Canarias suspende la consulta sobre las prospecciones antes de que el Constitucional le obligue al haber sido recurrida por el Gobierno

A pesar de esta suspensión momentánea, el Ejecutivo canario expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional avale la consulta al entender que «es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española». En este sentido, recuerda que el recurso anunciado por el Gobierno de España supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no significa que pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses.

El presidente autonómico Paulino Rivero ya había dicho que, aunque no aceptaba que por razones de tipo político se impida hablar a los canarios, seremos respetuosos con el ordenamiento jurídico. El Gobierno canario subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía «son plenamente constitucionales». Entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en su Ley de Participación Ciudadana, «plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España».

Para el Ejecutivo regional, la consulta prevista para el 23 de noviembre «tampoco supone un referéndum encubierto» porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo ni se gestiona por la administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencia, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.

En relación a la pregunta «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?», tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, agrega. Por el contrario, pregunta por el modelo ambiental y turístico de archipiélago, competencias de la comunidad autónoma de Canarias.

El Gobierno de Paulino Rivero considera que Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es «una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios«. Por ello, el Ejecutivo autonómico destaca que seguirá defendiendo el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto que puede comprometer su actual modelo medioambiental y turístico.

«La decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada», subrayan desde Canarias a la par que señalan que seguirán respaldando cuantas iniciativas se presenten en los ámbitos de decisión política, especialmente ante los órganos de la Unión Europea, en contra de las prospecciones.

El Consejo de Ministros decidió

Horas antes al anuncio canario, el Consejo de Ministros acordó recurrir al Tribunal Constitucional dos decretos del Gobierno autonómico de Canarias, según anunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que ambas propuestas de impugnación tienen lugar tras haber recibido el Ejecutivo el dictamen favorable del Consejo de Estado. En concreto, la impugnación se plantea con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren una vez que ha sido admitido por el Tribunal Constitucional, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria y de cualquier actuación vinculada a la consulta.

De esta forma, el Ejecutivo recurre ante el órgano constitucional los dos decretos sobre la consulta canaria elaborados por el Gobierno de Paulino Rivero. Estos son el decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el decreto 107/2014, de 2 de octubre, del presidente canario, por el que se convoca consulta ciudadana para el 23 de noviembre mediante la pregunta directa: «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?».

Sáenz de Santamaría explicó que el Consejo de Ministros autorizó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que solicite la impugnación de estas actuaciones, si bien es a la Abogacía del Estado a la que le corresponde su registro ante el Constitucional. Así, la vicepresidenta dijo no poder fijar la fecha concreta del recurso, si bien «la petición de impugnación ya está firmada», y llamó a hacer una «reflexión» sobre las competencias en la materia.

En este sentido, insistió en que estas prospecciones son competencia estatales y subrayó que se trata de un referéndum «que tiene que autorizar el Estado y sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado». Sobre esas competencias «no hay capacidad de negociación», apostilló la vicepresidenta del Gobierno, quien apuntó no obstante que la comunidad canaria «tiene sus competencias, nosotros respetamos su autonomía, y en el marco de sus competencias puede tomar las decisiones que estime oportunas».

Por su parte, desde Repsol rehusaron referirse a la decisión del Consejo de Ministros y se limitaron a recordar que la petrolera cuenta con todos los permisos del órgano competente, el Ministerio de Industria, según fuentes de la compañía. Además, estas fuentes recordaron que hay varios autos del Tribunal Supremo favorables al proyecto, por lo que el proceso para iniciar los sondeos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote «sigue adelante», y la idea es iniciar las operaciones de prospección petrolífera a finales de noviembre, ya que por el momento el barco que las ejecutará continúa todavía en Angola.

«Se impide hablar a Canarias»

Con anterioridad al anuncio de suspensión, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, subrayó que «no acepta» que por razones políticas se impida hablar a los ciudadanos para decidir si quieren o no que haya prospecciones en aguas cercanas al archipiélago. «El Gobierno de Canarias no acepta que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen; esperamos que el pueblo y la sociedad canaria se vaya sensibilizando aún más para impedir que se ponga el riesgo el futuro de las islas «para beneficiar a una empresa privada. Lo verdaderamente importante es que no queremos que se ponga en riesgo el futuro de Canarias», apostilló Rivero.

Rivero subrayó que el Gobierno regional «está convencido de que se ha hecho un planteamiento desde el cumplimiento estricto a la legalidad vigente». En este sentido, incidió en que son «razones del tipo político, no jurídicas, las que están intentando frenar» la consulta propuesta por el Ejecutivo canario. Además, puntualizó que el Consejo de Estado, que otorgó su visto bueno a la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, está compuesto por «representantes nombrados a dedo por el Gobierno de España».

Rivero también recordó que en febrero de este año su Gobierno solicitó al Ejecutivo central un referéndum, petición de la que «a día de hoy no se ha recibido ninguna respuesta«. Por ello, matizó, atendiendo a la Ley de Participación Ciudadana del archipiélago se buscó una «vía legal» con una pregunta «centrada en las competencias de Canarias». Por ello, añadió, que si aunque «jugando dentro del ordenamiento jurídico, el Gobierno de Rajoy continúa queriendo silenciar la voz de los canarios, que los canarios nos metamos en la jaula y no cantemos«, habrá que «seguir peleando».

«En el terreno de lo político, social y jurídico vamos a defender con uñas y dientes que en Canarias no se lleven a cabo las prospecciones, y en eso estamos», insistió. Para Rivero «lo razonable» es que se le «de la voz al pueblo» desde el Gobierno central. De todos modos, Rivero también incidió en que «ya va siendo hora de que los canarios espabilen» en lo que se refiere a darse cuenta de que las imposiciones «desde fuera» cuando se «sacrifica el interés general» del archipiélago para «ponerlo en manos privadas, no es tolerable».

En cuanto a la consulta anunciada por los colectivos ecologistas y sociales de las islas en caso de que se anule la promovida por el Ejecutivo, Rivero afirmó que cuenta con «la simpatía del Gobierno de Canarias«. Finalmente, afirmó que el Gobierno de Canarias está recurriendo los diferentes pronunciamientos al respecto, con diversos frentes abiertos tanto en el Tribunal Constitucional como en la Audiencia Nacional.