Canarias exige a Industria que se suspenda el plazo de información pública sobre las prospecciones

El Ejecutivo consideró que la documentación es «muy deficiente» e impide «realizar alegaciones que puedan conducir a una evaluación ambiental mínimamente real y coherente del proyecto».

Ante esa circunstancia, exigió al Ministerio la suspensión del plazo de información pública y consultas a las Administraciones afectadas hasta que se subsanen las irregularidades detectadas en el expediente tramitado por el Estado, «pues ello impide que ciudadanos y Administraciones puedan realizar alegaciones al informe ambiental realizado por Repsol».

Según informó el comisionado del Gobierno para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, el escrito del Gobierno –que hace referencia al proyecto 20130011 sondeos exploratorios Sandía-1, Chirimoya1, Zanahoria 1, Plátano 0, Cebolla 1 y Naranja1– recuerda que la normativa vigente «indica la necesidad de someter el estudio de impacto dentro del procedimiento aplicable para la autorización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública».

En este sentido, el Ejecutivo señaló que la documentación remitida carece de proyecto técnico, lo que a su juicio no permite determinar si todas las acciones del proyecto que pueden producir impactos están identificadas ni sobre qué factores ambientales podrían producir impactos, ni qué impactos de los que se podrían producir se pueden valorar como significativos.

Por lo tanto, «no se podría tener certeza de haber adoptado todas las medidas necesarias para eliminar o corregir dichos impactos».

De la misma manera, el Gobierno canario denunció que el estudio no refleja la titulación ni el DNI de los firmantes, tal y como exige la ley, ni constan diversos informes que se afirman remitir.

En concreto, entre la información que no aparece o aquella que únicamente está en situación de avance se encuentran los anexos 1, 2, 5, 6 y 11; el Plan de Respuesta para Episodios de Descontrol del Pozo; los vídeos de explotación del fondo marino de los sondeos Plátano 0, Cebolla 1 y Naranja 1 o el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental –que es un documento preliminar–.

El estudio, según Ríos, también cita y no adjunta los siguientes informes: Informe de apoyo técnico en consultas previas sobre el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto «sondeos exploratorios marinos en Canarias, de 2013 de CEDEX»; el estudio de impacto ambiental de la campaña sísmica en una zona de aguas adentro frente a la costa de Canarias, de 2002; el documento de análisis ambiental para los sondeos de Canarias, de 2004; modelización de vertidos y ripios y eventuales derrames de hidrocarburo en alta mar al este de Canarias, de 2004, o el informe técnico sobre caracterización general del entorno de actuación de Repsol en aguas canarias, 2012 y 2013, de BIOGES.

El Ejecutivo canario también hizo referencia a las limitaciones que, de hecho, aplicó la Administración central al preceptivo periodo de consulta pública, ignorando las peticiones formuladas en este sentido para ampliar las instituciones y organismos a las que consultar el estudio.

Así se instó a incluir en la lista de consultas a todos los cabildos insulares, los ayuntamientos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura –por influencia directa y sensibilización de sus habitantes sobre el proyecto– y los ayuntamientos de las costas sur y este de Gran Canaria y sur de Tenerife, debido a la existencia de instalaciones desaladoras para abastecimiento humano, y de playas y zonas costeras de uso intenso por la población local y turística que pueden sufrir impactos negativos.

Además, también se incluyó a los consejos insulares de aguas de Lanzarote y Fuerteventura, los consejos de las Reservas de la Biosfera de Lanzarote y Fuerteventura, las cofradías de pescadores de las islas afectadas y entidades de ámbito nacional e internacional para la conservación de la naturaleza.

Esta circunstancia, a juicio del Gobierno de Canarias, hace que la Administración Central se aparte de los objetivos de la legislación estatal, europea y de la propia Comunidad Autónoma sobre máxima publicidad y participación en materia ambiental, «que resulta especialmente obligada respecto de aquellas personas, entidades e instituciones que pudieran resultar potencialmente afectadas por el proyecto».

Otra de las denuncias del Ejecutivo canario apuntó al hecho de que el Ministerio hubiera establecido un único lugar de acceso y consulta a la información en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, lo que merma la posibilidad de acceso y consulta en el resto de la comunidad autónoma.

