Aún caliente la noticia en las agencias, los nombres son los de Marina Serrano, actual Secretaria del Consejo, Joan Batalla (jefe de Gabinete de la actual presidenta), María Teresa Baquedano, actual Subdirectora de Energía Eléctrica (y que recientemente sustituyó a Eduardo Ramos) y Josep María Guinart, alcalde de L’Escala (población de menos de 2.000 habitantes, propuesto por CiU). Se unen, así, a los nombres de Idoia Zenarruzabeitia (designada por el PNV), de Tomás Gómez San Román y de Alberto Lafuente, ya propuesto para Presidente hace unas semanas. Parece que aquí finaliza este serial, más allá de la comparecencia, y varías lecturas son las que se pueden derivar de la composición final del Consejo de Administración resultante.

Si, en principio, el formato de la propuesta no es sorpresivo «per se», en la medida que era esperable un Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía configurado de forma unilateral por el Gobierno, sí es sorpresiva su alineación final que con calzador se ha tratado de comunicar esforzadamente como «técnica». Sin embargo, el nivel de conocimiento y experiencia en cuestiones regulatorias y sectoriales en términos de mercados, jurídicos, económicos y técnicos del Consejo resultante es para situar en observación, si exceptuamos el nivel jurídico como abogada del Estado de Marina Serrano y el conocimiento en redes de Tomás Gómez San Román. En todo caso, como hombre y mujer fuerte del nuevo Consejo, quedan respectivamente Alberto Lafuente (con apoyos políticos de partido y candidato a presidente) y la propia Marina Serrano (el perfil más solvente del target por su experiencia en el sector energético). Tratemos, por otra parte, de aislar el conocimiento en la elaboración normativa de María Teresa Baquedano, en la medida que incluso resulta contradictorio con el propio papel de contrapunto que debe tener el regulador independiente respecto al propio Ministerio.

De hecho, la propuesta de Consejo de Administración finalmente se ha establecido puramente en términos políticos, con el fin de garantizarse en cada fase el apoyo parlamentario suficiente a los candidatos propuestos por el Ejecutivo en cada hornada (fundamentalmente por Sebastián). De hecho, el gesto de colocar a Marina Serrano se interpreta a la vez como un intento para tender algún puente hacia el Partido Popular a fin de evitar un tsunami posterior, asegurar la relación con el cuerpo de Abogados del Estado, así como para tratar de dar consistencia y «background» a este Consejo de Administración CNE, dando una cierta continuidad con el equipo anterior.

En todo caso, no se conjura, sino que se acentúa uno de los principales problemas, que previsiblemente derivará en el aborto de esta nueva conformación: la ausencia de negociación factual entre Gobierno y Partido Popular. De hecho, el Partido Popular ya ha advertido de que modificará el sistema de elección y nombramiento, que remocionará este Consejo de Administración y se habla, incluso, de la integración de CNE y CMT a futuro. Lo cierto es que el enfado y malestar en las filas populares con esta pseudonegociación es indisimulado, además de con los intentos del Ejecutivo de culpabilizar a los populares de la supuesta falta de acuerdo. De hecho, la designación de Alberto Lafuente, militante socialista, complica aún más una solución pacífica tras las próximas elecciones generales.

El hecho es que la pretensión de Sebastián (un acuerdo retórico, sin negociación, mediante asentimiento de los populares) era claramente insuficiente y tramposo. Las informaciones ayer conocidas hablaban vagamente de una reunión «hace semanas» entre Sebastián y el Partido Popular más que de un proceso de negociación. Otras fuentes se preguntan si realmente a eso se le llama proceso negociador, cuando no se llega a un consenso sobre la figura del presidente, se coloca a un hombre «de partido» al frente y se requiere aportar dos nombres y dar un cheque en blanco al Gobierno.

Por tanto, hemos pasado de un Consejo de Administración que tenía componentes ideológicos y esperpénticos a un Consejo acomodaticio para Industria, condenado a recibir su tiro de gracia. Ni profesional, ni técnico, ni político, sino todo lo contrario. El problema, en todo caso, no es político, u orientado a procurar una composición afín. El problema es de credibilidad de los reguladores independientes, de las instituciones económicas y para los mercados financieros. Cuesta ver a este Consejo, con esta composición, abordando de forma solvente una operación corporativa como a las que hemos asistido en la pasada temporada, entre otras cuestiones. Parece que lo establecido en la Ley de Economía Sostenible en lo que se refiere a órganos reguladores se ha burlado nuevamente. Ya estamos otra vez.

