Castor es el único de los grandes almacenamientos de gas español con derecho a indemnización en caso de negligencia de la empresa

Este punto, recogido en el real decreto 855/2008 de concesión de explotación de Castor, difiere de lo establecido en los reales decretos correspondientes a Yela y Gaviota, y fue el motivo por el que el Gobierno impugnó la norma el 11 de mayo de 2012 ante el Tribunal Supremo. El recurso se presentó apenas cinco días antes de que concluyese el periodo de cuatro años para presentar una reclamación por lesividad.

En el artículo 14 del real decreto de Castor se dice que si hay una «caducidad o extinción» de las instalaciones a causa de «dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria», se pagará una compensación correspondiente al «valor residual» de estas instalaciones, «sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria».

Este reconocimiento de un valor residual, que se refiere al valor del activo en el momento en que deja de usarse, difiere de los reales decretos de Yela y Castor, en los que se dice expresamente que, en caso de «dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria», no hay indemnización posible.

Además, en el artículo 14 se alude expresamente a que Castor tiene garantizado por parte del Estado la «recuperación de la inversión» en caso de que se produzca su «caducidad o extinción». Esta expresión no figura en los artículos referidos a la extinción de instalaciones en los reales decretos de Yela y Gaviota, que son los 1061/2007 y 1804/2007, respectivamente.

El real decreto 855/2008 concede la explotación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor a la sociedad Escal UGS, participada en un 66% por ACS y en un 33% por la canadiense CLP.

Al igual que con el complejo alcarreño de Yela y el vasco de Gaviota, el acuerdo con la empresa presidida por Florentino Pérez y su socio canadiense recoge una indemnización por el «valor neto contable» en caso de caducidad o extinción, siempre que las instalaciones «continúen operativas». Este valor neto equivale al valor del activo, menos las amortizaciones acumuladas.

En los contratos de Castor y Gaviota, y no en el de Yela, se precisa que la extinción de la concesión se producirá «sin perjuicio de las sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan», y se deja claro que «las instalaciones revertirán en el Estado».

El artículo 14 con las condiciones de extinción de la concesión es precisamente el que fue impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Supremo, al considerar «abusivo» que en él se recoja una compensación para el cese de Castor incluso cuando se haya producido como consecuencia de dolo o negligencia de la empresa promotora.

La demanda presentada ante el Supremo por parte del Gobierno se realiza en contra de un real decreto aprobado por el propio Gobierno. Pese a la aparente contradicción, esta posibilidad aparece recogida en el Derecho español bajo la figura de la declaración de lesividad, en la que una entidad administrativa puede denunciar por dañino para los intereses públicos un acto previamente dictado por ella misma.

En el caso de Castor, la cláusula «abusiva» a juicio de Soria podría evitar una indemnización aún no cuantificada. El Gobierno encargó a una auditoria que determine el coste del almacenamiento, después de que se disparase desde los 500 millones de euros inicialmente previsto. En todo caso, el ministro cifró la semana pasada en 1.700 millones de euros la inversión acometida, gastos financieros incluidos.

Castor, Gaviota y Yela, con 1.300 millones, 1.546 millones y 1.050 millones de metros cúbicos de gas, respectivamente, son los tres únicos almacenamientos subterráneos españoles con capacidad superior a los 1.000 millones de metros cúbicos de gas.

Castellón registró este domingo un seísmo de baja intensidad

Por su parte, la costa norte de Castellón registró este domingo un único seísmo, de baja intensidad, en el entorno del almacén de gas subterráneo del Proyecto Castor, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento sísmico se produjo a las 7.05 horas y fue de magnitud 1,9 en la escala de Richter. En la tarde del sábado también se registró otro seísmo, en este caso de 1,8 en esta misma escala, a las 20.40 horas.

Asimismo, el IGN registró otros dos pequeños seísmos en la provincia, con epicentro en Villarreal y Betxí, de 1,6 y 1,5 en la escala de Richter, respectivamente, que se produjeron en torno a la pasada medianoche.

Escal defiende que Castor se ha hecho según las normativas «más exigentes»

El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, ha defendido que toda la construcción y la operación del almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón) se ha hecho de acuerdo con las «normativas más» exigentes, las que se siguen en la zona del Mar del Norte en países como Noruega.

En una jornada del Instituto de la Ingeniería de España, Recaredo del Potro ha reiterado que la vuelta al funcionamiento de Castor dependerá de lo que diga el Gobierno y ha evitado entrar en el tema de las indemnizaciones y del coste del proyecto.

El presidente de Escal UGS, que gestiona el almacén y está controlada en un 66% por el grupo constructor ACS, ha apuntado que la sismicidad en la zona ha coincidido temporalmente con la inyección de gas colchón «aunque con matices».

Del Potro ha defendido que la instalación está en «perfectas condiciones» y ha repasado las numerosas autorizaciones, cerca de medio centenar en el proceso de construcción, y la multitud de estudios y sondeos que ha llevado aparejado la infraestructura. «Pocos (proyectos) han seguido un esquema tan complejo de autorizaciones», ha asegurado.

Entre los estudios llevados a cabo por la empresa, Del Potro ha destacado uno elaborado en Francia que aseguraba que se podía elevar la presión hasta 49 bares sin riesgo, una magnitud que solo llegó a alcanzar los 8 bares.

«Se conoce con mucho detalle el medio geológico de la zona (…) Las fallas están perfectamente cartografiadas», ha señalado el directivo de la empresa.

La actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado frente a las costas de Vinarós (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su posible relación con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció la semana pasada que se había solicitado al Tribunal Supremo que retirara la obligación de indemnizar a la empresa en caso de que se decida el cierre definitivo de la planta.

Soria detalló que Escal UGS tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.

El proyecto Castor trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs, para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.