.

Coderch, actual vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a propuesta de ERC, «no representa de ninguna forma al Partido Socialista», señalaban ayer fuentes socialistas consultadas. En definitiva, crecía la preocupación por la posibilidad del nombramiento de Coderch que, finalmente, podría estar nombrado sin ser un técnico, sin ser experto del sector energético, sin pertenecer al Partido Socialista y sin participación en la política catalana actual.

Otro flanco más de los problemas que genera esta candidatura es el necesario acuerdo con el Partido Popular y sus complicaciones. La candidatura de Marcel Coderch puede entorpecer el acuerdo que desde Industria se quiere promover con el Partido Popular, por sus propias posiciones consideradas extremistas y radicales especialmente en lo nuclear. Posiciones extremistas y radicales que el propio grupo parlamentario de ERC ha subrayado en los últimos tiempos.

La impresión que suscita su presencia en el Consejo de Administración del organismo regulador es que el actual gobierno querría dejar atadas y bien atadas cuestiones como el debate nuclear para el próximo ejecutivo. Algo que, con otros acontecimientos como el ocurrido en el Tribunal Constitucional recientemente, desata todas las suspicacias en Génova. Por tanto, en el juego a distintas bandas, entre los partidos nacionalistas y los dos partidos de representación nacional, la inclusión del «outsider» Coderch no parece ser pacífica ni exenta de polémica.

Atentos.