Canonjías y sinecuras por turnos

Así, el Gobierno mantiene, con el plácet tácito de la SEPI, la capacidad de otorgar puestos, sinecuras y canonjías de muy diversa índole, justificación y condición. Y, de esta forma establece una fórmula más o menos genuina de adscripción y atracción del favor político, en pos de sus nombramientos y designación de sus respectivas cúpulas directivas.

Una primera cuestión de partida tiene que ver con los personajes que habitualmente optan a estas posiciones. Así, podemos ver cómo al frente de estas empresas aparecen sujetos provenientes de la puerta giratoria de la política, bien por relaciones, vinculaciones familiares, de facción de partido o pago de servicios prestados. Otra alternativa son aquellos que provienen de tertulias y cócteles del mundo económico, sin experiencia directiva, gestora y técnica, una especie propicia para ocupar estos puestos. Eso sí, siempre afines a la política de partido y cercanos al reparto de puestos, principal baluarte concreto en muchos curricula.

Además, el riesgo en su designación es relativamente bajo, porque en estas empresas existen unas estructuras técnicas que perduran, muy solventes y sólidas, que sólo pueden ser violentadas si uno de los nominados es un temerario o se le sube el cargo a la cabeza y se lo cree. Por eso, se puede apreciar una continuidad en las líneas de actuación de estas empresas, incluso de sus desviaciones y resabios, más allá de la volubilidad de los nombramientos.

La colección de noticias relativas a ejemplos recientes de estas cúpulas forma un “frame” por acumulación. En el nombramiento, retribución y blindaje de Marcelino Oreja Arburúa en Enagás con un sueldo anual de 355.000 euros y 710.000 euros de indemnización por finiquito (blindaje), los más bienintencionados perciben una maniobra de permanencia de Antonio Llardén al frente de la compañía, renuente a la máxima de que la política pone y la política quita, y así ganarse al Partido Popular (aunque también se ha grangeado sus detractores). Llardén tiene un blindaje de 5 millones de euros y, además, mantiene una estrecha relación con el propio Mariano Rajoy. Lo que sí es evidente, es que en el sector gasista hay un silencio atronador en torno al papel de Oreja Arburúa en la duplicada estructura directiva de Enagás.

Sigamos. La salida de Luis Atienza, de Alberto Carbajo y de Esther Rituerto de Red Eléctrica en el momento en que se produjo el relevo de la cúpula directiva de esta empresa, tras el nombramiento de José Folgado, exsecretario General de Energía y exalcalde de Tres Cantos, tampoco ha sido menos oneroso para la factura eléctrica de los españoles. Casi cinco millones de euros en total, procedentes de la retribución regulada, nos ha costado la broma.

Y, ahora, al frente del operador de transporte y de sistema eléctrico se plantea el nombramiento del expresidente del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, creando también una figura bicéfala en REE junto con Folgado. Noticia que se justifica de forma oportunista y consecutiva, supuestamente, como respuesta a la presión de los Fondos de Inversión que participan en el accionariado de REE. Por cierto, ¿qué han hecho, dicho o manifestado los fondos de inversión para que les utilicen de coartada para el nombramiento de Juan Iranzo? (Un inciso: las águilas de la comunicación política próximas a estos nombramientos tratan de dar cobertura a estas situaciones con justificaciones argumentales traídas por los pelos, a partir de lecturas rápidas de los medios financieros o en la Harvard Business Review. Repásese la hemeroteca. De la presión de los “fondos de inversión” en el caso Iranzo o la justificación del nombramiento de Oreja para crear una estructura ejecutiva y de gobierno “sajona” para Enagás, el ataque a la inteligencia es mayúsculo.)

Amparados en esa forma dual, de manera oportunista, efectúan, cuando conviene, comparaciones con lo empresarial en los aspectos retributivos, económicos, de capacidad de acción y decisión. A su vez, su legitimidad proviene de ser nombrados por la política y los gobiernos sucesivos. Se comparan con los primeros directivos de empresas privadas, que operan con riesgo, mercados competitivos, precios y cambios de regulación que incluso insinúan desde estos operadores de transporte y sistema, y a la vez, para conseguir sus objetivos, buscan apoyos políticos pescando respaldo en las familias de los partidos con sus nombramientos. Así, provienen de una sufrida carrera de partido y de cercanía los decisores políticos públicos, pero demandan salarios, retribuciones, autonomía y cuadros directivos semejantes a Microsoft (pero sin riesgo empresarial).

Como puede verse, en este caso, no es nada personal, ni tampoco nada partidista. Lo curioso es que este tipo de comportamientos no suscitan escándalo o vivaces polémicas. Se perciben ya como algo normal y propio de nuestra política y economía. Ni siquiera esta cuestión se conoce o se plantea en los debates sesudos que han abierto los periódicos sobre la corrupción y las reformas institucionales. Y, otros elementos que lo producen son la falta de perspectiva y la ausencia de toma de conciencia de lo que significa. Subyace, en el fondo, algo mucho más grave: una ausencia cínica de modelo de mercado, de suministro, de instituciones y de empresas que se sustenta en una concepción de democracia por turnos, según la cual “hay para todos” y tenemos derecho por haber ganado las elecciones.

Cualquiera que se acerque a la sociedad española se dará cuenta del ajuste intenso e importante producido en empresas y familias. Mientras, nuestros operadores de transporte y sistema, desabrochados de la realidad social, públicos por el día y privados por la noche, han duplicado las figuras de sus cúpulas directivas con cargo a las tarifas de acceso, de forma poco ejemplarizante.

Pero, hay un hecho más evidente e inquietante, en esto: el primero que deseó la presidencia de REE, una envidiable posición, fue el actual presidente el Consejo de Seguridad Nuclear y recordado como exsecretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausaen. ¿Es indicativo, no?