Tras asistir en Valladolid a la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, el consejero reivindicó del Ministerio y las compañías eléctricas que tomen las medidas correspondientes para que «se reanude la actividad en las cuencas mineras con carácter de urgencia « para que las empresas puedan facturar ya y afrontar la difícil situación por la que atraviesan, algunas de ellas en concurso de acreedores.

Sobre esta situación, Villanueva expresó que «es importante saber qué decisiones se van a tomar» por parte del Ministerio de Industria.

Así, Villanueva demandó a Soria que le de «información oficial» sobre qué medidas se van a tomar ante el hecho de que el Real Decreto Ley 134 suponga en 2014 el fin de la existencia de los incentivos a las eléctricas por la compra de carbón autóctono, a lo que el representante de la Junta de Castilla y León añadió la normativa europea que impone el cierre de las explotaciones deficitarias a partir de 2018 «y que obliga a las empresas a prepararse para ser rentables y competitivas para dejar de recibir ayudas públicas».

Relacionado con esta situación, Villanueva reconoció que otras normas como la directiva europea sobre emisiones condicionan el futuro del carbón, ya que las compañías eléctricas tienen que afrontar «fuertes inversiones» en sus instalaciones, especialmente en las centrales de combustión térmicas, por lo que estas decisiones empresariales están interrelacionadas.

Según el consejero de Castilla y León, estas inversiones «se harían y tendrían sentido si España va a seguir teniendo sector minero, bien de interior o a cielo abierto».

Villanueva expresó que confía en que el Ministerio «tenga ya preparada una evaluación de hacia dónde va este sector en los próximos años» con un cambio de estrategia que se anuncia para el presente ejercicio, y que se deriva de lo que consideró un «error de cálculo» del anterior Gobierno en sus previsiones energéticas.

Anulan el despido de 169 trabajadores de Coto Minero Cantábrico

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el despido colectivo de 169 trabajadores de la empresa Coto Minero Cantábrico, del grupo Victorino Alonso, en una sentencia en la que obliga a su readmisión inmediata y al abono de los salarios dejados de percibir.

Según informó la Federación de Industria de CCOO, el TSJA atendió así la demanda interpuesta por el sindicato contra el despido de este colectivo de trabajadores que realizaba sus labores en los centros de trabajo de Degaña y Tormaleo.

El sindicato señaló que, desde el inicio del conflicto, la Federación de Industria de CCOO de Asturias se posicionó en contra del expediente de extinción al considerarlo «precipitado» dado que ya se había tramitado un expediente temporal anterior para el conjunto de la plantilla.

Así, CCOO solicitó en sucesivas ocasiones la retirada del ERE de despido colectivo o, en su lugar, un aplazamiento hasta que se determinara el nuevo marco normativo del carbón que regula la actividad minera en materia de producciones, ayudas o ventas.

A su juicio, la empresa acudió a la negociación con el único argumento del «chantaje» y la «coacción» dado que su propuesta para la retirada del expediente de despido pasaba por la reducción en un 40% del salario y del resto de las condiciones laborales.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, constató, según el sindicato, que el despido era «una mera represalia» por la negativa de los trabajadores a aceptar una serie de términos «inasumibles» mientras que la representación empresarial mantuvo su postura «inamovible» desde el primer momento.

Según CCOO, nunca hubo causa justificada para el despido colectivo dado que al inicio del periodo de consultas ya estaba en vigor un expediente de suspensión temporal por las mismas causas y que la reducción de la producción de carbón subsidiado en 2012 fue del 13,51% y no del 35% que argumentaba la empresa.