Castilla-La Mancha espera que Industria despeje las dudas sobre el ATC «cuanto antes»

Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, y a preguntas de los medios sobre la Providencia que la Audiencia Nacional ha remitido a Greenpeace en la que se afirma que los informes técnicos y de seguridad del cementerio nuclear (ATC) y de su centro de experimentación nuclear asociado no existen.

De este modo, ha dicho que estuvo hablando con el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, quien le ha contado en qué situación se encontraba el procedimiento. A juicio de la ONG, la Audiencia Nacional ha reafirmado la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria y ha demostrado la nulidad de pleno derecho de todo el proceso.

Con todo esto, Rodríguez ha asegurado que «es coherente» la actuación que está llevando a cabo la organización ecologista, «ya que desde el principio han reclamado estos informes». Del mismo modo, ha recordado que el departamento ministerial insiste en que esos informes no se pueden realizar sin antes decidir una ubicación definitiva para la instalación.

Rodríguez ha asegurado que «lo que tenemos claro en Castilla-La Mancha es que falta consenso político y social y que tenemos un planteamiento económico en la región que no pasa por almacenar residuos nucleares sino por las energías alternativas, por la generación de empleo a través de estas industrias que sirven a las energías limpias, que pasa por ordenar sectores estratégicos que tienen que ver con nuestra naturaleza, nuestra agricultura, nuestra ganadería, el turismo, en definitiva, la generación de empleo verde en el que estamos a la cabeza en los últimos años».

«En nuestro territorio no cabe el ATC«, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que al Gobierno regional tampoco le gusta que el ATC esté cerca de Castilla-La Mancha y ha afirmado que «no se está resolviendo adecuadamente la tramitación» de donde se ubicará la infraestructura, porque se han dado «pasos adelante y pasos hacia atrás».

«Hay mucha gente que está esperando esta decisión, desde los ecologistas que han acudido a la Audiencia Nacional, hasta las personas que viven en ese municipio o los responsables municipales y autonómicos afectados», ha argumentado Rodríguez, quien ha concluido confiando en que el proceso se haya hecho con todas las garantías.