Castilla y León afirma que Garoña está abocada al cierre en 2013

En declaraciones a los periodistas en el Salón del Vehículo Eléctrico y Combustible Alternativos, el consejero de Economía y Empleo ha criticado que Nuclenor, la empresa propietaria de la central de Garoña, no haya recurrido ante el Ministerio de Industria para ampliar el plazo de solicitud de la prorroga de la vida útil de la planta hasta 2019.

Tomás Villanueva ha considerado «incomprensible» e «inexplicable» la postura de la empresa de no recurrir ante el Ministerio de Industria debido a que, según él, la central nuclear burgalesa está «en unas condiciones inmejorables para seguir».

Por ello, el consejero de Economía y Empleo ha insistido en que «alguna solución tendrá que dar el Gobierno», tras lo que ha argumentado que «España no puede permitirse el lujo de abandonar una tecnología segura» y ha advertido que «a quien le corresponde dictaminar su estado y sus posibilidades de futuro es el Consejo de Seguridad Nuclear».

Junta CyL evaluó en 224 millones anuales las pérdidas por el cierre de Garoña

La Junta de Castilla y León calculó en 224 millones anuales las pérdidas por el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), según el informe de alegaciones al Plan Garoña que el ejecutivo regional remitió al Ejecutivo central en 2009.

En el documento, se calculan unas pérdidas directas de 166 millones al año y 58 millones más de pérdidas indirectas.

También se recoge que se perderían 343 empleos directos y más de mil indirectos, incluidos negocios de la zona que no guardan relación directa con la central pero ofrecen bienes o servicios que dependen de su actividad.

La Junta de Castilla y León anunciaba en el escrito que no formaría parte de la comisión de gestión del Plan Garoña para la generación de alternativas económicas y de empleo al margen de la central nuclear, ni aportaría fondos al plan.

Sin embargo, la Junta reclamó beneficios fiscales para el área norte de Burgos, planteó todo un listado de actuaciones que consideraba necesarias y que solicitó al Gobierno, entonces dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre ellas figuraban varias infraestructuras, sobre todo carreteras, de titularidad autonómica y el rescate o la subvención del peaje de la AP-1.

También pidió una inversión de 11 millones de euros para mejora de patrimonio dependiente del Gobierno regional, como un centro teatral y cultural en Medina de Pomar o la restauración de las iglesias de Encio o Santa Gadea del Cid.

Incluso planteó la restauración de un edificio en Valpuesta para poner en marcha un centro de la lengua castellana.