Quiere decirse que el tipo impositivo aplicable es más alto en una misma herencia a distribuir entre dos hermanos, si uno se ha dedicado a dilapidar sus «talentos» frente al que se ha dedicado a emprender, ahorrar e invertir. Dentro de un modelo de tributación «peronista», esta posición es entendible, pero sus efectos disuasorios respecto de la actividad y el empleo son innegables. De hecho, Solans en sus clases era un experto en Hacienda Pública y en los efectos de la imposición sobre el comportamiento económico de los agentes.

Sirva esta digresión respecto a este impuesto, para introducir los efectos que ha tenido el pacto conocido entre Izquierda Unida (la izquierda agraria, como denomina Enric Juliana) y el Partido Popular en Extremadura a la hora desbancar al Partido Socialista Obrero Español de Guillermo Fernández Vara del poder en esta Comunidad Autónoma, unidos a la marea y oleaje que ha dejado sin restos de poder autonómico a Ferraz.

Del mismo modo, ayer José Antonio Zarzalejos hablaba de terminar con el neofeudalismo de las comunidades autónomas, término de nuevo cuño que, en realidad, define a un conjunto de densas redes clientelares que se han capilarizado enormemente y, en mayor medida, cuanto más tiempo de permanencia de los partidos en los ejecutivos autónomicos (ámbito en el cual han tenido un importante protagonismo las energías renovables, incluso también por prodigalidad). Y parece que, en este movimiento, ejercido con fruición como decía Josep Ramoneda en El País, no hay principios, ni programas y, en el caso que nos ocupa, ni sujeción a un modelo de política energética.

Evidentemente, desde este medio, no tenemos posición sobre cuál debería haber sido la decisión de Izquierda Unida o del Partido Popular extremeño en esta negociación. Ni sobre todo el proceso episódico que ha devenido en la decisión final, ni la erosión de poder de unos y de otros.

En realidad, de lo que hay que preocuparse es del hecho de que el Partido Popular de Extremadura, a fin de cerrar su ‘pacto’ con Izquierda Unida, en su propio ejercicio de geometría variable electoral, recoja y asuma cuestiones, en teoría fuera de ideario, principios y políticas de esta formación política como la subida del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, la restauración del Impuesto del Patrimonio, el adiós a la rebaja fiscal y, en el ámbito energético, un viraje curioso: la alineación del nuevo inquilino de la Junta de Extremadura para negociar con Izquierda Unida el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, de cara al próximo proceso de renovación de la autorización de operación de la Central, así como un nuevo impulso de las energías renovables en esta Comunidad (que además, requerirá, permiso del Plan de Energías Renovables, PANER, del Gobierno de la Nación y del Parlamento, claro).

Además, también parece haber acuerdo en línea con las tesis de Izquierda Unida en lo que se refiere a la oposición a la Refinaría Balboa que promueve el empresario Alfonso Gallardo. En este caso, la atracción ejercida desde Izquierda Unida en cuestiones relativas a la energía, debe preocuparnos por la volubilidad, la ausencia de convicciones sobre modelo energético, por los propios efectos para la comunidad extremeña y por lo que puede ser un ejercicio de pase a cuchillo del pasado fruto del resquemor.

Es decir, volviendo a Pedro Muñoz Seca, los extremeños extremos se tocan. En su prodigalidad.

Por ello, resulta inquietante el conjunto de situaciones episódicas en que se está moviendo esta última parte del proceso. Si la semana pasada anunciábamos que el proceso estaba trufado de vicisitudes, con la perspectiva de los días y los detalles que rodean los acontecimientos, la «comedia de situación» tiene cada vez tiene más enredos.

La primera cuestión que suscita desasosiego es la forma de «proclamación» de Alberto Lafuente como candidato a Presidente de la Comisión Nacional de Energía, por no haber sido acompañada de la renovación de los otros cuatro consejeros que han cesado en sus puestos. Sea por urgencia, por falta de pericia, se antoja una operación extremadamente arriesgada y temeraria para el Ejecutivo, sin contar con una versión más esférica y cerrada del Acuerdo.

Y, segundo, si añadimos que aunque se ha tratado por todos los medios de presentar a Alberto Lafuente Félez, como hombre de supuesto consenso dentro del Ejecutivo, lo cierto y verdadero es que, la mañana del viernes siguiente a su anuncio, se convocó una reunión en la que se trató expresamente esta designación con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Vicepresidente Primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Vicepresidenta Económica, Elena Salgado, así como, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Parece, por tanto, que el acuerdo y consenso, si no hubo en un primer momento, había que buscarlo.