Repsol pide a Canarias «rigor institucional» en torno a los sondeos

Por su parte, Repsol ha pedido hoy al Ejecutivo canario «rigor institucional» en torno a los sondeos petrolíferos autorizados a 60 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote y ha asegurado que la información sometida a exposición pública «incluye todos los elementos necesarios para su evaluación».

Así lo ha manifestado en un comunicado la compañía energética después de que el Gobierno canario haya instado al Ministerio de Turismo, Industria y Energía a corregir las «graves deficiencias» que ha detectado en el estudio de impacto ambiental de estos sondeos.

El gobierno de la comunidad canaria considera que la documentación ofrecida «es muy deficiente», lo que «impide realizar alegaciones que puedan conducir a una evaluación ambiental mínimamente real y coherente del proyecto».

Sobre el requerimiento formulado por el Ejecutivo regional, Repsol ha contestado que el estudio de impacto ambiental de los sondeos exploratorios «es un documento de máximos que cumple con toda la legislación al respecto e incorpora las mejores prácticas en trabajos similares, tanto a nivel autonómico como estatal e internacional».

Además, la compañía ha destacado que más de cien expertos, de consultoras especializadas e instituciones, como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, participaron durante 11 meses en la elaboración de este estudio de impacto ambiental, que consta de más de 1.000 páginas e incluye los resultados del estudio del fondo marino de la zona en la que se realizarán los sondeos exploratorios.

Por eso, Repsol considera que «ningún documento de este tipo ha sido tan completo y tan publicitado en Canarias, precisamente para fomentar la participación ciudadana durante el proceso de evaluación ambiental».

La compañía energética, que se encargará, junto a otros socios, de llevar a cabo las prospecciones, ha afirmado, frente a lo argumentado por el Gobierno canario, que «es totalmente falso que la documentación remitida carezca de un proyecto técnico» y ha recalcado que «el estudio de impacto ambiental acompaña a los informes de implantación de los sondeos, que son los documentos técnicos que se han sometido a la aprobación del Ministerio de Industria».

Consecuentemente, agrega, el propio estudio de impacto ambiental contiene una descripción completa a efectos de evaluación ambiental de los trabajos allí contenidos.

Por ello, Repsol estima que la información sometida a exposición pública incluye todos los elementos necesarios para su evaluación y añade que «el proceso público da la oportunidad de solicitar información adicional mediante la presentación de alegaciones a todos aquellos que lo crean necesario, incluidos los organismos previamente consultados por el Ministerio de Medio Ambiente para la definición del alcance» del citado estudio de impacto.

Sobre esta posibilidad, la compañía ha subrayado que «tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y gran parte de los municipios de ambas islas fueron consultados y no respondieron».

Repsol atribuye «a la desesperación del Gobierno de Canarias que hoy haya denunciado que el estudio de impacto ambiental» de estos sondeos «no refleja la titulación ni el DNI de los firmantes del mismo, tal y como exige la ley», una información que, según la compañía, «se puede consultar en su volumen I, sección 2, apartado 2.3».

Sobre la supuesta ausencia de algunos informes en ese estudio de impacto ambiental, que también ha denunciado el Gobierno canario, Repsol ha replicado diciendo que «la lista completa de anexos está indicada en el volumen I, página 11, tabla 1.2» y que éstos se enumeran de acuerdo a la sección a la que se refieren, por lo que «no es que falten anexos, sino que las secciones correspondientes del estudio no los requieren».

Respecto al plan interior de contingencias por contaminación marina accidental, la compañía ha informado de que está incluido como anexo 18.2 y ha precisado que, al ser un documento independiente del estudio de impacto ambiental, será presentado definitivamente para la aprobación del Ministerio de Fomento cuando se incluyan los detalles de la unidad de perforación seleccionada.

Repsol ha reclamado al Gobierno de Canarias «rigor institucional» y ha «lamentado, una vez más, que no se fomente un debate sereno y constructivo desde algunas de las principales instituciones del archipiélago» en torno a estos sondeos petrolíferos.