Cataluña gravará usar combustible nuclear para «salvar» su impuesto medioambiental a las centrales

La directora general de Tributos de la Generalitat, Elsa Artadi, avanzó que el grupo parlamentario autonómico de CiU registrará este martes diversas enmiendas para corregir algunos aspectos de la ley que permitirá crear éste y otros dos impuestos medioambientales: el de emisiones de gases a la atmósfera y el que gravará las emisiones producidas por los aviones comerciales al despegar o aterrizar. De esta forma, la Generalitat pretende atender las consideraciones hechas por el Consejo de Garantías Estatutarias al impuesto catalán, en las que consideró que no se ajustaba a la Constitución porque ya existe un tributo estatal similar y ello supondría una «doble imposición».

Estos cambios deberían permitir que este proyecto de ley, que incluye estos tres impuestos acordados con ERC, se apruebe en octubre, en el primer pleno del mes en principio. Artadi aseguró que, con las enmiendas que se introducirán, el impuesto catalán a las nucleares afinará mejor su motivación medioambiental, ya que «el uso del combustible nuclear», cuya materia prima es el uranio, es lo que produce «un riesgo» medioambiental, añadió.

Esta dirigente explicó que el impuesto está justificado porque incentiva actitudes medioambientales, dado que «si las empresas hacen mejoras en innovación y usan menos combustible para producir energía, crean menos riesgo medioambiental para producir la misma energía». Así, en la práctica, en lugar de gravar los kilovatios/hora de energía eléctrica generados por las tres centrales nucleares catalanas, estas instalaciones tendrán que pagar una cantidad por tonelada de combustible nuclear consumido, con lo que la recaudación será «la misma», según Artadi.

Preguntada por si teme que el Gobierno central recurra el impuesto a las nucleares ante el Tribunal Constitucional, recordó que la fórmula legal para crear el impuesto catalán a la producción termonuclear de energía eléctrica era «idéntica» a la elegida por el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana (PP) para aplicarlo y que el Estado no la impugnó. «La ley catalana es ahora aún mejor, por lo que si todos fuéramos racionales el Estado no debería llevarla al Tribunal Constitucional», añadió.

En cuanto a los otros impuestos medioambientales, el que afectará a los aviones comerciales gravará las emisiones contaminantes de los aviones durante el aterrizaje, rodaje y despegue, afectará solo al aeropuerto de El Prat y la recaudación estimada es de unos 3,8 millones. Se trata de un impuesto pionero en España, pero Artadi recordó que ya existe en países como Francia, Alemania y Reino Unido.

En cuanto al tercero, el de emisión de gases, gravará las emisiones a la atmósfera de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y de partículas en suspensión y de carbono orgánico generadas en determinadas instalaciones industriales y de combustión, como refinerías de petróleo o fábricas de cemento, y debería aportar unos 2,1 millones. Los tres impuestos deberían aportar una recaudación conjunta de unos 49,1 millones, si bien empezarán a aportar recaudación a partir de 2015 aunque el impuesto a las nucleares entrará en vigor en teoría el 1 de noviembre.

Paros en las nucleares catalanas

Los trabajadores de las centrales nucleares catalanas de Ascó I y II y Vandellòs II, las tres en Tarragona, iniciaron hasta el jueves un nuevo periodo de paros con el fin de desbloquear el convenio colectivo. El paro se desarrolla sin incidentes, según los sindicatos, que han convocado varias jornadas de huelga para octubre, noviembre y diciembre. La mesa de negociación de convenio sigue sin reunirse para pactar un nuevo convenio colectivo, cuyo plazo finaliza el próximo 15 de noviembre.

Los trabajadores aprovecharán durante esta semana la presencia de varios expertos en el sector nuclear procedentes de 14 países en la central de Vandellòs II para mostrar insistentemente su malestar. Estos expertos internacionales forman parte de la misión Peer Review, dedicadas a comparar el funcionamiento de las plantas con las mejores prácticas internacionales a través de revisiones objetivas y en profundidad realizadas por profesionales independientes.

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