Por otro lado, están las propias admoniciones del Partido Popular, también enormemente inquietantes para el futuro del organismo, caso de producirse una solución a la búlgara. Según «Cinco Días» y, al parecer no ha sido desmentido por los propios populares, tras las elecciones generales podría producirse la integración (o desintegración) de la Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en un mismo órgano regulador. La amenaza puesta encima de la mesa, serviría para utilizar el mismo procedimiento con el que se voló la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, para transformarla posteriormente, en Comisión Nacional de Energía y, de paso, desalojar de ese organismo a sus anteriores inquilinos.

El hecho es que esta amenaza y la falta de acuerdo de facto en la renovación actual de la CNE pueden poner plomo en las alas al organismo y dejarlo muerto en primera instancia. Si bien al Partido Popular se le acusa de «bloquear» la renovación del organismo, no es menos cierto, que los acuerdos «solicitados» por el Partido Socialista, han sido simplemente el requerimiento y aportación de dos nombres por parte de los populares, sin negociar ninguno de los términos de la supuesta negociación, lo que en este estado del arte y de los equilibrios políticos parece poco procedente. En todo caso, así expresado, no es una negociación, es un eufemismo.

Y, finalmente, por si fuera poco, las garantías de que la negociación parlamentaria iba a ser «pan comido» para el partido del gobierno parece que se han esfumado. Por un lado, está la reciente devolución de la propuesta de consejera en el Consejo de Seguridad Nuclear de Rosario Velasco. Por otro, las relaciones cada vez menos disimuladas entre los partidos nacionalistas y el Partido Popular, en la consciencia de que debe acabar finalmente existiendo un entendimiento.

Así, las cosas, una de las alternativas más plausible es que se produzca el aplazamiento del proceso de renovación al completo, hasta septiembre, a la vista de si el deterioro del Ejecutivo se acentúa o no, una vez finalizada la negociación del techo presupuestario, resuelto el debate sobre el Estado de la Nación y finalizado el período de sesiones.

Parece que no está el horno para bollos y que la cosa va para largo.

El más llamativo, sin duda, el consabido proceso de renovación, por capítulos, del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE), dónde ya se produjo la primera hornada de nombramientos con la entrada de Idoia Zenarruzabeitia y Tomás Gómez San Román. La segunda fue la propuesta del Ministerio de Industria para que Alberto Lafuente, actual presidente de Correos y Telégrafos, ocupe el sillón presidencial del regulador. Y la tercera será completar la salida de los cinco consejeros que ya han vencido la vigencia de su cargo, incluyendo la presidenta.

Con esta situación, el Partido Socialista en el gobierno se encuentra con una fuerte presión interna para cubrir sus puestos, a la vista de las expectativas electorales y las necesidades de recolocación de los cuadros actuales.

Queda por conocer, por tanto, si el Partido Popular aceptará, después de no haber pactado la presidencia, dos puestos en el Consejo, en el bien entendido caso de que dicha presión por la entrada es menor, al saber que las oportunidades futuras de disposición de puestos para responsabilidades es mayor y aceptar un trágala en estas condiciones, podría impedir tener las manos atadas para ejercitar una solución quirúrgica, según las mayorías que puedan conseguirse. En el caso de un adelanto electoral, y de un proceso electoral, la designación de estos puestos y el proceso de encerramiento a la búlgara seguido por el ejecutivo, puede jugar más de una mala pasada. La teoría del Ejecutivo de dibujar una hoja de ruta, repartir los puestos y realizar una no-negociación de los elementos claves del organismo puede, además de dar más de un susto, acabar en que lo que surja del proceso, la nueva vieja CNE, nazca totalmente muerta y sin virtualidad de futuro, por este comportamiento cicatero.

Pero, hay más elementos que complican el trámite del Ejecutivo en esta renovación. El más claro es la situación de práctico abandono del PSOE tras las elecciones municipales y autonómicas a nivel de pactos y pérdida de puestos relevantes. Además, los devaneos entre los grupos nacionalistas y el Partido Popular, otrora impensables, empiezan a ser muy frecuentes. Todo ello, apunta a que la estabilidad parlamentaria y la geometría variable puede convertirse en un práctico infierno para el Ejecutivo, anticipándose más de una sorpresa.

