Castilla y León no impondrá «ecotasa» si Industria aplica un suplemento territorial

Los nuevos planes barajados por el departamento de Miguel Sebastián, que podría aplicar un suplemento territorial a las Comunidades Autónomas en las que rigen desde hace años impuestos medioambientales sobre las eléctricas, como Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, constituye un «hecho nuevo» que encendió las alarmas en el grupo de trabajo que por mandato de las Cortes había sido constituido en Castilla y León para estudiar la posible imposición de este tipo de tasas a las compañías eléctricas y Red Eléctrica Española, a las que además se tiene previsto dar trámite de audiencia para que expongan sus respectivas alegaciones al primer borrador del anteproyecto de ley elaborado al efecto por la Junta de Castilla y León.

Así lo advirtió la presidenta de este grupo y consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que, al término de la última reunión de sus integrantes (participan representantes de los grupos parlamentarios de PP, PSCL y Mixto y de las consejerías de Hacienda, Economía y Empleo y Medio Ambiente) se mostró notablemente molesta tras conocer la posible implantación de ese suplemento territorial por parte de Industria y reconoció que esta nueva circunstancia podría dar al traste con el nuevo gravamen que se estudia implantar en la Comunidad sobre la actividad de las eléctricas.

«Estos impuestos existen desde hace muchos años en distintas comunidades, y ¡qué casualidad que cuando Castilla y León está planteando aplicarlos Industria piense ahora en poner ese suplemento territorial!», advirtió Del Olmo, que incidió en que de llevarse a término podría afectar a una de las principales premisas o «líneas rojas» establecidas por las Cortes castellanoleonesas, que establecía como condición que la nueva «ecotasa» no tuviera repercusión en el bolsillo de los ciudadanos de la Comunidad.

Ante ello, la consejera anunció su intención de solicitar una entrevista con Miguel Sebastián con el fin de conocer si verdaderamente aplicará ese suplemento territorial sobre las Comunidades Autónomas que cuentan con este tipo de «ecotasas» y, en caso afirmativo, la repercusión de tal medida.

Además, hace casi un mes se conoció un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se detallaba que la imposición de esta tasa no se podría repercutir en la factura de los consumidores por parte de las compañías eléctricas, que era una de las condiciones que se había fijado la Junta de Castilla y León.

El borrador del anteproyecto de ley elaborado al efecto por la Junta de Castilla y León, que fue dado a conocer a los integrantes del grupo, contempla aplicar dos impuestos distintos, uno que grava la actividad relativa a la producción hidroeléctrica generada por embalses y pantanos y otro que repercute sobre el transporte de energía eléctrica de alta tensión.

En ambos casos, como así precisó Del Olmo, se establece un módulo de daño medioambiental sobre las especies animales y la flora, si bien en el caso de embalses y pantanos se estipulan cantidades a pagar distintas en función de la altura de la infraestructura y cantidad de agua embalsada.

En cuanto al transporte de energía de alta tensión, el borrador del anteproyecto de ley sigue el «modelo asturiano», explicó la consejera, quien puntualizó que no se gravan los postes sino los tendidos eléctricos y que la cantidad aplicada es por cada kilómetro de red.

En el supuesto de que estos impuestos se aplicaran finalmente en Castilla y León, lo recaudado por la Administración regional podría oscilar entre los 10 y los 40 millones de euros anuales, en función de si se aplica un tipo mínimo o máximo, respectivamente, si bien Del Olmo auguró que la cantidad más real podría situarse en un nivel medio entre ambas cifras.

En cualquier caso, el impuesto no sólo tendrá en cuenta potencia instalada y energía eléctrica producida sino también otros usos para que dicho canon no resulte excesivamente gravoso, ya que «hay embalses en los que una gran parte de su producción no es eléctrica sino que se destina a regadíos y abastecimiento de poblaciones. Hay que matizar por tanto las cantidades y, posiblemente, la recaudación nunca llegará a esos 40 millones sino a un nivel medio».

En lo que sí coincidieron los integrantes del grupo, tanto Del Olmo como los portavoces de los Grupos Parlamentarios del PP y PSCL, Carlos Fernández-Carriedo y Ana Redondo, respectivamente, es que la decisión de aplicar dichos impuestos medioambientales a las eléctricas no se adoptará esta legislatura, ya que el próximo día 28 se disuelven las Cortes, sino que será uno de los cometidos del próximo gobierno autonómico salido de las elecciones.