Caso YPF (II): los errores de Cristina Fernández de Kirchner

Mientras se hacía patente el interés de Repsol en otros países del continente, la progresiva caída de la producción de gas y de petróleo en Argentina provocó un aumento de las importaciones de dichas fuentes de energía. Para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el culpable de esta situación respondía a las siglas de YPF, a la que acusaba de falta de inversiones suficientes para descubrir y explotar nuevos yacimientos que permitieran aumentar la extracción de crudo y gas.

De hecho, a comienzos de 2012, Argentina exigió a YPF suspender el pago de dividendos y reinvertir esos fondos para frenar la caída de la producción. La negativa de YPF a estas exigencias elevó a conflicto la pugna entre Repsol y Kirchner. Además, la presidenta argentina había perdido con sus pretensiones a un aliado: Eskenazi necesitaba los disputados dividendos para continuar pagando la deuda adquirida al comprar el 25% de YPF.

Intervenir en las decisiones empresariales de YPF no fue el único intento de Kirchner. Para presionar a Repsol-YPF, el Gobierno argentino inició una investigación antimonopolio por abuso de posición dominante en el mercado de combustibles. Además, tres provincias petroleras le retiraron concesiones en ciertas áreas de explotación por no cumplir con las pautas establecidas de inversión. Pero la decisión crucial ya estaba tomada y el 16 de abril de 2012 Cristina Fernández de Kirchner presenta el proyecto de ley « De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina » para la expropiación de YPF: el 51% de la compañía pasaba a ser propiedad de Argentina.

Axel Kicillof: el dedo acusador de la presidenta

El encargado de defender este proyecto de ley ante el Senado argentino fue el joven y locuaz Axel Kicillof, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, un cargo secundario que no hace honor al protagonismo emergente del que en Argentina conocen como «viceministro de Economía». Máximo exponente de La Cámpora, facción del peronismo que se ha hecho con el timón de la política económica de Argentina, este Doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires fue subgerente general de Aerolíneas Argentinas, escena en la que se reveló como un férreo defensor de la nacionalización de la empresa y la permanencia del Estado en su dirección después de la salida de la española Marsans.

Desde la tribuna de oradores del Senado argentino, Kicillof defendió con vehemencia la expropiación argumentando que YPF, en lugar de una empresa privada, debía ser un instrumento más al servicio del desarrollo y las necesidades del Estado. Tampoco dudó en señalar a Repsol como algo diferente a una petrolera: «es un negocio financiero de ganancias fáciles para llevárselas al exterior» y la acusó de exprimir «hasta la última gota» los beneficios de la YPF, adquirida en 1999. Para concluir, Kicillof menospreció a los que advertían a Argentina de que se vería marginada en los mercados internacionales por su falta de seguridad jurídica acusándoles de «agitar fantasmas».

Así se expresaba el auténtico cerebro de la expropiación a YPF. Para sus detractores, un economista marxista que reniega del mercado y algo fanfarrón. Para sus defensores, un brillante defensor de lo público. Lo que a nadie se le escapa es que la confiscación de YPF se realizó a través de un trámite acelerado, que violó todos los pasos de la ley argentina de expropiaciones y que incumplió de forma flagrante el tratado bilateral de inversiones con el Estado español: un acto de manifiesta hostilidad en el ámbito de las finanzas internacionales.

YPF, año cero

Al frente de la YPF nacionalizada se colocó a Miguel Galuccio, un ingeniero que había abandonado la antigua YPF a los pocos meses de ser adquirida por Repsol. Un año después, las cifras ponen en duda su gestión, pero aún más en duda la propia expropiación: el beneficio neto de YPF ha caído a los 3.902 millones de pesos, 770 millones de dólares, un 12,2% menos que en 2011, cuando la compañía estaba gestionada por Repsol.

Entre tanto, la producción argentina de gas y de crudo sigue cayendo. En 2012, la producción de gas descendió otro 3,1%, y la de petróleo, un 4,3%. Resultados parecidos para la YPF nacionalizada: su producción de gas cayó un 2,6%. Y, aunque la de petróleo subió un 2,2% interanual, hay que señalar que a partir de agosto empezó a bajar, una tendencia negativa que se mantiene este año. Datos que alejan más a Kirchner y a Kicillof del ansiado autoabastecimiento energético: las importaciones de energía crecieron un 57% interanual durante el primer trimestre de 2013. Y ahora los mandatarios argentinos ya no pueden utilizar a Repsol como chivo expiatorio.

Mientras tanto las malas noticias se acumulan en la mesa de Miguel Galuccio. El pasado agosto presentó un plan quinquenal que requiere una inversión total de 37.200 millones de dólares: 7.440 millones por año. El plan consistía en que YPF aportaría anualmente 5.200 millones de sus propios beneficios; además, se endeudaría por otros 1.300 y los socios privados aportarían el resto. El fracaso está siendo mayúsculo: el beneficio (770 millones de dólares) se ha quedado a una distancia sideral de lo previsto. El principal comprador de bonos de deuda de YPF es la Anses, el equivalente al Instituto Nacional de la Seguridad Social en España, que ya ha comprado bonos por valor de más de 600 millones de dólares. Una institución del Estado argentino al rescate de Galuccio y de Kicillof.

YPF no encuentra socios internacionales. La realidad es que Argentina se ha quedado con la principal empresa del país sin pagar nada. La falta de acuerdo y de diálogo con Repsol ha llevado a la petrolera española a presentar una demanda ante el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Una complicación más para un Gobierno que ha despreciado al mercado y a la seguridad jurídica y que ahora se muestra incapaz de encontrar la inversión necesaria para sus planes. A la espera de la indemnización que se determine, Repsol ya ha advertido a otras petroleras de los derechos que tiene sobre yacimientos como el de Vaca Muerta, otra de las razones que empujaron a la expropiación de YPF y que protagonizará la entrega final de este Caso YPF, puesto que acaba de conocerse que el Gobierno argentino ha firmado con la estadounidense Chevron un acuerdo para explotar el yacimiento.