Carbunión defiende el carbón nacional en Luxemburgo frente al recurso de GDF Suez contra el decreto del Gobierno Zapatero

El procedimiento tiene su origen en la impugnación por parte de Castelnou de la decisión de la Comisión Europea del año 2010, en la que se basa el real decreto de ese mismo año, que autoriza un régimen de ayudas para la producción de electricidad a partir de carbón autóctono. En total 10 centrales eléctricas afectadas en toda España están obligadas, en el marco de la normativa mencionada, a abastecerse de carbón nacional. Junto a esto, se reguló su entrada en funcionamiento de forma preferente frente a otras centrales de gas, fuel u otro combustible.

El mecanismo establece una compensación económica a las centrales afectadas por estas medidas, que se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014. Se trata de ayudas que la Comisión Europea declaró compatibles con el mercado interior. En enero de 2011 Castelnou Energía interpuso un recurso que dio inicio a este procedimiento y, tres meses más tarde, Carbunión y el resto de coadyuvantes solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión Europea y del Gobierno de España.

La demandante es propietaria de una central de ciclo combinado en la provincia de Teruel que utiliza gas como combustible, y alega que el mecanismo descrito tiene una incidencia negativa sobre sus actividades. Castelnou es apoyada por un único coadyuvante, Greenpeace, cuyos argumentos presentados «se centran en cuestiones relacionadas con las emisiones de CO2». A este respecto Carbunión recuerda que la medida no provoca un aumento de las emisiones de CO2 sobre lo pactado, ya que «se trata de consumir el carbón previsto en el plan firmado por el Gobierno, el cual contemplaba en su cómputo de emisiones el consumo de un tonelaje de carbón incluso superior al finalmente realizado».

El Estado y de la misma forma Carbunión argumentan a su vez que las centrales de ciclo combinado no se han visto alteradas por el mecanismo de apoyo al carbón nacional puesto en marcha en 2010, sino por el incremento de los precios de gas que provoca que muchos de los ciclos combinados se queden fuera del mercado al ser estos grupos térmicos más caros que las centrales de carbón.

Por otra parte, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en julio de 2013 por un recurso también de la empresa Castelnou contra el real decreto de 2010, en la que se señalaba que «la protección de los intereses generales obliga a los poderes públicos, en defensa de los mismos, a ir adaptando la regulación a la cambiante realidad económica». El Gobierno trabaja en un mecanismo que establezca un mínimo de consumo de carbón nacional en la producción eléctrica, tal como recogía el Plan del Carbón firmado por Gobierno, sindicatos y patronal hace un año con el objetivo de garantizar la disponibilidad del único combustible fósil autóctono con que cuenta España.