Hay más, un proceso electoral con un eventual cambio de signo político tan claro en el Ejecutivo y en las instituciones del Estado, también influirá en los nombres que serán responsables de regir empresas como Red Eléctrica de España y Enagás y sus cuadros más relevantes. Algo irremediable pese a que llegan los momentos de ponerse de perfil y elaborar el pliego de descargo para elaborar algún tipo de oración del tipo «aparta de mi este cáliz». En el caso de Red Eléctrica de España, su vis política se ha acentuado notablemente durante esta última etapa de presidencia de Luis Atienza Serna, ex Ministro socialista, combinado con la dirección del operador de sistema, con otro hombre de aparato, Alberto Carbajo. Cercanos incluso, a la elaboración de los programas electorales y presentes en actos de partido En el caso, de Enagas, el nombre de Antoni Llardén, cercano al PSC y con un perfil mucho más discreto en términos de partido, podría derivar en un cambio en la presencia de los partidos catalanes en Madrid o directamente de la nueva Administración.

Llegan los nervios. Se adelantan.

Pongámonos que en una época de crisis económica dicha «sensibilidad», si cabe, de forma lógica, se agudiza. La utilización de los resortes sociales contra las eventuales subidas de algo es relativamente sencilla de disparar y de activar. Y esta situación es tanto o más frecuente cuando se trata de precios donde existe una decisión administrativa que los interviene, como en el caso de la tarifa eléctrica.

Pero, de hecho, no hace falta que dicha situación se haga en tiempos de crisis. En tiempos de auge económico, las subidas de la tarifa eléctrica se circunscribían al Índice de Precios al Consumo, con independencia de la evolución que se produjera en el interior de sus componentes, provinieran de los precios en el mercado de generación o de las tarifas de acceso (costes regulados por decisiones administrativas).

Por tanto, en su momento, se generó indebidamente y de forma anómala, la ficción del denominado déficit tarifario. Ficción, por otro lado, que supuso un endeudamiento del país y que, una vez explicado, pone los pelos como escarpias a quien conoce la naturaleza del mismo. En todo caso, este problema está en vías de solución y la última política tarifaria eléctrica tiene mayores visos de realismo que en el pasado.

Pero eso no quiere decir que no esté exenta de presiones y riesgos políticos cada vez que, trimestralmente, se aborda la actualización de las mismas. Sobre todo en la medida que existe un resabio histórico respecto al precio del kilowatio, de forma que es el último reducto de la intervención de precios y de los mecanismos ordenancistas antimercado, lo que siempre deriva en el sometimiento a la presión pública. Otros precios de estos suministros energéticos, como los carburantes, no están sujetos a estos «momentos de la verdad» y su actualización se aborda de una forma continuada y estable, y recogen la evolución de los mercados de crudo y refino, sin un aquelarre periódico.

En ese contexto, y como cada tres meses, comienzan a resonar los tambores relativos a la modificación de tarifa para el siguiente trimestre. Empieza la toma de posiciones. Cuestión que, en puridad, procede de la suma de sus partes, evolución del precio en el mercado de generación y tarifas de acceso (costes regulados). De lo que se fuera capaz de absorber permitiría además cumplir con las previsiones máximas de generación de nuevo déficit tarifario.

Sebastián ya ha hecho unas declaraciones, en primer momento maximalistas, negando la posibles subida de tarifas en este trimestre que, posteriormente, ha condicionado a la evolución de los precios en la subasta del próximo 21 de junio, en el caso de que fueran rematadamente mal. Razonable es esta cierta precaución, en la medida que es necesario ofrecer credibilidad sobre las decisiones relativas a los precios eléctricos y el déficit, en el bien entendido además de que estamos seguidos y vigilados desde la Comisión Europea y los mercados, compelidos a una mayor ortodoxia (dado que no es explicable que dicha ortodoxia no se garantice).

En todo caso, la evolución de las tarifas eléctricas que se establezca en la próxima revisión de tarifas no debería, en ningún caso, abortar el calendario para la reconducción del déficit tarifario, ni el calendario para la actualización de los precios de la electricidad a la realidad.

En este sentido, es previsible la oposición a la subida de las tarifas eléctricas en modo negacionista, desde distintas instancias y diferentes justificaciones, que van desde posiciones cortoplacistas que promueven la intervención de los precios y la redistribución intratecnologías, cuestionamientos al mercado, reclamaciones de quienes utilizan la energía como un «input» productivo y niegan su condición de precio con sus tipologías tarifarias, hasta los lógicas de las propias asociaciones de consumidores, intercaladas con cuestiones como la toma de las lecturas o el cambio de contadores, junto con el cálculo político y electoral. O todas a la vez, entremezcladas.

En todo caso, parece razonable, suban o bajen finalmente este próximo trimestre, transitar hacia métodos menos dramáticos y estables que vayan actualizando los precios de la electricidad, recogiendo sus componentes y las tensiones de los mercado.

Ahora, como hace tres meses, todo está preparado, otra vez para su repetición casi con idénticos poscionamientos. Todos en sus puestos. De nuevo.