Carlos Solchaga cree que el déficit de tarifa es «tercermundista» y que es «una broma difícil de soportar»

Al comienzo de su alocución sobre política energética, durante la reunión anual de la Asociación Española del Gas (Sedigas), Solchaga aseguró que «la energía es un tema demasiado importante estratégicamente para dejarlo en manos de los economistas o de los mercados», parafraseando la mítica consigna del político francés George Clemenceau sobre que «la guerra es un asunto demasiado grave para confiárselo a los militares«.

El actual socio-director de Solchaga Recio & Asociados, afirmó que «el deseo razonable de tener una cierta autonomía y la necesidad de tener una sostenibilidad a largo plazo, justifica que exista intervencionismo estatal en la política energética en todas sus ramas, desde la generación de energía al consumo de la misma».

No obstante, dio las pautas que, a su juicio, debería seguir el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir una política energética «inteligente, razonable y comprensible». En primer lugar, se debería lograr una política de precios adecuados, que reflejen «exclusivamente» los costes de producción de un bien. En segundo lugar, para determinar el mercado de los precios y la formación de los costes, «se debería crear un sistema de subvenciones e impuestos para evitar los excesos de una u otra tecnología» y que formara parte de los Presupuestos Generales del Estado. Según Solchaga, ambas deberían ser «transparentes» para que no se den duplicidades y existan «transferencias cruzadas». En tercer, y último lugar, al tratarse de un mercado intervenido y estratégico que requiere inversiones a largo plazo, «necesitamos un sistema normativo, regulador estable, predecible y confiable».

Sin embargo, para Solchaga «difícilmente se ha visto en España, peor política energética que la que se ha hecho en los últimos diez años, en los que hemos asistido a una orgía de subvenciones que oscurecen totalmente el coste de la producción de la energía», al tiempo que «se ha inducido a los inversores al exceso» sin prever «la gigantesca disminución de la demanda derivada de la crisis económica mundial que estamos viviendo».

Como ejemplos, el exministro de Industria y de Economía puso la normativa que facilita el uso del carbón nacional en la producción de energía eléctrica, «que nos ha costado 393 millones de euros el año pasado», la decisión de cerrar la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), «por satisfacer los prejuicios de algunos», o las subvenciones a las energías renovables «a unos niveles financieramente insostenibles» y que, en conjunto, originaron el «gigantesco déficit tarifario que ya es un problema nacional e internacional».

Según Solchaga, ese déficit de tarifa nace de la combinación de varios factores, como «no reconocer el coste en los precios, poner como parte del coste una serie de remuneraciones que no tienen ningún tipo de justificación como parte del precio de la energía o que si la tienen debería estar claramente fuera para ser pagadas por quien correspondiera y no por quien son pagadas ahora, y la negativa del Gobierno a cumplir aquello que tenía obligado por ley, que es subir las tarifas en la medida necesaria en la que subieran los costes«.

Por este motivo, instó al Gobierno a reorientar la política energética, ya que «no puede seguir manteniendo el mecanismo fatal de subvenciones como consecuencia del déficit de tarifa».

Para el exministro socialista, el Ejecutivo español «ya no tiene credibilidad, ni margen de maniobra mientras el déficit de tarifa continúe» y está «obligado» a resolver este problema, para lo que tendrá que ir pensando «qué hace y cómo lo hace para decidir la política energética se debe implantar» en el futuro.

Sin ningún tipo de tapujo, Solchaga afirmó que «el déficit de tarifa, se mire por donde se mire, es tercermundista» y añadió que «España no puede permitirse, estando en Europa, seguir jugando a esta cosa de tener déficit de tarifa», puesto que «empieza a ser una broma difícil de soportar».

El que fuera ministro con Felipe González, comparó esta situación con la que se vive desde hace diez años en la República Argentina, «donde no se ha reconocido el coste auténtico de la energía y se ha mantenido mediante subvenciones cruzadas que hay que pagar a largo plazo, puesto que hay insuficientes inversiones del desarrollo del proceso de generación, de transporte, de distribución de la energía». Por este motivo, según dijo, llega un momento determinado en el que se opta por soluciones polémicas, echando las culpas a la empresa privada, en clara alusión a la nacionalización del 51% de las acciones de Repsol en YPF.

Como camino para solucionar este problema, sugirió «realizar esfuerzos y pactos» y tomar decisiones que «no son imposibles», porque «nos estamos acercando a una situación de emergencia» por culpa del anterior Gobierno socialista, así como del Gobierno actual y del Banco de España, «que no creyeron posible llegar a la situación actual».

Solchaga, que alabó la «orientación clara» del Ejecutivo de Rajoy y su disposición para hacer sacrificios, criticó que están cometiendo «graves errores de confianza», por lo que recomendó «cambiar el chip y dejar de pensar por inercia», puesto que «podemos perder la confianza que estamos pidiendo a los mercados cada día», en este proceso lento de toma de decisiones para resolver el «grave» problema del sector energético.

Sector del gas

En cuanto al «raro» déficit de tarifa aparecido en el sector del gas, el exministro manifestó su sorpresa ante el que «se suponía que era un producto con mercados internacionales extremadamente flexibles, transparentes, donde si tenías algún tipo de error se podía resolver porque se trataba de pequeñas desviaciones».

Sin embargo, «la aparición de este déficit está, una vez más, en una política que ha ido dado señales equivocadas», como el protagonismo que iban a tener las centrales de ciclo combinado en el mix de producción de energía, el deseo de aumentar la red de transporte y de distribución o la creación de un conjunto de suministros de gas (almacenamientos, regasificadoras, tubos) que nos garantizaran, «más que a ningún otro país», el suministro adecuado.

Todo ello ha aumentado «considerablemente» los costes de capital de la producción de gas, por lo que sugirió que tanto el sector como la administración lleguen a un acuerdo, puesto que «ninguno puede permitirse la creación de un nuevo problema».