Camino a la perdición

Podemos asegurar que dichos propósitos son la mayor agresión al proceso de liberalización del mercado eléctrico a la que podemos asistir desde el comienzo del mismo en 1998. Es un proceso de involución hacia una economía más intervencionista y estatalizada y, por tanto, hay que recibir dichos planes como un ejercicio poco meditado de política energética.

Si estas afirmaciones las unimos a las primeras decisiones tarifarias del gobierno (congelación de la TUR, travestismo de los costes regulados y reasunción de las partidas destinadas a los costes extrapeninsulares en la tarifa), podemos darnos cuenta de la escalada en que nos podemos sumir con esta nueva Administración recién estrenada. Y, lógicamente, todo ello no es nada edificante, sino todo lo contrario: es muy preocupante, porque el resultado será siempre peor que el actual y sus consecuencias a largo plazo serán muy perjudiciales. Por tanto, hay que poner en observación los primeros pasos de este Ejecutivo en materia energética, pues empiezan a dar signos de zozobra y de incurrir en procesos regulatorios inconexos y frívolos.

Sacar estas dos tecnologías del mercado reduce la liquidez del mismo y, por tanto, lo seca y lo miniaturiza. La existencia en un mercado eléctrico de tecnologías con diferentes niveles de costes consigue aumentar la tensión competitiva del mismo y favorecer mejores precios y medios más eficientes. La ruptura del mercado responde, seguramente, a tentaciones intervencionistas, pero su resultado en el medio plazo es desastroso y mucho menos eficiente. Todo lo contrario. De hecho, hoy, en ese mercado, nos situamos en la banda más baja de Europa en precios en el mercado de generación, fruto de esa competición, diversificación de tecnologías y del exceso de capacidad.

Está claro que en nuestro país no hay buenos liberales que resistan una tentación de argumentos buenistas y de delirante justicia social sobre los beneficios de cada tecnología. Por eso, si atendemos a los argumentos retroprogresivos que intentan proporcionar una correlación en términos de que cada tecnología obtenga en el mercado una retribución determinada en términos políticos, de forma administrada o intervenida, perderemos la tensión competitiva y la eficiencia del precio como resultante del mercado.

Estos argumentos se basan en una supuesta «distributiva» por tecnologías de generación, algo que en un mercado y una economía globalizada es un verdadero delirio. Lo importante es el resultado conjunto y la eficiencia que provoca en los agentes. Son los modelos de costes del franquismo y del Marco Legal Estable. ¿A alguien se le ocurriría regular la tarifa de los taxis de Madrid, en función del vehículo adquirido, su antigüedad y el contrato del conductor?

Pero es más: escuchar estas palabras en Televisión Española del telegénico y siempre disponible para los medios, José Manuel Soria, tiene además toda la pinta de que estamos viviendo un momento en que la Administración energética está desarbolada, y de que están imponiéndose las tesis de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con Alberto Nadal al frente, que no son especialmente liberales en lo que se refiere al mercado eléctrico. Unos Ministerios tributarios de la Oficina Económica, con una bicefalia Economía-Hacienda y una tutela desde la Oficina Económica es uno de los peores escenarios para poder abordar problemas complejos.

De hecho, estas medidas anunciadas, combinadas con las del primer Real Decreto Ley de este Gobierno, lo que hacen es abundar en los errores que se están produciendo en el modelo de costes regulados hasta hacerlos galopantes, desmedidos y un instrumento en manos de las decisiones políticas, que no comprenden sus consecuencias.

Si además en la propuesta de medidas se utilizan planteamientos ideológicos basados en aseveraciones simplificadas, el problema se acrecienta. En estos momentos no se sabe si ha sido el Ministro de Industria, Energía y Turismo o el titular de la Oficina Económica del Presidente, quien ha sucumbido a las tentaciones de estos colectivos, quienes falsean la información, utilizan modelos de amortización y de costes de las tecnologías poco «sofisticados», que no se soportan por la propia contabilidad financiera para ensanchar esa brechas entre costes y precios, entronizada por los ex Consejeros de la Comisión Nacional de Energía.

El déficit tarifario es uno de los problemas quizá más graves de nuestro país, pero la forma en que se debe abordar su tratamiento es con una Administración energética, con convicción y profundidad, con reflexión, con las partes que intervienen. No con entrevistas, ni con medidas espasmódicas para justificar posiciones externas. Probablemente se requiere que alguien, con más sosiego y solvencia intelectual, se siente, analice y estudie conjuntamente una solución con todas las partes.

Empezar a tomar medidas de este cariz, y las ya tomadas, con este grado de improvisación, con las miras puestas a un Real Decreto Ley a uno o dos viernes en ciernes, es el peor escenario posible y en la esquizofrenia. Otra de las cuestiones, también especialmente grave, son los efectos que medidas así tienen desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria y de la convicción que damos como país a la economía de mercado. Una propuesta de estas características tendría efectos demoledores y empezaría a dar cuenta de las manos los aprendices de brujo que toman estas decisiones.

En todas estas decisiones hay beneficiados. En el corto plazo, aquel que ve hueco para obtener una retribución procedente del cepillado de las tecnologías con menores costes que se sacan del mercado y conseguir un hueco mayor. Sin duda, esa posibilidad existe, pero el margen es muy escaso. Pero, a medio plazo, los perjudicados serán los consumidores y la economía en general. Iniciar esta senda es un camino a la perdición.

P.D.: ¿Alguien sabe algo del Secretario de Estado, Marti Scharfhausen?